4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000289-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, D. Sergio García Herrero y Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas acciones para no perjudicar económicamente la movilidad en Madrid de los ciudadanos de Castilla y León que estudian, trabajan o se desplazan habitualmente a Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Diego Vallejo Martínez, Laura Pelegrina Cortijo, Patricia Gómez Urbán, Pedro González Reglero, Sergio García Herrero y Ana Isabel Casado Ridruejo, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: ANTECEDENTES La movilidad entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid constituye una realidad cotidiana para miles de ciudadanos de nuestra Comunidad. Estudiantes universitarios, jóvenes que comienzan su vida laboral, trabajadores que se desplazan diariamente y personas que acuden a centros sanitarios o realizan gestiones profesionales dependen del transporte público para mantener su actividad sin abandonar definitivamente sus municipios de origen. Esta realidad resulta especialmente evidente en provincias como Valladolid, Segovia y Ávila, pero afecta al conjunto de Castilla y León. Las conexiones ferroviarias han permitido durante años acercar ambos territorios y facilitar que muchos castellanos y leoneses puedan estudiar o trabajar en Madrid manteniendo sus vínculos personales, familiares y residenciales con nuestra Comunidad. El impulso desde hace años del Gobierno de España fomentando los desplazamientos en tren ha facilitado que cada año aumenten los casos de ciudadanos que se desplazan todos los días en tren a Madrid tanto a estudiar como a trabajar. Sin embargo, la decisión unilateral adoptada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de exigir el empadronamiento para acceder a determinados títulos personales y bonificaciones del transporte público madrileño introduce una importante barrera económica para quienes, aun utilizando cotidianamente dicha red, mantienen legítimamente su residencia en Castilla y León. La medida comenzó a aplicarse en junio de 2026 y afecta particularmente a estudiantes y jóvenes desplazados a Madrid. Las consecuencias económicas pueden ser devastadoras para muchos jóvenes, por ejemplo, un estudiante menor de 26 años que anteriormente podía afrontar nueve meses de transporte por 90 euros puede llegar a soportar un gasto de 525,60 euros cuando necesita realizar cuatro desplazamientos diarios, especialmente en trayectos que requieren combinar diferentes medios de transporte. Esta situación perjudica especialmente a los jóvenes. A los elevados costes que ya supone desplazarse para continuar sus estudios o acceder a su primer empleo se añade ahora una penalización vinculada al lugar de empadronamiento. No parece razonable obligar a un joven castellano y leonés a elegir entre pagar más por desplazarse o dejar de estar empadronado en su municipio de origen para acceder a un transporte público asequible. Además, la propia Comunidad de Madrid ha reconocido la posibilidad de establecer convenios con otras comunidades autónomas y existen ya situaciones específicas de colaboración territorial, pero no basta con municipios concretos, de nuevo la Junta debe ser ambiciosa y ponerse a trabajar por los jóvenes de Castilla y León si no quiere ser cómplice de una nueva fuga de talento. Por tanto, existe un instrumento para ofrecer una solución. Lo que se necesita es voluntad política y una Junta de Castilla y León que defienda activamente los intereses de sus ciudadanos. Resulta especialmente preocupante que, mientras jóvenes castellanos y leoneses ven incrementado el coste de estudiar o trabajar fuera de nuestra Comunidad, la respuesta no sea una actuación inmediata y contundente para protegerlos. Castilla y León no puede resignarse a contemplar cómo sus jóvenes encuentran una dificultad añadida precisamente cuando intentan formarse, acceder a un empleo y construir su proyecto de vida. Defender Castilla y León también significa defender a quienes viven aquí, aunque estudien o trabajen fuera. La Junta no puede permanecer pasiva ante una decisión de otra Comunidad Autónoma cuando esta repercute directamente sobre la economía, la movilidad y las oportunidades de miles de castellanos y leoneses. Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Exigir a la Comunidad de Madrid la eliminación del requisito de empadronamiento para que los castellanos y leoneses que estudien, trabajen o se desplacen habitualmente a Madrid puedan acceder a los abonos y bonificaciones del transporte público en igualdad de condiciones que los residentes madrileños. 2. Negociar y formalizar, en un plazo máximo de tres meses, un convenio con la Comunidad de Madrid que garantice dichas condiciones a estudiantes, trabajadores y usuarios recurrentes residentes en Castilla y León. 3. Habilitar de manera inmediata un mecanismo de información y atención a los afectados, que permita además conocer cuántos castellanos y leoneses están sufriendo esta situación y su impacto económico. 4. Defender institucionalmente ante la Comunidad de Madrid los derechos de los afectados y comparecer ante las Cortes de Castilla y León, en un plazo máximo de tres meses, para informar de las negociaciones y medidas adoptadas". Valladolid, 24 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS, Fdo.: Diego Vallejo Martínez, Laura Pelegrina Cortijo, Patricia Gómez Urbán, Pedro Luis González Reglero, Sergio García Herrero y Ana Isabel Casado Ridruejo EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez