Pregunta escrita PE/000147 formulada por Dª. Alicia Gallego González, Procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversas medidas de impulso a ayuntamientos y diputaciones en relación con la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales?

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, esta Consejería le informa lo siguiente:

En cuanto a la primera pregunta, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, atribuye a los ayuntamientos determinadas competencias en materia de recogida y atención de animales extraviados y abandonados, así como otras actuaciones relacionadas con la protección animal.

En el ámbito de sus competencias, la Junta de Castilla y León mantiene una labor de coordinación, asesoramiento y apoyo técnico a las entidades locales para facilitar la aplicación de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias que el legislador estatal ha atribuido expresamente a los ayuntamientos.

Asimismo, la Junta continúa analizando las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley 7/2023 y colaborando con las entidades locales y sus organizaciones representativas en aquellas cuestiones relacionadas con la protección y bienestar animal.

En cuanto a la segunda pregunta, el artículo 22 de la Ley 7/2023 establece expresamente que corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en centros de protección animal.

Del mismo modo, la citada ley atribuye a las entidades locales diversas responsabilidades en materia de gestión y protección de animales de compañía.

En consecuencia, la Junta de Castilla y León no tiene previsto crear un órgano autonómico destinado a asumir las funciones que la normativa estatal atribuye a los ayuntamientos, sin perjuicio de las actuaciones de coordinación, asesoramiento y colaboración institucional que puedan desarrollarse en el ámbito de sus competencias.

Por último, y para responder a la tercera pregunta, el artículo 22.1 de la Ley 7/2023 prevé que, en los términos que establezca la legislación autonómica, determinadas responsabilidades puedan ser asumidas por agrupaciones de municipios o, en su caso, por las diputaciones provinciales.

En la actualidad, la Comunidad de Castilla y León no dispone de una regulación específica que desarrolle dicha previsión legal y no se encuentra en tramitación ninguna iniciativa normativa dirigida a modificar el actual régimen competencial en esta materia.

Por tanto, continúan siendo de aplicación las competencias atribuidas por la legislación estatal a los ayuntamientos, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación y asistencia que puedan articularse entre las distintas administraciones públicas conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Valladolid, a 1 de septiembre de 2026.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL.