4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000227-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Aída Estrella Paredes García, Dña. Noelia Merino Hernández y Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, instando a la Junta de Castilla y León a la realización de actuaciones en materia de conciliación, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000202 a PNL/000231. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de septiembre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Jesús Iñaki Gómez Domínguez, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Ana Isabel Casado Ridruejo, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: ANTECEDENTES Castilla y León afronta desde hace décadas un grave problema demográfico que afecta con especial intensidad a sus municipios rurales. La pérdida de población joven, el envejecimiento y la reducción del número de nacimientos amenazan la continuidad de numerosos pueblos y dificultan el mantenimiento de servicios esenciales. Las políticas frente a la despoblación no pueden limitarse a incentivar la llegada de nuevos habitantes. Deben conseguir, en primer lugar, que quienes ya viven en nuestros pueblos puedan permanecer en ellos y desarrollar su proyecto familiar y profesional en condiciones similares a las de quienes residen en ámbitos urbanos. En ese objetivo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral constituye una cuestión fundamental. La decisión de permanecer en un pequeño municipio, regresar a él o formar allí una familia depende de muchos factores: disponer de empleo, vivienda, comunicaciones y servicios públicos, pero también de algo tan cotidiano como saber quién puede atender a los hijos mientras sus padres trabajan. Esta dificultad adquiere una dimensión particular en el medio rural. La dispersión territorial, las distancias entre municipios, la reducida población infantil de muchas localidades y la dificultad para alcanzar un número mínimo de usuarios hacen que determinados servicios de conciliación sean más difíciles de mantener precisamente allí donde resultan más necesarios. Castilla y León cuenta con diferentes programas y recursos dirigidos a facilitar la conciliación y la atención a la infancia. Sin embargo, la existencia de programas no garantiza por sí misma que todas las familias puedan acceder a ellos en condiciones adecuadas. La realidad de una familia que vive en una capital de provincia o en una ciudad de tamaño medio no es la misma que la de una familia residente en un municipio de cien, doscientos o quinientos habitantes. En numerosos municipios pequeños, los horarios laborales no coinciden necesariamente con los escolares; las vacaciones de los progenitores no abarcan todos los periodos no lectivos; los desplazamientos hasta el lugar de trabajo pueden ocupar una parte importante de la jornada y las alternativas privadas de cuidado son escasas o inexistentes. El problema se agrava durante las vacaciones escolares, especialmente en verano, Navidad y Semana Santa, cuando desaparece durante semanas el principal recurso alrededor del cual muchas familias organizan su vida cotidiana. En estas circunstancias, la ausencia de servicios de conciliación puede terminar condicionando decisiones laborales y familiares y dificultando especialmente la incorporación o permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. No parece razonable reclamar a los jóvenes que permanezcan en el medio rural y, al mismo tiempo, asumir como inevitable que tengan menos posibilidades para conciliar por el hecho de haber decidido vivir en un pueblo. La prestación de estos servicios tampoco puede analizarse exclusivamente desde criterios de rentabilidad o número de usuarios. Un recurso de conciliación en un municipio pequeño nunca tendrá la misma demanda que uno ubicado en una ciudad. Aplicar exactamente los mismos criterios para su implantación o mantenimiento puede provocar que los territorios con menor población queden permanentemente excluidos. La política de conciliación en el medio rural necesita, por tanto, incorporar criterios territoriales. Debe atender al número de potenciales usuarios, pero también a las distancias, los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad de alternativas, los horarios laborales predominantes y las características demográficas de cada zona. La provincia de Zamora refleja con especial claridad esta realidad. Su dispersión poblacional y el elevado número de pequeños municipios hacen que garantizar servicios próximos de atención a la infancia sea considerablemente más complejo que en los principales núcleos urbanos. Precisamente por ello necesita una respuesta diferente. No se trata necesariamente de reproducir en cada pequeño municipio todos los recursos existentes en una ciudad. Se trata de buscar soluciones flexibles: servicios compartidos entre municipios próximos, ampliación de horarios, programas específicos durante periodos no lectivos, recursos itinerantes cuando sean viables y apoyo a los ayuntamientos que quieran prestar estos servicios pero carezcan de capacidad económica suficiente para hacerlo solos. También resulta imprescindible conocer con precisión la situación existente. La Junta de Castilla y León debe disponer de un diagnóstico territorial que permita identificar en qué municipios existen recursos de conciliación, qué horarios ofrecen, durante qué periodos funcionan y, sobre todo, dónde existen familias que carecen de una alternativa razonablemente próxima. La conciliación debe incorporarse plenamente a las políticas de lucha contra la despoblación. Porque detrás de las grandes cifras demográficas existen decisiones individuales. La decisión de aceptar un empleo. La de tener un hijo. La de regresar al pueblo. O, sencillamente, la de quedarse. Si Castilla y León quiere que las familias jóvenes vivan en el medio rural, debe procurar que hacerlo no implique asumir dificultades añadidas para desarrollar su vida profesional. La igualdad territorial también consiste en eso. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Elaborar un Mapa de Servicios de Conciliación en el Medio Rural de Castilla y León, identificando los recursos existentes, su ubicación, horarios, periodos de funcionamiento, capacidad y población potencialmente beneficiaria. 2. Identificar, a partir de dicho diagnóstico, las zonas rurales que carezcan de servicios de conciliación suficientes o razonablemente accesibles, atendiendo no solo al número de habitantes, sino también a las distancias y tiempos de desplazamiento hasta los recursos disponibles. 3. Aprobar un Programa de Conciliación Familiar en el Medio Rural dirigido prioritariamente a los pequeños municipios, con soluciones adaptadas a las características demográficas y territoriales de cada zona. 4. Reforzar los servicios de conciliación durante los periodos no lectivos, especialmente durante las vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa, facilitando su implantación en aquellos municipios rurales en los que exista demanda. 5. Establecer fórmulas de colaboración entre municipios próximos que permitan compartir servicios cuando el reducido número de usuarios haga difícil su prestación individual, evitando que esta circunstancia impida el acceso de las familias a recursos de conciliación. 6. Adaptar los criterios de financiación autonómica de estos programas a las características del medio rural, evitando que la exigencia de un número mínimo de usuarios pueda excluir automáticamente a los municipios con menor población. 7. Reforzar la financiación destinada a los ayuntamientos y entidades locales menores que desarrollen servicios de conciliación, especialmente cuando atiendan a población procedente de varios municipios. 8. Favorecer horarios suficientemente amplios y flexibles medios de transporte para responder a las necesidades reales de las familias y a los desplazamientos laborales habituales en el medio rural. 9. Incorporar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de conciliación como indicador específico en la evaluación de las políticas de reto demográfico de Castilla y León. 10. Realizar una evaluación anual de la cobertura de estos servicios en el medio rural, con información provincializada sobre municipios atendidos, familias usuarias, demanda existente y zonas que continúen sin una cobertura adecuada". Valladolid, 9 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS, Fdo.: Jesús Iñaki Gómez Domínguez, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Ana Isabel Casado Ridruejo EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez