4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000251-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Francisco Díaz Muñoz, D. Miguel Ángel Luengo Becerro, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Sergio García Herrero, D. Benjamín Fernández Martínez, D. Cristian Delgado Alves y D. Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a tomar medidas urgentes para la resolución de solicitudes pendientes del programa PREE 5000, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Energía. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Francisco Díaz Muñoz, Miguel Ángel Luengo Becerro, Pilar García Colmenero, Sergio García Herrero, Benjamín Fernández Martínez, Cristian Delgado Alves y Luis Briones Martínez, Procuradores y Procuradora pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Medio Ambiente y Energía: ANTECEDENTES El Programa PREE 5000 (Programa para la Rehabilitación Energética para Edificios Existentes en Municipios de Reto Demográfico) permite a la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Energía y Minas, gestionar los Fondos Next Generation dentro de un paquete de medidas diseñado por parte del Gobierno de España para favorecer la transformación de espacios públicos en pequeños municipios a solicitud de los respectivos ayuntamientos y también a posibilitar que particulares puedan acceder a financiación con los mismos fines. La iniciativa, que parte del año 2022, tiene como fin tal y como se señala en la web de la Junta: "fomentar la rehabilitación energética exhaustiva y rentable de edificios en municipios de reto demográfico de Castilla y León, con el fin último de mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario existente para reducir su consumo de energía final e incorporar energías renovables, contribuyendo así activamente a la sostenibilidad ambiental, mediante la reducción del nivel de emisiones de dióxido de carbono, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". Señala la Junta que, de cara a la resolución de las solicitudes, éstas "se atenderán por riguroso orden de presentación, hasta el agotamiento de los fondos". Este Grupo Parlamentario se ha interesado recientemente por la situación en la que se encuentra la ejecución de este Programa tras haber recibido numerosas denuncias procedentes tanto de corporaciones locales de todo signo político y de las nueve provincias de la Comunidad y de particulares ante la enorme tardanza de la Junta a la hora de resolver dichas solicitudes. La propia Junta de Castilla y León ha reconocido, a preguntas formuladas por procuradores y procuradoras socialistas, que de 127 solicitudes presentadas por Ayuntamientos sólo se han resuelto 50 por parte de la Administración autonómica. Si vamos a los datos referentes a las solicitudes realizadas por particulares, las solicitudes se elevan a 969 de las cuales sólo han sido resueltas 359. Estos datos demuestran la incapacidad y la falta de previsión de la Administración competente de la gestión de los fondos a la hora de dar respuestas y seguridad jurídica tanto a las entidades locales como a los particulares que han decidido acogerse a estas ayudas y que en muchos casos han adelantado cantidades económicas muy importantes (pensemos precisamente en municipios de pequeño tamaño a los que va destinada esta línea de los Fondos Next Generation) sin tener la certeza de que van a recibir la cuantía solicitada por el simple hecho de que la Junta no ha sido capaz de resolver el expediente en el periodo de tiempo estipulado. Lo mismo se puede aplicar a los particulares habida cuenta de que dos terceras partes de los solicitantes siguen sin saber nada de la Junta, algo que es aún más sangrante si tenemos en cuenta que muchas de estas solicitudes llevan durmiendo en el cajón desde el año 2022. No estamos ante un caso único puesto que son muchas las denuncias por la tardanza e incapacidad de resolver expedientes administrativos por parte de la Junta en otras líneas de actuación procedentes de los Fondos Europeos, lo que nos hace pensar que nuestra Comunidad, tan necesitada de inversiones, tendrá que devolver ingentes cantidades de dinero al Gobierno de España y, por ende, a las instituciones europeas ante la incapacidad de gestión del Gobierno autonómico. La Junta es plenamente conocedora de este colapso administrativo que se vive en muchos de sus departamentos y que pagan en última instancia tanto las corporaciones locales como los ciudadanos que siguen, a día de hoy, esperando respuestas en forma de una resolución administrativa que clarifique el futuro de inversiones que han sido cuantiosas. No basta con ponerse de perfil y ampararse, como han realizado en las mencionadas respuestas parlamentarias que hemos recibido, en un supuesto "esfuerzo técnico y administrativo" que cientos de personas siguen sin notar. Por lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Tomar toda clase de medidas urgentes destinadas a resolver las cientos de solicitudes pendientes procedentes del programa PREE 5000 que gestiona nuestra Comunidad Autónoma con el fin de acabar con la situación de bloqueo e inseguridad jurídica que a día de hoy sufren tanto entidades locales como particulares que siguen esperando algún tipo de respuesta por parte de la Administración autonómica. Dichas medidas irán destinadas a un verdadero refuerzo de las plantillas encargadas de la tramitación de los mencionados expedientes administrativos, así como a la adquisición y mejora de medios técnicos que puedan agilizar dichas tramitaciones. 2. Comprometer una partida presupuestaria, de cara al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2027, donde se genere crédito que pueda subsanar las cantidades económicas perdidas por ayuntamientos y particulares afectados por la no resolución a tiempo de los correspondientes expedientes administrativos". Valladolid, 15 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORA, Fdo.: Francisco Díaz Muñoz, Miguel Ángel Luengo Becerro, María del Pilar García Colmenero, Sergio García Herrero, Benjamín Fernández Martínez, Cristian Delgado Alves y Luis Briones Martínez EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez