4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 463. Preguntas para respuesta escrita PE/000171-01 Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Sergio García Herrero y D. Diego Vallejo Martínez, relativa a diversas cuestiones relacionadas con la promoción de 319 viviendas protegidas a través de SOMACYL en la provincia de Valladolid. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de junio de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000103 a PE/000217. Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de junio de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez RequeroA LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Ana Isabel Casado Ridruejo, Patricia Gómez Urbán, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo, Sergio García Herrero y Diego Vallejo Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: ANTECEDENTES La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de Castilla y León, vigente desde el 8 de septiembre de 2010, establece en su artículo 9 la obligación de la Junta de Castilla y León de desarrollar instrumentos de planificación y programación en materia de vivienda, con el fin de garantizar una actuación pública coordinada, objetiva y adaptada a las necesidades reales de acceso a la vivienda existentes en la Comunidad. Sin embargo, desde la entrada en vigor de dicha ley y durante casi dos décadas, la Junta de Castilla y León apenas impulsó promociones públicas significativas de vivienda protegida, situación que únicamente comenzó a revertirse con la llegada de los fondos europeos Next Generation EU y los programas estatales de recuperación vinculados a vivienda y alquiler asequible. En este contexto, la Junta de Castilla y León, principalmente a través de SOMACyL, ha promovido o tiene actualmente en ejecución aproximadamente 319 viviendas protegidas en distintos municipios de la provincia de Valladolid. No obstante, la distribución territorial de estas promociones no ha venido acompañada de la publicación de una planificación autonómica previa, ni de criterios objetivos conocidos que permitan comprender la selección de municipios beneficiarios o por qué el número de viviendas asignadas en cada caso, pese a las exigencias de planificación contenidas en el artículo 9 de la Ley 9/2010. Asimismo, tampoco consta públicamente la existencia de una programación autonómica que justifique dichas actuaciones conforme a parámetros homogéneos relacionados con demanda de vivienda, evolución demográfica, tensión del mercado residencial, implantación industrial o necesidades sociales y territoriales de la provincia. Por todo lo anteriormente descrito se formulan las siguientes preguntas: 1. ¿Qué planificación autonómica específica en materia de vivienda protegida, al amparo del artículo 9 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de Castilla y León, ha servido de base para determinar la promoción o construcción de aproximadamente 319 viviendas protegidas a través de SOMACyL en la provincia de Valladolid? 2. ¿Qué criterios objetivos se han aplicado para seleccionar los municipios beneficiarios de dichas promociones? 3. ¿Se han tenido en cuenta parámetros de población, demanda acreditada de vivienda, tensión del mercado residencial o existencia de listas de espera, según datos del Registro Público de Demandantes de VPP de la Junta de Castilla y Leon? 4. ¿Se han valorado necesidades derivadas de procesos de despoblación o, por el contrario, del crecimiento asociado a la implantación de nuevas actividades empresariales o industriales? 5. ¿Han existido solicitudes directas realizadas por los ayuntamientos y qué peso han tenido éstas en la selección final de actuaciones? 6. ¿Existe una programación territorializada, baremación técnica o documento de planificación que motive el número de viviendas asignadas a cada municipio de la provincia de Valladolid? 7. ¿Por qué motivo no se ha hecho pública dicha planificación, pese a las obligaciones de programación y planificación previstas en el artículo 9 de la Ley 9/2010? Valladolid a 2 de junio de 2026.