4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000075-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Iván Zazo de la Cruz, D. Pedro Luis González Reglero, D. Benjamín Fernández Martínez, D. Mario Rivas López, Dña. Patricia Martín Guerra, D. Javier García Martín y D. Carlos Fraile de Benito, instando a la Junta de Castilla y León a reafirmar su compromiso con el diálogo social como instrumento esencial de concertación entre la Administración autonómica y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León; a garantizar la estabilidad institucional del diálogo social, dotándolo de los recursos y del respaldo político necesario para asegurar su continuidad como mecanismo de participación, concertación y elaboración de políticas públicas; y a dar cumplimiento a la recomendación aprobada por el Consejo Económico y Social de Castilla y León en su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2025, reforzando los mecanismos de diálogo institucional y, en particular, el diálogo social en Castilla y León, con el fin de favorecer la continuidad de las líneas estratégicas de actuación y garantizar una respuesta coordinada ante los principales desafíos económicos y sociales, para su tramitación ante la Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000063 a PNL/000191. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Iván Zazo de la Cruz, Pedro González Reglero, Benjamín Fernández Martínez, Mario Rivas López, Patricia Martín Guerra, Javier García Martín y Carlos Fraile de Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio: ANTECEDENTES El Diálogo Social constituye uno de los principales activos institucionales de Castilla y León y uno de los elementos que históricamente han contribuido a la estabilidad política, económica y social de nuestra Comunidad. La colaboración permanente entre la Junta de Castilla y León, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales más representativas ha permitido alcanzar acuerdos que han fortalecido el empleo, la protección social, la prevención de riesgos laborales, la formación, la industria, el desarrollo rural y la cohesión territorial. El modelo castellano y leonés de Diálogo Social ha sido reconocido durante décadas como una referencia en España por su capacidad para alcanzar consensos amplios y ofrecer respuestas eficaces en momentos de especial dificultad, como ocurrió durante la crisis financiera, la pandemia de la COVID-19 o la reciente crisis inflacionaria. Sin embargo, durante la pasada legislatura este modelo sufrió un ataque sin precedentes. La entrada de la extrema derecha en el Gobierno de Castilla y León supuso una ofensiva política dirigida a cuestionar la legitimidad del Diálogo Social, desacreditar a los agentes económicos y sociales y plantear la supresión de un instrumento que forma parte de la identidad institucional de nuestra Comunidad. Los socios de gobierno del Partido Popular defendieron públicamente la eliminación del Diálogo Social, promovieron la retirada de financiación a las organizaciones participantes y pusieron en riesgo un modelo construido durante décadas sobre la base del consenso y la concertación. Aquella estrategia generó una profunda preocupación entre los agentes sociales, las instituciones y amplios sectores de la sociedad castellana y leonesa, al poner en cuestión uno de los principales instrumentos para la construcción de acuerdos y la estabilidad institucional. Precisamente por ello adquiere una especial relevancia la recomendación aprobada por el Consejo Económico y Social de Castilla y León en su Informe Anual de 2025, en la que se afirma expresamente: "La eficacia de la acción pública y la adecuada implementación de las políticas económicas requieren un marco de estabilidad institucional que facilite la planificación y ejecución de las medidas. En esta línea, resulta conveniente reforzar los mecanismos de diálogo institucional y, en particular, del Diálogo Social en Castilla y León, con el fin de favorecer la continuidad en las líneas estratégicas de actuación y garantizar una respuesta coordinada ante los principales desafíos económicos y sociales". Esta recomendación pone de manifiesto que el fortalecimiento del Diálogo Social no constituye únicamente una opción política, sino una condición necesaria para mejorar la eficacia de las políticas públicas, generar confianza entre los agentes económicos y sociales y afrontar con garantías los retos demográficos, económicos, industriales, laborales y medioambientales de Castilla y León. En un contexto de incertidumbre económica y de importantes transformaciones sociales y productivas, resulta imprescindible preservar y reforzar los espacios de concertación que han demostrado su utilidad y eficacia, alejándolos de planteamientos ideológicos que pretendan debilitar las instituciones de participación y consenso. Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Reafirmar su compromiso con el Diálogo Social como instrumento esencial de concertación entre la Administración autonómica y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León. 2. Garantizar la estabilidad institucional del Diálogo Social, dotándolo de los recursos y del respaldo político necesarios para asegurar su continuidad como mecanismo de participación, concertación y elaboración de políticas públicas. 3. Dar cumplimiento a la Recomendación aprobada por el Consejo Económico y Social de Castilla y León en su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2025, reforzando los mecanismos de diálogo institucional y, en particular, el Diálogo Social en Castilla y León, con el fin de favorecer la continuidad de las líneas estratégicas de actuación y garantizar una respuesta coordinada ante los principales desafíos económicos y sociales. Valladolid, 1 de julio de 2026. LOS PROCURADORES, Fdo.: Iván Zazo de la Cruz, Pedro Luis González Reglero, Benjamín Fernández Martínez, Mario Rivas López, Patricia Martín Guerra, Javier García Martín y Carlos Fraile de Benito EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez