4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000235-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España con el fin de que proceda a iniciar los trámites legalmente oportunos para que se derogue la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y presentar, de forma consensuada con las comunidades autónomas y la comunidad educativa, un nuevo proyecto de ley de educación para alcanzar determinados objetivos de calidad de la enseñanza, de garantía de la libertad de enseñanza y del aprendizaje efectivo de los alumnos, para su tramitación ante el Pleno. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000232 a PNL/000235. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno. ANTECEDENTES La Constitución Española consagra el derecho a la educación y reconoce simultáneamente la libertad de enseñanza, configurando un modelo educativo que debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al respeto de los principios democráticos de convivencia. Sobre esta base constitucional se ha construido durante décadas el sistema educativo español, que ha experimentado profundas transformaciones y sucesivas reformas legislativas. La educación requiere acuerdos amplios, una visión a largo plazo y una orientación alejada de planteamientos partidistas. La aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, conocida como LOMLOE, lejos de convertirse en un instrumento de consenso, nació sin el respaldo político, institucional y social que exige una norma llamada a ordenar uno de los pilares esenciales del estado del bienestar. Transcurridos varios años desde su entrada en vigor, resulta posible realizar una valoración sobre sus efectos y sobre la dirección que ha imprimido al sistema educativo español. Dicha valoración debe realizarse con espíritu constructivo, a partir de los resultados obtenidos, de las evidencias disponibles y de las opiniones manifestadas por quienes trabajan diariamente en las aulas. Numerosos expertos en educación han advertido que cualquier sistema educativo que aspire a ofrecer igualdad real de oportunidades debe asegurar, en primer lugar, la adquisición sólida de conocimientos, habilidades y destrezas fundamentales. Sin una base suficientemente robusta resulta extremadamente difícil afrontar con garantías los desafíos formativos que plantea una sociedad cada vez más compleja y tecnificada. Asimismo, diferentes sectores de la comunidad educativa han manifestado su preocupación por el progresivo debilitamiento de la cultura del mérito y del esfuerzo como elementos vertebradores del sistema educativo. En este contexto, uno de los principales debates suscitados por la LOMLOE se refiere al equilibrio entre la adquisición de conocimientos y el desarrollo competencial. A ello se suma la preocupación existente respecto de algunas medidas relacionadas con la promoción de curso, la repetición y la obtención de títulos académicos. La promoción del alumnado debe responder prioritariamente al grado real de adquisición de los aprendizajes previstos y no a criterios que puedan trasladar a los estudiantes la percepción de que el esfuerzo personal y el rendimiento académico tienen una importancia secundaria. La educación necesita una gestión eficaz, pero también requiere que los profesionales dispongan del máximo tiempo posible para desarrollar su función esencial: enseñar, orientar y acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Cuando la burocracia adquiere un protagonismo excesivo se corre el riesgo de desviar esfuerzos que deberían concentrarse en la mejora de los resultados educativos. La formación integral de los estudiantes exige igualmente una adecuada atención a las materias instrumentales básicas. Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias, Historia y Humanidades constituyen elementos esenciales para la construcción del pensamiento crítico y para el desarrollo de ciudadanos libres y responsables. Junto a estas cuestiones pedagógicas, la aplicación de la LOMLOE ha suscitado diferencias significativas en relación con la libertad de enseñanza y la libertad de elección educativa reconocidas en nuestra Constitución. La coexistencia de una red pública educativa fuerte y de una red concertada igualmente comprometida con el servicio público de la educación constituye una de las fortalezas del sistema educativo español. Asimismo, la educación especial, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo requieren un compromiso inequívoco por parte de todas las Administraciones públicas. La inclusión constituye un objetivo compartido, pero debe desarrollarse respetando la voluntad de las familias, garantizando la disponibilidad de recursos suficientes y preservando el valioso papel que desempeñan los centros de educación especial. Por otra parte, la mejora de la educación española pasa necesariamente por dignificar y reforzar la profesión docente. No existe sistema educativo de éxito sin maestros y profesores altamente cualificados, reconocidos socialmente y respaldados por unas condiciones profesionales adecuadas. Castilla y León ofrece en este ámbito un ejemplo especialmente significativo. Desde hace años nuestra Comunidad Autónoma viene obteniendo algunos de los mejores resultados educativos de España y de Europa. Estos logros no son fruto de la casualidad. Especialmente relevante es la experiencia de Castilla y León en el medio rural. Castilla y León ha demostrado que es posible garantizar una educación de calidad incluso en las zonas con menor densidad demográfica, manteniendo abiertas escuelas y unidades con escaso número de alumnos para asegurar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia. Este modelo constituye una referencia que debería inspirar muchas de las políticas educativas nacionales y pone de manifiesto que la cohesión territorial también se construye desde las aulas. Las dificultades que atraviesa actualmente el sistema educativo español exigen una reflexión profunda y valiente. España necesita recuperar una ambición educativa compartida que sitúe el conocimiento, el esfuerzo, la calidad y la excelencia entre las prioridades nacionales. No se trata únicamente de sustituir una ley por otra. Se trata de promover un cambio de orientación que permita construir un sistema educativo más exigente, más eficaz, más estable y mejor preparado para responder a los retos de las próximas décadas. La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la LOMLOE aconseja impulsar un nuevo proceso de reforma educativa de ámbito nacional que permita superar las limitaciones detectadas, recuperar el consenso, reforzar la calidad de la enseñanza, garantizar la libertad educativa y situar nuevamente el aprendizaje efectivo de los alumnos en el centro del sistema. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España con el fin de que proceda a iniciar los trámites legalmente oportunos para que se derogue la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y presentar, de forma consensuada con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa, un nuevo Proyecto de Ley de Educación que garantice la estabilidad del sistema, refuerce los conocimientos básicos, la cultura del esfuerzo y la exigencia académica, prestigie la profesión docente, reduzca la burocracia, asegure la libertad de enseñanza y de elección de las familias, respete el papel complementario de las redes pública y concertada, apoye la educación especial y la escuela rural, y sitúe la calidad, la equidad y la mejora de los resultados educativos como objetivos prioritarios de la política educativa española". Valladolid, 30 de septiembre de 2026. LA PORTAVOZ, Fdo.: Leticia García Sánchez