El presente documento contiene imágenes. Puede consultar la versión íntegra del mismo en la publicación en formato PDF, BOCCL-12-001361

Contestación a la pregunta con respuesta escrita P.E./1200016, formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Virginia Jiménez Campano, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a “diversas cuestiones relacionadas con las denuncias presentadas desde el año 2015 en los servicios territoriales de medio ambiente de cada provincia respecto a sector forestal, incendios forestales, caza, pesca, especies protegidas, vías pecuarias, residuos, actividades clasificadas o prevención ambiental, circulación de vehículos a motor y vertederos”

Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente y Energía y de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

- ANEXO I: Consejería de Medio Ambiente y Energía

- ANEXO II: Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental

- ANEXO I CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

P.E./1200016 En anexo se ofrecen, en lo relativo al ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, los datos disponibles solicitados en relación a denuncias presentadas en los Servidos Territoriales de Medio Ambiente, referidos al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2026, no contando con información desagregada respecto de la procedencia de las mismas por colectivos de autoridad ni cuantías satisfechas respecto de los expedientes en los que, en su caso, se haya impuesto sanción pecuniaria. La siguiente tabla contiene la información relativa a los puestos de RPT de funcionario que exigen la titulación de licenciado o grado en Derecho en cada Servicio Territorial, cuya forma de provisión es el concurso ordinario, siendo 2,3 la media de ocupación de dichos puestos en los últimos cinco años:

ANEXO II CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

P. E./1200016

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada, se informa lo siguiente:

Con carácter introductorio respecto a las cuestiones planteadas, hay que señalar que la Orden MAV/570/2022, de 27 de mayo, establece la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente. Vivienda y Ordenación del Territorio. En el capítulo IV establece la estructura de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 7 del Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Tiene atribuciones en algunas materias como prevención ambiental, residuos, calidad del aire, impacto ambiental.

También hay que tener presente la Orden PRE/1029/2022, 9 de agosto, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, que atribuye a la Secretaría Técnica la gestión y asistencia técnico-administrativa y técnico-jurídica a todas la unidades del Servicio Territorial, correspondiéndote funciones, sin tener carácter exhaustivo, corno la asistencia técnico-administrativa y técnico-juridica al Servicio Territorial en los casos no atribuidos a la asesoría jurídica u otras unidades administrativas: el desempeño de las secretarías de los órganos colegiados de ámbito provincial en las materias propias del Servicio Territorial, salvo que la normativa de aplicación determine otra atribución: la tramitación de los procedimientos sancionadores en materias propias del Servicio Territorial, siempre que no esté atribuida a otras unidades administrativas. Por otro lado, el Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, desconcentra competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. En lo que afecta a competencias de esta Dirección General, según este Decreto se desconcentran en los titulares de las Delegaciones Territoriales las competencias para la iniciación de todos los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de prevención y evaluación ambiental, contaminación atmosférica. y la resolución de algunos dependiendo la calificación de la infracción.

Si bien actualmente, con el Decreto 212026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y Len se realiza una reestructuración de consejerías. A partir de su entrada en vigor algunas competencias que ejercía la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, las ejerce la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Por ello, esta Consejería aporta los datos relativos a las materias prevención e impacto ambiental de forma conjunta.

1°.- ¿Cuántas denuncias se han presentado desde el año 2015 hasta la actualidad en los servicios territoriales de medio ambiente de cada provincia respecto a las siguientes materias: sector forestal, caza, pesca, especies protegidas, vías pecuarias, residuos, actividades clasificadas o prevención ambiental, circulación vehículo a motor y vertederos?

Debido a que el inicio de tos datos solicitado es remoto, desde 2015 hasta la actualidad, y a que el archivo de las denuncias es fundamentalmente de carácter físico requiere un procesamiento manual exhaustivo. La presentación electrónica de los documentos y la digitalización de los datos es un hecho que se ha producido recientemente. Parte de los documentos pertenecen a un periodo previo a la transformación digital. La consolidación de estos datos supone de un gran esfuerzo, que no es proporcional al fin concreto. Por razones de limitación técnica los datos se ofrecen de los últimos 4 años, desde 2022 a 2025, y lo que va del año 2026.

El número de denuncias presentadas desde 2022 hasta 2026 es de 572.

2.- ¿Cuántas de esas denuncias se tramitaron, cuántas se resolvieron, cuántas se archivaron y cuántas se han pagado en cada una de las provincias y en cada uno de los cuatro años?

Con las denuncias recibidas se comprueba si cumplen con los requisitos formales establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las denuncias deben expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en cocimiento de la Administración. Una vez revisado el contenido mínimo de la misma se analiza, se realizan las actuaciones previas oportunas para esclarecer los hechos denunciados y, si procede se inicia de oficio el procedimiento administrativo.

Al no disponer de todos datos históricos informatizados puede haber alguna pequeña distorsión. El número de denuncias presentadas es de 572, de las cuales 327 han sido tramitadas, 53 archivadas. En todos los expedientes resueltos no se impone sanción pecuniaria. Algunos conllevan la reparación del daño causado y la recuperación del entorno a su estado originario.

3.- ¿Cuántas denuncias fueron desviadas a las distintas instancias judiciales oír ser constitutivas de delitos y cuántas sufrieron condena judicial?

El número de denuncias que se remite a la vía judicial es bajo, ya que carecer de los elementos de tipicidad exigidos por el Código Penal, la remisión a los juzgados de instrucción se limita exclusivamente a aquellos casos donde existen indicios de delito y exceden de las competencias sancionadoras en vía administrativa. En derecho penal rige el principio de intervención mínimo del derecho o de “ultima ratio”. Este principio se configura como una garantía frente al poder punitivo del Estado. El recurso al Derecho Penal es soto legítimo cuando otras ramas del ordenamiento jurídicos no son capaces de ofrecer una protección adecuada o suficiente a los bienes jurídicos en cuestión. Su utilización debe restringirse al mínimo imprescindible para el mantenimiento de la convivencia. En aplicación del principio de última ratio que rige el ordenamiento jurídico, la vía penal se reserva estrictamente como último recurso para los supuestos de máxima gravedad. Esto explica que solo un porcentaje minoritario de las denuncias sea derivado a la jurisdicción penal, resolviéndose el resto por canales administrativos ordinarios.

4.- ¿Cuál es el número y porcentaje de denuncias por cada uno de los colectivos que como Agentes de la Autoridad presentaron las citadas denuncias en cada uno de los años referidos?

Las denuncias presentadas no se ordenan por su procedencia. Se archivan por materias de la infracción y provincia. Por ello, la desagregación del número de denuncias formaladas a nivel individual por colectivos de autoridad presenta dificultades técnicas complejas.

5.- ¿Cuál es la cuantía que representan los expedientes que ya han satisfecho el pago en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, teniendo en cuanta su distribución provincial y el tipo de denuncia?

La obtención de las cuantías recaudadas exige un proceso manual, de cruce de datos y verificación de cuentas bancarias expediente por expediente. Por consiguiente, esta información, que necesita una información acción previa para su reelaboración no se facilita a tenor de lo previsto en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/201, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Además, cualquier dato estático extraído resultaría parcial distorsionado debido a que los ingresos varían en función de las resoluciones administrativas, de los plazos de fraccionamiento y aplazamiento de pago en vía de abono voluntario, como ejecutivo.

5.- ¿Cuál es la cuantía que representan las denuncias tramitadas resueltas aún sin pagar teniendo en cuenta la distribución por provincias y tipo de denuncias?

La obtención de las cuantías recaudadas exige un proceso manual, de cruce de datos y verificación de cuentas bancarias expediente por expediente. Por consiguiente, esta información, que necesita una información acción previa para su reelaboración no se facilita a tenor de lo previsto en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/201, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Además, cualquier dato estático extraído resultaría parcial distorsionado debido a que los ingresos varían en función de las resoluciones administrativas, de los plazos de fraccionamiento y aplazamiento de pago en vía de abono voluntario, como ejecutivo.