4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000153-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para establecer mecanismos de actualización automática de financiación de los costes salariales indexados al SMI para cada una de las comunidades autónomas; así como para que se recalcule la estimación de costes asociados a las obligaciones derivadas del Real Decreto 438/2024, para que se incluya el conjunto de las personas demandantes y no solo las perceptoras de prestaciones y, en consecuencia, se establezcan, en las transferencias finalistas del Estado, las cuantías adecuadas para hacer frente a las mencionadas obligaciones, para su tramitación ante la Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000063 a PNL/000191. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. ANTECEDENTES Los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional para 2023, 2024, 2025 y 2026, aprobados por los correspondientes Reales Decretos, han supuesto un aumento lineal del 18,4 % del SMI. El Estado, en el legítimo ejercicio de sus competencias, tiene la responsabilidad de determinar dichos aumentos. Igualmente, la Ley de Empleo 3/2023, de 28 febrero, fija los objetivos, servicios comunes, indicadores y demás cuestiones de aplicación en todo el territorio nacional. Sin embargo, el Gobierno central no ha hecho el ejercicio de responsabilidad, que debería haber sido simultáneo, de incrementar la financiación de las transferencias finalistas en la misma medida que ha regulado y dispuesto subidas salariales o nuevas obligaciones de servicios en el mercado de trabajo. El aumento del SMI ha afectado, directamente, a todos los ámbitos y líneas de las políticas activas de empleo que conllevan la contratación de trabajadores, ya sea por empresas, por entidades locales, por entidades sin ánimo de lucro o para la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, como son los del ámbito de la economía social. Tampoco ha realizado ningún esfuerzo presupuestario para financiar los costes derivados de las obligaciones que ha establecido normativamente como la cartera de servicios comunes, la atención a las personas del espectro autista o la atomización y singularización de los colectivos a atender por las oficinas de empleo de forma unívoca y especializada. El aumento del SMI eleva automáticamente la cuantía subvencionada por contratación/participante en las líneas de fomento del empleo cuyos módulos se calculan por referencia a costes salariales indexados al SMI. Parece lógico que el Gobierno Central hubiera establecido mecanismos automáticos de actualización de la financiación para compensar el aumento de los costes que ha tenido que asumir la Junta de Castilla y León. Sin embargo, mientras los costes asociados a determinadas políticas se incrementan de forma continuada, la financiación estatal no siempre evoluciona en la misma proporción, lo que obliga a las Comunidades Autónomas a destinar recursos propios adicionales para sostener los mismos programas y niveles de cobertura. Igualmente, debe tenerse en cuenta que la estimación de costes asociada al Real Decreto 438/2024 realizada por el Estado no contempló el conjunto de las personas demandantes de empleo, sino únicamente a aquellas perceptoras de prestaciones. Sin embargo, los servicios garantizados previstos en la norma se dirigen al total de la población demandante, circunstancia que supone una diferencia significativa entre la carga de trabajo efectivamente asumida por los servicios públicos de empleo y la considerada en el cálculo económico efectuado, por lo que resultaría necesario reforzar los recursos humanos de las oficinas de empleo, con el fin de dar cumplimiento a los servicios garantizados tanto a demandantes como a empresas. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que con la colaboración con las Comunidades Autónomas: 1. Se establezcan mecanismos de actualización automática de financiación los costes salariales indexados al SMI para cada una de las comunidades autónomas. 2. Se recalcule la estimación de costes asociados a las obligaciones derivadas del RD 438/2024 para que se incluya el conjunto de las personas demandantes y no solo las perceptoras de prestaciones y, en consecuencia, se establezcan, en las transferencias finalistas del Estado, las cuantías adecuadas para hacer frente a las mencionadas obligaciones". Valladolid, 24 de julio de 2026. LA PORTAVOZ, Fdo.: Leticia García Sánchez