Contestación a la pregunta escrita PE/1200216 formulada por, D. Luis Briones Martínez, D. Daniel de la Rosa Villahoz, D.ª Virginia Jiménez Campano y D.ª Aida Estrella Paredes García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre plazas públicas de atención residencial con cuidados sociales y sanitarios para personas en situación de convalecencia en la ciudad de Aranda de Duero.

En contestación a las cuestiones planteadas, se informa que los cuidados sociosanitarios públicos en situaciones de convalecencia se prestan a través de plazas públicas en Unidades de Convalecencia Sociosanitaria (UCSS) ubicadas en centros residenciales de titularidad pública, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y la atención sociosanitaria temporal a personas dadas de alta hospitalaria en Sacyl que requieren este tipo de cuidados de forma temporal. Estos recursos no se configuran como un servicio vinculado a un hospital concreto, sino que están concebidos para dar cobertura a la población de todos los núcleos, tanto urbanos como rurales, de cada provincia, pudiendo, si fuera necesario, prestar servicio con carácter supraprovincial.

Aranda de Duero y su zona de influencia disponen de recursos sanitarios públicos, tanto de Atención Primaria a través de diversos centros de salud como de Atención Hospitalaria en el Hospital Santos Reyes, contando con la construcción de un nuevo Hospital que supondrá un incremento de las prestaciones sanitarias, además del apoyo de los hospitales de referencia de Burgos y del conjunto de la Comunidad de Castilla y León. Así mismo, disponen de las veinte plazas en UCSS, ubicadas en centros de carácter público en el del Área de Salud: diez en la Residencia Mixta de Burgos I “Cortes” y otras diez en el Centro Residencial “María Mardones y Francisco Hurtado”. Estos recursos se complementan con otros dispositivos asistenciales aportados por el tercer sector, mediante el convenio suscrito entre la Gerencia Regional de Salud y la Orden de San Juan de Dios, que permite la integración de su hospital en la red asistencial de utilización pública, para la realización de diversos procedimientos y la derivación de personas en situación de convalecencia que precisan de dichos cuidados.

Además, en el marco del nuevo Protocolo General de Actuación de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, para la gestión de las UCSS en centros residenciales para personas mayores de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales, actualmente en proceso de implementación, se está valorando no solo el incremento y la mejora de las plazas de convalecencia sociosanitaria en los centros ya adscritos al Protocolo, sino también respecto de otros centros residenciales situados en aquellas provincias en las que la demanda de este tipo de recurso aconseje la creación de nuevas plazas.

La creación de una UCSS requiere el cumplimiento de los requisitos de equipamiento y dotación de personal establecidos en el Anexo II de dicho Protocolo General, así como a la obtención de la correspondiente autorización sanitaria de funcionamiento según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, el Decreto 49/2005, de 23 de junio y la Orden SAN/214/2016, de 26 de febrero, por la que se regulan las condiciones y requisitos para la autorización sanitaria de funcionamiento de los servicios sanitarios integrados en los centros de carácter social.

Además, la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, ha requerido acometer una adaptación estructural en la red de centros de la Gerencia de Servicios Sociales, por lo que, en la actualidad, una parte de sus centros residenciales se encuentran inmersos en un proceso de transformación orientado a su adecuación al Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

En todo caso, la puesta en funcionamiento de nuevas UCSS exige el cumplimiento de requisitos imprescindibles, entre ellos resulta esencial la disponibilidad de personal sanitario, cuya actual limitación a nivel nacional condiciona la viabilidad efectiva de estos recursos incluso en centros que, desde el punto de vista estructural, reúnen las condiciones necesarias.

Es este sentido, hay que tener en cuenta que la falta de profesionales sanitarios no es un problema exclusivo de nuestra Comunidad y no es un problema que se pueda resolver unilateralmente desde Castilla y León, sino que estamos ante un verdadero “problema de Estado”, que afecta a todas las comunidades autónomas y cuya solución corresponde al Gobierno de España en ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas.

Valladolid, a 18 de septiembre 2026.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos