4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000087-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Aída Estrella Paredes García y Dña. Noelia Merino Hernández, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas acciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica de Castilla y León; a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe jurídico y organizativo que analice la adecuación de la estructura competencial de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales al modelo de gobernanza, coordinación y atención integral previsto en la Ley 4/2018, remitiéndolo a las Cortes de Castilla y León; y a mantener el acceso a las prestaciones y recursos integrados en la red de protección conforme a los criterios establecidos en la legislación vigente, evitando que decisiones organizativas o criterios administrativos limiten los derechos reconocidos por la Ley 4/2018, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000063 a PNL/000191. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Ana Isabel Casado Ridruejo, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García y Noelia Merino Hernández, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: ANTECEDENTES La Ley 4/2018, de 2 de julio, de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección e Inclusión a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica de Castilla y León, constituye el marco jurídico que articula el sistema público de protección social de la Comunidad para atender a las personas y familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. La norma parte de un principio esencial: la exclusión social no puede abordarse mediante actuaciones aisladas o sectoriales, sino a través de una respuesta integral, coordinada y transversal entre las distintas Administraciones públicas y los diferentes sistemas de protección, especialmente los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad. Para ello, la Ley configura una auténtica red de protección e inclusión, estableciendo mecanismos permanentes de coordinación institucional y atribuyendo a la Consejería competente en materia de servicios sociales un papel esencial en la planificación, coordinación, impulso y evaluación de dicha Red. Sin embargo, mediante el Decreto 13/2026, de 29 de junio, la Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva estructura orgánica creando la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas, reorganizando las competencias en materia de familia y ayudas sociales. Esta reorganización administrativa responde a la firma del Acuerdo de Gobierno entre Partido Popular y Vox para la XII Legislatura, en el que se incorporan medidas que afectan directamente al acceso a ayudas y prestaciones sociales, entre ellas la implantación del denominado principio de "prioridad nacional", el establecimiento de requisitos reforzados de arraigo para acceder a ayudas públicas y la limitación del acceso a determinadas prestaciones sociales para personas en situación administrativa irregular, limitando su acceso a supuestos de urgencia vital. Estas previsiones políticas contrastan con el modelo de protección diseñado por la Ley 4/2018, cuya finalidad consiste precisamente en garantizar respuestas coordinadas frente a situaciones de vulnerabilidad social, priorizando las necesidades sociales de las personas y familias mediante un sistema de atención integral. A ello se añade que la nueva estructura orgánica introduce un cambio relevante en la distribución de competencias que exige aclarar ¿cómo continuará ejerciéndose la dirección, coordinación y evaluación de la Red de Protección e Inclusión prevista legalmente, evitando que la fragmentación competencial pueda afectar a la eficacia del sistema? La potestad de autoorganización administrativa de la Junta no puede alterar el contenido material de una ley aprobada por las Cortes de Castilla y León ni desnaturalizar el modelo institucional establecido por el legislador. Por ello resulta necesario reforzar las garantías de cumplimiento de la Ley 4/2018 y asegurar que la nueva organización administrativa no supone una pérdida de coordinación, de eficacia o de derechos para las personas más vulnerables. Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1.- Garantizar el respeto al modelo de gobernanza de la Red de Protección e Inclusión previsto en la Ley 4/2018, de 2 de julio, tras la aprobación del Decreto 13/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas. 2.- Garantizar que el desarrollo y aplicación del Decreto 13/2026, de 29 de junio, respete plenamente el contenido, los principios rectores y los objetivos establecidos en la Ley 4/2018, de 2 de julio, sin que la reorganización administrativa suponga una merma de los derechos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. 3.- Elaborar, en el plazo de seis meses, un informe jurídico y organizativo que analice la adecuación de la estructura competencial de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas al modelo de gobernanza, coordinación y atención integral previsto en la Ley 4/2018, remitiéndolo a las Cortes de Castilla y León. 4.- Garantizar que la Red de Protección e Inclusión continúe funcionando como un sistema transversal y coordinado entre todas las consejerías con competencias sociales, sanitarias, educativas, de empleo y vivienda, preservando los mecanismos de coordinación previstos en la Ley 4/2018. 5.- Mantener el acceso a las prestaciones y recursos integrados en la Red de Protección conforme a los criterios establecidos en la legislación vigente, evitando que decisiones organizativas o criterios administrativos limiten los derechos reconocidos por la Ley 4/2018". Valladolid, 7 de julio de 2026. LOS PROCURADORES, Fdo.: Ana Isabel Casado Ridruejo, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García y Noelia Merino Hernández EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez