4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000202-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Paloma Ramírez Calle, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Carlos Fraile de Benito y D. Miguel Ángel Luengo Becerro, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas acciones en relación al incendio forestal producido en Navas de San Antonio el pasado 8 de agosto, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Energía. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000202 a PNL/000231. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de septiembre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Paloma Ramírez Calle, Sergio Iglesias Herrera, Carlos Fraile de Benito y Miguel Ángel Luengo Becerro, Procuradores y Procuradora pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Medio Ambiente y Energía: ANTECEDENTES Los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas para el medio natural, el territorio y la población de Castilla y León. El aumento de las temperaturas, la prolongación de los periodos de sequía y unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas obligan a reforzar las políticas públicas de prevención, vigilancia y extinción. El 8 de agosto de 2026 se declaró un incendio forestal en el término municipal de Navas de San Antonio, en la provincia de Segovia, que se inició a las 16:35 horas y cuya causa se encontraba, en el momento de la declaración de la emergencia, en fase de investigación. Inicialmente, la Junta de Castilla y León estableció el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1), ante la afección y el riesgo existente para la población y las infraestructuras. La evolución del incendio, favorecida por las elevadas temperaturas, la sequedad de la vegetación y las condiciones meteorológicas, provocó un incremento de la situación de riesgo, por lo que la Junta de Castilla y León elevó posteriormente el incendio a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2). Esta clasificación responde a situaciones en las que el incendio puede suponer un riesgo grave para la población y los bienes, requiriendo medidas extraordinarias de protección civil. La propagación del fuego obligó a adoptar medidas de protección para varios núcleos de población del entorno. En concreto, fueron desalojados preventivamente Los Ángeles de San Rafael, perteneciente al municipio de El Espinar, y Vegas de Matute, mientras que se estableció el confinamiento de la población de Valdeprados por motivos de seguridad. Las medidas adoptadas tuvieron una importante repercusión sobre la población. El dispositivo de protección civil habilitó centros de acogida en El Espinar y Villacastín, donde fueron atendidas las personas desalojadas de sus domicilios. En uno de los momentos de mayor afectación, 176 personas permanecían acogidas en estos recursos, además de otras personas que optaron por alojarse con familiares. El incendio afectó asimismo a las comunicaciones viarias de la zona, obligando al corte de la SG-722 y de la N-603, mientras se establecían controles y desvíos para garantizar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Para hacer frente al incendio fue necesario desplegar un amplio dispositivo de extinción, integrado por medios aéreos y terrestres, técnicos, agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, autobombas, maquinaria pesada, brigadas especializadas y servicios de bomberos. Desde las primeras horas del incendio se movilizaron al menos 25 medios, dispositivo que posteriormente se amplió ante el empeoramiento de la situación y la elevación del nivel de gravedad. Las características del terreno y la evolución del fuego dificultaron las labores de extinción en determinados sectores, haciendo necesario mantener durante varios días un importante dispositivo de vigilancia y control para evitar reproducciones y garantizar la estabilidad del perímetro. La evolución favorable de los trabajos de extinción permitió que el 11 de agosto se autorizara el regreso a sus viviendas de los vecinos desalojados de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, al tiempo que se procedía a la reapertura de la carretera SG-722. En ese momento, la Junta de Castilla y León redujo el Índice de Gravedad Potencial del incendio de IGR-2 a IGR-1, manteniéndose medios de vigilancia ante el riesgo de posibles reactivaciones. El incendio de Navas de San Antonio ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad existente en determinadas zonas de la provincia de Segovia, especialmente en aquellos espacios en los que existe una estrecha proximidad entre masas forestales, vías de comunicación, urbanizaciones y núcleos de población. La emergencia afectó, por tanto, no solo al término municipal en el que se originó el incendio, sino que tuvo consecuencias directas sobre El Espinar, a través del núcleo de Los Ángeles de San Rafael, Vegas de Matute y Valdeprados, cuyos vecinos tuvieron que afrontar desalojos o medidas de confinamiento como consecuencia de la evolución del fuego. La dimensión alcanzada por el incendio, las medidas de protección adoptadas y la afección a varios municipios y núcleos de población ponen de manifiesto la necesidad de analizar la respuesta dada ante esta emergencia y las circunstancias que rodearon su evolución, así como las consecuencias producidas sobre el territorio, las infraestructuras y la población afectada. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario evaluar la respuesta ofrecida ante este incendio, identificar las posibles carencias y adoptar medidas concretas que permitan mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante futuros episodios. La protección de nuestros pueblos, de nuestro medio natural y de las personas que viven en ellos exige una política de prevención suficientemente dotada y planificada, y no actuaciones meramente reactivas ante cada emergencia. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Realizar una evaluación integral de la gestión de los incendios registrados en Navas de San Antonio, analizando los sistemas de detección, los tiempos de respuesta, los medios humanos y materiales movilizados, la coordinación entre Administraciones y las dificultades encontradas durante las labores de extinción. 2. Elaborar, en el plazo máximo de tres meses, una evaluación completa de los daños ambientales, forestales, agrícolas, ganaderos, patrimoniales e infraestructurales ocasionados por el incendio. Incluyendo un inventario individualizado de los daños sufridos por cada municipio, por las explotaciones agrarias y ganaderas y por las infraestructuras públicas. 3. Establecer una línea extraordinaria de ayudas destinada a los ayuntamientos afectados para reparar caminos, infraestructuras municipales, redes de abastecimiento, cerramientos, instalaciones públicas y demás bienes dañados. 4. Aprobar ayudas directas para las explotaciones ganaderas afectadas, incluyendo la reposición de cercados, mangas, abrevaderos, instalaciones, alimentación extraordinaria del ganado y compensación por pérdida de pastos. 5. Aprobar ayudas específicas para agricultores, propietarios forestales y comunidades de bienes por los daños sufridos en cultivos, terrenos e infraestructuras agrarias. 6. Ejecutar actuaciones urgentes de restauración hidrológico-forestal para evitar procesos erosivos, pérdida de suelo fértil, arrastres e inundaciones durante los próximos episodios de lluvias, incluyendo la ejecución de fajinas, albarradas, hidrosiembras, corrección hidrológica de cauces y demás actuaciones de emergencia para minimizar la erosión. 7. Restaurar las masas forestales afectadas mediante criterios técnicos y científicos, favoreciendo especies autóctonas y aumentando la resiliencia frente al cambio climático. 8. Elaborar un programa de seguimiento ambiental durante, al menos, los próximos cinco años para evaluar la evolución de la regeneración natural de los ecosistemas afectados. 9. Promover la creación de una comisión de seguimiento integrada por la Junta de Castilla y León, invitando a otras administraciones como la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la Diputación Provincial de Segovia, los ayuntamientos afectados, representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas y agentes económicos y sociales y del ámbito universitario. 10. Impulsar un plan específico de recuperación económica para los municipios afectados, prestando especial atención al sector ganadero, al turismo rural y a las pequeñas empresas. 11. Revisar y reforzar las infraestructuras de prevención de incendios existentes en la zona, incluyendo áreas cortafuegos, fajas auxiliares de protección en todos los núcleos de población, puntos de agua, pistas forestales, cuadrillas y camiones con equipos profesionalizados durante todo el año y sistemas de vigilancia. 12. Presentar ante la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en el plazo de seis meses, un informe detallado sobre la gestión del incendio, las actuaciones realizadas, las ayudas concedidas y el grado de ejecución del plan de recuperación. 13. Colaborar con el Gobierno de España para coordinar todas las ayudas extraordinarias que puedan aprobarse dentro de la declaración como zona gravemente afectada por una situación de protección civil y garantizar la máxima financiación posible para la recuperación de las zonas afectadas. 14. Elaborar, en el plazo máximo de tres meses, un informe técnico sobre la afección del incendio a los espacios de la Red Natura 2000, Montes de Utilidad Pública, vías pecuarias y demás bienes integrantes del patrimonio natural de la Comunidad, acompañado de un programa específico de restauración ecológica y de la correspondiente dotación presupuestaria. 15. Aprobar, en colaboración con los ayuntamientos afectados, un Plan de Restauración Ambiental y Paisajística del ámbito del incendio que incluya actuaciones sobre montes, cauces, vías pecuarias, biodiversidad, conectividad ecológica y recuperación de los usos tradicionales del territorio". Valladolid, 25 de agosto de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORA, Fdo.: Paloma Ramírez Calle, Sergio Iglesias Herrera, Carlos Fraile de Benito y Miguel Ángel Luengo Becerro EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez