EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Buenas tardes. Señorías. Señorías, por favor, silencio. Buenas tardes. Gracias. Se abre la sesión. Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al primer y único punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Corresponde al "Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año dos mil cuatro".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para la presentación del Informe, por parte del Excelentísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, señor García Álvarez, tiene la palabra el señor García Álvarez.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Excelentísimo señor Presidente de la Junta, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Señorías, señoras y señores.

La Ley establece que el titular de la Institución debe exponer oralmente un resumen del Informe, y, sin embargo, en esta ocasión, transcurridos ya los dos periodos para los que fui elegido, estoy seguro de que no se objetará al hecho de que, sin obviar el resumen, haga, además, algunas consideraciones a propósito de esta Institución, tanto con perspectivas de pasado como de futuro.

Espero con ello contribuir a aclarar ideas sobre la aportación que la Procuraduría del Común ha hecho, y puede seguir haciendo, a la defensa de los derechos del ciudadano y del ordenamiento jurídico castellano y leonés y a la supervisión de la Administración.

No es pretencioso pensar que mi experiencia pueda contribuir a ese fin, máxime cuando, a punto ya de dejar este cargo público, me resulta tanto más fácil acercarme al ideal de la objetividad en mi exposición.

Señorías, no hace falta subrayar el hecho de que estos dos mandatos han sido los de la puesta en marcha de la Institución, en los que, por tanto, no me he limitado a la tramitación de los expedientes, sino que he tenido que dar a conocer la Procuraduría del Común a los ciudadanos y, asimismo, a las Administraciones, a la vez que, en ocasiones, era necesario convencer a estas últimas de la obligación de colaborar con el Procurador del Común.

Nadie debe sorprenderse, pues, si afirmo que este aspecto de mi labor ha requerido no pocos esfuerzos por nuestra parte. Nadie sabía en el año noventa y cinco nada acerca de la Procuraduría del Común; todavía hacía poco un Diputado Provincial me preguntaba si el Procurador del Común era nombrado por el Gobierno Central o si dependía de la Junta de Castilla y León.

Es comprensible, pues, lo arduo de la tarea: tramitar expedientes, dar a conocer la existencia y, al tiempo, explicar -cuando no intentar convencer- a la Administración de que es obligatorio colaborar con la Institución.

Es cierto que a lo largo de estos años el Procurador del Común parece haber contado con la confianza de los ciudadanos, como se infiere del mantenimiento, en líneas generales, de un número de quejas entre las dos mil cien y las dos mil quinientas anuales, a las que hay que añadir las actuaciones de oficio; en total, en el tiempo transcurrido hasta hoy, más de veinticuatro mil quejas y casi mil actuaciones de oficio.

El número de quejas presentado, de todos modos, Señorías, es bastante inferior al número de ciudadanos que han hecho uso del derecho que se le reconoce para acudir al Procurador del Común, pues si bien es cierto que en ocasiones una sola persona puede presentar más de una reclamación, no lo es menos que con cierta frecuencia son colectivos de personas los que solicitan la intervención del Procurador, a propósito de una única pretensión común a todos ellos.

El Informe es, como en ocasiones anteriores, amplio y, en buena medida, pormenorizado; y es lógico y es bueno que sea así. Permite al interesado acudir, con ayuda del detallado índice, a consultar el material que estime oportuno, sin tener que hacer, necesariamente, trámites adicionales para obtener una información más completa. Es la única manera, además, de, llegado el caso, hacer una comparación entre el punto de vista de una Administración y el del Procurador del Común; pero, por otro lado, a los efectos de proporcionar una visión rápida y de conjunto de las actuaciones, desde mil novecientos noventa y seis se publican, en cuaderno aparte del Boletín Oficial de las Cortes, unas consideraciones generales seguidas de las correspondientes estadísticas, sin olvidar que, además, como medida divulgativa, procedemos a publicar una revista del Informe Anual, donde en un corto número de páginas exponemos resúmenes breves e ilustrados que ayudan a hacer llegar, sobre todo al ciudadano medio, el contenido de nuestro trabajo.

Haré a continuación, como exige la Ley, un breve resumen de nuestras actividades durante el pasado año, subrayando las más destacadas o algunas de las más destacadas.

Se ha puesto de manifiesto, Señorías, que el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad no se respeta siempre por las Administraciones. Deseo enunciar aquí algunas de las medidas que se han recomendado de oficio en esta materia.

En el ámbito de la Administración Local, se ha propuesto la introducción en la normativa de un precepto que obligue a las Corporaciones a incluir en las bases de las convocatorias los motivos por los cuales se apartan, en su caso, del sistema de oposición. El Ministerio de Administraciones Públicas ha puesto de manifiesto que, próximamente, va atender a esta petición.

Asimismo, se ha sugerido incluir en la normativa la prohibición de configurar la prestación de servicios en régimen de interinidad como un mérito especial o derecho preferente para el acceso a la condición de funcionario de carrera. También se recomendó la mejora de los procesos de selección del personal interino para el desempeño de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

En el ámbito de la Administración Autonómica deseo mostrar mi preocupación por la inclusión en la recientemente aprobada Ley de Función Pública de Castilla y León de una Disposición Transitoria Segunda que parece amparar auténticos procesos de funcionarización del personal interino que lleve más de diez años prestando servicios. En relación con la misma, y teniendo en cuenta que parece admitir más de una interpretación, el tema, por lo demás, es delicadísimo, lo sé -y probablemente impopular, una vez más, para el Procurador del Común-, pero debo decir que es intención de esta Procuraduría actuar de oficio, una vez que tenga lugar la publicación de dicho texto normativo.

Otra problemática de la que me he ocupado de oficio es la relacionada con la selección del personal de las entidades de naturaleza privada vinculadas a las Administraciones Públicas. El futuro Reglamento de la Ley de Fundaciones va a incluir las recomendaciones realizadas.

Por último, en relación con las empresas públicas, se propuso la modificación de las leyes autonómicas por las cuales se había procedido a la creación de las mismas. Esta cuestión, por otro lado, fue debatida por estas Cortes en cuatro proposiciones ?como saben- presentadas con posterioridad a la actuación de esta Procuraduría.

También se consideró conveniente la modificación de los Estatutos de las empresas privadas locales y de las asociaciones para la gestión de fondos de programas comunitarios, con la finalidad de exigir que la selección del personal se lleve a cabo mediante convocatoria pública y con respeto a los principios de mérito y capacidad.

En relación con la plaza de toros de León, con la cubierta de la plaza de toros de León, como ya indiqué en el Informe del año dos mil tres -que recordarán-, y que ha pasado totalmente inadvertida para todos los medios de comunicación de esta Comunidad Autónoma, después de varios escritos en los que indicaba al Ayuntamiento la necesidad de adoptar las medidas que en su día fueron puestas de manifiesto en la resolución formulada, y en las que se advertía expresamente que, en otro caso, se pondrían los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, procedí en consecuencia mediante escrito dirigido al mismo. La remisión se justificaba no solo en la vulneración de la normativa administrativa aplicable al caso, sino, sobre todo, en la posible afectación del derecho fundamental a la vida y a la integridad física.

A pesar de que el Fiscal Jefe nos comunicó el archivo de las diligencias de investigación -cuya copia, por otro lado, he solicitado y reiterado- por considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, continuamos nuestras actuaciones y las continuaré hasta el final, mientras esté en funciones -las que nos permite el ordenamiento jurídico, claro está-, dada la frecuente organización de espectáculos de masas en un recinto a propósito del cual no consta hasta la fecha al Procurador del Común que haya garantía respecto de su seguridad.

En mi última comparecencia ante las Cortes de Castilla y León ya anticipé mi deseo de elaborar un estudio específico en materia de tráfico. Cumpliendo con mi propósito, en el mes de octubre presenté un informe especial que se justifica en el contexto de la preocupación que siempre he tenido en materia de seguridad vial, no por la ordenación del tráfico -como irónicamente se comentó en alguna ocasión por alguna autoridad-, sino porque puede comprometer el derecho fundamental a la vida y a la integridad física (preocupación, por otro lado, que puse de manifiesto en numerosas ocasiones ante las diferentes Administraciones Públicas).

La apuesta por una adecuada promoción y gestión de viviendas de protección pública ha sido una constante en la actuación de esta Procuraduría. En relación con las viviendas promovidas con subvención de la Junta se recomendó la modificación de la Orden reguladora de su adjudicación, con la finalidad de garantizar que las viviendas finalmente asignadas sean adecuadas a la composición de la unidad familiar. Asimismo, recientemente, he sugerido que la citada Orden amplíe el número de posibles beneficiarios de estas viviendas, introduciendo excepciones al requisito de residencia del solicitante. Estas recomendaciones han sido aceptadas por la Consejería de Fomento.

Se ha recomendado también la aprobación de una regulación de la adjudicación de viviendas de protección pública promovidas por operadores privados. Esta resolución fue aceptada por la Consejería de Fomento, y hace algunos días estas Cortes han aprobado una Proposición No de Ley que recogía las propuestas realizadas por esta Institución.

De oficio, y con la finalidad de evitar la generalización de conductas como la falta de destino de la vivienda a domicilio habitual del adquirente o su utilización especulativa, se procedió a recomendar a la Consejería la elaboración de un proyecto de ley de vivienda reguladora, cuando menos, de la actuación de la Administración, y, en especial, del régimen sancionador aplicable.

De otro lado, la necesidad de definir qué se debe entender por vivienda digna y adecuada llevó a esta Procuraduría a recomendar la aprobación de una norma reglamentaria reguladora de las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad que necesariamente deben ser cumplidas por todas las viviendas. La resolución formulada fue aceptada y su contenido se incluye en un Decreto que está siendo elaborado por la Consejería de Fomento.

Por último, con la finalidad de atender las especiales necesidades de las personas mayores, se procedió a formular una resolución a la Consejería de Fomento y a los Ayuntamientos con más de veinte mil habitantes, en la que se instaba a la celebración de convenios de colaboración con la finalidad de promover apartamentos protegidos y alojamientos protegidos públicos. La resolución también fue objeto de aceptación.

Una preocupación que también ha sido constante -recordarán, Señorías- desde el inicio de mi primer mandato ha sido la contaminación acústica. Me gustaría referirme brevemente a algunas de las actuaciones del pasado año, porque, pese a las dificultades, pese a la lentitud, se va avanzando ?yo creo- también en esta materia.

En primer lugar, en no pocas ocasiones, los Ayuntamientos han realizado mediciones o solicitado informes sobre condiciones acústicas con posterioridad a nuestra petición de información. En otros casos, iniciada nuestra actuación, se ha legalizado la actividad. Por ejemplo, así se ha procedido respecto a un bar sito en Puebla de Sanabria, al cual se otorgó licencia de apertura en el curso de tramitación del expediente, pero tras cumplir con los requisitos exigidos.

También hemos podido comprobar el cese de la actividad de dos locales en la provincia de Ávila en el transcurso de la tramitación de los correspondientes expedientes de queja.

El Ayuntamiento de Palencia, una vez iniciada nuestra intervención, y en relación con un supermercado de la localidad, requirió al mismo para que presentara certificado de medición de niveles sonoros y justificara los aislamientos con que cuenta, así como para que acreditara las modificaciones que se han producido en la actividad desde su apertura.

El Ayuntamiento de Ávila, en relación con una actividad de café-teatro, contestó a nuestra solicitud señalando que había realizado una serie de mediciones con posterioridad a la misma y que, a la vista de los resultados obtenidos, procedió a precintar los potenciómetros.

En relación con una actividad dedicada a la reparación y venta de vehículos en Ponferrada, pudo comprobarse la existencia de dos informes técnicos: uno emitido con anterioridad al inicio de mi intervención y otro con posterioridad. En el primero se concluía que la empresa en cuestión cumplía con la legislación vigente, mientras que en el segundo se manifiesta que incumple las normas urbanísticas. Como consecuencia de este segundo informe se inició expediente a la empresa para que adopte las medidas correctoras señaladas en el mismo.

En el curso de nuestra investigación sobre determinados establecimientos de la ciudad de Segovia pudo comprobarse que uno de ellos acumulaba veinticuatro denuncias por infracción del horario de cierre desde el año dos mil. Como consecuencia de las mismas, se tramitaron por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia veintiún expedientes sancionadores contra el mismo, que concluyeron con multas de 300 euros. En este caso, formulé resolución al Ayuntamiento de Segovia, que la aceptó, y otra a la Administración Autonómica, a la vista de la ?a mi parecer- soportable -por insuficiente- cuantía de las multas.

También desearía destacar otros dos expedientes, los cuales concluyeron también en dos resoluciones: la primera, relativa a un pub en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, y la segunda a un bar en la localidad de Aranda de Duero. En contestación a la primera, la Corporación puso de manifiesto el inicio de un expediente sancionador contra el titular, así como el precinto de todos los equipos musicales existentes en el establecimiento. En el segundo de los expedientes, el reclamante comunicó que el Ayuntamiento había adoptado las medidas oportunas y que consideraba resuelto su problema.

Las explotaciones ganaderas. En relación con las explotaciones ganaderas, Señorías, no puedo dejar de pensar en las consecuencias económicas para los titulares de aquellas cuya clausura se haya decretado -y en algunos casos a instancia de esta Procuraduría-, y a las que ya no beneficiará, presumiblemente, el régimen excepcional y transitorio que contempla la Proposición de Ley presentada en estas Cortes, máxime teniendo en cuenta que en bastantes ocasiones el titular de las mismas tenía más... o tiene más de cincuenta y cinco años y constituía su único medio de subsistencia hasta alcanzar la pensión de jubilación. Estoy seguro de que comprenderán mi preocupación.

En materia de medio ambiente, esta Procuraduría también llevó a cabo de oficio dos actuaciones relacionadas con el régimen jurídico aplicable a las instalaciones de infraestructuras de radiocomunicación. Las resoluciones formuladas fueron aceptadas por la Administración Autonómica, la cual asumió los compromisos de incorporar la modificación sugerida en la próxima reforma del decreto y de garantizar el cese de la actividad de las antenas que no cumplan con la normativa aplicable.

Cabe destacar también, en relación con la problemática medioambiental, la actuación de oficio relativa al Lago de Sanabria, la cual ha permitido constatar la existencia de un colector que todavía hoy sigue vertiendo sus aguas directamente a las proximidades del lago. Así mismo, y en relación con esta misma problemática, debe hacerse referencia a las actuaciones relativas a los cielos abiertos en el Valle de Laciana, que han culminado en cuatro resoluciones: dos a la Consejería de Medio Ambiente y dos al Ayuntamiento de Villablino.

En materia de archivos, Señoría, esta Procuraduría, a instancia de parte, recomendó a la Consejería de Cultura y Turismo que, de conformidad con las leyes de Patrimonio Cultural y de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León, que establecen la obligación de velar por la reintegración de los documentos de su patrimonio que se encuentren depositados fuera de su territorio, realizara las correspondientes gestiones con el Ministerio de Cultura para lograr la devolución al Archivo Catedralicio de Ávila de la conocida como "Biblia de Ávila" y otros documentos que ?como ustedes saben- salieron de Ávila hacia Madrid en mil ochocientos sesenta y nueve, en la denominada "Última Desamortización".

Al mismo tiempo, y siendo condición indispensable para la devolución de la Biblia ?y ello es muy importante- el cumplimiento por parte del Archivo Catedralicio de Ávila de las obligaciones impuestas por la normativa aplicable, se instó a la Administración Autonómica a garantizar dicho cumplimiento en cuanto a conservación, organización y acceso a los fondos documentales, ejerciendo en caso contrario la Administración Autonómica la potestad sancionadora frente al Cabildo Catedralicio. Con posterioridad a esta actuación, se presentó en estas Cortes una Proposición No de Ley relativa a este asunto y que creo no ha sido debatida aún.

En el ámbito de la protección de las personas mayores, esta Procuraduría instó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que se eliminen las pagas extraordinarias de las liquidaciones que se practiquen para la financiación del coste de las estancias en plazas residenciales dependientes de la Administración Autonómica o concertadas, en relación con todos los residentes y con independencia de la fecha de su ingreso. Esta resolución había sido efectuada por esta Procuraduría ?lo recordarán- por primera vez en el año dos mil uno. En aquella ocasión no se recibió respuesta alguna en relación con la misma. En el año dos mil cuatro la Administración ha rechazado de forma expresa la citada resolución, lo que lamento, lo que lamento.

A la necesidad de velar por la suficiencia económica de las personas mayores, en especial de las que cuentan con menores recursos, responde también otra resolución del Procurador, mediante la que se instaba al inmediato desarrollo de la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores en lo relativo a las ayudas económicas destinadas a las familias o personas que ejerzan como cuidadores de personas mayores. También se ha considerado precisa la regulación de la figura del "acogimiento familiar de personas mayores".

En relación tanto con las ayudas a cuidadores como con el acogimiento familiar, la Consejería de Familia indicó, en síntesis, que existía coincidencia entre las actuaciones realizadas, o que se estaban elaborando por la misma, y el contenido de la resolución de esta Procuraduría.

Finalmente, también en el ámbito de la protección de este colectivo, se ha reflexionado sobre la necesidad de regular los traslados entre centros de la tercera edad situados en distintas Comunidades Autónomas, así como sobre la posibilidad de que pueda solicitarse el ingreso en un centro residencial perteneciente a la red pública de una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que reside el solicitante.

Remitida la actuación al Defensor del Pueblo, por si resultara procedente continuar con las actuaciones dirigidas a solucionar el problema, esa institución comunicó que se había trasladado a la Administración la necesidad de buscar soluciones para la cuestión en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

El Procurador, en el ejercicio de sus funciones en defensa de los menores, ha recomendado a la Administración Autonómica la elaboración de una normativa específica de las denominadas "ludotecas", así como la modificación del Artículo 148 de la Ley de Promoción, Atención y Protección de la Infancia, con la finalidad de atribuir al ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con las infracciones tipificadas en la citada Ley, a la Consejería de Familia.

El rechazo de la segunda de las resoluciones aludidas motivó que esta Procuraduría se dirigiera nuevamente a la Consejería, poniendo de manifiesto que los motivos alegados por la Administración ?a mi juicio- nada o poco tenían que ver con la necesidad de residenciar las competencias sancionadoras de forma exclusiva en los órganos de la Administración Autonómica. Además, la necesidad de procurar la mayor eficacia del acogimiento familiar de menores y facilitar la consecución de sus objetivos hizo reflexionar al Procurador del Común sobre la necesidad de implantar apoyos o recursos de respiro para los acogimientos familiares, fundamentalmente de especial dificultad, que permitan reducir los niveles de sobrecarga, tanto física como emocional, de las familias acogedoras.

La constitución de dichos apoyos o recursos, instada por esta Procuraduría a la Consejería de Familia, implica la ejecución práctica de la propia planificación regional, y servirá de medio para impulsar y ampliar la captación de familias acogedoras para este tipo de acogimientos con características o dificultades especiales. Dicha resolución fue aceptada por lo que se refiere a proporcionar cada vez más y mejores apoyos de respiro a las familias acogedoras.

También debe destacarse el Informe especial elaborado por el Procurador del Común sobre los menores desprotegidos o en situación de riesgo de esta Comunidad Autónoma.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Silencio, Señorías.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Valoro positivamente la atención prestada por las Administraciones implicadas a las consideraciones realizadas y el seguimiento de las resoluciones formuladas en defensa de la infancia.

En el ámbito de la protección de los enfermos mentales... en el ámbito de la protección de los enfermos mentales ?como saben, una de mis más importantes preocupaciones-, los colectivos afectados reclaman la creación de recursos específicos por este orden, por este orden: unidades de larga estancia, cuya existencia se considera urgente; minirresidencias, al menos una en cada provincia, y pisos tutelados. También se plantea la necesidad de elaborar un protocolo para los ingresos de personas con enfermedad mental en las unidades de agudos de los hospitales en supuestos de crisis, especialmente cuando se trata de ingresos involuntarios.

Además, en este ámbito, el Procurador del Común ha instado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que se creen nuevos centros o plazas que permitan hacer efectivo el derecho de acceso a todos los discapacitados psíquicos.

En relación con dicha cuestión, la Administración ha comunicado que la Gerencia de Servicios Sociales ha concertado ya siete plazas de estancia temporal, en un centro de Palencia, para personas con discapacidad psíquica y alteraciones de conducta que dificulten la normal convivencia, y otras cuatro plazas de estancia permanente en otro centro de esa misma provincia, valorándose positivamente por esta Procuraduría la creación de este nuevo tipo de plazas.

En otro orden de cosas, el tratamiento de los trastornos de la personalidad, entre ellos, el trastorno límite, por parte del sistema público ha llevado a esta Procuraduría a considerar que la Consejería de Sanidad debe crear, o al menos valorar -como así se ha recomendado-, la conveniencia de crear unidades específicas para abordar de manera integral el tratamiento de los trastornos de la personalidad, especialmente los trastornos límite.

Respecto a esta cuestión, se considera oportuno destacar que el Procurador del Común ha constatado, incluso en fechas posteriores a la de cierre de este Informe, que, en ocasiones, son los propios facultativos del sistema sanitario público los que consideran necesaria la intervención de recursos específicos, concretamente, de unidades específicas de trastornos límite de la personalidad, inexistentes, sin embargo, en esta Comunidad.

Por otro lado, y en relación también con las reclamaciones recibidas, la Procuraduría ha recomendado a la Consejería de Familia y a la Consejería de Sanidad tanto la creación y puesta en marcha de recursos residenciales para personas con patología psiquiátrica grave y prolongada, minirresidencias, como la elaboración y aprobación de una normativa específica para los centros residenciales destinados a personas con enfermedad mental, como recursos específicos dentro del sistema de acción social, dada la preocupación ante la existencia de centros... de centros de imprecisa definición legal, que llevan muchos años existiendo y siguen existiendo, para bien o para mal, para satisfacción de no pocos de los familiares de los enfermos. Es una situación que les confieso me desconcierta, y sería bueno que entre todos encontráramos una solución, ¿no? Esa resolución, como quiera que sea, fue formalmente aceptada.

Finalmente, debo... debe destacarse, en relación con la resolución dirigida a la Consejería de Familia recomendando que se procediera a la creación de una Comisión de Tutela para el ejercicio, entre otros, de los cargos tutelares de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente, y la que se dio cuenta en el informe anual del pasado año, la citada Consejería ha aceptado la misma.

En el ámbito de protección de las personas con discapacidades físicas, debo destacar la actuación de oficio relativa a la existencia de barreras arquitectónicas en muchos de los albergues de peregrinos del Camino de Santiago. En la misma se ha puesto de manifiesto la necesidad de eliminar dichas barreras arquitectónicas.

Respecto a la comunidad gitana, debo indicar que desde el inicio de la actuación de oficio sobre los problemas que plantea su integración, los muy difíciles problemas que plantea su integración, se han celebrado -o he celebrado- reuniones periódicas, he seguido celebrando reuniones periódicas con representantes de asociaciones gitanas de distintas provincias.

En relación con esta cuestión, quiero poner de nuevo de manifiesto que las medidas adoptadas por los poderes públicos, evidentemente preocupados, sea cual sea el color político de la Administración en cuestión, en todos los ámbitos sociales tendentes a la integración de este colectivo, no podrán dar los resultados esperados mientras, por un lado, los unos ?me refiero ya a los componentes del común, no a las Administraciones- no superen prejuicios sociales y raciales, y, por otra parte, haya quienes se escuden en pretendidas tradiciones gitanas para denominar lo que no son más que malos hábitos, en muchos casos, que los demás ?gitanos y no gitanos- no tienen por qué soportar.

Por otro lado, no puedo dejar de lamentar la paralización de las obras de construcción de un grupo de viviendas de protección pública destinadas a varias familias gitanas que llevan años viviendo en cuadras, en cuadras (no es que las llame cuadras porque son tan malas que se parecen a cuadras, es que son cuadras construidas para animales -ya lo denuncié aquí en años anteriores, Señorías-), en un municipio de la provincia de León y en cuya financiación participa la Consejería de Fomento, en virtud de un Convenio de Colaboración suscrito entre ambos... entre ambos. Creo que el año pasado o hace dos años incluso les anunciaba ya la próxima inauguración de estas viviendas, estamos en la fecha en que estamos y todavía están sin inaugurar y las obras detenidas por razones que todavía ignoro, pero que acabaré conociendo.

Un año más, esta Institución se ha ocupado de la actividad de las instituciones en relación con lo que se conoce como "recuperación de la memoria" de quienes se vieron privados de derechos fundamentales como la vida o la libertad en la Guerra Civil y en la época franquista posterior.

Esta Procuraduría puso de manifiesto en este espinoso tema a la Administración Autonómica -y lo hice llegar al Gobierno de la Nación- la necesidad de que procediera a regular las actuaciones que deben ser llevadas a cabo una vez que sea solicitada la localización de una fosa común, garantizando, en su caso, el papel protagonista de los familiares, incluyendo aquellos que se opongan a la exhumación, pues esta en ningún caso debe ser impuesta por particulares ajenos a las víctimas.

En este sentido, deben ser los familiares, en principio, quienes adopten las decisiones acerca de las actuaciones de recuperación y homenaje que deban desarrollarse, que no siempre tiene por qué implicar la exhumación de los restos, correspondiendo a los poderes públicos el papel de apoyo e impulso de tales actuaciones.

La supresión que el nuevo Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Castilla y León ha realizado de la autorización antes exigible para la exhumación de este tipo de restos humanos hace más necesario aún, si cabe, que se regulen de forma específica este tipo de actuaciones. No sé a quién corresponde la regulación, Señorías; desde luego, no al Procurador del Común, pero hay que hacerla. A mi juicio, los poderes públicos tienen que intervenir y establecer un principio de regulación.

En relación con la emigración española en el extranjero, y pese a que nuestra Comunidad cuenta todavía con una amplia colonia de emigrantes, creo que la Administración Autonómica solo ha realizado... solo ha realizado actuaciones de protección de sus derechos económicos y sociales puntuales y de escasa relevancia. Esta circunstancia ha motivado que esta Procuraduría haya llevado a cabo diversas actuaciones a instancia de parte y de oficio en relación con este colectivo.

También, la insuficiente protección de los derechos económicos y sociales de los emigrantes y el proceso de reforma estatutaria al que podemos vernos abocados en un futuro han llevado a esta Procuraduría a dirigirse al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Presidente de estas Cortes para sugerirles, con todos los respetos, la conveniencia de introducir en nuestro Estatuto de Autonomía, como objetivo de la política autonómica, la atención a nuestros emigrantes castellanos y leoneses mientras pertenezca... permanezca su residencia en el exterior.

En este mismo contexto, en este mismo contexto pero en relación con el fenómeno de la inmigración extranjera en España, considero que debe hacerse lo posible... -delicada cuestión la que voy a abordar, Señorías, pero quiero hacerlo- para evitar... debe hacerse lo posible para evitar que los españoles más desfavorecidos tengan la sensación, tengan la sensación de que solo ellos pagan las consecuencias del gran esfuerzo que España está haciendo por asimilar al colectivo de inmigrantes. Quizá de manera equivocada, pero más de una vez, tras aclararme que no son xenófobos, los ciudadanos acaban acusándonos... ?a mí me lo han dicho en más de una ocasión- a los cargos públicos de ser generosos a su costa.

En el año dos mil cuatro han sido varias las modificaciones normativas que han sido sugeridas a la Administración Estatal y Autonómica. Por falta de tiempo, tengo que remitirme... a alguna de ellas ya he hecho referencia en mi intervención hasta estos momentos; en lo que se refiere al resto, me remito a la lectura del Informe.

Señorías, al leer el último Informe y los Informes anteriores, habrán observado la repetición a lo largo de los años de no pocas de las cuestiones que se plantean por los ciudadanos. Varían las personas que las presentan, el lugar, o los funcionarios o autoridades contra quienes van dirigidas, pero el caso es que uno y otro año nos encontramos con quejas relativas a faltas de respuesta, tardanza en indemnizar, disciplina urbanística, expropiaciones, falta de abono del justiprecio, prestación de servicios mínimos, etcétera.

Ante tales hechos, algunos me han preguntado y algunos de ustedes en conversaciones o en este mismo salón de sesiones, ¿no es desalentador para el Procurador del Común tener que hacer frente, un año tras otro, a los mismos problemas?; o, yendo más allá, por algunas personas o en los medios de comunicación, se ha formulado la cuestión ¿para qué sirve el Procurador del Común, si los problemas con la Administración aparecen y reaparecen sin solución, apenas, de continuidad? Y, sin embargo, Señorías, sin embargo, Señorías, la respuesta a la pregunta es -a mi juicio- sencilla, aunque soy juez y parte, y, en consecuencia, quizá no sea la persona más oportuna para abordar el tema: el Procurador del Común contribuye a resolver cuestiones concretas, cuestiones concretas que le plantean los ciudadanos; pero esperar de él que, como consecuencia de su trabajo, vaya a hacer desaparecer la mala Administración sería ilusorio, casi absurdo, sería considerarle una especie de superhombre con poderes omnímodos, Deus ex machina capaz de resolver problemas seculares.

Señorías, permítanme recordarles que la jurisdicción contencioso administrativa lleva funcionando más de siglo y medio, desde mil ochocientos cuarenta y cinco, sin que por ello desaparezcan las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos cometidas por la Administración, y no por ello se va a pensar que los jueces deben caer en la desesperación, ni mucho menos que haya que hacer desaparecer la posibilidad que los ciudadanos tienen de dirigirse a los tribunales para defenderse frente a la maquinaria administrativa.

En este sentido, la Procuraduría del Común viene a ser un instituto externo más, y no el más importante -el primero siempre será el Poder Judicial-, para supervisar a la Administración defendiendo los derechos de los ciudadanos; más concretamente, ha sido creada no solo para la protección de tales derechos y libertades, sino también para la tutela del ordenamiento jurídico y del Estatuto. Pero -y esta pregunta sí que es pertinente, y hay que intentar responderla- ¿en qué medida esos fines están siendo alcanzados por el Procurador del Común? No es fácil, al menos a mí me resulta muy difícil, dar una respuesta, y no solo debido a la configuración de la propia Institución, con características que permiten a no pocos observadores calificarla de magistratura de persuasión, o de magistratura moral, sino porque, siendo yo ?de nuevo insisto en ello- juez y parte, corro el peligro de confundir lo que no son más que mis propias limitaciones personales con las limitaciones que ofrezca la normativa que regula la Procuraduría del Común.

De todos modos, Señorías, me gustaría realizar en este momento algunas precisiones relativas a las estadísticas que aparecen recogidas en el Informe anual, y que están íntimamente relacionadas con esa pregunta o con la respuesta a esa pregunta de ¿para qué sirve el Procurador del Común? Porque, si no sirviera, en sus manos está eliminar la Institución.

En primer lugar, conviene recordar que las resoluciones dictadas por el Procurador dan con frecuencia la razón a las Administraciones, lo que no siempre es fácilmente comprendido por el común. Por ejemplo, en el último año, de haber cerrado a fecha treinta de marzo, como en años anteriores, los porcentajes habrían sido de 54% favorables a la Administración y 46 favorables a los presentadores de las quejas. Por cierto, que los porcentajes publicados en el Informe, habrán observado, llaman incluso la atención, fueron computados dos meses antes, de ahí que las diferencias parezcan mayores.

En los informes se recogen también los datos relativos a la aceptación de las resoluciones, aceptación que, como es sabido, no viene impuesta por la Ley. En el año dos mil cuatro, la Administración Autonómica ha comunicado la aceptación expresa del 57% de las resoluciones realizadas, y la Administración Local, bastante menos, el 46%; si bien, debe tenerse en cuenta que en los mismos no se incluyen las aceptaciones tardías de las resoluciones realizadas, es decir, las que tienen lugar una vez cerrado el expediente por falta de respuesta a nuestras resoluciones.

Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi preocupación por el hecho de que la Administración, sobre todo la Local, no manifieste su postura claramente respecto de las resoluciones del Procurador del Común; no me refiero ya a los requerimientos de información, sino a la fase final del expediente, las resoluciones finales del Procurador del Común, en no pocos expedientes.

El último año, el porcentaje de no respuestas a resoluciones dirigidas a la Administración Local se situó en torno al 19%, y ello pese a la obligación que impone la Ley de responder en el plazo de dos meses a dichas resoluciones. El hecho de que el Código Penal no castigue a las autoridades o funcionarios en este supuesto, a diferencia de lo que sucede con la obligación de facilitar la información cuyo incumplimiento sí está castigado por el Código Penal, ello ?decía- no debe ser óbice para que se cumpla con la obligación de comunicar la aceptación o no de la resolución.

Cuestión distinta es la del cumplimiento efectivo de las resoluciones, no solo porque en ocasiones las contestaciones de las Administraciones son preocupantemente ambiguas, sino porque es muy difícil hacer el seguimiento del cumplimiento. A veces, una Administración hace depender el cumplimiento de la existencia o no de fondos para afrontar un problema -muy frecuente en las Administraciones Locales-, o bien de la mayor o menor rapidez que el aparato administrativo correspondiente imprima a sus actuaciones, no son raros los supuestos en que una persona vuelve a dirigirse al Procurador para, después de haber sido cerrado un expediente por aceptación de la resolución, solicitar que se vuelva a abrir, ante la pasividad de la autoridad pertinente.

La aceptación de una resolución por la Administración no significa, pues, necesariamente su ejecución. Del mismo modo, salvadas las distancias que en ocasiones se debe instar la ejecución forzosa de las sentencias de los Tribunales para el cumplimiento del fallo -por cierto, más de una vez como Procurador del Común he tenido que preguntar a una Administración por la no ejecución de una sentencia-, los ciudadanos... salvadas las distancias ?quiero decir- con el Poder Judicial, lo cierto es que los ciudadanos se dirigen al Procurador del Común para advertirle de que, pese a la formal aceptación de una resolución, la Administración no ha actuado en consecuencia.

Por ello, me atrevo a sugerirles, Señoría, una reforma de la Ley 2/94, en la línea de las efectuadas ya en otras Comunidades Autónomas, que obligue a la Administración a motivar, en su caso, el rechazo de una resolución -que no baste con el rechazo- y a comunicar las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma, como prevé, por ejemplo, la Ley reguladora del Diputado del Común en las Islas Canarias.

Por supuesto, no se trata de hacer -a pesar de que algunos lo reclamen- vinculante la resolución del Procurador del Común, en ningún caso. Nos convertiríamos, entonces, en un juzgado más. Esa singularidad queda reservada a las resoluciones de los jueces. Ahí no debe haber la más mínima reserva.

Pero es que, además, Señorías, a cambio de esa no ejecutoriedad, los Defensores del Pueblo pueden ir en ocasiones más allá de donde puede llegar el juez o el propio Ministerio Fiscal. Sobre esto hemos cambiado impresiones mi Adjunta, Teresa Cuena, y yo con cierta frecuencia.

Señorías ?como saben-, las resoluciones del Procurador del Común se ajustan a criterios estrictos de legalidad, cuando de lo que se trata es de corregir alguna irregularidad constatada en la actuación de la Administración, tomando en consideración y aplicando los criterios sentados por la jurisprudencia, lo que es el caso de la mayoría de los expedientes.

Al leer los informes, se habrán percatado... -de ahí el interés de publicar las resoluciones en su totalidad- se habrán percatado de que las resoluciones del Procurador del Común tienen, en la forma y en el fondo, mucho de sentencias; no son meros llamamientos doceañistas a ser justos y benéficos, en absoluto. Lo que ocurre... ?y a ello me refería al hablar de la flexibilidad que la no ejecutoriedad de las sentencias permiten en su actuación al Procurador del Común- lo que ocurre es que el Procurador, cuya función coincide en parte con la desarrollada, insisto, por los Tribunales de Justicia, puede, precisamente por no tratarse de un órgano judicial, sugerir o recomendar a la Administración actuaciones que pueden responder a criterios de oportunidad, pero que, en último término, además de atender a fines generales, satisfacen derechos de los ciudadanos y necesidades reales de los mismos, constatadas en el transcurso de una investigación.

En este sentido, el contenido de sus resoluciones, por ejemplo, puede tener como exclusiva o principal finalidad la creación de nuevos recursos sanitarios, o sociales, o la ampliación de los ya existentes, algo vedado, en principio, a nuestros Tribunales de Justicia.

Con la creación de los Defensores se intenta completar el sistema de garantías y de control de la Administración, hacer unas instituciones más próximas a los ciudadanos -o deben serlo, al menos; y por eso nos hemos esforzado-, más ágiles e informales en su procedimiento, y con un campo de actuación más amplio que el de los Tribunales de Justicia, al poder incidir en el control de prácticas administrativas ajenas a la actuación de los Tribunales. Ejemplo de este tipo de actuación sería la recomendación dirigida a la Consejería de Fomento para establecer un procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción privada que sustituya la actual ausencia de regulación.

Además, los Defensores siempre tienen en sus manos la posibilidad de actuar ante la constatación personal, sin previa reclamación de parte, de hechos concretos, iniciando la correspondiente actuación de oficio dirigida a corregir o a provocar la actuación de la Administración allí donde falte o pueda resultar precisa; por ejemplo, la necesidad de proceder a la restauración de un monumento o la modificación de la señalización viaria por razones de seguridad vial. Cuántas veces me he dirigido a la Administración, Señorías, sin éxito, lamentablemente, llamando la atención sobre la necesidad de proceder a la restauración de la Plaza de la Villa de Arévalo. Es un ejemplo como otros. En otros casos, ciertamente, he sido atendido.

Pues bien, esa mayor flexibilidad es precisamente posibilitada por la no ejecutoriedad de las resoluciones de un Defensor del Pueblo, de un Procurador del Común. De no ser así, las reglas procedimentales serían, inevitablemente, necesariamente, mucho más rígidas, tanto como las que rigen para los Tribunales de Justicia.

Por otro lado, se solucionan casos sin necesidad de llegar a emanar una resolución. Lo que ocurre es que es muy difícil contabilizarlos; es muy difícil contabilizar las cuestiones solucionadas por el Procurador del Común durante la tramitación de un expediente sin necesidad de que llegue a emanar una resolución. En no pocos casos tenemos conocimiento de la solución a través de los pocos firmantes... de los propios firmantes de las quejas, que nos lo comunican, o a través de los medios de comunicación, pero sin que la autoridad o el funcionario correspondiente lleguen a reconocer, mediante la aceptación de una resolución, su conducta incorrecta o reprobable objeto de la queja.

De todos modos, porque, efectivamente, hay quejas que pueden encontrar su solución durante esa primera fase de la tramitación de un expediente -me refiero a la fase a la que corresponde el requerimiento de información-, y porque es arma importantísima de control, el legislador español, las Cortes Generales, en el nuevo Código Penal, incluyeron un artículo, el Artículo 502, párrafo 2, que ?como saben- ha dado pie a no poca incomprensión, a no poco desasosiego, cuando no irritación, en alguna Administración de diferente color político, por cierto.

En efecto, ya la propia Ley 2/94 establece la obligatoriedad de responder al Procurador del Común, pues la tutela de derechos y libertades y la defensa del ordenamiento jurídico no podrán ser efectivos y eficaces, no podrán ser efectivos y eficaces, ante una negativa o retraso por parte de la Administración objeto de supervisión en la remisión de la información precisa, y, además, causa el correspondiente desconcierto y desmoralización en el ciudadano que presenta la queja. Es más, ese mismo efecto, esos mismos efectos se producen cuando la información remitida es sesgada -lo que ocurre en ocasiones, por eso hay que insistir-, es sesgada, parcial o encierra una respuesta evasiva.

De hecho, Señorías, la remisión de parte de la información o la ocultación de algún extremo puede ser equivalente en la práctica, sobre todo en algunos casos, a su negativa. Y es que una obligación cuyo incumplimiento no acarrea consecuencias, una obligación cuyo incumplimiento no acarrea consecuencias, en la práctica no es tal. De ahí que, además de la amenaza de publicar en los informes los nombres de quienes no colaboren -lo que no parece preocupar demasiado a algunos, debo confesar-, el ordenamiento jurídico español incluye esa previsión punitiva.

Como saben, el Procurador del Común, hasta hoy, no ha hecho uso de la facultad de trasladar al Ministerio Fiscal la falta de colaboración -por otras razones, sí; pero no por falta de colaboración-, la falta de colaboración de las Administraciones sujetas a supervisión, tal y como me impone la Ley, tal y como me impone la Ley aprobada por estas Cortes, en su Artículo 18, párrafo 2. No es algo que yo pueda considerar hacerlo o no, estoy obligado a hacerlo.

Sí es cierto que, tras dirigirme varias veces, superando con mucho el mes de plazo, para desesperación y protesta, en ocasiones, de los ciudadanos afectados, que me lo echan en cara: "¿Pero usted no tiene un mes de plazo para obligar a contestar? ¿Cómo es que está esperando ya varios meses?". Sí es cierto ?les decía- que, tras dirigirme varias veces a una Administración, he acabado por apercibir formalmente a esa Administración del envío al Ministerio Fiscal de la documentación correspondiente. Por ejemplo, en el último año ?como pueden ustedes verlo-, he hecho en cincuenta y una ocasiones, de un total de dos mil trescientos expedientes, todas ellas referidas a la Administración Local. Y no me he dirigido aún al Ministerio Fiscal, no me he dirigido aún al Ministerio Fiscal porque, aunque sea a base de mucha paciencia, lo cierto es que, hoy por hoy, todas las Administraciones han acabado por remitirme la información requerida. Y creo, aunque admita las críticas a que me refería hace un momento por parte de algunos firmantes de las quejas, que, cuando se pone en práctica esta experiencia dura, pero nueva, hay que hacerlo con gran prudencia y moderación.

La colaboración de las Administraciones Públicas con el Procurador del Común, facilitando los informes que les solicito, aparece reflejada en los Informes Anuales. Pues bien, a partir de la reforma de la Ley del Procurador del Común -como consecuencia de todo lo que les acabo de decir, entre otras cosas-, esa colaboración ha aumentado notablemente, ha aumentado notablemente. En el año dos mil cuatro, el porcentaje de colaboración de la Administración Local a la hora de remitir la información requerida se situaba en un 85%, porcentaje sensiblemente superior al 80, que aparece recogido en el Informe anterior, del año dos mil tres. Es más, dicho porcentaje del 85% se hubiera elevado al 89 si el mismo se hubiera obtenido ?como en años anteriores- a fecha treinta y uno de marzo.

Por todo lo que acabo de decir ?y acabo con esta parte de mi intervención-, me parece conveniente añadir que quizá la expresión "magistratura de persuasión", magistratura meramente moral, no sea del todo exacta cuando hablamos de esta fase del requerimiento de información. Esa expresión puede ser engañosa en cuanto al alcance real de los instrumentos de que dispone el Procurador del Común, y que, a partir del momento en que acepta ser titular de esta Institución, está obligado a utilizar (con toda la prudencia del mundo, Señorías, pero está obligado a utilizar).

Señorías, hace unos momentos me refería a la conveniencia de reformar la Ley en un aspecto concreto. Me comprometo a enviar a la Mesa de las Cortes, porque carezco de tiempo ya para profundizar en la materia, una relación de otros aspectos de posibles reformas de la Ley, que ?con todos los respetos- someteré a su consideración, en orden, a la vista de esta experiencia, a mejorar el funcionamiento de la Institución.

Señorías, me he esforzado por desarrollar las funciones asignadas a esta Institución basándome en los principios de independencia, autonomía y objetividad proclamados en la Ley.

En cuanto al principio de la independencia, quiero subrayar que ha presidido en todo momento mi actuación, lo que ha sido tanto más fácil cuanto que la actitud mantenida por los Grupos Parlamentarios ha sido de absoluto respeto institucional, ejemplar, desde que en julio de mil novecientos noventa y cuatro se establecieron los primeros contactos para estudiar la posibilidad de mi candidatura.

Conviene resaltar que los Grupos Parlamentarios se han mantenido fieles a la idea que sus Portavoces expresaron en la sesión celebrada por estas Cortes el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, cuando manifestaron su acuerdo, no solamente en orden al contenido de la Ley del Procurador del Común, sino también buscando el consenso de todos los partidos, sin poner condicionamientos de ningún tipo para garantizar la independencia del titular. Tal ha sido el respeto y el apoyo de que he disfrutado durante estos años, y del que continúo disfrutando en estos momentos, ahora, como muestra el hecho de que, aun habiendo expirado mi mandato en febrero, los Grupos y sus componentes están evitando movimientos y declaraciones que pudiesen socavar mi autoridad en un momento en que solo estoy en funciones, en tanto yo siga ejerciendo esas funciones, lo que haré ?pueden estar seguros- en su plenitud hasta el final, hasta que tome posesión quien me suceda en el cargo.

Por otro lado, y por lo que a mí respecta, no quisiera dar la impresión de caer en una actitud de soberbia si añado que, teniendo en cuenta, precisamente, la independencia que, en caso de resultar eventualmente elegido ?me remonto al año noventa y cuatro-, que, en caso de resultar eventualmente elegido, debería presidir mi actuación, en ningún momento, Señorías, hice gestión alguna ni realicé el más mínimo gesto para conseguir mi elección. Me limité a responder a las preguntas que los miembros de la Junta de Portavoces estimaron oportuno hacerme y a ponerme a disposición de los Procuradores para contestar a cuantas cuestiones desearan plantearme.

Lo mismo cabe decir a propósito de mi actitud en el momento de la finalización de mi primer mandato y la renovación del mismo. Tener otro tipo de conductas, Señorías, ofreciéndose, u ofreciendo y pidiendo, cuando se trata de ocupar cargos controladores de esta naturaleza, es algo, a mi juicio, reprobable, que tal vez debiera serles suficiente para operar el correspondiente rechazo.

Íntimamente relacionado con el principio de independencia está el de autonomía, que debe estar presente en las actuaciones del Procurador del Común, y que ha sido respetado y puesto en práctica desde el primer momento, al haber podido configurar libremente la organización personal y material de la institución de la que soy titular, siempre ?claro está- dentro de los límites presupuestarios establecidos por los órganos competentes. En el ejercicio de esa autonomía, si he cometido errores, son achacables exclusivamente a mi persona, exclusivamente a mi persona, no ha habido ningún tipo de presión sobre mí que pudiese justificar ese tipo de errores.

Y, en tercer lugar, el principio de objetividad, el mismo que, por cierto, la Constitución Española exige de las Administraciones cuando dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, y que es esencial también en las actuaciones de un defensor del pueblo.

Siendo inevitable, Señorías, que quienes somos titulares de estos cargos, como cualquier ciudadano, participemos de una cosmovisión, participemos de una manera de entender el mundo y la historia, de una ideología -¿por qué no decirlo?-, lo importante es que realicemos nuestras funciones con objetividad, sin dejarnos llevar por instrucciones de nadie, ni de individuos, ni de organizaciones políticas o de otra naturaleza, debiendo actuar siempre con neutralidad y con imparcialidad.

Y finalizo agradeciendo a todos los Grupos Parlamentarios el haberme hecho el gran honor de ser el primer Procurador del Común de Castilla y León. También mi agradecimiento a quienes han ocupado y ocupan la Presidencia de la Junta y de estas Cortes, así como a los Procuradores que han dejado de pertenecer a esta Asamblea, con un recuerdo especial para los señores Herrero y Rad. Don Antonio Herrero, además de impulsor ?como saben Sus Señorías- de la creación de esta Institución, me distinguió con su apoyo constante durante los años en que sirvió a esta Comunidad Autónoma como Procurador.

También quiero expresar mi gratitud por el inmerecido reconocimiento que han hecho de mis actuaciones a favor de los colectivos respectivos, entre otros, Aspaym, la Fundación Intras, la Federación de Asociaciones Gitanas, El Hogar de la Esperanza, Feafes de Castilla y León, etcétera.

Quiero dar las gracias al personal de confianza que ha trabajado estos años, contra viento y marea, en el Procurador del Común, en especial, a mi Adjunta, Teresa Cuena Boy, que ha aportado su experiencia judicial, y a la que ?como me ha manifestado en más de una ocasión- también la ha enriquecido profesional y personalmente su trabajo en la institución.

También a la Asesora Jefe, Beatriz Fidalgo, no solo por su labor de coordinación de los trabajos de elaboración de este Informe, sino también por su dedicación a la institución, capacidad de trabajo y sentido de la lealtad institucional y -¿por qué no?- también personal.

A María Virtudes Santos, funcionaria de estas Cortes, que siempre se ha esforzado para que las estadísticas de los informes respondan lo más exactamente posible a la realidad, y cuya experiencia al frente de la Administración del Procurador del Común es, juntamente con la del resto de los funcionarios -¿cómo olvidar la minuciosidad con que don Manuel González lleva las cuentas del Procurador del Común?-, garantía de la continuidad de la institución. (Ya acabo, señor Presidente).

Decía -no sin emoción- que ser el primer Procurador del Común de Castilla y León ha sido, es un gran honor para mí, al tratarse de unas tierras a las que me he sentido unido, yo diría que con sentimiento unamuniano, desde mi infancia, al tratarse de una Comunidad histórica por excelencia, heredera de unos reinos que, primero por separado y después unidos, han desempeñado -y quisiera que siguieran desempeñando-, un papel fundamental, por integrador, en la historia de España. Muchas gracias. [Ovación].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor García Álvarez. Para un turno de fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Otero Pereira.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, Señorías. Buenas tardes, don Manuel García Álvarez. A veces, una imagen dice que vale más palabras; en este caso, un aplauso, una ovación continuada como esta ?y yo creo que sincera y sentida-, también vale más que... que mil palabras que podamos... que podamos decir.

Es verdad que, más que utilizar estos quince minutos que me concede el Reglamento y el Presidente para hacer un balance del año de su gestión, procede hacer un balance conjunto de lo que ha sido, pues, un tiempo más amplio, desde que usted inició esa andadura como Procurador del Común.

Y cuando se trata de balances, se trata de balanzas también, y las balanzas tienen un "haber" y un "debe", y yo creo que habrá que referirse a ese "haber" a ese "debe" para ver, al final, qué es lo que pesa más, que en su caso está meridianamente claro, ¿no?, eso no hay lugar a dudas.

Mire, lo destacaba usted en su intervención, don Manuel: tramitar expedientes, dar a conocer la Institución, organizarla internamente, modificar o proponer la modificación de la Ley del Procurador del Común y ganarse la confianza de los ciudadanos, creo que eso es el "haber" de estos años como Procurador del Común.

Tramitar expedientes lo ha hecho usted y lo hará quien le suceda en el cargo, es la obligación y la función del Procurador del Común.

Dar a conocer la Institución, supongo que lo seguirá haciendo el que le suceda en el cargo, pero quien ha tenido más dificultades, quien tiene más trabajo, más quehacer y más mérito en dar a conocer la institución es el primero. Evidentemente, una institución nueva, cuando nace y es desconocida, exige un mayor esfuerzo, mucho mayor esfuerzo, para darla a conocer a los ciudadanos que cuando... quien ocupe el cargo del Procurador del Común en el futuro, se va a encontrar una institución que ya está en marcha, una institución que ya tiene unos años de conocimiento para los ciudadanos; y, por tanto, ese ha sido un trabajo especial del primer Procurador del Común y ha sido suyo.

La organización interna de la Institución también le corresponde en mayor medida al primer Procurador del Común. El que le suceda a usted se encontrará una organización en marcha, que podrá retocar, que podrá modificar parcialmente, pero una organización que ya está en marcha merced al intenso trabajo que el primer Procurador del Común ha tenido que hacer.

La proposición de modificar la Ley del Procurador del Común ha sido yo creo que otro de los motivos que hay que poner en el "haber"; porque de verdad que tuvo usted que ponerse pesado para que en estas Cortes le hiciéramos caso. Necesitamos tres años escuchando esa necesidad de reforma para realmente proceder a la reforma, y yo creo que, además -se lo preguntaba el año pasado-, esa reforma ha sido útil, ha sido buena, para dinamizar y para agilizar su funcionamiento y para hacerlo más efectivo y más práctico.

Y ganarse la confianza de los ciudadanos. Ese, yo creo, don Manuel García Álvarez, que es, quizá, uno de los méritos más complejos, más complicados y más difíciles. Mire, para que alguien a quien un ciudadano acude preocupado, o molesto, o enfadado, para alguien que acude en estas condiciones ?que es la mayor parte de los ciudadanos que acuden mediante sus quejas a la figura del Procurador del Común-, ganarse la confianza de esta gente no es una tarea fácil; para ganarse la confianza hace falta, además de lo que usted decía y lo que le impone la Ley -la independencia, la autonomía y la objetividad; tres conceptos que, por cierto, en la Ley quedan muy bonitos, pero que hay que demostrarlo en la práctica, y usted lo ha demostrado-, hay también que trasmitir a los ciudadanos eficacia en su labor y, sobre todo, esa confianza que deriva que se ponen en manos de alguien que sí tiene capacidad y conocimientos para resolver sus problemas. Y yo creo que, cuando me planteo, cuando nos planteamos estas cuestiones, llegamos a la conclusión de que quienes le eligieron a usted ?yo en aquel entonces no estaba en esta Cámara-, quienes decidieron que fuera usted el Procurador del Común, acertaron plenamente.

De verdad se lo digo, que con el paso del tiempo, y ya pudiendo valorar las cosas, ha sido un acierto que usted haya sido el primer Procurador del Común de Castilla y León.

Yo creo que todo esto pesa mucho en una parte de la balanza.

Hay otra parte en la balanza, que es el "debe". Pero, fíjese, el problema es que esa parte de la balanza, ese "debe", no es imputable ni a usted, ni a la Institución, ni a su equipo; yo creo que es imputable a quienes no han puesto encima de la mesa todas las posibilidades y todos los medios que usted hubiera necesitado todavía para trabajar, no sé si con más eficacia ?eso va a ser difícil-, pero con más confort, desde luego.

Ya hemos hablado aquí del tema en otras intervenciones suyas. Yo sé que usted... a usted no le gusta pedir, yo sé que usted es muy prudente a la hora de pedir lo que sea, que ha sido prudente, y que lo va a seguir siendo; pero eso no quiere decir que los demás no creamos que usted ha trabajado con un presupuesto escaso. Y no lo decimos por decir, lo decimos porque el Procurador del Común, la institución del Procurador del Común -en cada Comunidad Autónoma con su denominación- que menos presupuesto ha tenido para sus funciones ha sido la institución de esta Comunidad Autónoma, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Que a lo mejor al principio era suficiente; pero, mire, no ha habido un paralelismo entre el crecimiento de esta Comunidad en competencias ?y, por tanto, también en quejas- al crecimiento real de su presupuesto a lo largo de este tiempo, no ha habido ese paralelismo que hubiéramos deseado.

Del mismo modo, nos parece que la plantilla, su equipo, ha tenido que desarrollar un trabajo muy intenso, porque hace falta una plantilla más amplia. Yo creo que también en esta Comunidad Autónoma estamos a la cola de las Comunidades Autónomas en cuanto a plantilla de la Institución se refiere. Yo creo que usted precisa y necesita un equipo más amplio; el tener el equipo corto no le ha impedido ?insisto- desarrollar con eficacia su trabajo, pero, probablemente, con más tranquilidad, con más confort, con más holgura, se hubiera desarrollado con una plantilla acorde.

Y, mire, y otra cuestión sobre la que... sobre la que, de verdad, yo he hecho caballo de batalla en cada una de las intervenciones, y me gustaría que, ya que usted probablemente no lo vea, sí el sucesor suyo pueda verlo, y es la sede. Mire, yo creo, además, que no es justo que una institución a la que todos aplaudimos, a la que todos hemos ovacionado, a la que todos reconocemos, siga estando y siga sin tener un edificio propio. No solamente no tiene un edificio propio, sino que, además, está usted en un local cedido... en una casa, en un edificio cedido por el Ayuntamiento de León con escasamente quinientos metros cuadrados útiles. Eso, para la treintena de trabajadores que tiene, más la gente que tiene que visitar la Institución. De verdad, no nos parece justo. La altura de la Institución en medios humanos y en recursos humanos tiene que estar también acorde con la altura de la Institución en cuanto a medios técnicos; y eso, hasta la fecha, no ha ocurrido; y yo creo que ya va siendo el momento de que nos vayamos planteando ?y ahora que, además, el Presidente de la Junta me escucha- la posibilidad de dotar a la Institución de una sede propia, emblemática, de nueva planta, que dignifique en lo material lo digna que ya es en lo humano. Y volveremos a insistir en este tema, y no nos cansaremos de insistir.

En cuanto al análisis de sus quejas, mire, la verdad es que no ha habido grandes novedades con respecto a otros años. El número de quejas ha ido en aumento; lo cual no solamente no es malo, sino que es bueno, es que hay más confianza de los ciudadanos en la institución, también es verdad que hay más materias sobre las que quejarse al aumentar el techo competencial de esta Comunidad Autónoma. Que el número de quejas referidas a la Administración Autonómica viene siendo, en relación con otras Administraciones, similar a la de otros años.

Y otra cuestión que también me preocupa, y es las quejas en las cuales los ciudadanos tienen razón... mejor dicho, las quejas en las cuales usted le da la razón a los ciudadanos. El dato que nos ha aportado del cincuenta... del 54% favorables a la Administración y el 46% favorables a los ciudadanos, de verdad se lo digo, nos preocupa mucho. Casi una de cada dos quejas o casi en una de cada dos quejas tiene razón el ciudadano; y eso no puede ser. Porque en esta España en la que vivimos, en este Estado de Derecho, y en el Derecho Administrativo de nuestro Estado, los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, es decir, que se supone que es legal lo que hace la Administración, salvo que el ciudadano demuestre lo contrario, de tal manera que la carga de la ilegalidad le corresponde a los ciudadanos. Bueno, pues, con esta presunción de legalidad que prima en nuestro Derecho Administrativo, es, a mi juicio, grave que casi una de cada dos de las quejas que usted recibe, o en una de cada dos, no tenga razón la Administración. Eso me parece de verdad que es un dato para la reflexión como mínimo; si no para el reproche, como mínimo para la reflexión.

Y luego otro dato que viene a agravar el anterior, y es que en aquel 50%... mejor dicho, en aquel 46% de las quejas en las que el ciudadano tiene razón, una vez que usted recomienda el cumplimiento a la Administración, solo en la mitad se cumple su recomendación, dándole la razón al administrado, de tal manera que un ciudadano que acude a su Institución tiene un 25% de posibilidades... ?estamos redondeando, lógicamente- un 25% de posibilidades de que su queja prospere y un 50% si tiene la razón.

Estos datos yo creo que son ?insisto-, como mínimo, para la reflexión, y así se lo pido, además, a los distintos Consejeros responsables de la Administración Autonómica, del mismo modo que se debe trasladar a la Administración Local.

El dato del 19% sin respuesta en la Administración Local y la falta de colaboración de un 15% vienen a ser datos similares a otros años. Ha aumentado ese porcentaje a mejor, es decir, cada vez hay más colaboración por parte de las Administraciones.

Y también comparto con usted esa prudencia a la hora de acudir al Ministerio Fiscal cuando no se respeta ese... esa obligación que hay de facilitarle la documentación. Es verdad que hay que ver cada caso, ¿no? Yo creo que no podemos medir a todos por el mismo rasero.

Esa falta de información sobre todo -usted lo decía- parte de las Administraciones Locales. Sabemos que en esta Comunidad hay Ayuntamientos muy pequeños y con pocos recursos. Eso no les exime del cumplimiento de la obligación, pero sí es verdad que no se puede tener la misma paciencia con Ayuntamientos grandes que tienen los medios y que es una pura falta de voluntad el no remitir a la información, que pequeños Ayuntamientos que tienen dificultades para recabar esa información. Pero sí le pido que, compartiendo con usted esa prudencia... y además yo creo que usted se ha jactado -y yo creo que es para jactarse- del hecho de no haber tenido que acudir nunca al Ministerio Fiscal, si hiciera falta, acuda usted o su sucesor en el cargo al Ministerio Fiscal, que no hay ningún problema.

Ha sido usted valiente y yo aquí... aunque alguien pueda pensar que tiene una carga política lo que voy a decir -no tiene una carga política, tiene una carga jurídica- ha sido usted valiente sobre distintas quejas a los cuales en el informe oral no se ha... sobre las que no se ha pronunciado, pero sí en el informe escrito, referidas al tema de las distintas identidades de las regiones que conforman esta Comunidad Autónoma. En distintas ocasiones, distintos colectivos también se han sometido a su criterio y le han formulado quejas cuando se intenta desvirtuar esa doble identidad, esa identidad de dos regiones diferenciadas en este marco político y administrativo, que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y ha estado usted -y se lo digo sinceramente- valiente con sus respuestas, diciendo que es verdad, y que usted ha instado cuando ha sido necesario, usted ha recomendado, cuando ha sido necesario a las Administraciones a que utilicen las palabras de manera que perfectamente se diferencien dos realidades que coexisten en este marco administrativo y político, en esta Comunidad Autónoma, y de verdad nosotros se lo agradecemos.

Y digo que esta afirmación no tiene carga política porque no la tiene; tiene carga jurídica. Usted debe velar por el respeto del ordenamiento jurídico, y yo creo que es el propio Estatuto de Autonomía, ya en su nombre, el que diferencia esas dos realidades distintas: Castilla y León. No tendría sentido una conjunción copulativa si no fueran dos realidades, dos regiones distintas. Voy terminando, señor Presidente.

Habrá que pensar en un nuevo Procurador. La verdad es que nosotros tampoco tenemos mucha prisa, estamos muy a gusto con usted; pero habrá que pensar en un nuevo Procurador. Y yo lo que sí quisiera es que tuviera el mismo perfil... y miro para el Presidente de la Junta que me imagino que tendrá mucho que... mucho que decir, igual que el resto de los Procuradores, porque es verdad que en esta materia, como en alguna otra, el consenso es imprescindible; consenso hubo con don Manuel y por eso probablemente fue un acierto. Yo creo que tiene que tener el mismo perfil que el que tiene el actual Procurador del Común, es más: si la medicina y la ingeniería genética lo permitiesen, podríamos hacer un clon del Procurador del Común que tenemos; pero, como no es posible, intentaremos acercarlo lo más posible.

Una persona de reconocido prestigio en el mundo jurídico, una persona sin militancia política -lo cual no quiere decir que no tenga ideología, pero al menos sí sin militancia política-, para que pueda además desarrollar con tranquilidad esos objetivos de imparcialidad y objetividad y eficacia. Y, hombre, si además fuera leonés, mejor que mejor. Lo digo porque para una Institución que tenemos en León... yo creo que en León hay gente de reconocido prestigio -don Manuel es un ejemplo, como otros muchos- para que el futuro Procurador del Común pueda ser leonés. Y no digo de nacimiento, digo de nacimiento o de adopción, o de lo que ustedes quieran, bueno, pues, con la amplitud que requiere el concepto de leonés. Y, entonces, habremos acertado, porque yo creo que con todas estas condiciones habrá un consenso y habrá un acierto en la elección del Procurador del Común.

Termino. Señor García Álvarez, don Manuel, lo dije el año pasado, lo digo este año también: usted, además de haber tenido con este Procurador, con este Portavoz, relación de amistad, relación política, ha tenido una relación de profesor-alumno. Cuando usted me examinó de Derecho Político en segundo de carrera -no se acordará porque han pasado muchos alumnos-, me puso un aprobado. No merecía más, con toda seguridad; me puso un aprobado... No, si lo hizo fue porque era así. También de aquella primaban los principios de objetividad en el señor García Álvarez.

Bueno, de verdad, yo, si usted me permite, le voy a poner un notable muy alto. Y no le voy a poner un sobresaliente por su culpa. Usted dijo en una ocasión en clase... -eso no se me olvidará- dice: "Yo los sobresalientes los pongo en contadísimas ocasiones, porque cuando a alguien le pones un sobresaliente, que es la nota máxima, puedes coartar el espíritu de superación". Sí, sí, así lo dijo usted. Y yo, de verdad, no quiero... [murmullos] ... no quiero coartar ese espíritu de superación que usted seguro que tiene, y por eso le pongo notable alto, para que en la vida pueda estar... pueda usted demostrar que merece un sobresaliente. Por tanto, es un notable como si fuera un sobresaliente. Muchas gracias por todos estos años, señor García Álvarez, de verdad y con toda la sinceridad. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Otero Pereira. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra su Portavoz, don Ángel Villalba Álvarez.

EL SEÑOR VILLALBA ÁLVAREZ:

Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. Señor Procurador del Común, como ha visto usted, hoy las Cortes celebran un día grande, un día de encuentro; estamos más o menos cada uno en nuestro escaño; la tribuna llena; Castilla y León pendiente de este debate, por su trabajo de este año, por su Informe, por la colaboración que siempre ha tenido de todos sus trabajadores, de toda su plantilla; pero, evidentemente, porque hoy termina un ciclo, un ciclo espléndido de colaboración de esa Institución que usted ha puesto en marcha y ha presidido a lo largo de estos diez años, un ciclo, repito, que posiblemente... posiblemente hoy tendremos que decir, porque es lo políticamente correcto, que es irrepetible, pero todos sabemos que deberá en todo caso ser igualado, en todo caso ser mejorado, porque ese es nuestro trabajo y ese también hará mejor el suyo.

Hoy, por lo tanto, es día de agradecimientos, es día de buenas sensaciones, y es día de repasar el trabajo bien hecho en estos años, en estos diez años, quizá. Pero ello no debe distraernos también de hacer unas consideraciones obligadas a la vista del Informe de dos mil cuatro, y, en todo caso, a la vista de las conclusiones que usted mismo hace en lo que se refiere a la extracción de estadísticas de los dos ciclos, especialmente del segundo de su mandato.

Porque, mire, doce mil ciudadanos que han recurrido a usted, que lo consideran intermediario ante sus problemas en las Administraciones Públicas de toda índole; doce mil ciudadanos que lo consideran el último asidero, la intermediación ya obligada y definitiva para intentar defender sus derechos y los de sus familias... defender sus derechos una vez agotada el camino de la crítica, el camino también de la denuncia pública, el camino -como usted ha dicho- del contencioso, quiere decir mucho, más allá de que gran parte de ellos no tengan razón en sus demandas, en sus quejas. Porque a los que nos dedicamos a... a esta tarea, a la tarea pública, también saber que ciudadanos que han recorrido todo este trayecto y que, por lo tanto, no esperan mucho ya de una resolución de cualquier tipo de Administración y... sin embargo, recurren a usted. Y recurren a usted para confirmar si lo que se les ha dicho es verdad o no es verdad. Recurren a usted para saber si ese... ese último documento que pueda recibir del Procurador del Común certifica lo que ya saben. Recurren a usted, en todo caso, también para ser consolados, como usted en alguno de sus informes ha escrito, y muy bien. Bien. Eso hace... debe de hacernos también reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre el trabajo de la Administración Pública, pero también sobre la capacidad que tenemos la gente que estamos trabajando en política de ser creíbles. Y yo creo que aquí también conviene hacer autocrítica, conviene hacer un alto en el camino, un alto en el debate, un alto en la tensión, para saber que quizá los ciudadanos no nos consideran como a veces nosotros injustamente nos consideramos.

Por lo tanto, desde el punto de vista de ese 50% que recurre a usted no teniendo razón... sabiendo quizá que no tienen razón, pero esperando que usted confirme que la resolución recibida es la resolución correcta. Pero desde el otro 50% de ciudadanos... ciudadanos que han recibido de los Ayuntamientos, de su Ayuntamiento, de su Diputación Provincial, de la Junta de Castilla y León, en menor porcentaje -ya se ha dicho- de la Administración Central, alguna noticia desagradable, alguna resolución que no pone en marcha lo que ellos esperan, que no responde a expectativas que su familia o ellos mismos han esperado durante mucho tiempo, que les colocan en una clara desventaja en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno de la convivencia familiar. Familias, ciudadanos que han confiado en usted y han tenido en usted comprensión, y han trasladado esa comprensión, esa confianza al conjunto de las Administraciones Públicas. Seis mil ciudadanos, por lo tanto, que han visto refrendadas en su quejas, en la presentación de sus informes a cualquiera de las Administraciones Públicas, problemas y problemas importantes de la Comunidad Autónoma, constituyen una auditoria, una excelente fotografía, el mejor test sociológico de la Comunidad Autónoma.

Fíjese, un test en el que no cabe ningún error. Algo no está funcionando bien en nuestra Comunidad. Algo no está funcionando bien en nuestras Administraciones Públicas. Nuestra gente tiene problemas, tiene problemas por un vacío en la gestión, por desajustes en la normativa y en la legislación, y año tras año usted propone esas correcciones siempre. Porque hay prácticas injustas que van, incluso, contra la propia normativa -la normativa aprobada en el ámbito local, provincial o regional-, porque se retrasa la puesta en marcha de políticas correctoras; actuaciones, en fin, que hoy mismo pueden suponer, incluso, siendo su papel el que se ha descrito aquí, siendo la consideración del Procurador del Común una consideración excelente, y bien recibida por el conjunto de los ciudadanos, instituciones ?digo- que, aun en ese caso, en determinadas circunstancias se comportan con una desconsideración evidente con usted, con lo que representa, con el papel de la Procuraduría.

Y tengo que decir que las buenas relaciones han aumentado y aumentan cada año sensiblemente en lo que es la relación con las Administraciones Locales, que son Administraciones difíciles, por complejas, por fragmentadas; que son Administraciones con muchas ausencias, con muchas carencias también, con déficit importantes, que son Administraciones voluntaristas que, en cuanto usted se ha puesto firme y se ha puesto serio, han contestado ?¡vaya que sí!- y han enviado al Procurador sus informes con las consideraciones que consideren adecuadas.

Ha aumentado sensiblemente, hasta el 85%, la intensidad, el porcentaje de las respuestas de los Ayuntamientos de Castilla y León a sus quejas y a sus informes. Eso está bien, supera en bastantes puntos el grado de respuesta del año pasado.

Es verdad que la Administración Regional retrocede, dentro de un grado alto de buena relación con el Procurador del Común: del 93% pasa al 91; pero, aun así, yo creo que, en lo que es la comunicación directa y frecuente de su Institución con las Entidades Locales, con las Diputaciones y con la propia Junta de Castilla y León, el grado de coordinación es ciertamente estrecho.

Pero, más allá de las buenas relaciones, queda el campo de las decisiones, el campo de las buenas intenciones. Y ahí es donde tenemos serios problemas -como usted sabe-, porque hay quejas y denuncias, por ejemplo en el ámbito local, que tienen que ver -es verdad, y usted lo dice- con la escasez de recursos de los Ayuntamientos, que tiene que ver con la realización de competencias inadecuadas, que tiene que ver con compromisos de prestaciones de servicios asumidos muchas veces por los Ayuntamientos y sin disponibilidades reales económicas que lo pueden hacer frente. Y eso se llama, se llama aquí en el debate político, se llama aquí en estas Cortes, se llama en la Comunidad "Pacto Local".

Pero también, año tras año, usted insiste en un problema grave que es propio de muchos Ayuntamientos: la existencia de irregularidades urbanísticas consentidas o no atajadas; problemas concretos que usted menciona en este Informe -también lo hizo en el Informe del año dos mil tres- y problemas, en fin, que estoy seguro que, poco a poco, con una buena relación de su Institución con las Entidades Locales, se van a ir corrigiendo.

Mire, no le digo lo mismo en lo que es su relación epistolar -ya lo sabe usted-, en su relación... la que pueda tener usted o el Procurador del Común con la Federación Regional de Municipios. Usted, en su Informe, dice que no ha tenido respuesta a alguna comunicación que ha enviado a la Federación. Mire, abandone toda esperanza, señor García Álvarez, no espere del Presidente de la Federación Regional de Municipios respuestas, porque, ni tiene tiempo ni, de verdad, voluntad política de hacerlo.

Pero, Administración Local, Administración Local exigente y exigida, Administración Local que tiene voluntad de colaborar, Administración Local y Ayuntamientos de Castilla y León que yo estoy seguro que se van a colocar muy pronto en un grado de disponibilidad estrecha con la Institución que usted preside.

Más pesimista soy en lo que se refiere a la Administración Autonómica, porque, en el campo de las actitudes y de las decisiones, todavía hay muchos trechos que recorrer. Y en... en lo que usted nos ha dicho hoy, en lo que hemos podido leer de su Informe, vemos varios tipos de comportamientos del conjunto de las Consejerías.

Hay quienes lo ignoran a usted o no contestan. Por ejemplo, no entendemos cómo la Consejera de Cultura, en una cuestión importante y actual que se refiere al Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, a preguntas y a cuestiones planteadas por el Procurador del Común, no se digna emitir contestación alguna. Es evidente que una carta no tiene el foco de la... de los medios de comunicación al lado, pero el Procurador del Común merece y exige una respuesta a las cuestiones planteadas.

Hay quienes le dicen que sí y le prometen actuar en consecuencia, pero usted mismo lo dice y lo intuye, y lo refleja claramente en su Informe: a usted le parece que va a ser que no. Y cuando el Consejero de Presidencia le dice que está dispuesto a aprobar un Reglamento que regule todo el problema gravísimo, y repetido año tras año, del acceso a la Función Pública -ya sabe, aquello de la concurrencia con claras connotaciones de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad-, a usted le parece que, sin embargo, no.

Como cuando el Consejero de Fomento le dice que estudiará todas sus quejas relacionadas con el pago de los intereses de demora de algunas expropiaciones, de algunos justiprecios, está seguro de que otro año más se va a retrasar la solución de muchas familias. Pero en algún caso tiene ya la constatación, porque, efectivamente, el Consejero de Fomento, otra vez, concierta con usted un plan de actuación integral en la provincia de Zamora para dotar de señal de televisión a las comarcas rurales de esta provincia. Y usted, meses más tarde, semanas más tarde, se sorprende con la firma de un convenio con seis... con siete provincias de la Comunidad en la que no está Zamora. Por lo tanto, diciendo que sí, usted intuye que va a ser que no.

Hay quienes rechazan ya sus demandas claramente, con las argumentaciones que sean, pero las rechazan. A nosotros nos parece que se pierden, que se han perdido oportunidades importantes para mejorar la política de adopciones, por ejemplo, en Castilla y León. El reconocimiento de muchas mujeres, mujeres de más de cuarenta y cinco años para poder tener hijos/hijas adoptivos.

Y nos parece que una política relacionada con la salubridad y con la higiene de los albergues, que mejore nuestro tramo del Camino de Santiago, no debe ser una política relativa a un año, a un Año Santo Jacobeo, debe ser una política constante que cabe en la responsabilidad de la gestión de la Consejería de Cultura.

Y mire, y hay quienes aceptan sus recomendaciones, hay que decirlo -son los menos, es verdad-, y han puesto los medios para que las sugerencias que usted ha hecho llegar produzcan, desde el punto de vista de la legislación o desde el punto de vista de la práctica en la gestión, los efectos que usted espera. Pues la Ley de Explotación... de Explotaciones Ganaderas, que no la apoyamos, pero responde un poco a sus inquietudes año tras año; como alguna otra medida legislativa, es verdad, es verdad que en el mes previo a su comparecencia ha habido dos o tres iniciativas que se han llevado a cabo, que se han aceptado por el Grupo mayoritario o se han propuesto por ellos, y que responden a exigencias y a críticas muy duras anunciadas por Su Señoría.

Pero, más allá de esta clasificación improvisada, incluso más allá de ese oportunismo, que en política también vale, quiero resaltar, por ejemplo, alguna respuesta que no tiene, a mi juicio, ninguna explicación, y que, además, entra en contradicción clara con la personalidad del responsable, en Educación -y yo estoy seguro que no ha sido el señor Guisasola-, en Educación, usted hace una crítica evidente de respuestas que tilda de excesivamente ambiguas -y uno intuye que incluso groseras- en sus peticiones respecto a la ampliación de horarios de comedores infantiles, o en lo que se refiere a la aprobación de reglamentos para la organización de Institutos de Educación Secundaria. Bien, puede ser, señor Procurador del Común, que algún... alguna libre designación con excesivo mando en plaza le haya contestado en estos términos, y yo espero también que el Consejero lo corrija cuanto antes.

Por lo tanto, el objetivo es: buenas relaciones 100%; no se ha conseguido, no se ha conseguido. Yo creo que podemos claramente vislumbrar que en los próximos años se presente en esta Cámara un Informe en ese tono; pero buenas intenciones, decisiones políticas, decisiones de gestión que tengan que ver con propuestas suyas, en este momento estamos en un porcentaje muy bajo. Y ahí ya entra la voluntad política, y ahí entra la capacidad de quererle a usted en los ámbitos de decisión, y ahí entra la decisión también de un Gobierno que, año tras año, está diciendo no a sus peticiones.

Porque si hablamos de los asuntos destacados, de los asuntos que usted, año tras año, en sus Informes cita como "asuntos importantes" en lo que es el conjunto de las quejas y de los informes que ha propuesto a la Administración Regional, yo le digo: mire, la vulneración del derecho de libre acceso a la Función Pública, la insuficiencia de medios personales y materiales en muchos Ayuntamientos, falta de disciplina urbanística, reticencia de la Consejería de Medio Ambiente para inspeccionar o imponer sanciones en expedientes de quejas remitidos por usted, el problema de la contaminación acústica, los retrasos en la elaboración de los planes de ordenación. Hablamos en Educación del tramo cero-tres años especialmente, la pasividad de la Junta en el cuidado de su Patrimonio, problemas relacionados con la energía y el suministro eléctrico, precisamente en zonas que la están produciendo. Hablamos de las residencias para personas mayores, hablamos de los discapacitados, hablamos de las barreras en nuestras ciudades, o de la lista de espera o atención hospitalaria.

Pues bien, estos son problemas que ya denunciaron mis compañeros y denunció este Grupo en el año dos mil, y que se han venido repitiendo, una y otra vez, en cada comparecencia suya.

Por lo tanto ?repito-, desde la Administración Regional, desde la voluntad política de quien gobierna, no solo vale considerarle a usted un excelente Procurador del Común, considerar a la Institución una institución prestigiada -porque eso se dice y seguro que así es-, considerar un trabajo, el suyo y el de sus compañeros de la Procuraduría, un trabajo espléndido; el Gobierno tiene que, además, aceptar sus propuestas, tiene que intentar también modular su política de la Administración, su política en relación, sobre todo, con los temas en que usted insiste.

Y estos temas son: primero, aquellos que tienen que ver con la columna vertebral de la Administración: la Función Pública, que a usted le ha traído siempre muy incomodado, porque hay situaciones que, con razón, denuncia una y otra vez. Las interinidades, las libres designaciones -que este año, además, se edulcoran y se presentan con alguna connotación muy especial que tiene que ver con el acoso laboral-, el acceso a la propia Función Pública, ya no solo de la Junta de Castilla y León, hablamos también de las fundaciones, hablamos de las entidades, de las empresas públicas de la Comunidad.

Pero, mire, es verdad que la vivienda tiene en este Informe, y en otros, un especial protagonismo negativo para usted. Y puede ser que no haya mejor cuña o peor cuña que la de la misma madera, pero la calificación que usted dio al funcionamiento de la Consejería el año anterior fue: insuficiente e inadecuada; y lo repite este año en los mismos términos. Porque, en lo que se refiere al número de viviendas de promoción pública o de promoción privada, en lo que se refiere a problemas relacionados con la calidad, en lo que se refiere al incumplimiento de la propia normativa de ayudas o el rechazo considerable en el pago de las mismas, en lo que se refiere, en fin, a algunas actuaciones que usted ha denunciado en su intervención, no dejan en buen lugar, a quien conoce muy bien al Procurador del Común, su sistema de trabajo y la oportunidad o inoportunidad de las respuestas administrativas.

Pero es la Sanidad también, junto a otras políticas, la que ocupa un papel evidentemente protagonista en sus Informes y en las quejas de los ciudadanos. Y ahí hablamos de listas de esperas del Procurador del Común, que no tiene nada que ver con la lista de espera del Consejero; hablamos de la falta de medios en la Atención Primaria de zonas rurales o de poblaciones intermedias; hablamos de una atención especializada, fundamentalmente la pediátrica, deficiente; hablamos de un hospital comarcal, el de Benavente, que para usted es un hospital obligado, para el Consejero, no; hablamos de problemas en el Hospital General Yagüe de Burgos, que es el problema gravísimo de la sanidad hospitalaria de esta provincia. Y hablamos de la salud mental; usted tuvo un debate con el Portavoz del Partido Popular -que en este tema juega en casa, como ya es sabido- el año pasado. Evidentemente, este año vuelve a plantear los mismos problemas y, además, cita la fuente: la fuente es... son los propios especialistas de la salud mental de la sanidad de Castilla y León.

Bien es verdad que además de la defensa de los mayores, que además de la preocupación por los jóvenes, por los niños, por los discapacitados, por los débiles, de su obsesión por el estado del bienestar, por aplicar y mejorar el estado del bienestar en esta Comunidad Autónoma, usted plantea este año algunos temas nuevos, a los que me referiré brevísimamente.

Habla de un problema y una polémica que esta Comunidad tiene, donde hay posicionamientos muy diversos, como usted conoce, del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Y dice claramente: hay que resolver un conflicto planteado por un expolio realizado en su momento. Y en ese conflicto y en esa resolución se debe contemplar la ampliación de los fondos, la mejora del Archivo, el acceso a la documentación, la creación de un gran centro de investigación.

Y en la misma medida y por coherencia, habla usted de La Biblia de Ávila; y tiene razón. Defiende, defiende la devolución de La Biblia de Ávila al entorno de la Catedral; defiende la devolución de ese patrimonio y de otros a nuestra Comunidad Autónoma en el mismo sentido que ?repito- hace en lo referente a su preocupación por el Archivo de la Guerra Civil.

Habla, este año, de la obligación que tiene la Administración de incorporarse a la lucha por la recuperación de la memoria histórica, de los castellanos y leoneses residentes en Cuba... [murmullos]

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Silencio, Señorías. Señor Villalba, vaya terminando, por favor.

EL SEÑOR VILLALBA ÁLVAREZ: ...

. y entre todos estos temas, de todo lo que en su Informe se refleja, de su intervención aquí hoy, el Partido Socialista, como siempre, ha tomado buena nota. Lo que no hemos presentado como iniciativas hasta ahora lo vamos a presentar cuanto antes, porque para nosotros, de verdad, su tarea es una tarea encomiable, pero... una tarea ejemplar, pero una tarea que debe tener una continuidad en la tarea política también de los... de quienes estamos aquí representando a los ciudadanos.

Señor García Álvarez, usted fue elegido por unanimidad hace diez años, venía acreditado claramente por rasgos que justificaban lo que se exigía para una tarea como la suya: máxima independencia, reputación ética, capacidad de trabajo y capacidad de exigir. No ha defraudado, no nos ha defraudado, ni al Grupo Parlamentario Socialista ni al conjunto de la sociedad de Castilla y León, y yo estoy seguro que al resto de los Grupos tampoco.

Los ciudadanos ya lo conocen y confían en su tarea, la Administración le respeta ?todavía no le teme, le respeta-, porque es verdad que ha trabajado -bien acompañado- con seriedad, con rigor, con tenacidad. Tenemos todos ahora la tarea de elegir a su sucesor o a su sucesora; y, es verdad, tendrá que tener estas mismas condiciones, tendrá que responder a las mismas exigencias, tendrá que ser, en fin, la persona que lleve adelante la tarea de su Institución, de forma que usted pueda también, dentro de muy poco tiempo, sentirse orgulloso.

Pero el pensar en la tarea y en el trabajo que dentro de muy poco hay que llevar a cabo en su Institución no quiere decir, señor García Álvarez, que a usted el Grupo Parlamentario Socialista no le eche de menos; le vamos a echar de menos, sus comparecencias en esta Cámara, por supuesto, sus informes, su preocupación constante, su trato exquisito. Porque usted ha agradecido el comportamiento de nuestro Grupo Parlamentario y de otros, yo le quiero decir: yo sé que cuando usted habla con un Grupo Parlamentario, está hablando con el resto a la vez, que nadie se puede sentir discriminado con respecto a nadie, que el trato es absolutamente igual, absolutamente justo y absolutamente proporcionado; lo ha sido, y eso quiere decir mucho en su favor. Perdemos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Villalba...

EL SEÑOR VILLALBA ÁLVAREZ:

(Termino ya, señor Presidente. Muchas gracias). Perdemos un gran Procurador del Común, ganamos al catedrático, y seguro que al amigo, a Manuel García Álvarez, asturiano de Oviedo, leonés de adopción, que conoce la historia, la cultura, la Constitución rusa tanto como la española, y que en estos diez años ha recorrido todas las comarcas, todos los Ayuntamientos de Castilla y León.

Señor García Álvarez, recordaremos de usted su tímida valentía, su tímida valentía, y la seriedad de su trabajo. Y yo quiero decir que, en el techo de estas Cortes, su camiseta ?simbólicamente- ondeará en los próximos años junto a los de hombres y mujeres que han trabajado por esta Comunidad Autónoma con pasión; usted ha citado a algunos de ellos, otros están sentados en esa tribuna; pero todos coinciden en un rasgo que a usted seguramente le suena, porque es el rasgo de su propia dimensión, de la dimensión de la tarea que ha llevado a cabo: el de hacer posible una Comunidad mejor. Y eso lo ha hecho usted, no le quepa la menor duda, señor García Álvarez. Ha sido un placer tenerle entre nosotros. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Por parte, ahora, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz, don José Antonio de Santiago Juárez.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Gracias, Presidente. Buenas tardes, Señorías. Señor Procurador del Común, Alto Comisionado de esta Cámara, después de escucharle atentamente, después de haber estudiado detenidamente durante el último mes su Informe, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento y felicitación. Me gustaría que extendiese esta felicitación y este agradecimiento a todos los miembros de su equipo, algunos de los cuales se encuentran presentes hoy aquí, en esta sesión plenaria.

Y agradecimiento no solo por el esfuerzo de síntesis que ha hecho intentando resumir en una hora el importante trabajo de un año, sino también agradecimiento por algo que conocemos usted y yo, que es el escrito que me envió el pasado once de octubre del dos mil cuatro.

El once de octubre de dos mil cuatro, usted tuvo la gentileza de enviar a este Portavoz un escrito donde se precisaba, se matizaban algunas cuestiones sobre el debate que habíamos tenido, sobre... más que el debate, la toma en... la posición de nuestro Grupo en el... en la presentación de su Informe del dos mil tres.

En él me aclaraba que las quejas admitidas a trámite siempre habían figurado en el apartado estadístico de las Memorias del Procurador del Común desde el año noventa y cinco. Eso ya lo sabíamos. Estoy convencido que no me expliqué bien, que no me supe explicar, porque yo no le pedía eso. Yo lo que le pedía en septiembre del dos mil tres, lo que le solicitaba y lo que le vuelvo a solicitar hoy es, no las quejas admitidas a trámites, sino las quejas admitidas a trámites que tienen resolución favorable para los ciudadanos; y por áreas. Porque sí conozco el porcentaje, sí que conocemos el porcentaje, pero es importante conocer las quejas admitidas a trámite con resolución favorable para los ciudadanos.

Porque estará conmigo ?seguro que está conmigo- que el número de quejas... conocer el número de quejas es importante, porque da una idea de la magnitud de su trabajo, da una idea de la magnitud de su trabajo, el número de quejas; estará conmigo que también es importante conocer el número de quejas admitidas a trámite, porque eso da... sería una especie de radiografía de las inquietudes de los ciudadanos de Castilla y León; pero estoy convencido que está conmigo también, porque es mucho más importante conocer las quejas que, admitidas a trámite, tienen una resolución favorable para los ciudadanos, porque eso sería una especie de termómetro que mide la temperatura democrática de las Administraciones: las quejas que, admitidas, tienen resolución favorable.

Y eso es lo que le pedía y eso es lo que seguimos sin conocer, por áreas, del Informe. Sí que conocemos el total, pero no por áreas (ese termómetro). Porque si bien es verdad que después de diez años de estudiar, de conocer sus Informes, uno se acerca a lo que pretende conocer; podemos intentarlo, y lo vamos a intentar.

Mire, del total de las quejas recibidas, son admitidas en torno al 50% -usted lo sabe, en torno al 50%, de las recibidas-, y de ese 50%, que no del total... que no del total -luego hablaremos de eso-, y de ese 50%, es decir, de las admitidas, se... tienen una resolución favorable a los ciudadanos el 41%, entre el 40 y el 41%, y el 59% restante tienen una resolución no favorable a los ciudadanos, sino favorable a la Administración.

Es decir, en el Informe de este año, que me gustará... me gustará, señor Procurador del Común, que cuando vuelva usted a subir aquí nos aclare si el Informe de este año tiene doce mil quejas o dos mil y pocas, porque en esta Tribuna hemos oído hablar de más de doce mil quejas; también hemos oído en esta Tribuna que el Informe de este año tiene más quejas que el pasado, cuando tiene menos. Yo quiero que nos lo aclare, porque, o hay tres informes diferentes, o no se ha profundizado del todo o no se ha estudiado del todo bien los Informes. Aquí se ha hablado... aquí se ha hablado de unas cifras que no coinciden con el Informe que tiene el Grupo Popular.

Insisto, me gustaría que me aclarase, me gustaría... [murmullos] ... Si son de diez años, tampoco serían doce mil; serían veintitantas mil, porque la media son dos mil. Pues si son de cinco años, serían diez mil. Es decir, no hay por donde lo coja, no hay por donde cogerlo.

Aquí se ha dicho, en esta Tribuna, Señoría ?y usted lo ha oído y lo hemos oído todos-, se ha dicho por parte de algunos, en esta Tribuna, que las quejas se incrementaban con respecto al año pasado, y disminuyen -usted y yo lo sabemos-, disminuyen en cerca de treinta. Se ha dicho en esta Tribuna, hablando de su presupuesto, que a medida que aumentaban las quejas... que a medida que aumentaban las quejas no aumentaba el presupuesto ?usted y yo sabemos que el número mayor de quejas lo tuvo en el año noventa y seis, en el año noventa y seis-. Mire, el respeto al Procurador del Común, el respeto empieza por estudiarse en profundidad el Informe; ese es el respeto al Procurador del Común. Y aquí se han dicho otras cosas; o hay tres informes o no hay respeto al Procurador del Común.

Pero, sin duda, le decía que lo más importante es conocer... lo más importante es conocer el número de quejas admitidas a trámite que tienen resolución favorable para los ciudadanos; eso le decía.

Para hacernos una idea, este año, este año, con el Informe que manejamos nosotros, con el Informe de dos mil trescientas treinta y cuatro quejas, para hacernos una idea, estaríamos hablando, estaríamos hablando -con la secuencia suya- de dieciocho quejas con resolución favorable en Educación, dieciocho quejas con resolución favorable en Educación; estaríamos hablando de treinta y cinco quejas con resolución favorable en Sanidad... Y este año es difícil saber las de Sanidad, porque ha metido... ha cambiado usted, y hablamos de Sanidad y Consumo, y usted, otros años, Consumo lo metía en Industria; pero, a pesar de todo, hablaríamos de unas treinta y cinco quejas en Sanidad ?que es difícil, porque, insisto, ha metido en el apartado también Consumo, que hasta el año pasado estaba en Industria-. Y estaríamos hablando de cincuenta y cinco quejas con resolución favorable a los ciudadanos en lo que se puede llamar "políticas de igualdad y de apoyo a la familia", lo que se pueden llamar "política de servicios sociales", cincuenta y cinco quejas; que también es difícil saberlo, porque sabe usted que un año metía Trabajo y Seguridad Social y Servicios Sociales, este año lo llamamos "políticas de igualdad, servicios sociales y juventud"; es decir, es difícil comparar, pero estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de eso, de eso.

Y curiosamente, donde más quejas hay, donde más se incrementan las quejas son en dos áreas... en una, fundamentalmente, en Justicia -y eso viene siendo una tradición todos los años-, en Justicia, y también se mantiene estable en lo que podríamos llamar "las quejas que emanan de las Corporaciones Locales". Es decir, utilizando el termómetro, eso que hablaba "el termómetro democrático", la temperatura democrática de la Justicia estaría elevada, la temperatura de las Corporaciones Locales tendría leve... una leve febrícula, y la Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León estaría en una temperatura absolutamente correcta y adecuada.

Y le decía que, además de agradecimiento, le decía que felicitación; felicitación sincera por el rigor de su Informe, por el rigor de su Informe. De nuevo estamos ante un Informe riguroso, preciso, sólido, exigente con todos, exigente con todos, que profundiza en las cuestiones que preocupan realmente a los ciudadanos; es decir, un trabajo francamente bien hecho, un trabajo de una persona independiente y objetiva.

Pero este año -se ha dicho aquí, lo ha dicho también usted- es un año especial; es un año especial porque finalizan los dos periodos de cinco años que la Ley 2/94 marcaba para mantener la dirección de la Procuraduría del Común ?finalizan... han finalizado en febrero de este año-. Y por eso, en los quince minutos que tiene el Grupo Parlamentario Popular para fijar su posición ante su Informe, me va a permitir que aborde tres cuestiones, tres aspectos: uno, lógicamente, hacer un breve análisis del Informe que ha presentado hoy aquí, que es lo que toca, el Informe de este año, el Informe del dos mil cuatro, ese Informe con dos mil trescientas y pico quejas, que es del que yo puedo hablar, que es el que usted me ha enviado; otro, un segundo aspecto, un somero balance, un breve balance de lo que han podido ser -y sacando conclusiones- estos diez años de intenso trabajo del Procurador del Común; y por último, lógicamente ?me lo decía usted cuando le he saludado-, hablar... haré algunas pequeñas reflexiones, muy breves este año, sobre aspectos que tienen que ver ?me lo decía usted- con la salud mental y la asistencia psiquiátrica.

En cuanto al breve análisis del Informe del dos mil cuatro, se caracteriza básicamente por dos cuestiones.

La primera, la primera, porque se mantiene estable el número de quejas: hay un leve descenso, un leve descenso, han descendido las quejas. Aquí hemos oído que han aumentado, pero han descendido con respecto al año pasado, porque el año pasado eran dos mil trescientas cincuenta y ocho, este año son dos mil trescientas treinta y cuatro. Han descendido las quejas, eso es evidente, del Informe que tenemos nosotros, que tiene el Grupo Parlamentario Popular.

Y la otra característica, la otra característica sería que continúa mejorando el grado de colaboración... continúa mejorando el grado de colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común.

Y digo... y digo que empezaremos, Señorías, dedicando unos minutos al Informe... al Informe de este año; Informe de este año... que también se ha dicho aquí alguna cuestión relativa al Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca. Este es el Informe, esto es lo que dice el... el Informe del Procurador del Común. No dice lo que se ha dicho aquí, no dice lo que se ha expresado desde esto. Es más, dice que ha llegado tarde, que ya se ha iniciado el del dos mil cinco. No habla de expolio. Yo no sé qué informe han leído otros... otros Procuradores, no sé qué informe. Esta es la página que se dedica al Archivo de la Guerra Civil. No, la página anterior no habla del Archivo de la Guerra Civil, y la tengo ahí. No se ponga usted nervioso, porque lo que hay que hacer es trabajar un poco más y respetar más al Procurador del Común. [Aplausos].

Señoría, decía que dedicaré unos minutos en analizar estas dos cuestiones: el mantenimiento, con leve disminución, de las quejas, y la mejor... la mejor... el mejor grado de colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común.

Nosotros, cuando se inicia el Informe, en la introducción ?si recuerda, señor Procurador del Común-, en la introducción, usted, al hablar del número de quejas de este año ?y leo literalmente-, al hablar del número de quejas, en la introducción, en el segundo párrafo ?y leo literalmente-, le permite a usted afirmar que el que se hayan mantenido las quejas, incluso que hayan descendido, le permite a usted afirmar: "El Procurador del Común parece seguir contando con la confianza de los ciudadanos, como se infiere del mantenimiento del número de quejas"; y nosotros estamos de acuerdo: usted tiene la confianza de los ciudadanos, se lo aseguro. Eso es algo que se percibe. Y así arranca su Informe, en el segundo párrafo. Nosotros ?insisto- estamos totalmente de acuerdo.

Pero el mantenimiento del número de quejas -o la leve disminución, que ha habido una leve disminución- también debe ser objeto de otras lecturas y de otros análisis. Yo creo que estamos todos de acuerdo ?y estarán ustedes conmigo- que, afortunadamente, afortunadamente, la sociedad de bienestar cada día es más exigente con los servicios y con el trato que recibe de las Administraciones. La sociedad de bienestar cada día... cada día exige más; eso es bueno y eso es saludable democráticamente. Pero, si esto es así, se deberían incrementar el número de quejas; y descienden. Eso quiere decir que las cosas no van mal. Todos sabemos... todos sabemos que la Junta cada vez gestiona las competencias que más interesan a los ciudadanos, que más mejoran el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos; me estoy refiriendo a medio ambiente, a educación, a sanidad, a servicios sociales. Y si hay más exigencia y se gestiona desde lo más cercano las competencias que más interesan, deberían de incrementar las quejas, y eso no es así, y eso no es así. Eso parece que... indica que las Administraciones funcionan adecuadamente.

En definitiva, la secuencia que les quiero plantear es que, si usted mantiene la confianza ?y la tiene- de los ciudadanos y nosotros decimos que la tiene también -no solo lo dice usted en su Informe, sino lo decimos nosotros-, si los ciudadanos cada vez son más exigentes, si la Junta gestiona las competencias que más preocupan a los ciudadanos y las quejas no aumentan, sino se mantienen ?o este año descienden levemente-, es que las Administraciones en Castilla y León funcionan adecuadamente.

Y esto que acabo de afirmar no es fruto de una lectura optimista del Informe del Procurador del Común ni una visión excesivamente autocomplaciente del funcionamiento de las Administraciones, ni mucho menos. Este razonamiento me ha surgido al leer el Informe de este año del Defensor del Pueblo. Todos ustedes saben que don Enrique Múgica presentó el Informe ante los medios de comunicación el siete de abril, hace escasamente mes y medio; presentó el Informe del Defensor del Pueblo el siete de abril. Recientemente, el jueves pasado, defendió el Informe ?y usted lo sabe- don Enrique Múgica, el jueves pasado, en el Congreso de los Diputados. Saben todos ustedes ?y si no lo saben, se lo digo- que las quejas en el Informe del Defensor del Pueblo se han incrementado en un 66%, un 66%: han pasado de nueve mil ochocientas cincuenta y cuatro a quince mil trescientas cincuenta y cinco. Un 66%.

¿Cómo lo explica el Defensor del Pueblo? Leo... vuelvo a leer literalmente el Informe de don Enrique Múgica: "Se han producido ?dice-...", para explicar ese incremento del 66% del número de quejas, dice: "Se han producido mejoras en el funcionamiento de la Administración ?se ha incrementado el 66%-, pero el incremento de las quejas se debe a que los ciudadanos cada vez tienen más confianza en mí". De nuevo aparece la confianza. Es decir, cuando se mantienen las quejas, confianza; cuando se incrementan un 66%, confianza. "Y la Administración ?dice don Enrique Múgica- funciona adecuadamente".

Si en base a la confianza el Defensor del Pueblo justifica el incremento de las quejas y la mejora del funcionamiento de la Administración, usted, en base a la confianza -que la tiene, y usted lo dice en su Informe y nosotros le hemos dicho que la tiene, que estamos seguros que la tienen los ciudadanos-, y las quejas disminuyen o se mantienen, esto quiere decir que la Administración en Castilla y León no funciona bien, funciona fantásticamente bien, siguiendo este silogismo. Parece sensato, parece sensato.

Continuamos con el análisis del Informe que nos ha llegado a nosotros del Procurador del Común.

Hay... saben ustedes que la media de quejas por provincia... la media, perdón, en la Comunidad Autónoma son nueve por diez mil habitantes, nueve quejas por diez mil habitantes, y esto se viene manteniendo en los últimos tres años, tres o cuatro años -nueve por diez mil habitantes-, porque, aunque disminuye... aunque disminuyen este año, la media no cambia: nueve por diez mil. Pero si uno profundiza y va a buscar qué provincias están por encima de la media y cuáles están por debajo de la media, se encuentra que hay tres provincias por encima de la media, tres: León, Palencia y Segovia. La media está en nueve, León está en doce, Palencia en trece quejas por diez mil, y Segovia en doce quejas por diez mil. El resto de las provincias están por debajo, porque, si no, la media no saldría a nueve. Por ejemplo, Valladolid está en seis, Salamanca en seis, Ávila en siete, Burgos en siete.

Si analizamos, Señorías, qué ha pasado en estas tres provincias -León, Palencia y Segovia- para que estén por encima de la media en cuanto al número de quejas, uno se encuentra lo siguiente ?en el Informe que usted... en el Informe que usted nos ha mandado-, uno se encuentra lo siguiente: León, el 43% de las quejas afectan a la Administración Local -el 43% de las quejas en León, a la Administración Local-, frente al 29% a la Junta de Castilla y León. En Segovia, por poner otro ejemplo de esas que están por encima de la media, el 50% a la Administración Local, el 30 a la Junta de Castilla y León. Pero si uno sigue profundizando en ese Informe, dices: bueno, la Administración Local no es solo un municipio, son muchos municipios en cada provincia. Pero no, usted y yo sabemos ?y sale en su Informe- que, fundamentalmente, las quejas que surgen de la Administración Local proceden de los grandes municipios, y especialmente de los municipios de la capital. Con lo cual... [murmullos] ... con lo cual, señores... [murmullos] ... las tres provincias... las tres provincias...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Por favor, guarden silencio. Guarden silencio.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ: ...

. que más se quejan son...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Es el Informe del Procurador del Común, que ustedes no han leído. [Murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Guarden silencio. Silencio, por favor. Continúe, señor Procurador.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Señoría... Les decía que otra de las características del Informe es que cada año mejora... ha mejorado el grado de colaboración de las diferentes Administraciones con el Procurador del Común.

Durante el dos mil cuatro... durante el dos mil cuatro, según datos del Informe, la Administración que porcentualmente... ?y cito, insisto, datos del Informe que nos ha llegado- la Administración que porcentualmente ha colado... ha colaborado mejor con el Procurador del Común, con un 91%, según los datos que obran en el Informe, ha sido la Junta de Castilla y León; después, con un 85%, la Administración Local; y por último, durante el dos mil cuatro, la Administración Central, con un 84%, según datos del Informe que ha llegado al Grupo Parlamentario Popular. Hablo porcentualmente.

El segundo aspecto que quería comentar, que les decía que quería comentar, era el relativo a hacer un breve balance de lo que han sido, Señorías, sus diez años de intenso trabajo, y sacar algunas conclusiones. Lo haré telegráficamente, porque veo que el tiempo empieza a consumirse.

Usted ha conseguido poner en funcionamiento el Alto Comisionado de estas Cortes, un Alto Comisionado de estas Cortes, y todos sabemos... todos conocemos las dificultades que ha tenido. Yo, en aquella época ?si se acuerda-, estaba en la Administración Autonómica, y sé lo difícil que fue para usted poner en funcionamiento una Institución como el Procurador del Común. Usted ha conseguido dar a conocer y popularizar ?se ha dicho aquí- la institución que usted durante estos últimos diez años ha dirigido. Usted se ha ganado... lo dice usted en el Informe y lo decimos nosotros, se ha ganado la confianza de los ciudadanos de Castilla y León. Usted ha conseguido prestigiar la figura del Procurador. Usted ha conseguido, a través de sus resoluciones, de sus informes, mejorar la calidad de los servicios que las Administraciones prestan a los ciudadanos, que yo creo que ese es el objetivo fundamental del Procurador del Común. El objetivo fundamental no es gestionar quejas, sino que, a través de las resoluciones y de los informes, que las Administraciones corrijan defectos; y usted ha conseguido eso. Usted ha conseguido resolver multitud de problemas y de quejas de los castellanos y leoneses a lo largo de estos diez años. Y usted ha demostrado ?se ha dicho aquí- una especial sensibilidad con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a lo largo de todos los años y este año de nuevo; estoy hablando de discapacitados, de personas con problemas psiquiátricos, estoy hablando de minorías étnicas... Por cierto, hablando de minorías étnicas, y en lo relativo a las viviendas, yo no sé si lo ha llamado chabolas -no sé cómo lo ha llamado-, cuadras a las viviendas -seguro que a lo mejor no le ha dado tiempo a conocer-, la Junta y el Ayuntamiento de León han firmado recientemente un convenio, aportando las dos Administraciones 800.000 euros para corregir eso. Seguro eso ha sido después de cerrar el Informe.

Y usted, en definitiva, ha sido... usted, en definitiva, ha sido un excelente defensor de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. Se lo digo, sinceramente, en nombre propio y, lo que es más importante, en nombre del Grupo al que represento.

Pero este breve balance también... en este breve balance también se observan otras cuestiones que creo yo que son de interés, y que también debemos de sacar conclusiones de estas... de estos diez años de trabajo.

La primera... la primera es que el número de quejas admitidas a trámite y con resolución favorable... y con resolución favorable descienden, tiene una tendencia descendente.

La segunda, se detecta una clara mejora en la colaboración de las Administraciones, sin ninguna duda; eso es algo que es evidente. Si uno mira la estadística del año noventa y cinco y noventa y seis, incluso hace cuatro años, y la de este año, es evidente; insisto: la Junta el 21%, el porcentaje de colaboración... las... los Ayuntamientos el 85, la Administración Central algo más baja; es decir...

Y tercero, y quizás lo que es más relevante para sacar también consecuencias, es que si uno revisa los diez años y, al tiempo que revisa los diez años, fija fechas de cuándo se fueron transmitiendo... transfiriendo una u otra competencia, se encuentra lo siguiente: mire, servicios sociales... ya sabemos que la Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León, tenía competencias antes del año noventa y seis en materia de servicios sociales; de hecho, la Ley de Acción Social y Servicios Sociales ?si no recuerdo mal- es de diciembre del ochenta y ocho. Pero el bloque fuerte de competencias llegó con la transferencia del IMSERSO el uno de enero del noventa y seis, el uno de enero del noventa y seis. Si uno coge su estadística... y es difícil, porque sabe usted, igual que yo, que ese área ha ido cambiando, ha ido introduciendo... este año entra juventud, entra Seguridad Social, y es difícil; pero lo que queda claro, si uno lo sigue, que las resoluciones favorables... favorables a los ciudadanos han descendido en el área de servicios sociales una vez que se produjo la transferencia.

En Educación pasa exactamente igual. Fíjese, la educación no universitaria la empezó a gestionar la Junta en enero de dos mil. En el año noventa y nueve: ciento cuarenta y cuatro quejas; en el año... en este año: setenta y tres quejas. Es decir, cuando la Junta gestiona, descienden las quejas.

Y lo mismo ha pasado -se diga lo que se diga aquí- con la Sanidad. Y también vuelve a ser difícil comparar, porque este año meten en el área de Sanidad el Consumo, que el año pasado estaba en Industria. Pero comparándolo con el año pasado, y sabiendo que las transferencias del Insalud son del uno de enero del dos mil dos, en el año noventa y cinco ciento setenta y seis quejas y el año pasado, que no estaba unido con consumo, ochenta y siete; lo que demuestra, de nuevo, que cuando se transfieren esas competencias que tanto interesan a los ciudadanos mejora la gestión y disminuye el número de quejas.

Señorías, termino. No nos da tiempo, lo haremos en el pasillo, de hacer unas puntualizaciones con el tema de la reforma psiquiátrica, porque el tiempo se agota.

Termino. Mire, de nuevo, en nombre del Grupo Popular, le felicitamos por el Informe de este año y por su trabajo a lo largo de estos diez años. Usted ha situado la Procuraduría del Común en el lugar que le correspondía. Usted siempre será un magnífico referente a la hora de profundizar en los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. Y si me permiten un símil taurino, ahora que estamos en San Isidro, en el corazón de San Isidro, la fiesta taurina por excelencia, usted hoy sale por la puerta grande. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para contestar ahora a todos los Grupos, o sea, si lo desea, tiene la palabra el Procurador del Común, señor García Álvarez.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Señor Otero, gracias por sus palabras, tanto más cuanto que, efectivamente, usted fue mi alumno, ¿no? Lo que ocurre es que se non è vero, è ben trovato, pero debo confesarle que no recuerdo aquella afirmación que usted me atribuye en cuanto a la dificultad, pero... pero se non è vero, è ben trovato; está muy bien.

La cuestión de la sede. Efectivamente, ya en la ocasión anterior en que intervine desde esta Tribuna, en el pasado mes de septiembre, me hizo usted la amable crítica de quizá no reclamar con la fuerza suficiente la dotación de la nueva sede. No sé qué quieren que haga; lo he repetido varias veces: el Ayuntamiento de León ha adoptado una decisión, y esta... y esta Cámara yo creo que todos los Grupos Políticos de esta Cámara están también de acuerdo -así se han manifestado- en proceder a la nueva ubicación o la nueva construcción. Se habló de ubicar la sede del Procurador del Común en la antigua sede del Banco de España; se han barajado diversas soluciones. Yo no puedo más que, de vez en cuando, manifestar mi preocupación. En breve, si van ustedes a León a la Plaza de San Marcos, verán como hay obras en el edificio del Procurador del Común porque tenemos que levantar todo el tejado. Ya tuvimos que proceder de urgencia en el mes de diciembre a hacer una obra menor en el techo porque la casa se nos llenaba de goteras. Espero que esta obra mayor del tejado no les lleve a tomar aún con mayor lentitud la decisión definitiva.

También les confesaba el pasado mes de septiembre -creo recordar- que está uno tan cómodo en la Plaza de San Marcos, y es un marco -valga la casi redundancia- tan bonito que le da pereza marchar, ¿no? Cuando nos ubiquen en otro sitio, escojan bien todos estos... todos estos pormenores.

En cuanto a la identidad de la... usted utiliza la palabra "regiones", que yo todavía no me he atrevido a utilizar. Sí he hablado de identidad de León como algo distinto de Castilla. Si estuviese aquí hoy el señor Rodríguez de Francisco habría podido hacerse eco de un escrito muy personal mío que le dirigí en respuesta a una pregunta que me formuló, en el pasado mes de septiembre, sobre si yo estimaba que era correcto o no hablar de instituciones regionales o Procuradores regionales. Me comprometí entonces por escrito a decir lo que manifestaba al respecto, y se lo manifesté, además, en un escrito que quise elaborar yo muy personalmente, ¿no?

Como quiera que sea, ya que ha sacado a colación el tema, señor Otero, una cosa es la defensa de las identidades, en las que yo creo, e incluso en la voluntad de ser algo distinto, que en el caso de la provincia de León -no sé yo, la región es algo distinto, ¿no?- es evidente, y otra forzar la... la existencia de peculiaridades que puedan no responder a la realidad. Y no me refiero ya a cambios en folklore, que también pueden tener su importancia, ¿no?, en orden a apuntalar diferencias. A veces, cuando veo que Ayuntamientos de la provincia toman decisiones que no favorecen a la lengua castellana, me disgusta terriblemente, ni creo que sea bueno eso para la identidad leonesa; se lo digo arriesgándome a... a una reacción... -no aquí en esta sala, pero quizá fuera de la misma- crítica; pero debo decirlo, ¿no? ¡Pobre lengua castellana!, ¿no?, si es... Aunemos todos -al contrario- los esfuerzos por defenderla.

A don Ángel Villalba, pues, agradecerle las palabras que ha tenido de... de alabanza, de encomio para esta Institución. Si acaso decirle en cuanto a la actuación en el caso del Archivo General de la Guerra Civil, ha sido distinta de la actuación en... en relación con el Archivo de Ávila, que también salió a colación. Claro, nosotros, como decía yo en mi primera intervención, tenemos que operar sobre todo basándonos en la legalidad, ¿no?, yendo más allá incluso de cuáles puedan ser nuestros gustos. Y cuando yo me dirijo a la Consejería de Cultura y Turismo, lo hago porque, de conformidad con las Leyes de Patrimonio Cultural, y Archivos y Patrimonio Documental de nuestra Comunidad Autónoma, está obligada. Yo no sé si está bien o mal esa Ley, eso es otra cuestión, pero está obligada a velar por la reintegración de los documentos de su patrimonio; no tiene otra cosa... no tiene la cuestión otra salida: todos los bienes que estén situados fuera de su territorio; es lo que dice la Ley.

Por eso yo me dirigí en esos términos a la Consejería, y al mismo tiempo le decía... -lo cual es muy importante, porque es casi como condicionar esas gestiones- recordándole la obligación que tiene de recordar, a su vez, al Cabildo Catedralicio de Ávila de mantener el... el Archivo en las condiciones indispensables para la devolución de la Biblia, porque conseguir, como está obligada la Consejería, la devolución de la Biblia para mantenerla, después, en unas circunstancias insoportables, yo creo que no procedería.

Y es muy distinto ese supuesto del supuesto... terrible "patata caliente", que me llega además en este año, ¿no?; lo que pasa que, por ser una cuestión que está tan candente, y por ser yo el Procurador de Castilla y León, no quise eludirla; podría quizá haberlo hecho rechazándola a trámite por no tratarse todavía de actos definitivos entonces, pero, en fin... La queja que me fue entregada personalmente por el Alcalde de Salamanca fue admitida a trámite. Lo que ocurre es que la reciente presentación en el Congreso de un Proyecto de Ley en relación con esta cuestión ?como todos ustedes saben- ha motivado que se haya acordado la suspensión de la intervención del Procurador del Común hasta la finalización de la tramitación parlamentaria del Proyecto; momento en el cual, si yo todavía estoy en mi sede, o mi sucesor, se analizará si procede, en el marco de lo dispuesto en la Ley del Procurador del Común, si procede formular alguna recomendación en defensa del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico.

Vamos a ver. La Federación de Municipios y Provincias es verdad que no ha contestado a algunos de mis escritos... no requerimientos, escritos de petición de información; también es cierto que tiene una naturaleza privada, lo cual quiere decir que no está, en el sentido estricto de la expresión, obligada a responderme. Hombre, yo creo que por cortesía, por lo que se llama cortesía política o parlamentaria, debería contestarme, y no siempre lo ha hecho, es cierto, es cierto; pero no está obligada, como tampoco lo está la Administración Central, como tampoco lo está la Administración Central.

Señor De Santiago, hombre, yo no es que haya metido o dejado de meter, es que... Consumo figura ahora con Sanidad porque se han reestructurado, a efectos de trabajo, las áreas en el Procurador del Común, con el ánimo de armonizarlas con las competencias de las Consejerías, ¿no? No es que... no es algo arbitrario, eso que quede... que quede claro, ¿no?

Después, otras observaciones que han hecho, yo no sé si obligarían al señor Villalba a volver a subir a la tribuna, porque, desde luego, conmigo no iban, ¿no? [Risas y aplausos].

Esa nueva petición que me ha vuelto a formular, me comprometo a enviárselo a la mayor brevedad, ¿no?

Y yo creo que nada más, salvo agradecerles también a todos su intervención y sus palabras de elogio, que hago extensibles a todos mis compañeros en la Institución. Gracias. [Ovación].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor García Álvarez, por su Informe, por su trabajo. Señorías, se levanta la sesión.

Les recuerdo que mañana el Pleno se inicia a las diez en punto de la mañana. Gracias.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos].