4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000280-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a fin de que se realicen diversas propuestas en la reforma del sistema de financiación autonómica, incorporando al mismo de forma efectiva el reto demográfico como un elemento esencial, para su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia. ANTECEDENTES La financiación autonómica constituye uno de los principales instrumentos para garantizar que todos los españoles puedan acceder a unos servicios públicos de calidad con independencia del territorio en el que residan. Su reforma debe responder, por lo tanto, a las necesidades reales de las Comunidades Autónomas y, particularmente, al coste que supone prestar los servicios fundamentales que tienen encomendados. El modelo vigente lleva años pendiente de actualización. Su sustitución supone una oportunidad para corregir desequilibrios que afectan especialmente a las Comunidades caracterizadas por una gran extensión territorial, una población dispersa, una elevada presencia del medio rural y una estructura demográfica envejecida. Castilla y León reúne de forma particularmente notable estas circunstancias. La Comunidad representa aproximadamente una quinta parte de la superficie española y cuenta con miles de núcleos de población distribuidos por un territorio muy extenso. Esta realidad condiciona necesariamente la organización y el coste de los servicios públicos. Garantizar la asistencia sanitaria, la educación, la atención a las personas mayores, los servicios sociales o el transporte en territorios de tan baja densidad de población exige mantener infraestructuras, profesionales y recursos que no pueden dimensionarse exclusivamente en función del número de habitantes. Un sistema que atienda fundamentalmente al volumen de población, sin valorar suficientemente sus peculiaridades, dónde reside esa población y qué recursos son necesarios para atenderla, introduce un desequilibrio en perjuicio de los territorios más extensos y despoblados. La despoblación no debe contemplarse únicamente como una consecuencia de la evolución demográfica. También está relacionada con las posibilidades reales de mantener servicios, actividad y oportunidades en el territorio. Una financiación insuficientemente adaptada a las características del medio rural puede contribuir a ampliar las diferencias entre las áreas urbanas y aquellas zonas en las que resulta más complejo y costoso garantizar servicios equivalentes. Por ello, la reforma del sistema de financiación debe incorporar una verdadera perspectiva territorial. La población determina una parte esencial de las necesidades de gasto, pero la extensión, la dispersión y la estructura demográfica condicionan decisivamente el coste necesario para atenderlas. El Gobierno de España ha presentado en 2026 una propuesta para modificar el sistema de financiación autonómica. Aunque contempla variables vinculadas a las características territoriales y demográficas, su configuración resulta insuficiente para reflejar adecuadamente la realidad de comunidades como Castilla y León. La Junta ha advertido de que los recursos adicionales atribuidos a la Comunidad no guardan una proporción adecuada con sus características territoriales y con las necesidades derivadas de la prestación de los servicios públicos. Esta posición cobra especial relevancia ante la negociación del sistema. La documentación remitida por el Gobierno no ha modificado sustancialmente los elementos que Castilla y León considera perjudiciales, y la Junta ha reclamado que la negociación se replantee con participación efectiva del conjunto de las Comunidades Autónomas. La defensa de estas variables responde además a una posición mantenida en el tiempo por Castilla y León y compartida por otras Comunidades con problemas semejantes. También en el ámbito nacional se ha defendido que la reforma considere el coste efectivo de los servicios y circunstancias como el envejecimiento y la dispersión territorial. La cohesión territorial exige que vivir en un pequeño municipio no implique disponer de servicios públicos de menor calidad. Garantizar esa igualdad requiere reconocer que prestar determinados servicios a poblaciones reducidas y dispersas puede exigir mayores recursos por habitante que hacerlo en territorios densamente poblados. La reforma de la financiación autonómica debe servir, por lo tanto, para avanzar hacia un modelo que combine suficiencia financiera, solidaridad, igualdad y cohesión territorial. Un modelo que determine las necesidades de gasto mediante criterios objetivos, y que permita que las comunidades autónomas afronten en condiciones adecuadas las competencias que tienen atribuidas. Asimismo, una reforma de esta trascendencia debe acordarse desde la multilateralidad y atendiendo al interés general, sin que las necesidades financieras del conjunto de las Comunidades queden condicionadas por acuerdos particulares derivados de intereses políticos ajenos a las necesidades objetivas de prestación de los servicios públicos. Es inadmisible que necesidades de esta naturaleza queden relegadas por un modelo de financiación privilegiada y singular para Cataluña, cuyo fin último es el de satisfacer prioridades políticas coyunturales en detrimento de la igualdad y la cohesión territorial. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que, ante la reforma del sistema de financiación autonómica: 1. Incorpore de forma efectiva el reto demográfico como un elemento esencial del nuevo sistema de financiación autonómica, garantizando que el cálculo de las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas no atienda exclusivamente al número de habitantes, sino también al coste real y efectivo de prestación de los servicios públicos fundamentales en cada territorio. 2. El establecimiento, dentro del propio sistema de financiación autonómica, de un mecanismo estable y suficiente de financiación vinculado al reto demográfico, basado en criterios objetivos, transparentes y evaluables, que permita compensar estructuralmente las mayores necesidades de gasto de los territorios afectados por la despoblación y evite que la pérdida de habitantes se traduzca automáticamente en una reducción de recursos que dificulte el mantenimiento de los servicios públicos. 3. Refuerce de manera sustancial la consideración de las variables vinculadas al reto demográfico, de forma que la extensión territorial, la dispersión de la población, la baja densidad, el envejecimiento y los costes estructurales asociados a la prestación de servicios tengan una incidencia efectiva y suficiente en la distribución de los recursos. 4. Garantice un modelo suficiente, equitativo y solidario que permita a todas las Comunidades Autónomas prestar los servicios públicos fundamentales en condiciones de calidad equivalentes, tomando como referencia las necesidades reales de gasto y el coste efectivo de su prestación". Valladolid, 22 de septiembre de 2026. LA PORTAVOZ, Fdo.: Leticia García Sánchez