4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 463. Preguntas para respuesta escrita PE/000417-01 Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, D. Daniel de la Rosa Villahoz, Dña. Nuria Rubio García, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Francisco Díaz Muñoz, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Carlos Martínez Mínguez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y D. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, relativa a diversas cuestiones relacionadas con las declaraciones del Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sobre el reparto de competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de agosto de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000286 a PE/000420. Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de agosto de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez RequeroA LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Pedro González Reglero, María del Carmen Iglesias Parra, Daniel de la Rosa Villahoz, Nuria Rubio García, Miguel Ángel Blanco Pastor, Francisco Díaz Muñoz, Sergio Iglesias Herrera, Carlos Martínez Mínguez, Patricia Gómez Urbán y Jesús lñaki Gómez Domínguez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: ANTECEDENTES La gestión de la prevención de incendios vuelve a poner de manifiesto las discrepancias internas dentro del Gobierno de Castilla y León apenas unas semanas después de la firma del acuerdo de Gobierno entre PP y VOX. El pacto, suscrito el 3 de junio, dejó en manos del PP la gestión de los incendios, mientras que VOX asumió la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, sin competencias sobre la gestión de incendios. El reparto quedó posteriormente plasmado en la estructura del nuevo Ejecutivo. El Decreto 2/2026 atribuyó a la Consejería de Medio Ambiente y Energía las competencias en prevención y extinción de incendios forestales, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental asumía otras materias vinculadas al medio rural. Sin embargo, el actual consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha planteado públicamente que la prevención debería estar vinculada a su departamento, al considerar que la ganadería extensiva puede desempeñar un papel fundamental en la gestión preventiva del territorio. Al mismo tiempo, ha marcado distancias con determinadas decisiones adoptadas este verano por la Consejería de Medio Ambiente y Energía, como las restricciones que afectaron a las labores agrícolas. La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha respondido remitiéndose al pacto alcanzado entre PP y VOX y defendiendo que ahora corresponde a todos los miembros del Ejecutivo trabajar conforme a ese acuerdo. El cruce de declaraciones deja así abierta una cuestión política de fondo: si el reparto de competencias está claro y consensuado, ¿por qué uno de los consejeros reclama públicamente modificarlo? En este contexto, las declaraciones de Joaquín Antonio Pino y la respuesta de María González Corral generan dudas sobre la coordinación entre consejerías, la claridad en el reparto de responsabilidades y la existencia de una estrategia común del Gobierno de Castilla y León frente a los incendios. Preguntas: ¿Cómo puede la Junta de Castilla y León transmitir a los ciudadanos una imagen de unidad y coordinación cuando, apenas 78 días después de firmar el acuerdo de Gobierno, uno de sus consejeros cuestiona públicamente el reparto de competencias? ¿Considera la Junta de Castilla y León que las declaraciones del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ponen en cuestión el pacto PP-VOX o entiende que un consejero puede plantear públicamente cambios sobre competencias que el propio acuerdo de Gobierno ya fija? ¿Quién manda realmente en la política de prevención de incendios de Castilla y León: la Consejería de Medio Ambiente y Energía, como establece el pacto, o la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como reclama ahora el consejero Joaquín Antonio Pino? ¿Ha habido alguna conversación entre Alfonso Fernández Mañueco, María González Corral y Joaquín Antonio Pino para resolver esta discrepancia o la Junta de Castilla y León está dejando que un consejero y una consejera se contradigan públicamente mientras los ciudadanos y ciudadanas esperan una estrategia clara contra los incendios? ¿No cree la Junta de Castilla y León que este enfrentamiento transmite precisamente lo que menos necesita Castilla y León en plena campaña de incendios: descoordinación, falta de criterio común y sensación de improvisación? Si el propio consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental considera que la prevención debería estar en su departamento, ¿significa eso que el actual modelo de prevención no funciona o que el Gobierno de PP y VOX se equivocó al diseñarlo? ¿Qué problema concreto ha detectado Joaquín Antonio Pino en el actual reparto de competencias para plantear que la prevención pase a Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental? ¿Y comparte ese diagnóstico el presidente de la Junta de Castilla y León o lo rechaza? Si la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental considera que los ganaderos son “el principal aliado” de la prevención, ¿por qué esa realidad no se tuvo en cuenta cuando PP y VOX negociaron el acuerdo de Gobierno? ¿Cuánto tiempo lleva la Junta de Castilla y León defendiendo este modelo de prevención y qué resultados concretos puede acreditar? Porque si ahora se plantea cambiarlo, cabe preguntarse qué ha fallado. ¿Puede garantizar la Junta de Castilla y León que las discrepancias entre consejerías no están afectando a decisiones preventivas, protocolos, medios y coordinación sobre el terreno? ¿Cómo se explica a un agricultor o ganadero que una Consejería adopte restricciones que afectan a su actividad y que el propio consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental diga públicamente que no tiene ninguna potestad sobre ellas? ¿No evidencia eso una falta de coordinación dentro del Gobierno de Castilla y León? ¿Quién asume la responsabilidad política cuando una decisión sobre prevención o restricciones genera perjuicios para agricultores y ganaderos: ¿La Consejería de Medio Ambiente y Energía, la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o el conjunto de la Junta de Castilla y León? ¿Existe una cadena de mando clara en materia de prevención de incendios o estamos ante un modelo en el que cada consejero o consejera responde de una parte y nadie asume la responsabilidad global? ¿Cuántas reuniones de coordinación entre las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y la de Medio Ambiente y Energía se han celebrado este verano específicamente para abordar la prevención de incendios y las restricciones a las labores agrícolas? ¿Puede la Junta de Castilla y León asegurar que no se están tomando decisiones contradictorias entre departamentos? Y, si puede asegurarlo, ¿por qué un consejero y una consejera del mismo Gobierno están ofreciendo públicamente diagnósticos tan diferentes? ¿Entiende la Junta de Castilla y León que este enfrentamiento genera desconfianza entre agricultores, ganaderos y ciudadanos, que pueden preguntarse si el Gobierno tiene realmente una estrategia común frente a los incendios? ¿No considera el Gobierno de Castilla y León que discutir públicamente el reparto de competencias en plena temporada de incendios da una imagen de caos político precisamente cuando debería estar transmitiendo máxima coordinación? Si el pacto PP-VOX “lo aborda todo”, como sostiene la consejera María González Corral, ¿por qué un consejero del propio Gobierno de Castilla y León considera necesario replantear ahora ese modelo? ¿Está cerrado definitivamente el reparto de competencias o la Junta de Castilla y León contempla modificarlo durante la legislatura? Porque ambas cosas a la vez no parecen posibles. ¿Puede el presidente Alfonso Fernández Mañueco comprometerse a que no habrá más cambios de criterio ni disputas entre consejerías sobre quién debe encargarse de prevenir los incendios durante esta legislatura? El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental dice que la prevención de incendios debería estar en su departamento; la consejera de Medio Ambiente y Energía remite al pacto de Gobierno al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. ¿Quién de los dos tiene razón y, sobre todo, quién está coordinando realmente esta política? ¿No es precisamente la discrepancia entre sus dos consejeros una prueba de que el pacto PP-VOX se cerró antes de tener perfectamente definido cómo se iban a gestionar algunas de las políticas más sensibles de la Comunidad? Valladolid a 20 de agosto de 2026