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<BOCCL URLVisorBoletin="https://www.ccyl.es/RecursosInformacion/BoletinOficial?numero=43&amp;RutaFichero=BOCCL1200043A&amp;fecha=08/10/2026" SIRDOCRef="BOCCL12L00043" FechaPublicacion="08/10/2026" NumeroPublicacion="43" SeriePublicacion="BOCCL" Legislatura="12"> <Entrada PDF="BOCCL1200043/BOCCL-12-001553.pdf" CVE="BOCCL-12-001553" Referencia="PNL/000270-01" OrdenEntrada="50" Pagina="4089-4091" Tramite="Presentación" CodigoTramite="PUBLI" SerieIniciativa="1" NumeroExpediente="270" CodigoIniciativa="PNL" Legislatura="12" NumeroDocumento="1553"> <Apartado ApartadoNumero="4">4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno</Apartado> <SubApartado SubApartadoNumero="470">470. Proposiciones No de Ley</SubApartado> <ReferenciaEntrada>PNL/000270-01</ReferenciaEntrada> <Sumario>Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Javier García Martín, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. María Isabel Fernández Rodríguez, Dña. Aída Estrella Paredes García, D. Sergio García Herrero y Dña. Paloma Ramírez Calle, instando a la Junta de Castilla y León a diversas cuestiones relacionadas con la aprobación e implantación de un plan autonómico de regulación y limitación del uso de pantallas y dispositivos electrónicos en los centros educativos de Castilla y León, para su tramitación ante la Comisión de Educación.</Sumario> <Resolucion> <TituloPresidencia>PRESIDENCIA</TituloPresidencia> <TextoResolucion>La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309.</TextoResolucion> <TextoResolucion>De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.</TextoResolucion> <TextoResolucion>Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.</TextoResolucion> <TextoResolucion>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.</TextoResolucion> <TextoResolucion>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026.</TextoResolucion> <FirmaSecretariaResolucion>El Secretario de las Cortes de Castilla y León,</FirmaSecretariaResolucion> <FdoSecretariaResolucion>Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz</FdoSecretariaResolucion> <FirmaPresidentaResolucion>El Presidente de las Cortes de Castilla y León,</FirmaPresidentaResolucion> <FdoPresidentaResolucion>Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero</FdoPresidentaResolucion> </Resolucion> <Texto> <TituloAlaMesa>A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN</TituloAlaMesa> <TextoCuerpo>Javier García Martín, Diego Vallejo Martínez, María Isabel Fernández Rodríguez, Aída Estrella Paredes García, Sergio García Herrero y Paloma Ramírez Calle, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>El avance continuo de la digitalización en la sociedad y en el ámbito educativo exige un equilibrio riguroso entre la adquisición de competencias digitales y la protección integral de la salud física, mental y cognitiva del alumnado. La evidencia científica acumulada viene advirtiendo de que una exposición temprana o intensiva a dispositivos electrónicos y pantallas acarrea riesgos severos como la adicción tecnológica, el sedentarismo, la alteración de los patrones del sueño, la reducción del contacto social directo o problemas de concentración que inciden de forma directa en un menor rendimiento académico.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Ante este escenario, la propia sociedad civil e instituciones de la Comunidad han exigido una respuesta pública coordinada. En su Informe Anual 2025, el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) subrayó explícitamente la responsabilidad ineludible de las Administraciones Públicas en la adopción de medidas específicas para proteger a los menores frente a los riesgos de la hiperconectividad. El CESCYL recomienda la implantación de una educación digital crítica orientada a capacitar al alumnado para un uso consciente y responsable, reforzando su capacidad de resistencia frente a dinámicas de dependencia, manipulación informativa o comercialización de datos personales.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>En la misma línea de exigencia institucional, el Procurador del Común formalizó en julio de 2025 (Expediente 1079/2025) una firme resolución instando a la Consejería de Educación a diseñar un plan de ámbito autonómico para limitar y regular el tiempo de exposición a las pantallas en las aulas castellanas y leonesas. La institución autonómica dejó meridianamente claro que basar la solución en la mera autonomía pedagógica de cada centro o remitirse al Decreto 51/2007 -norma obsoleta redactada antes de la eclosión de los dispositivos inteligentes- resulta del todo insuficiente. El Procurador remarcó que la Administración autonómica debe fijar criterios pedagógicos generales y homogéneos, alineados con las pautas de tiempo de exposición que recomienda la Asociación Española de Pediatría.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Atendiendo a este reclamo, las Cortes de Castilla y León aprobaron en octubre de 2025 el punto cuarto de la Moción M/000113, presentada por este Grupo Parlamentario Socialista, por el que se exigía a la Junta de Castilla y León dar cumplimiento íntegro a la propuesta del Procurador del Común antes de finalizar el año 2025. Sin embargo, a pesar del claro mandato emanado de la soberanía popular autonómica la Junta de Castilla y León ha dejado transcurrir los plazos fijados sin elaborar la normativa autonómica obligatoria ni dictar las medidas comunes marco para los colegios e institutos de nuestra Comunidad.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Esta inacción se ha visto respaldada por una preocupante elusión de responsabilidades por parte de la Consejería de Educación. Tras publicarse los resultados de evaluación educativa PISA, la propia Consejera reconoció públicamente que el uso abusivo de dispositivos digitales vinculados al ocio mermaba el rendimiento de los estudiantes.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Sin embargo, en lugar de actuar sobre el espacio competencial escolar que le es propio, estableciendo un marco normativo unificado para los centros, la Consejera limitó su respuesta a pedir a las familias que sean ellas las que controlen el uso de la tecnología. Detectar la existencia de un problema en el sistema educativo y no fijar medidas reguladoras desde la Administración autonómica para resolverlo supone una dejación de funciones inasumible; la Consejería no puede derivar en exclusiva la responsabilidad a las familias ni atomizarla entre centros, sino que debe ejercer un liderazgo regulador con directrices claras, comunes y vinculantes para todo el sistema educativo de Castilla y León.</TextoCuerpo> <TextoCuerpo>Por todo ello, se formula la siguiente</TextoCuerpo> <TituloCentradoNegrita>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TituloCentradoNegrita> <NormalResaltado>&quot;Las Cortes de Castilla y León instan la Junta de Castilla y León a:</NormalResaltado> <NormalResaltado>1.	Aprobar e implantar de forma inmediata, antes de la finalización del presente trimestre escolar, un Plan Autonómico de Regulación y Limitación del Uso de Pantallas y Dispositivos Electrónicos en los Centros Educativos de Castilla y León, que establezca medidas claras, vinculantes y homogéneas para todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, superando la dispersión basada en la mera autonomía de centro.</NormalResaltado> <NormalResaltado>2.	Incorporar en dicho Plan los criterios pedagógicos y científicos de salud infantil y juvenil, tomando como referencia las recomendaciones horarias de exposición a pantallas fijadas por la Asociación Española de Pediatría, restringiendo y limitando el uso de dispositivos digitales según el nivel formativo (Educación Infantil, Primaria y Secundaria).</NormalResaltado> <NormalResaltado>3.	Dar cumplimiento íntegro y efectivo a las recomendaciones del Informe Anual 2025 del Consejo Económico y Social (CESCYL), promoviendo una educación digital crítica y garantizando entornos escolares que prevengan la adicción tecnológica, el ciberacoso y la manipulación de datos en el alumnado&quot;.</NormalResaltado> <LineaFecha>Valladolid, 18 de septiembre de 2026.</LineaFecha> <FirmaIniciativa>LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,</FirmaIniciativa> <FdoIniciativa>Fdo.:	Javier García Martín, Diego Vallejo Martínez, María Isabel Fernández Rodríguez, Aída Estrella Paredes García, Sergio García Herrero y Paloma Ramírez Calle</FdoIniciativa> <FirmaIniciativa>EL PORTAVOZ,</FirmaIniciativa> <FdoIniciativa>Fdo.:	Carlos Martínez Mínguez</FdoIniciativa></Texto></Entrada></BOCCL>
