4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000100-01 Proposición no de ley presentada por las Procuradoras Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo y Dña. Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para que las mujeres de la provincia de Valladolid puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su hospital público de referencia, dejando de depender exclusivamente de la derivación a una clínica privada concertada y garantizando el ejercicio de este derecho dentro de la red pública sanitaria en condiciones de igualdad, proximidad, privacidad y seguridad, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000063 a PNL/000191. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina Cortijo, Ana Isabel Casado Ridruejo y Virginia Jiménez Campano, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social: ANTECEDENTES La interrupción voluntaria del embarazo constituye una prestación sanitaria reconocida por la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley Orgánica 1/2023, que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar su acceso efectivo dentro del Sistema Nacional de Salud. La citada normativa reforzó el carácter público de esta prestación sanitaria, estableciendo que las Administraciones sanitarias deben garantizar su realización en centros y servicios públicos, asegurando el acceso efectivo de las mujeres en condiciones de igualdad, seguridad, privacidad y proximidad. Sin embargo, la realidad asistencial en Castilla y León continúa siendo muy diferente. En la provincia de Valladolid, las mujeres que desean ejercer este derecho no pueden acceder de manera ordinaria a esta prestación en su hospital público de referencia, siendo derivadas a una clínica privada concertada financiada por el sistema público de salud. Esta situación supone, en la práctica, la externalización de una prestación sanitaria incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. A esta circunstancia se suma la apertura, en las inmediaciones de la clínica privada concertada a la que son derivadas las pacientes de Valladolid, de un espacio promovido por la organización "Mujer y Vida", contraria a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta situación genera una evidente preocupación, ya que las mujeres que acuden a ejercer un derecho reconocido por nuestro ordenamiento jurídico pueden verse expuestas a actuaciones dirigidas a influir en su decisión o a generar situaciones de presión, intimidación, incomodidad o estigmatización. Resulta también especialmente relevante que tanto desde la Junta de Castilla y León como desde el Ayuntamiento de Valladolid se concedan subvenciones a otras organizaciones "provida" y contrarias al aborto, como a la Fundación Red Madre. No debe olvidarse que el ordenamiento jurídico español ha reforzado la protección de las mujeres que acceden a esta prestación sanitaria mediante la tipificación específica de las conductas de acoso desarrolladas frente a clínicas y centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo. La reforma operada por la Ley Orgánica 4/2022 incorporó al Código Penal un tipo específico destinado a proteger la libertad, la intimidad y la integridad moral de las mujeres que acuden a estos centros y de los profesionales que prestan asistencia sanitaria en ellos. La existencia de iniciativas destinadas a interferir en el ejercicio de este derecho, especialmente cuando se desarrollan en las inmediaciones del centro al que son derivadas las pacientes por la propia Administración sanitaria, resulta difícilmente compatible con la obligación de los poderes públicos de garantizar que las mujeres puedan acceder a esta prestación en condiciones de libertad, seguridad, intimidad y dignidad. La garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos exige que las mujeres puedan acceder a esta prestación en el ámbito de la sanidad pública, con las mismas garantías de confidencialidad, seguridad y normalidad asistencial que cualquier otra prestación sanitaria. Por todo ello, resulta necesario que la Junta de Castilla y León adopte las medidas oportunas para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente y garantizar que las mujeres de Valladolid puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red pública sanitaria. Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para que las mujeres de la provincia de Valladolid puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su hospital público de referencia, dejando de depender exclusivamente de la derivación a una clínica privada concertada y garantizando el ejercicio de este derecho dentro de la red pública sanitaria, en condiciones de igualdad, proximidad, privacidad y seguridad". Valladolid, 8 de julio de 2026. LAS PROCURADORAS, Fdo.: Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina Cortijo, Ana Isabel Casado Ridruejo y Virginia Jiménez Campano EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez