4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 463. Preguntas para respuesta escrita PE/000311-01 Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Aída Estrella Paredes García, Dña. Noelia Merino Hernández y Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, relativa a diversos aspectos relacionados con el anuncio de la Junta de Castilla y León de su intención de realizar pruebas de determinación de edad, conocidas como "pruebas de muñeca", a menores extranjeros no acompañados. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000286 a PE/000420. Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez RequeroA LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Pedro González Reglero, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández, Ana Isabel Casado Ridruejo, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: ANTECEDENTES La Junta de Castilla y León ha anunciado recientemente su intención de realizar pruebas de determinación de edad, conocidas popularmente como “pruebas de la muñeca”, a determinados menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros de la Comunidad cuando existan dudas sobre su edad. Ante este anuncio y en base a lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, ponemos de manifiesto que la Junta de Castilla y León no puede acordar unilateralmente, conforme a su propio criterio político y al margen del procedimiento legalmente previsto, la práctica de pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados. La función de la Junta de Castilla y León es la protección y atención inmediata de menores, siendo la determinación formal de edad, en caso de duda, canalizada a través del Ministerio Fiscal, con colaboración de las instituciones sanitarias oportunas. Además, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina clara en su Sentencia número 453/2014, de 23 de septiembre, que establece que las pruebas médicas de determinación de edad no pueden aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas, y que, cuando exista documentación válida que refleje la minoría de edad, no cabe tratar automáticamente a la persona como indocumentada ni someterla a pruebas sin una justificación razonable y un juicio de proporcionalidad. Este anuncio se produce en un contexto de debate sobre la distribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Hasta la fecha, la determinación de la edad de las personas extranjeras sin documentación o con dudas sobre su edad se ha venido realizando conforme a los procedimientos previstos en la legislación vigente, bajo la intervención de la Fiscalía y de los órganos competentes, recurriendo a pruebas médicas únicamente en los supuestos en que existan dudas fundadas. Ante este cambio de posición y la trascendencia de las manifestaciones realizadas por la Junta de Castilla y León, se formulan las siguientes preguntas: 1. ¿Está anunciando la Junta que practicará directamente pruebas de determinación de edad, o únicamente que pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellos casos en los que existan dudas fundadas? 2. ¿Qué circunstancias nuevas han motivado que la Junta de Castilla y León anuncie ahora la realización de pruebas de determinación de edad, cuando hasta la fecha venía aplicando los procedimientos ordinarios establecidos por la legislación y las resoluciones de la Fiscalía? 3. ¿Qué datos objetivos o informes técnicos justifican la necesidad de esta medida? 4. ¿Cuántos casos ha detectado la Junta de Castilla y León en los últimos cinco años en los que una persona mayor de edad haya sido tutelada como menor en nuestra Comunidad? 5. ¿Qué porcentaje representan esos casos respecto del total de menores extranjeros no acompañados atendidos por la Comunidad? 6. ¿Considera la Junta de Castilla y León que los procedimientos actualmente utilizados por la Fiscalía y los servicios de protección de menores son insuficientes? En caso afirmativo, ¿por qué? 7. ¿Solicitará la Junta de Castilla y León la práctica de estas pruebas únicamente cuando existan dudas razonables sobre la edad o pretende generalizar su utilización? 8. ¿Qué criterios objetivos utilizará la Junta para considerar que existen dudas fundadas sobre la edad de una persona menor extranjera no acompañada, especialmente cuando aporte documentación oficial? 9. ¿Qué protocolo seguirá la Junta de Castilla y León para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al interés superior del menor durante estos procedimientos? 10. ¿Qué profesionales sanitarios realizarán estas pruebas y qué margen de error reconoce la Junta en este tipo de métodos de estimación de edad? 11. ¿Dispone la Junta de Castilla y León de informes científicos propios que avalen esta iniciativa? En caso afirmativo, ¿tiene previsto hacerlos públicos? 12. ¿Qué coste económico tendrá la implantación de esta medida y con cargo a qué partidas presupuestarias se financiará? 13. ¿Garantizará la Junta que cualquier solicitud dirigida al Ministerio Fiscal estará basada en una motivación individualizada, objetiva y documentada, y no en criterios genéricos o políticos? 14. ¿Cómo evitará la Junta de Castilla y León que esta medida pueda generar situaciones de discriminación o estigmatización hacia los menores extranjeros no acompañados? 15. ¿Ha mantenido la Junta de Castilla y León reuniones con la Fiscalía, el Gobierno de España o los colegios profesionales antes de anunciar esta medida? En caso afirmativo, ¿qué conclusiones se alcanzaron? 16. ¿Qué cambios normativos considera necesarios la Junta de Castilla y León para desarrollar esta iniciativa y qué competencias entiende que le habilitan para impulsarla? 17. ¿Qué garantías tendrán las personas afectadas para acceder al expediente, conocer informes médicos, formular alegaciones, recurrir o solicitar una segunda valoración en caso de discrepancia con el resultado de las pruebas? 18. ¿Cómo explica la Junta de Castilla y León que esta medida se anuncie coincidiendo con el debate político sobre la acogida y distribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas? Valladolid a 08 de julio de 2026