Contestación a la pregunta escrita P.E. 72 del Grupo Parlamentario Socialista sobre viviendas de protección pública.

Se adjuntan ficheros con la relación de viviendas de las que dispone la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto en Régimen de Compraventa como en Arrendamiento, a fecha 15 de mayo de 2026. En el año 2024, se recibieron 8547 solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León, en el año 2025, 12.862, y a fecha 15 de mayo de 2026 se habían recibido 7668 solicitudes. En ese período de tiempo, de 1 de enero de 2024 a 15 de mayo de 2026 se formalizaron 24.104 resoluciones de inscripción en el Registro de Demandantes. En Ávila constan 9 viviendas sin adjudicar, en Burgos 12, en León 11, en Palencia 14, en Salamanca 19, en Segovia 1, en Soria 4, en Valladolid 15 y en Zamora 5. Los períodos que llevan vacantes, así como los motivos por los cuales están sin adjudicar son diversos entre ellos la necesidad adecuación de la vivienda, culminación de los trámites para su adjudicación, cambio de arrendatarios. Con carácter general, las viviendas protegidas calificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, están sujetas a un período de protección de 30 años, mientras que las calificadas con posterioridad a su entrada en vigor tienen, con carácter general, un plazo de protección de 15 años, sin perjuicio de las especialidades que puedan establecer determinados programas o regímenes de vivienda protegida. En cuanto a la relación por años y provincia de las viviendas ocupadas ilegalmente: Ávila: En 2024 constaban 7 viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 7; y en 2026, 6. Burgos: En 2024 constaban O viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 0; y en 2026, 0. León: En 2024 constaban 6 viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 6; y en 2026, 12. Palencia: En 2024 constaban O viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 0; y en 2026, 0. Salamanca: En 2024 constaban 15 viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 15; y en 2026, 15. Segovia: En 2024 constaban 2 viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 2; y en 2026, 2. Soria: En 2024 constaban O viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 0; y en 2026, 0. Valladolid: En 2024 constaban 8 viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 8; y en 2026, 9. Zamora: En 2024 constaban 7 viviendas ocupadas ilegalmente; en 2025, 7; y en 2026, 3. Respecto a las acciones realizadas, tal y como se contestó en el apartado segundo de la pregunta 2, la medida más efectiva para evitar que ocupen ilegalmente las viviendas es adjudicarlas con la mayor celeridad posible porque una vivienda desocupada durante mucho tiempo es muy probable que se ocupe. Una vez que esto se ha producido, la solución es complicada y prácticamente en la totalidad de los casos no queda otra solución que una denuncia ante la policía y se inicia el correspondiente procedimiento de desahucio administrativo previsto en la ley. Con el objetivo de ofrecer apoyo y asesoramiento a las personas afectadas, durante la pasada legislatura se pusieron en marcha las Oficinas de Atención a Víctimas de Ocupación Ilegal, en colaboración con las Cámaras de la Propiedad Urbana de las distintas provincias de Castilla y León.

En sus tres años de funcionamiento, estas oficinas han atendido cerca de 300 consultas presenciales y más de 13.000 consultas telemáticas. Esta línea de actuación tiene continuidad en la presente legislatura, en la que la lucha contra la ocupación ilegal forma parte de los compromisos recogidos en el pacto de gobierno, reforzando así la voluntad de la Junta de Castilla y León de proteger el derecho de propiedad, garantizar la convivencia vecinal y favorecer el correcto funcionamiento del mercado de la vivienda.

La información se adjunta en soporte electrónico.

Valladolid, a 25 de agosto de 2026.

LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Isabel Blanco Llamas