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<BOCCL URLVisorBoletin="https://www.ccyl.es/RecursosInformacion/BoletinOficial?numero=29&amp;RutaFichero=BOCCL1200029A&amp;fecha=01/09/2026" SIRDOCRef="BOCCL12L00029" FechaPublicacion="01/09/2026" NumeroPublicacion="29" SeriePublicacion="BOCCL" Legislatura="12"> <Entrada PDF="BOCCL1200029/BOCCL-12-000629.pdf" CVE="BOCCL-12-000629" Referencia="PNL/000112-01" OrdenEntrada="58" Pagina="2167-2169" Tramite="Presentación" CodigoTramite="PUBLI" SerieIniciativa="1" NumeroExpediente="112" CodigoIniciativa="PNL" Legislatura="12" NumeroDocumento="629"> <Apartado ApartadoNumero="4">4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno</Apartado> <SubApartado SubApartadoNumero="470">470. Proposiciones No de Ley</SubApartado> <ReferenciaEntrada>PNL/000112-01</ReferenciaEntrada> <Sumario>Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Esther Pérez Pérez, D. Luis Briones Martínez, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Paloma Ramírez Calle, D. Sergio García Herrero, D. Cristian Delgado Alves y D. Francisco Díaz Muñoz, instando a la Junta de Castilla y León a duplicar la cuantía destinada para los Fondos de Cohesión Territorial hasta alcanzar una cantidad de cuarenta millones de euros; y a eliminar los condicionantes que sufren las entidades locales que se acogen a estos fondos y permitir que los ayuntamientos tengan libertad a la hora de destinar las cuantías que les correspondan en atención al principio de respeto a la autonomía municipal, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.</Sumario> <Resolucion> <TituloPresidencia>PRESIDENCIA</TituloPresidencia> <TextoResolucion>La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000063 a PNL/000191.</TextoResolucion> <TextoResolucion>De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.</TextoResolucion> <TextoResolucion>Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.</TextoResolucion> <TextoResolucion>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.</TextoResolucion> <TextoResolucion>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026.</TextoResolucion> <FirmaSecretariaResolucion>El Secretario de las Cortes de Castilla y León,</FirmaSecretariaResolucion> <FdoSecretariaResolucion>Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz</FdoSecretariaResolucion> <FirmaPresidentaResolucion>El Presidente de las Cortes de Castilla y León,</FirmaPresidentaResolucion> <FdoPresidentaResolucion>Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero</FdoPresidentaResolucion> </Resolucion> <Texto> <TituloAlaMesa>A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN</TituloAlaMesa> <TextoCuerpo>Esther Pérez Pérez, Luis Briones Martínez, Sergio Iglesias Herrera, Paloma Ramírez Calle, Sergio García Herrero, Cristian Delgado Alves y Francisco Díaz Muñoz, Procuradoras y Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:</TextoCuerpo> <TituloCentradoNegrita>ANTECEDENTES</TituloCentradoNegrita> <TextoCuerpo>Castilla y León cuenta con un total de 2.248 municipios distribuidos en sus nueve provincias. Asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y garantizar que cuenten con la suficiente financiación para la prestación de los servicios básicos que reciben los ciudadanos es en muy buena medida competencia de la Junta de Castilla y León. Esta es una cuestión que no debe caer en el olvido, como ocurre en no pocas ocasiones. En este sentido, el artículo 142 de la Constitución Española señala que &quot;las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas&quot;. Por su parte, nuestro Estatuto de Autonomía señala en su artículo 53 que &quot;la Comunidad Autónoma velará por el cumplimiento de estos principios y por la corrección de desequilibrios económicos entre las entidades locales, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos locales de todos los ciudadanos de la Comunidad&quot;. Asimismo, el artículo 55.1 de dicho Estatuto insiste en que &quot;la financiación de las entidades locales garantizará la suficiencia de recursos de acuerdo con una distribución de competencias basada en los principios de descentralización, subsidiariedad y simplificación administrativa&quot;.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Dentro de este contexto, la Junta de Castilla y León aplica programas como los denominados Fondos de Cohesión Territorial. Dichos Fondos cuentan con una escasísima dotación anual, congelada desde hace años en la cuantía de veinte millones de euros, que han de ser repartidos entre los municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad, es decir, entre la inmensa mayoría de los mencionados 2.248 que conforman nuestra Autonomía. El reparto se hace en dos modalidades, distinguiendo entre los municipios que cuentan con una población inferior a 1.000 habitantes (en cuyo caso la tramitación de los Fondos y una parte de la participación en la subvención recae en las diputaciones provinciales) y los municipios que cuentan con población superior a 1.000 habitantes, recayendo de forma directa la tramitación a la Junta y ayuntamiento correspondiente. En ambas modalidades la cuantía de la subvención no podrá superar el 75 %, teniendo que aportar en todo caso la correspondiente Corporación local el 25 % restante.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>A la lógica de que el reparto de 20 millones de euros entre 2.232 municipios (el 99,3 % del total de los 2.248 que conforman Castilla y León) se puede calificar como escaso o rácano, se unen otros inconvenientes que vienen siendo denunciados de manera sistemática por un buen número de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de municipios de nuestra Comunidad. El más importante es, sin duda, el hecho de que la Junta ha ido condicionando de manera paulatina el destino de esos fondos en los que participa la Comunidad, limitando de una manera exponencial la autonomía municipal consagrada en el artículo 137 de la Constitución y desarrollada por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Según se recoge en la última convocatoria de los Fondos de Cohesión Territorial, se excluye que las Corporaciones locales puedan destinarlos a cuestiones básicas para muchos municipios como son los servicios sociales; consultorios locales; infraestructuras educativas de competencia municipal; cementerios; patrimonio histórico; vivienda pública; policía local; infraestructuras turísticas y deportivas.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Estamos, por tanto, ante unos Fondos escasamente dotados y que atentan contra la autonomía municipal de manera que cada vez es más complicado dar un encaje correcto a los mismos dentro de la planificación de inversiones que anualmente realizan los ayuntamientos. Tanto es así que, en una reciente visita del consejero de Presidencia a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, se ha reconocido la necesidad de aumentar dicha dotación presupuestaria de cara a próximas convocatorias.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Por ello, se propone la siguiente</TextoCuerpo> <TituloCentradoNegrita>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TituloCentradoNegrita> <NormalResaltado>&quot;Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:</NormalResaltado> <NormalResaltado>1.	Duplicar la cuantía destinada para los Fondos de Cohesión Territorial hasta alcanzar la cantidad de cuarenta millones de euros.</NormalResaltado> <NormalResaltado>2.	Eliminar los condicionantes, cada vez más frecuentes, que sufren las entidades locales que se acogen a estos Fondos y permitir que los ayuntamientos tengan libertad a la hora de destinar las cuantías que les correspondan en atención al principio de respeto a la autonomía municipal&quot;.</NormalResaltado> <LineaFecha>Valladolid, 14 de julio de 2026.</LineaFecha> <FirmaIniciativa>LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,</FirmaIniciativa> <FdoIniciativa>Fdo.:	Esther Pérez Pérez, Luis Briones Martínez, Sergio Iglesias Herrera, Paloma Ramírez Calle, Sergio García Herrero, Cristian Delgado Alves y Francisco Díaz Muñoz</FdoIniciativa> <FirmaIniciativa>EL PORTAVOZ,</FirmaIniciativa> <FdoIniciativa>Fdo.:	Carlos Martínez Mínguez</FdoIniciativa></Texto></Entrada></BOCCL>
