4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 451. Mociones M/000002-01 Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de vivienda, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2026. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite la moción, M/000002, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de vivienda, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2026. De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de septiembre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000002 relativa a "Política general en materia de Vivienda": ANTECEDENTES El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad competencia exclusiva en materia de vivienda. Después de más de cuarenta años de ejercicio de dichas competencias, Castilla y León continúa sin disponer de un parque público de vivienda suficiente para responder a las necesidades de acceso a una vivienda digna y asequible de su ciudadanía. La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León, constituye el principal marco normativo autonómico en esta materia. Sin embargo, transcurridos dieciséis años desde su aprobación, persisten carencias en su desarrollo reglamentario y continúa pendiente la efectiva articulación del Plan de Vivienda de Castilla y León previsto en su artículo 9, concebido como instrumento estratégico para racionalizar y gestionar eficazmente las actuaciones públicas en materia de vivienda. La ausencia de una planificación autonómica suficientemente definida ha impedido establecer objetivos cuantificados y territorializados sobre las necesidades de vivienda, el incremento anual del parque público, su distribución provincial y municipal, los colectivos destinatarios y los recursos presupuestarios necesarios para su consecución. A ello se une la necesidad de garantizar una financiación autonómica propia, estable y plurianual. Los recursos procedentes del Estado y de la Unión Europea han permitido impulsar actuaciones relevantes, pero una política autonómica de vivienda no puede depender exclusivamente de fondos extraordinarios o de programas cuya vigencia es limitada. La Comunidad debe asumir con recursos propios y de forma sostenida las responsabilidades derivadas de sus competencias exclusivas. Asimismo, resulta necesario mejorar los instrumentos de acceso a la vivienda protegida, particularmente el Registro Público de Demandantes y los procedimientos de adjudicación, garantizando la igualdad, publicidad, objetividad y transparencia, así como reforzar la actividad inspectora para asegurar que las viviendas protegidas mantienen la finalidad social que justificó la intervención pública. El acceso a una vivienda constituye, además, un elemento esencial para la emancipación de los jóvenes, la fijación de población, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en Castilla y León. La política pública de vivienda debe garantizar especialmente el acceso de quienes encuentran mayores dificultades, preservando la protección reconocida por nuestro ordenamiento jurídico a los colectivos vulnerables y, singularmente, a las víctimas de violencia de género. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente MOCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Aprobar y poner en marcha el Plan de Vivienda de Castilla y León previsto en el artículo 9 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León, dotándolo de objetivos cuantificados, programación temporal, financiación suficiente y mecanismos de seguimiento y evaluación, e incorporando como uno de sus ejes prioritarios la creación, ampliación y consolidación de un parque público autonómico de vivienda destinado con carácter permanente y preferente al alquiler asequible y social. Asimismo, impulsar la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo, participado por la Junta de Castilla y León y por los ayuntamientos de la Comunidad que voluntariamente se incorporen, como instrumento estable de cooperación interadministrativa para coordinar la planificación, promoción, gestión y ampliación del parque público de vivienda, así como la puesta a disposición y gestión del suelo destinado a vivienda asequible y protegida, garantizando una actuación coordinada y equilibrada en el conjunto del territorio. Las viviendas integrantes de dicho parque mantendrán, con carácter general, su titularidad pública, pudiendo destinarse a la venta únicamente hasta un máximo del 20 % del mismo y exclusivamente en pequeños municipios de Castilla y León, cuando dicha medida tenga como finalidad favorecer el asentamiento y la fijación de población. 2. De conformidad con el reconocimiento que la propia Ley hace de sí misma, como una norma necesitada en numerosos aspectos de posterior desarrollo reglamentario, culminar, en el plazo máximo de un año, el desarrollo reglamentario pendiente de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León, garantizando su plena aplicación y la seguridad jurídica de ciudadanos, entidades locales y operadores públicos y privados, con especial atención: a) Dar cumplimiento a la disposición final cuarta de la Ley 9/2010, procediendo a la aprobación del Decreto por el que se regulen las normas de diseño y habitabilidad de las viviendas de protección pública de Castilla y León, cuyo mandato legal establecía expresamente un plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, cual fue el 8 de septiembre de 2010. b) Aprobar una regulación actualizada e integral del depósito de las fianzas derivadas de los contratos de arrendamiento, desarrollando las previsiones contenidas en los artículos 37 a 42 de la Ley 9/2010 y sustituyendo, en lo que corresponda, la normativa reglamentaria anterior actualmente utilizada para su gestión, adaptándola a la realidad jurídica, administrativa y tecnológica actual. Configurar el depósito de fianzas como un registro administrativo electrónico, interoperable y permanentemente actualizado de los contratos de arrendamiento existentes en Castilla y León, que permita disponer de información fiable sobre el mercado del alquiler y, en particular, de los datos necesarios para atender las obligaciones de información establecidas por la legislación estatal en materia de vivienda. c) Garantizar la transparencia del sistema de depósito de fianzas, mediante la publicación periódica, en formato abierto, reutilizable y debidamente anonimizado, de información estadística agregada sobre el mercado del alquiler en Castilla y León, incluyendo, al menos, número de contratos y fianzas depositadas y canceladas, distribución territorial, rentas, duración de los contratos y evolución temporal, con el nivel de desagregación territorial compatible con la normativa de protección de datos. d) Presentar ante las Cortes de Castilla y León, en el plazo máximo de seis meses, un informe sobre el grado de desarrollo reglamentario de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que identifique expresamente las previsiones legales pendientes de desarrollo, las disposiciones reglamentarias que se consideren vigentes y aplicables a cada una de ellas y el calendario previsto para completar su desarrollo normativo. 3. Establecer una programación presupuestaria autonómica estable y plurianual en materia de vivienda, dotada con recursos propios suficientes para garantizar la continuidad de las políticas de promoción y ampliación del parque público con independencia de la disponibilidad de fondos estatales o europeos. 4. Revisar y simplificar el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y los procedimientos de acceso y adjudicación, garantizando procedimientos ágiles y accesibles y criterios públicos, objetivos y transparentes que aseguren la igualdad de oportunidades y permitan conocer de manera actualizada las necesidades reales de vivienda existentes en cada territorio, así como la publicación en el portal de transparencia de las adjudicaciones directas de vivienda, mediante actuación singular, conforme al art. 64 bis de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, con las debidas medidas de protección de datos correspondientes. 5. Reforzar los medios humanos, técnicos y materiales destinados a la inspección de vivienda protegida, garantizando el control de su destino, de los precios máximos de venta y alquiler y del cumplimiento de las condiciones de transmisión y uso, aplicando el régimen sancionador cuando proceda y publicando periódicamente información sobre la actividad inspectora desarrollada y sus resultados, informando semestralmente a las Cortes de Castilla y León, sobre dicha actividad. 6. Garantizar que el parque público de vivienda responda a criterios de asequibilidad, estabilidad y protección social, protegiendo las viviendas de manera permanente y sin posibilidad de descalificación, clasificándolas mediante tipologías que gradúen sus precios de renta tornando como referencia que la renta de alquiler no supere el 30 % de los ingresos de la unidad arrendataria, para lo cual se estará a lo declarado en el Registro público de Demandantes y favoreciendo la estabilidad residencial mientras se mantengan los requisitos que determinaron el acceso. Asimismo, iniciar, en el plazo máximo de seis meses, los procedimientos preparatorios previstos en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para determinar la concurrencia de las circunstancias que justifican la declaración como Zonas de Mercado Residencial Tensionado en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, así como en aquellos municipios de la Comunidad en los que la evolución de los precios de compraventa o alquiler, el esfuerzo económico de los hogares o la insuficiencia de oferta de vivienda asequible evidencien una especial tensión del mercado residencial, procediendo a su declaración cuando concurran los requisitos legalmente establecidos. 7. Garantizar la protección de las víctimas de violencia de género en el acceso a la vivienda, instando a que todas las convocatorias, programas, ayudas, baremos y procedimientos públicos en materia de vivienda utilicen la terminología y acreditación previstas en la legislación vigente sobre violencia de género, reconociendo expresamente a estas mujeres como colectivo de especial protección y asegurando su acceso preferente a los recursos habitacionales, sin que el uso de conceptos distintos o no equivalentes pueda limitar, excluir o dificultar el ejercicio de sus derechos". Valladolid, 15 de septiembre de 2026. EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez