4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000198-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo diversas actuaciones en favor de las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que trabajan con la población migrante en Castilla y León, y especialmente con las que lo hacen con los niños y adolescentes migrantes no acompañados, para su tramitación ante el Pleno. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000197 a PNL/000200. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de septiembre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno. ANTECEDENTES Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales desempeñan una función esencial en Castilla y León en la atención, acogida, acompañamiento e inclusión de las personas migrantes y, de manera especialmente relevante, en la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Estas entidades desarrollan, en colaboración con las Administraciones públicas, una labor imprescindible mediante programas de acogida, atención social, acompañamiento, formación e inclusión, contribuyendo a garantizar derechos, atender situaciones de especial vulnerabilidad y favorecer la convivencia y la cohesión social en nuestra Comunidad. Esta labor adquiere una especial trascendencia cuando se dirige a niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país sin la compañía de una persona adulta responsable de ellos. Su condición de migrantes nunca puede anteponerse a su condición de menores ni utilizarse para cuestionar los derechos, la protección o los recursos que les corresponden. La protección de la infancia constituye una obligación de los poderes públicos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que en todas las medidas concernientes a los niños deberá atenderse como consideración primordial a su interés superior. En el mismo sentido, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, reconoce el derecho de toda persona menor de edad a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan. Por tanto, cuando hablamos de menores migrantes no acompañados no estamos hablando únicamente de inmigración, estamos hablando, ante todo, de niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos y de la obligación de las Administraciones públicas de garantizar su protección, atención e inclusión. Sin embargo, durante los últimos meses se ha producido una preocupante escalada de discursos y propuestas políticas dirigidas contra la población migrante y contra las organizaciones sociales que trabajan en su atención, acogida e integración. A finales del mes de julio de 2026, la dirección nacional de Vox anunció públicamente su intención de impulsar en las comunidades autónomas en las que participa en los gobiernos la suspensión y retirada de subvenciones y ayudas públicas a aquellas organizaciones no gubernamentales que, según dicha formación, colaborasen o favoreciesen la inmigración irregular. Para justificar esta posición se han utilizado expresiones como «invasión migratoria», contribuyendo a presentar a las personas migrantes como una amenaza y a señalar a las organizaciones que trabajan para garantizar su atención y sus derechos. En Castilla y León, estos planteamientos adquieren especial relevancia al formar Vox parte, junto con el Partido Popular, del Gobierno autonómico y encontrarse las políticas sociales y de atención a colectivos vulnerables entre las responsabilidades de la propia Administración de la Comunidad Autónoma. No en vano, la coalición que gobierna Castilla y León ya ha plasmado blanco sobre negro su señalamiento hacia las ONGs que, a su juicio, colaboran con la "inmigración ilegal" en los puntos 10.4 y 10.5 del acuerdo de gobierno entre PP y Vox firmado por Mañueco y Pollán en el pasado mes de mayo. Esta cuestión también se puede aplicar desde el punto de vista de la Administración local, donde la fórmula de coalición PP-Vox existe también en numerosos ayuntamientos que ya han manifestado posicionamientos de enorme hostilidad en la cuestión que estamos abordando. Los posicionamientos mantenidos por ambas formaciones en materia migratoria y la utilización de la inmigración como elemento de confrontación política contribuyen a generar un clima de estigmatización y rechazo hacia la población migrante. La asociación de la inmigración con la inseguridad, la utilización de términos que presentan la llegada de personas migrantes como una amenaza y el señalamiento de las organizaciones que trabajan con ellas alimentan prejuicios y discursos xenófobos incompatibles con los principios de igualdad, dignidad humana y respeto a los derechos humanos que deben presidir la actuación de los poderes públicos. Especialmente grave resulta que este discurso alcance a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Los menores no pueden convertirse en instrumento de confrontación política ni ser objeto de discursos que los estigmaticen, criminalicen o presenten como una amenaza. Son niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y respecto de los cuales las Administraciones públicas tienen obligaciones específicas de protección. Garantizar su acogida, atención, protección e inclusión exige disponer de los recursos económicos, humanos y materiales necesarios y mantener una colaboración estable con las entidades sociales que desarrollan esta labor. Igualmente preocupante resulta el señalamiento de las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales por el mero hecho de trabajar con población migrante. Atender, proteger, acompañar e integrar a una persona migrante y, especialmente, a una persona menor de edad no puede convertirse en motivo para amenazar, condicionar o retirar la financiación pública destinada a programas de carácter social. Las subvenciones, ayudas y convenios públicos deben concederse conforme al ordenamiento jurídico y a criterios objetivos vinculados al interés general, sin que puedan convertirse en instrumentos de presión ideológica ni utilizarse para penalizar a las organizaciones de la sociedad civil en función de las personas o colectivos a los que prestan atención. Frente al señalamiento y la estigmatización, las instituciones de Castilla y León deben manifestar de manera inequívoca su respaldo a las entidades sociales que trabajan con población migrante, garantizar que puedan continuar desarrollando su labor con estabilidad y seguridad y asegurar los recursos necesarios para la protección de quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. La respuesta de los poderes públicos ante los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados debe partir siempre de una premisa fundamental: antes que migrantes, son menores, son sujetos de derechos y tienen derecho a ser protegidos. Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN «Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Manifestar su apoyo y reconocimiento a las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que desarrollan su labor en la atención, acogida, acompañamiento e inclusión de las personas migrantes en Castilla y León y, especialmente, a aquellas que trabajan en la acogida, atención, protección e inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 2. Garantizar que ninguna asociación, organización no gubernamental o entidad social sea excluida, penalizada o discriminada en el acceso a subvenciones, ayudas, convenios o cualquier otra fórmula de financiación pública por desarrollar actuaciones de atención, acogida, acompañamiento o inclusión dirigidas a personas migrantes y, de manera particular, por participar en programas de acogida, atención y protección de menores migrantes no acompañados, siempre dentro del marco establecido por el ordenamiento jurídico. 3. Garantizar los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para la adecuada acogida, atención, protección e inclusión social de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentren en Castilla y León, asegurando en todas las actuaciones la prevalencia de su interés superior y el pleno respeto de sus derechos. 4. Mantener y reforzar la colaboración institucional y económica con las entidades sociales que trabajan con población migrante y, especialmente, con aquellas que participan en la atención y protección de menores migrantes no acompañados, garantizando la continuidad y estabilidad de los programas que desarrollan». Valladolid, 15 de septiembre de 2026. EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez