4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000181-01 Proposición no de ley presentada por el Procurador D. José Ángel Ceña Tutor, instando a la Junta de Castilla y León a diversas cuestiones relacionadas con la declaración de nulidad por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del Decreto 70/2011, sobre dependencia, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000063 a PNL/000191. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN José Ángel Ceña Tutor, Procurador de Soria ¡YA! perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente por razón de la materia: ANTECEDENTES La atención a las personas en situación de dependencia constituye uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar y exige que las Administraciones públicas actúen con pleno respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los ciudadanos más vulnerables. El Decreto 70/2011 reguló durante años los precios públicos aplicables a distintos servicios sociales prestados por la Junta de Castilla y León, incluyendo la participación económica exigida a las personas con Grado III de dependencia o gran dependencia. Sin embargo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2025 declaró la nulidad de dicho decreto en lo relativo a estos usuarios, al considerar que las cantidades exigidas no podían establecerse mediante un decreto, sino que requerían cobertura mediante una ley, al tratarse de prestaciones patrimoniales de carácter público. Como consecuencia de dicha sentencia, la propia Junta de Castilla y León dejó de aplicar el decreto a las personas con Grado III de dependencia y anuló de oficio las liquidaciones posteriores, dejando de exigir estas cantidades mientras se aprueba una nueva regulación legal. Asimismo, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó por unanimidad, el 17 de diciembre de 2025, una Proposición No de Ley mediante la que instó a la Junta a: - modificar urgentemente el Decreto 70/2011; - presentar una ley que regulase estas aportaciones económicas; - anular de oficio todas las liquidaciones practicadas a las personas con Grado III de dependencia; y - reintegrar individualmente todas las cantidades indebidamente cobradas en un plazo máximo de seis meses. No obstante, transcurridos más de seis meses desde aquel acuerdo parlamentario, numerosas solicitudes de devolución están siendo desestimadas por la Administración autonómica, argumentando que las liquidaciones adquirieron firmeza al no haber sido recurridas en su momento. Esta interpretación resulta profundamente discutible desde el punto de vista jurídico. Cuando la norma que sirve de fundamento al cobro ha sido declarada nula, desaparece el soporte jurídico de las cantidades exigidas. Además, en prestaciones periódicas como las aportaciones económicas derivadas de la atención a la dependencia, cada liquidación mensual constituye una nueva aplicación de la norma posteriormente anulada, pudiendo entenderse como actos administrativos de tracto sucesivo y no como un único acto firme e inmutable. En cualquier caso, incluso al margen del debate jurídico, existe un compromiso político inequívoco adoptado por unanimidad por las Cortes de Castilla y León, cuyo cumplimiento corresponde ahora a la Junta. Resulta difícil explicar a las familias afectadas que aquello que todos los grupos parlamentarios apoyaron en sede parlamentaria no se traduzca en una devolución efectiva de unas cantidades que fueron cobradas al amparo de una norma posteriormente declarada nula. La confianza de los ciudadanos en las instituciones exige coherencia entre los acuerdos aprobados por el Parlamento y la actuación posterior del Gobierno autonómico, especialmente cuando están en juego personas con gran dependencia y sus familias. Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Proceder a la devolución de oficio de todas las cantidades indebidamente percibidas de las personas con Grado III de dependencia al amparo del Decreto 70/2011, junto con los intereses que legalmente correspondan. 2. Revisar de oficio las resoluciones desestimatorias dictadas en relación con las solicitudes de devolución de ingresos indebidos presentadas por las personas afectadas, adaptando la actuación administrativa a la doctrina derivada de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2025 y al acuerdo adoptado por unanimidad por las Cortes de Castilla y León el 17 de diciembre de 2025. 3. En tanto se culmina dicha revisión, suspender la tramitación de los procedimientos administrativos y económico-administrativos iniciados por las personas afectadas, evitando que deban acudir innecesariamente a otras vías de reclamación para obtener la devolución de unas cantidades cuya restitución ya fue respaldada por unanimidad por las Cortes de Castilla y León. 4. Remitir, en el plazo máximo de tres meses, un informe a las Cortes de Castilla y León en el que se detalle el número de personas afectadas, el importe total pendiente de devolución, las cantidades ya reintegradas y el calendario previsto para completar el proceso. Soria, 4 de agosto de 2026. EL PROCURADOR, Fdo.: José Ángel Ceña Tutor