4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000226-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Aída Estrella Paredes García, Dña. Noelia Merino Hernández y Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, instando a la Junta de Castilla y León a la realización de actuaciones en relación con el tercer sector social, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000202 a PNL/000231. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de septiembre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Jesús Iñaki Gómez Domínguez, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Ana Isabel Casado Ridruejo, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: ANTECEDENTES Las entidades y organizaciones del Tercer Sector Social desarrollan en Castilla y León una labor esencial y auxiliar en ámbitos muy diversos de la atención e intervención social a las autoridades competentes en la materia. Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro colaboran desde hace años con las Administraciones públicas en la atención a seres humanos en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, en programas de infancia, juventud y familia, discapacidad, inclusión social, adicciones y otras áreas de intervención, tales como la formación, el empleo y las nuevas tecnologías. Su presencia resulta especialmente relevante en una Comunidad extensa, dispersa y con un elevado número de pequeños municipios, donde en muchas ocasiones estas entidades permiten mantener servicios de proximidad y una atención personalizada, específica e integral, así como especializada, difícil de prestar exclusivamente desde las estructuras ordinarias de la Administración. La propia normativa autonómica reconoce ese papel. La Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, incorpora a las entidades de iniciativa social del Tercer Sector dentro del modelo de colaboración y prevé expresamente cauces de diálogo civil con sus representantes. Existe, por tanto, un reconocimiento normativo de su lugar dentro del sistema de protección social de Castilla y León. Sin embargo, la estabilidad de esa colaboración no siempre se corresponde con la estabilidad de los instrumentos y recursos utilizados para financiarla. Una parte muy importante de los planes, programas y proyectos desarrollados por las organizaciones y entidades del tercer sector continúa dependiendo de convocatorias periódicas de subvenciones. Así ocurre, entre otras, con las convocatorias financiadas con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, destinadas a programas de interés general para atender fines sociales y tramitadas en régimen de concurrencia competitiva. Este instrumento resulta plenamente adecuado para muchas actuaciones concretas, proyectos específicos o programas cuya naturaleza justifica una convocatoria periódica. Pero no todas las actividades que desarrollan las entidades tienen el mismo carácter. Existen intervenciones, servicios y programas que se mantienen en el tiempo, atienden necesidades básicas vitales permanentes y forman parte de manera estable de la respuesta social que se ofrece a determinados colectivos con situaciones cronificadas. En estos casos, la reiteración anual o periódica de los procedimientos de financiación puede dificultar la planificación de las entidades, la estabilidad de sus recursos humanos y materiales y la continuidad de los servicios ofrecidos a la comunidad en general y a las personas más vulnerables en especial. La propia Junta de Castilla y León ha avanzado ya hacia modelos diferentes en determinados ámbitos. El Decreto 3/2022, de 17 de febrero, estableció el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León. A partir de este marco se han desarrollado acciones concertadas en materias como protección a la infancia, acogimiento familiar, transición a la vida adulta o atención a las familias. Existe, por tanto, experiencia suficiente para valorar qué servicios pueden prestarse mediante fórmulas estables de colaboración y cuáles deben continuar financiándose mediante subvenciones. No se trata de sustituir un sistema por otro de manera indiscriminada. Se trata de diferenciar y priorizar las necesidades. Los proyectos puntuales, innovadores o de duración limitada pueden seguir encontrando en la subvención un instrumento adecuado. Pero aquellos servicios que responden a necesidades básicas estructurales, que se prestan de manera continuada y que forman parte de la red de atención social deben contar, cuando jurídicamente sea posible, con mecanismos que permitan una mayor estabilidad y garantizar así una mayor agilidad para luchar por un adecuado estado de bienestar. Esa estabilidad debe ir acompañada de exigencia. La financiación pública debe estar sujeta a criterios claros de viabilidad, calidad, evaluación, transparencia y rendición de cuentas. La colaboración estable no puede significar menor control, sino una mejor planificación de los recursos y una evaluación más rigurosa de los resultados, así como una flexibilidad ante situaciones imprevistas. También debe abordarse la carga administrativa que soportan las entidades. La simplificación de procedimientos, la reducción de documentación reiterativa y la utilización de información que ya obra en poder de la Administración pueden permitir que una parte mayor de los recursos humanos y económicos de las organizaciones se destine directamente a la atención de las personas, que es el objetivo primordial y fundamental de todas ellas. La relación entre la Junta de Castilla y León y el Tercer Sector Social debe avanzar hacia un modelo basado en la diplomacia humanitaria, la estabilidad, la transparencia, la evaluación y el diálogo permanente. Si determinadas entidades colaboran de forma continuada en la prestación de servicios esenciales, resulta razonable que puedan planificar su actividad con un horizonte superior al de una sola convocatoria, dado que, en gran parte, se contemplan proyectos a 4 años de ejecución dentro de un plan de acción estructurado y cambiante. Y si determinados programas y necesidades identificadas se han consolidado como parte estable de la atención social de Castilla y León, ante colectivos tan prioritarios en nuestra Comunidad Autónoma como las personas mayores, la juventud y la infancia, también resulta razonable analizar si el instrumento utilizado para financiarlos sigue siendo el más adecuado. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Elaborar, en colaboración con las entidades representativas del Tercer Sector Social de Castilla y León, un marco estable de colaboración y financiación que permita mejorar la planificación, continuidad y evaluación de los servicios y programas de carácter permanente. 2. Realizar un análisis de los programas y servicios actualmente financiados mediante convocatorias periódicas de subvenciones para identificar aquellos que, por su continuidad, naturaleza estructural y vinculación con el Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, puedan acogerse a fórmulas de financiación plurianual o a otros instrumentos de colaboración estable. 3. Ampliar progresivamente la utilización de la acción concertada en aquellos servicios de responsabilidad pública en los que concurran las condiciones previstas en la normativa vigente y resulte más adecuada que la financiación mediante subvenciones periódicas. 4. Introducir, cuando la normativa presupuestaria y de subvenciones lo permita, fórmulas de financiación plurianual para programas consolidados cuya naturaleza no justifique su incorporación al régimen de acción concertada, pero cuya continuidad resulte necesaria para garantizar una atención estable. 5. Establecer calendarios previsibles de convocatoria, resolución y pago de las subvenciones destinadas a las entidades del Tercer Sector Social, de manera que puedan planificar cronogramas de actuación, seguimiento, ejecución y evaluación con mayor seguridad, afianzando y fortaleciendo sus estructuras humanas y materiales para mejorar su impacto, resultados y el cumplimiento de objetivos y misión humanitaria. 6. Simplificar los procedimientos administrativos y las obligaciones documentales exigidas a las entidades, evitando solicitar información que ya obre en poder de la Administración y aplicando criterios de proporcionalidad en la justificación de las ayudas, sin reducir los controles necesarios sobre el destino de los fondos públicos. 7. Reforzar los mecanismos permanentes de diálogo civil con las entidades representativas del Tercer Sector Social para evaluar el funcionamiento de los instrumentos de financiación, detectar dificultades y proponer mejoras, flexibilizando la parte administrativa de un modo acorde a los factores externos que no dependen de las propias entidades. 8. Publicar periódicamente información agregada sobre la colaboración económica de la Junta de Castilla y León con el Tercer Sector Social, incluyendo los principales programas financiados, su distribución territorial, las cantidades destinadas y los resultados de la evaluación de dichos programas. 9. Incorporar a la evaluación de los programas financiados indicadores relativos a continuidad de la atención, calidad del servicio, estabilidad de los equipos profesionales y satisfacción de las personas beneficiarias de las actividades y programas. 10. Presentar ante la Comisión competente de las Cortes de Castilla y León, en el plazo máximo de seis meses, las conclusiones del análisis previsto en esta iniciativa y las medidas que la Junta tenga previsto adoptar para mejorar la estabilidad y la calidad de su colaboración con el Tercer Sector Social". Valladolid, 9 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS, Fdo.: Jesús Iñaki Gómez Domínguez, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Ana Isabel Casado Ridruejo EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez