4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000278-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, a diversas cuestiones relacionadas con las necesidades de personal de las distintas plantillas de la Policía Nacional en Castilla y León, adoptando medidas necesarias para garantizar el desarrollo de sus tareas de forma adecuada, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate y votación ante la Comisión de Presidencia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Policía Nacional desarrolla en Castilla y León funciones esenciales para la protección de la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de los derechos y libertades. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía Nacional forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y depende del Ministerio del Interior, correspondiendo a dicho departamento la administración general de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La prestación de estos servicios presenta en Castilla y León unas características específicas derivadas de la extensión territorial, la dispersión de la población, la diversidad de las necesidades existentes entre capitales y comisarías locales y las particulares condiciones climatológicas que se registran durante los meses de invierno. Para garantizar una adecuada prestación del servicio resulta necesario que las distintas unidades policiales dispongan tanto de una dotación suficiente de efectivos como de los medios materiales adecuados a las funciones que tienen encomendadas. Esta necesidad adquiere especial importancia en aquellas unidades que prestan servicio permanente de seguridad ciudadana, atención directa al ciudadano o actividad operativa en la vía pública. En este sentido, resulta necesario adecuar las plantillas y los puestos de trabajo a la actual organización de los servicios policiales y a las necesidades existentes en cada demarcación. Esta necesidad resulta especialmente relevante en las unidades dedicadas a Seguridad Ciudadana y al servicio 091, así como en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano y en otras unidades operativas, cuya actividad exige garantizar una cobertura suficiente y continuada. Del mismo modo, resulta conveniente revisar periódicamente la adecuación del Catálogo de Puestos de Trabajo a las necesidades reales del servicio, a la evolución de las cargas de trabajo y a los sistemas de organización y turnos utilizados en las distintas dependencias policiales. Una correcta planificación de los recursos humanos debe permitir que las plantillas respondan a las necesidades reales de cada demarcación, evitando que una dotación insuficiente pueda repercutir en la cobertura de los servicios ordinarios, en la capacidad de respuesta ante incidencias o en las condiciones de trabajo de los propios funcionarios. Junto a los recursos humanos, resulta igualmente necesario garantizar que los agentes dispongan de medios materiales adaptados a las circunstancias en las que prestan servicio. El Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, reconoce expresamente el derecho de los funcionarios de la Policía Nacional a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral y establece que la Administración del Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de su actividad profesional. Asimismo, establece la evaluación de riesgos laborales como uno de los instrumentos esenciales de la actividad preventiva. Entre las circunstancias propias de la actividad policial desarrollada en la vía pública se encuentra la exposición a condiciones atmosféricas adversas. Esta cuestión adquiere especial relevancia en Castilla y León durante los meses de invierno, en los que las bajas temperaturas pueden afectar particularmente a aquellos funcionarios cuya actividad exige una permanencia prolongada a la intemperie. Por ello, resulta necesario que los funcionarios que prestan servicio uniformado en estas condiciones dispongan de prendas adecuadas para la protección frente al frío, la lluvia y las restantes condiciones meteorológicas adversas, de conformidad con las exigencias de seguridad y salud laboral aplicables. La adecuación de la uniformidad y del equipamiento a las condiciones climatológicas en las que se desarrolla el servicio constituye, por tanto, un elemento directamente relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los funcionarios y con las condiciones en las que desempeñan sus funciones. Por tanto, resulta conveniente avanzar en la adecuación de la uniformidad policial a las bajas temperaturas que se registran durante determinados periodos del año, especialmente para aquellos funcionarios cuya actividad exige una permanencia prolongada en la vía pública. La mejora de las plantillas y la adecuación del equipamiento constituyen, por tanto, ámbitos complementarios para favorecer una prestación eficaz del servicio policial y unas condiciones adecuadas para los funcionarios destinados en Castilla y León. Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España, para que, a través del Ministerio del Interior, proceda a: 1. Realizar una evaluación actualizada de las necesidades de personal de las distintas plantillas de la Policía Nacional en Castilla y León, atendiendo al volumen y características de los servicios prestados, los sistemas de turnos, la organización actual de las unidades y las particularidades territoriales de cada demarcación. 2. Revisar y, en su caso, actualizar el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional en Castilla y León, con el objetivo de adecuarlo a las necesidades operativas actuales y garantizar una cobertura suficiente de los distintos servicios. 3. Prestar especial atención en dicha planificación a las unidades que desarrollan servicios permanentes de Seguridad Ciudadana y atención directa al ciudadano, particularmente los Grupos de Atención al Ciudadano vinculados al 091 y las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, sin perjuicio de las necesidades existentes en el resto de las unidades policiales. 4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios de la Policía Nacional destinados en Castilla y León que desarrollan de forma habitual su actividad en la vía pública dispongan de los recursos materiales necesarios para el ejercicio efectivo de su labor, y, especialmente, de prendas de uniformidad adecuadas a las bajas temperaturas y demás condiciones meteorológicas adversas, de conformidad con las evaluaciones de riesgos laborales correspondientes. 5. Impulsar, a través de los órganos competentes en materia de prevención de riesgos laborales y vestuario y equipamiento policial, la valoración, adquisición y distribución de prendas de uniformidad térmica y de aquellos elementos de protección frente al frío que resulten adecuados para el desempeño de las funciones policiales. 6. Revisar periódicamente la adecuación del vestuario y del equipamiento policial a las condiciones climatológicas propias de los diferentes destinos, incorporando las medidas preventivas que resulten necesarias conforme a las evaluaciones de riesgos laborales. En Valladolid, a 21 de septiembre de 2026. EL PORTAVOZ, Fdo.: David Hierro Santos