Respuesta de la Consejería de Educación a la iniciativa parlamentaria P.E./1200162 formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro González Reglero, Dª. Carmen Iglesias Parra, D. Daniel de la Rosa Villahoz, D.ª Nuria Rubio García, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Francisco Díaz Muñoz, D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Esther Pérez Pérez y D. Iñaki Gómez Domínguez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al programa Continuadores.

En respuesta a la iniciativa parlamentaria P.E./1200162, se manifiesta lo siguiente:

La Consejería de Educación ha puesto en marcha durante el curso 2025-2026, por primera vez en la Comunidad de Castilla y León, un servicio específico de atención y cuidado del alumnado de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria durante los meses de septiembre y junio, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en los periodos en los que la jornada lectiva se desarrolla con horario reducido.

La implantación de esta medida ha supuesto la creación de un nuevo servicio de ámbito autonómico, desarrollado simultáneamente en un elevado número de centros educativos y localidades de la Comunidad, incluyendo numerosos municipios del medio rural, lo que ha exigido un importante esfuerzo de planificación, coordinación administrativa, contratación pública y dotación presupuestaria.

Desde el inicio del proceso, la Consejería de Educación ha trabajado de forma coordinada con las Direcciones Provinciales de Educación, los equipos directivos de los centros docentes y las empresas adjudicatarias para garantizar la correcta prestación del servicio y facilitar su implantación efectiva en el mayor número posible de centros y localidades.

La adjudicación del contrato se realizó conforme a los criterios de valoración establecidos en los pliegos que rigieron la licitación, de acuerdo con los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

La puesta en funcionamiento de un servicio de estas características requiere necesariamente la movilización de un importante volumen de recursos humanos en un corto espacio de tiempo y en un territorio especialmente extenso y disperso como el de Castilla y León.

En este contexto, las actuaciones dirigidas a la selección y contratación del personal necesario forman parte de la gestión ordinaria que corresponde a las empresas adjudicatarias, sin perjuicio del seguimiento y supervisión que realiza la Administración educativa en el marco de sus competencias.

La difusión de ofertas de empleo a través de distintos canales de comunicación constituye una práctica habitual orientada a facilitar la cobertura de los puestos necesarios, especialmente en determinadas localidades con menor disponibilidad de candidatos. No obstante, la contratación del personal debe ajustarse necesariamente a las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, que determina los requisitos mínimos exigibles al personal encargado de la prestación del servicio, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria garantizar su cumplimiento.

A pesar de todo, como ocurre en cualquier proceso de contratación de personal de gran extensión territorial, pueden producirse incidencias puntuales relacionadas con la cobertura de determinados puestos en localidades concretas. Ello no implica necesariamente la imposibilidad de prestar el servicio, puesto que durante el proceso de implantación se adoptaron diversas medidas organizativas para minimizar cualquier incidencia y asegurar la atención al alumnado.

La información relativa a vacantes concretas experimenta variaciones continuas durante el proceso de contratación, por lo que los datos disponibles pueden modificarse diariamente. En cualquier caso, las dificultades detectadas se han concentrado principalmente en determinadas localidades de menor población y mayor dispersión geográfica.

Con carácter complementario, y con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en aquellas localidades donde el servicio contratado no puede ser implantado, se ha promovido la colaboración voluntaria del personal de los centros, que pueden asumir la atención del alumnado fuera del horario lectivo, percibiendo la correspondiente retribución por dicha actividad. Esta medida permite atender, en la medida de lo posible, la demanda existente en localidades donde la misma no ha podido ser cubierta por las contrataciones de la empresa adjudicataria, respetando al mismo tiempo el marco jurídico y las limitaciones derivadas del contrato en vigor.

La experiencia obtenida durante este primer periodo de implantación ha permitido constatar el elevado interés suscitado por esta medida entre las familias, así como la utilidad social del servicio prestado. Precisamente por ello, la Consejería de Educación ha realizado un importante esfuerzo presupuestario y organizativo para reforzar y ampliar el programa en sucesivas convocatorias.

En particular, se ha incrementado significativamente la dotación económica destinada a la prestación del servicio con el objetivo de favorecer su extensión al mayor número posible de centros y localidades, incluidas aquellas pertenecientes al ámbito rural y a los Colegios Rurales Agrupados, atendiendo a las singularidades organizativas propias de estos centros y a la demanda efectivamente existente en cada territorio. De esta forma, para septiembre de 2026 se ha incrementado el presupuesto de licitación en más de un 117 % respecto a septiembre de 2025, y más de un 79 % respecto el presupuesto de licitación de junio de 2026.

La implantación de un servicio de nueva creación y de carácter voluntario requiere necesariamente un proceso progresivo de ajuste y mejora continua, basado en la experiencia obtenida durante su ejecución y en el análisis de la demanda real existente. Lejos de constituir una situación excepcional, esta circunstancia es inherente a cualquier política pública innovadora que se despliega por primera vez en todo el territorio.

En este sentido, la valoración global realizada por la Consejería de Educación es claramente positiva, tanto por el elevado número de familias beneficiarias como por la amplia implantación territorial alcanzada. Así, el servicio ha logrado implantarse prácticamente en un 92 % de los centros que solicitaron su participación, lo que evidencia el notable esfuerzo de planificación, coordinación y dotación de recursos realizado por la Administración educativa para hacer posible una medida de conciliación de estas características en una comunidad con las singularidades territoriales de Castilla y León.

Todo ello, pone de manifiesto el compromiso de esta Administración con las medidas de apoyo a la conciliación familiar, la igualdad de oportunidades y la prestación de servicios educativos complementarios de calidad, con la voluntad de mejorar progresivamente este programa mediante el incremento de recursos, la optimización de los procedimientos de gestión y la adaptación permanente a las necesidades manifestadas por las familias y los centros educativos de la Comunidad.

Valladolid, a 14 de julio de 2026.

LA CONSEJERA,

Fdo.: María Pardo Álvarez