4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/001690-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para realizar diversas acciones en relación con la gestión de residuos y la economía circular, para su tramitación ante el Pleno. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de noviembre de 2025, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/001688 a PNL/001690. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de noviembre de 2025. La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Rosa María Esteban Ayuso El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Carlos Pollán Fernández A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno. ANTECEDENTES El municipio es la Administración más cercana al ciudadano. En cada servicio, en cada calle limpia o farola encendida, se refleja el compromiso de los ayuntamientos con la gestión responsable, la sostenibilidad y el bienestar común. Por ello, las decisiones que afectan directamente al bolsillo de los vecinos deben respetar siempre la autonomía municipal reconocida por la Constitución Española y la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impone a todos los ayuntamientos de España la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria que responda al principio de "quien contamina paga", que cubra el 100 % del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, suprimiendo la capacidad de los municipios para decidir libremente cómo financiarlo. Por primera vez en la historia democrática española, un tributo local de carácter potestativo pasa a ser obligatorio por imposición estatal, vulnerando los principios de autonomía local (art. 140 CE), suficiencia financiera (art. 142 CE) y justicia tributaria (art. 31 CE). El resultado práctico es que millones de familias y pequeños negocios verán incrementado su recibo de basuras de forma significativa, sin que los ayuntamientos puedan mitigar este impacto mediante fondos propios, bonificaciones o tarifas sociales. Además, el argumento de que "Europa obliga" carece de fundamento. La propia Comisión Europea, en respuesta escrita de diciembre de 2024 al Grupo Popular Europeo, señaló que la Directiva (UE) 2018/851 no obliga a los Estados miembros a imponer una tasa municipal de basuras concreta para cubrir el 100 % del coste de recolección, transporte y reciclaje de residuos, y que los Estados miembros tienen plena discrecionalidad para elegir los instrumentos económicos y las medidas necesarias para cumplir los objetivos de la Directiva. La decisión de trasladar el coste íntegro a los ciudadanos es, por tanto, una decisión política nacional, no una exigencia de Europa. Ello ha generado una profunda inseguridad jurídica en los ayuntamientos, la multiplicación de ordenanzas contradictorias y el riesgo de conflictos legales por la falta de un desarrollo reglamentario claro. A todo ello se suma el impacto acumulado de más de cien subidas de impuestos en los últimos años, que han incrementado la carga fiscal sobre familias, trabajadores y autónomos, reduciendo su capacidad de ahorro y consumo. Los municipios no pueden ser recaudadores forzosos de decisiones ajenas ni verse obligados a trasladar a los vecinos políticas fiscales que no comparten. Por eso, desde el Grupo Popular en estas Cortes, defendemos y apoyamos la autonomía de los ayuntamientos para que, de forma libre y sin imposición alguna del Gobierno de España, puedan decidir, en el establecimiento de sus tasas municipales, las soluciones más idóneas, justas y sostenibles para sus vecinos y empresas. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que: 1. Inicie los trámites legales oportunos para poner fin a la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, que repercuta el 100 % del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos. 2. Impulse la reforma de la Ley 7/2022 para garantizar: - El respeto a la autonomía local y la potestad tributaria local. - Un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos. - La incorporación de incentivos al reciclaje y la economía circular, en lugar de penalizaciones indiscriminadas. - La posibilidad de bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos. 3. Paralice cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos o cotizaciones a trabajadores, familias o autónomos, en tanto no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible. 4. Elabore un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las federaciones de municipios y provincias, que permita mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos, sin trasladar todo el coste al ciudadano. Valladolid, 18 de noviembre de 2025. EL PORTAVOZ, Fdo.: Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares