4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000259-01 Proposición no de ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Dorreis Alonso, Dña. Marta Alegría Martínez y Dña. María Luisa Calvo Enríquez, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a fin de suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que se acredite su eficacia, garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue a permanecer dentro del vehículo, práctica desaconsejada, e impulsar ayudas para la mejora del parque automovilístico de España, para su tramitación ante la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Laura Dorreis Alonso, Marta Alegría Martínez y María Luisa Calvo Enríquez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formulan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate y votación ante la Comisión de Movilidad, Transformación digital e Inteligencia Artificial. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La reciente aprobación del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio de 2026, con entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, ha consumado la transición obligatoria hacia un modelo de movilidad que supone la imposición de nuevas e injustificadas cargas a los españoles. La nueva normativa que afecta a la baliza V16 impone una carga injustificada a los españoles sin que haya quedado demostrada de manera independiente y en base a criterios técnicos la eficacia de esta herramienta frente a los triángulos de emergencia, lo que, unido a la ausencia de información clara, genera un marco de inseguridad y confusión sobre el alcance de la medida y sus plazos de aplicación. La Dirección General de Tráfico, mediante Instrucción MOV/SANC 2026/23, ha ordenado a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificar la vigilancia y sancionar obligatoriamente, con multas de hasta 200 euros, a los conductores que no utilicen la baliza V16 conectada en caso de inmovilización o accidente. La nueva orden señala expresamente que encender las luces de emergencia del vehículo no sustituye al dispositivo reglamentario. El texto establece que, ante una avería o accidente que obligue a detener el vehículo, el uso de la baliza V16 es preceptivo para advertir del peligro mientras se despeja la vía. De esta manera, la Dirección General de Tráfico traslada una orden de máxima rigidez y aclara que la recomendación del uso de la baliza ha sido sustituida por la sanción. Por otro lado, recuerda que las multas se pueden imponer también por no llevar la baliza en el vehículo, considerándola parte de la dotación obligatoria de turismos y vehículos mixtos. Esto permitiría a los agentes ampliar los motivos de denuncia de conductores que no dispongan del dispositivo, el cual todavía tiene un nivel de implantación reducido en el territorio nacional. Además, tras la publicación de la Instrucción de la Dirección General de Tráfico de fecha 24 de enero de 2025, se establece una exención para los vehículos matriculados en el extranjero y que se encuentren en España en situación de «circulación internacional», a quienes sí se permite la utilización en exclusiva de los triángulos de preseñalización de peligro o, según señala la Instrucción, «de cualquier otro dispositivo de análoga funcionalidad implementado en la normativa del país de origen». Estas decisiones del Gobierno Nacional suponen un ataque directo a las familias españolas, a las que se asesta un nuevo golpe en forma de cargas y obligaciones adicionales injustificadas. Con la aplicación inflexible de la nueva normativa, los españoles se exponen ahora a ser severamente sancionados con multas de entre 80 y 200 euros si incumplen la norma. A ello se suma una alarmante indefensión provocada por la ineficiente política comunicativa del Gobierno: ante la falta de claridad institucional, muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V-16 más baratas, pero no homologadas por la DGT, exponiéndose de forma involuntaria a ser igualmente multados a pesar de su buena fe por cumplir la ley. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la imposición de la baliza V-16 carece de una justificación sólida. Por un lado, el dispositivo presenta limitaciones relevantes de eficacia que no han sido suficientemente acreditadas mediante estudios independientes, informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico. Se ha obligado a su compra sin demostrar fehacientemente que el sistema funcione en la diversidad de las carreteras españolas. Por otro lado, no se han publicado estudios concluyentes sobre el rendimiento lumínico de la baliza en condiciones meteorológicas extremas como lluvia intensa, niebla densa, nieve o polvo en suspensión. Por el contrario, los triángulos de emergencia -ahora desterrados por el Gobierno- garantizaban una eficacia física incuestionable: permitían advertir la presencia de un vehículo averiado con una antelación mínima de 100 metros incluso en las peores condiciones climáticas, facilitando a los conductores una distancia y un tiempo de reacción adecuados para reducir la velocidad y evitar el impacto. Por último, además de depender de una cobertura móvil que brilla por su ausencia en amplias zonas de la España rural, el diseño de la baliza resulta inservible en vehículos industriales de gran tonelaje, donde la propia caja o furgón del vehículo oculta por completo su visibilidad desde el exterior. Ante este escenario, resulta evidente la necesaria implicación del Gobierno para la adopción de medidas de Seguridad Vial verdaderamente eficaces. La verdadera seguridad vial no se consigue imponiendo prácticas desaconsejadas por los protocolos de seguridad en carretera ni mediante la compra de dispositivos tecnológicos privados a costa del bolsillo del ciudadano, sino mediante una inversión pública decidida que modernice la red viaria nacional, despliegue una infraestructura de conectividad pública real y garantice carreteras seguras y correctamente digitalizadas para todos. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación, conforme a los trámites legalmente oportunos, proceda a: 1- Con el fin de no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas, suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial. Asimismo, continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera. 2- Garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera. 3- Impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción -combustión, híbridas y eléctricas- sin imposiciones ideológicas. En Valladolid, a 14 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES, Fdo.: Laura Dorreis Alonso, Marta Alegría Martínez y María Luisa Calvo Enríquez EL PORTAVOZ, Fdo.: David Hierro Santos