4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000233-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar determinadas medidas para ayudar a las familias, autónomos, empresas y sector primario frente al aumento de los costes energéticos, para su tramitación ante el Pleno. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000232 a PNL/000235. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno. ANTECEDENTES La inestabilidad mundial derivada de los conflictos internacionales que afectan a Ucrania y, más recientemente, a Oriente Medio está teniendo un impacto directo en las familias y empresas de Castilla y León. El coste de la vida derivado del aumento del precio de materias primas tan fundamentales para sectores productivos de nuestra Comunidad como son los carburantes o los fertilizantes está teniendo un impacto directo en el bolsillo de todos los castellanos y leoneses. Esta problemática ha de ser abordada con altura de miras por parte de todas las Administraciones competentes a fin de paliar el impacto negativo que esta inestabilidad internacional está teniendo muy especialmente para las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Abordamos un otoño complicado como preludio a un invierno en el que la crisis de precio de los carburantes puede derivar en problemas de subsistencia para muchas familias de nuestra tierra que pueden verse abocadas a no poder encender la calefacción debido al alto coste de materias como el gas, la electricidad o el gasóleo de uso doméstico. La pobreza energética es un mal endémico de nuestra sociedad que hay que combatir protegiendo a las familias más susceptibles de estar en situación de vulnerabilidad. Tampoco podemos obviar la problemática existente en el sector del transporte y de la logística, un sector estratégico para nuestra Comunidad que está soportando los efectos de unos combustibles que, si bien no son los más costosos de nuestro entorno europeo, sí están haciendo saltar las costuras de muchas pequeñas y medianas empresas que se están acostumbrando a carburantes que superan ya los dos euros por litro. Es necesario, en este sentido, impulsar las ayudas directas a este tipo de empresas para que puedan sobrellevar esta crisis de la mejor manera posible en tanto en cuanto se clarifica el horizonte de un contexto internacional enormemente inestable. La movilidad como derecho también se ve afectada de lleno por esta subida de carburantes que afecta a las muchas personas que en Castilla y León dependen de su vehículo particular para poder desplazarse a sus centros de trabajo, centros de estudios o para realizar todo tipo de trámites en una Comunidad enorme en extensión y con una marcada dispersión geográfica. Una verdadera red de transporte público que funcione de forma eficaz y que vertebre nuestros pueblos y ciudades, nuestras áreas metropolitanas y nuestras ciudades podría ser una alternativa que aliviase a muchas familias que ven cómo cada vez cuesta más llegar a final de mes, entre otras cuestiones, por el coste de los carburantes necesarios para su movilidad diaria. La Junta de Castilla y León ha optado por implementar un sistema de gratuidad del transporte público, el Buscyl, que genera situaciones paradójicas que de nada sirven a las economías familiares que podrían ver al transporte público de la Comunidad como una opción que evite la dependencia del vehículo utilitario. Por un lado, la red actual no responde a las necesidades de movilidad de cientos de pueblos que carecen de opción alguna de transporte o que, en caso de tenerla, sufren los efectos de unas líneas con pocas frecuencias y con horarios no adaptados a las necesidades de movilidad de la mayoría de los vecinos. Por otra parte, en las líneas que comunican las grandes ciudades de nuestra Comunidad o en las líneas de transporte metropolitano observamos cómo, a diario, decenas de ciudadanos se quedan en tierra por no poder acceder a sus autobuses tras la implantación de la gratuidad. Una gratuidad que no ha sido bien planificada por parte de la Junta de Castilla y León, incapaz de dar respuesta al aumento de la demanda con el necesario refuerzo de las líneas más demandadas. También se ha hecho eco este Grupo Parlamentario de la situación que se está viviendo en otro sector fundamental para la economía de Castilla y León, el campo, que sufre los efectos del desorbitado aumento de precio no sólo de los carburantes, sino también de otras materias fundamentales para la producción como los fertilizantes. Reiteramos, en este sentido, la demanda de que la Junta de Castilla y León equipare las ayudas procedentes del Gobierno de España hasta los 150 millones de euros puesto que no tendría sentido que en el contexto actual se obvien las necesidades del campo. Familias y empresas requieren, por tanto, de un impulso o de un escudo social eficiente que requiere de la implicación directa de la Junta de Castilla y León. En julio de 2026, en un contexto no tan grave como el que vivimos en la actualidad, el Consejo de Gobierno aprobó un paquete de ayudas dotado de 346 millones de euros destinado a hacer frente a las distintas problemáticas señaladas con anterioridad a través de varias líneas de actuación. A todas luces, dado el devenir de los acontecimientos, esas ayudas se quedan cortas tanto por su cuantía como por su ambición en torno a las cuestiones que se pretenden abordar. Planteamos por ello duplicar ese paquete de medidas de la Junta de Castilla y León para implementar un verdadero escudo social con 700 millones de euros que permitan mantener las líneas aprobadas por la Junta en julio e incluir otras partidas en forma de ayudas directas a empresas que permita hacer frente a la subida de los costes de producción y a las familias que abordan gastos desorbitados para la climatización de sus viviendas ante la proximidad del invierno. Hay que tener en cuenta que la Junta de Castilla y León tiene una mayor capacidad de recaudación derivada, en parte, precisamente del aumento del coste de los carburantes. En la actualidad, el Impuesto sobre Hidrocarburos es recaudado por parte de la Agencia Estatal Tributaria, pero repercute en beneficio directo de las arcas de la Comunidad en un 58 % en el tipo estatal general y en un 100 % en el tipo especial. A nivel nacional durante el pasado año 2025 la recaudación por este impuesto ascendió con respecto al 2024 en un 0,5 %, aumentando en dos puntos el consumo según los datos aportados por la Agencia Tributaria. Ello implica que esa recaudación a mayores tiene un impacto directo en beneficio de la Junta de Castilla y León que puede y debe hacer un esfuerzo para proteger a la ciudadanía y no conformarse con hacer caja. Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Crear un escudo social destinado a que familias, autónomos y empresas de nuestra Comunidad puedan hacer frente a los efectos derivados del aumento del coste de las materias primas generado. Dicho escudo social se añadirá a las medidas ya anunciadas por la Junta de Castilla y León en julio de 2026 y estará dotado, en total, de 700 millones de euros que permitan la creación de nuevas líneas de ayudas en las que tenga especial protagonismo la economía familiar. 2. Establecer líneas de ayuda directas y finalistas destinadas a ayudar a pequeñas y medianas empresas y autónomos a hacer frente al aumento de los costes energéticos, tanto electricidad como carburantes, a fin de facilitar su supervivencia en un contexto de crisis e inestabilidad internacional. 3. Complementar por parte de la Junta de Castilla y León las cuantías destinadas a la financiación del Bono Social Térmico, que gestiona la Administración autonómica con fondos del Gobierno central, para asegurar que los consumidores más vulnerables de nuestra Comunidad tengan garantizado el acceso a la energía que permita calentar sus hogares durante el invierno que está a punto de comenzar. 4. Realizar un verdadero refuerzo de las líneas más demandadas de Buscyl que permita una alternativa colectiva y pública al uso del vehículo individual evitando las imágenes cada vez más comunes de ciudadanos que se quedan en tierra debido a la alta ocupación de autobuses y la nula planificación y anticipación de la Junta de Castilla y León para facilitar el correcto funcionamiento del servicio. 5. Aumentar las ayudas destinadas al sector primario por parte de la Junta de Castilla y León hasta equiparar la cuantía económica aportada por parte del Ministerio de Agricultura". Valladolid, 30 de septiembre de 2026. EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez