4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000290-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Noelia Merino Hernández, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, Dña. Esther Pérez Pérez y D. Javier García Martín, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas acciones para hacer efectiva la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, para su tramitación ante la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Laura Pelegrina Cortijo, Noelia Merino Hernández, Diego Vallejo Martínez, Ana Isabel Casado Ridruejo, Esther Pérez Pérez y Javier García Martín, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: ANTECEDENTES El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, supuso un avance normativo esencial. Esta legislación determina que los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general interurbanos deben reunir, en todas sus expediciones, condiciones de accesibilidad universal, incluyendo la reserva de plazas específicas cercanas a los accesos. En su apartado 3, especifica que en los servicios cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de una comunidad autónoma y dispongan de 10 o más vehículos adscritos, el 10 % de estos, como mínimo, deberá cumplir estos requisitos, porcentaje que se eleva al 20 % en el caso de Castilla y León, tal y como recoge el Decreto-Ley 2/2009, de 5 de noviembre, para garantizar la estabilidad del sistema concesional de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León. La propia Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, establece entre sus principios básicos la satisfacción de las necesidades de movilidad con especial atención a las personas con discapacidad y movilidad reducida, garantizando la igualdad de acceso a los servicios en la totalidad del territorio autonómico, así como el fomento de la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas. Sin embargo, casi dos décadas después de su aprobación, la realidad del servicio constata una brecha estructural. Muchas empresas concesionarias limitan su actuación al estricto cumplimiento del porcentaje mínimo de flota accesible que contempla la ley, sin atender a la distribución lógica de la misma no garantizando la accesibilidad efectiva del servicio. Esto provoca que con frecuencia operen autobuses adaptados en rutas sin usuarios con movilidad reducida (PMR), mientras que las líneas con una alta demanda real carecen de plazas accesibles en la totalidad de sus expediciones. La igualdad de oportunidades y la no discriminación no pueden depender de un mero cupo estadístico. Es imperativo transitar desde un modelo de mínimos legales hacia un modelo de gestión dinámica centrado en la demanda real de la ciudadanía, vinculando contractualmente la asignación de la flota accesible a las necesidades acreditadas de los usuarios. El Procurador del Común de Castilla y León inició una actuación de oficio con motivo de la implantación progresiva de la gratuidad mediante la tarjeta Buscyl ante la posible falta de accesibilidad de algunos vehículos destinados al transporte público regular por carretera de Castilla y León, circunstancia que suscitaba dudas acerca de la posibilidad de que el beneficio derivado de la gratuidad pudiera ser disfrutado en condiciones de igualdad por el conjunto de la población. La resolución del Procurador del Común mencionaba expresamente que "el cumplimiento de un porcentaje determinado de vehículos accesibles dentro de una flota, aun siendo exigible, no garantiza por sí solo la accesibilidad efectiva del servicio. Una flota puede cumplir formalmente el porcentaje establecido y, sin embargo, resultar materialmente inutilizable para una persona usuaria de silla de ruedas si los vehículos adaptados se concentran en determinados trayectos, si no realizan expediciones en una concreta relación de tráfico, si la persona desconoce qué servicios se prestan mediante ellos o si, ante una sustitución o incidencia, el autobús accesible es reemplazado por otro que no permite el embarque. En estos supuestos la accesibilidad existiría únicamente en términos estadísticos, pero no como una verdadera posibilidad de utilización del servicio". Igualmente incidía el Procurador del Común que: "desde el momento en que la gratuidad implantada mediante Buscyl pretende extender a la ciudadanía un beneficio público de carácter general eliminando la barrera económica que representa el precio del billete, que es un avance relevante, esa universalización económica del acceso al transporte debe ir acompañada de su accesibilidad funcional. La igualdad real no queda satisfecha porque exista formalmente el mismo título de transporte gratuito para todas las personas. Exige que el servicio asociado a dicho título pueda ser utilizado de manera efectiva y en condiciones equivalentes". La propia Administración autonómica, en respuesta a las solicitudes de información del Procurador del Común, hacía una mención explícita relativa a la demora de los nuevos procedimientos de licitación y a la continuidad de los actuales contratistas al amparo del artículo 288.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Este hecho apuntaba que no justifica posponer hasta la adjudicación de los nuevos contratos la adopción de medidas destinadas a garantizar la accesibilidad real del servicio. La prolongación transitoria de unas concesiones no puede convertirse, por tanto, en un período indeterminado durante el cual quede diferida la consecución de los objetivos de igualdad y accesibilidad que ya impone el ordenamiento vigente, tal y como recoge la resolución. Incidía el Procurador del Común en su exposición "que la accesibilidad universal no puede quedar condicionada exclusivamente a la futura renovación de unas concesiones y mientras continúe vigente el actual sistema de prestación deben asegurarse, dentro del marco jurídico y contractual existente, unas condiciones de organización, información y utilización que permitan a las personas con discapacidad o movilidad reducida acceder efectivamente al transporte público en todo el territorio de Castilla y León". Por todo lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Realizar y mantener una comprobación individualizada de las condiciones de accesibilidad de los vehículos adscritos a cada uno de los contratos de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de titularidad o gestión autonómica, identificando los vehículos accesibles, sus elementos de adaptación y las rutas y expediciones en las que efectivamente prestan servicio, a fin de verificar tanto el cumplimiento de las condiciones básicas establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, y en la normativa autonómica de accesibilidad, como el porcentaje de flota adaptada asumido conforme al Decreto-ley 2/2009, de 5 de noviembre, adoptando las medidas de requerimiento o corrección que procedan cuando se detecten incumplimientos o carencias. 2. Mientras continúe vigente el actual sistema concesional, adoptar las medidas organizativas necesarias para que la existencia de vehículos adaptados se traduzca en una oferta de transporte efectivamente utilizable por las personas con discapacidad o movilidad reducida, mediante una distribución adecuada de estos vehículos entre las diferentes rutas y expediciones, la programación y publicidad de servicios accesibles con una frecuencia suficiente y, cuando resulte necesario, la disponibilidad de mecanismos sencillos que permitan solicitar con antelación razonable la adscripción de un vehículo accesible a una determinada expedición, estableciendo asimismo protocolos de sustitución que eviten que averías, cambios de vehículo u otras incidencias priven de accesibilidad a un viaje previamente previsto como tal. 3. Que la información relativa a las condiciones de accesibilidad de cada ruta y expedición se encuentre disponible de manera clara, actualizada y accesible a través de los canales de información y reserva utilizados por el sistema de transporte público de Castilla y León, de forma que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan conocer con carácter previo y con suficiente certeza las posibilidades reales de utilización del servicio. 4. Que en los procedimientos de contratación correspondientes al nuevo Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León se materialice el compromiso manifestado por esa Administración de exigir que el 100 % de los vehículos de las flotas sean accesibles, incorporando tal exigencia como condición técnica vinculante y extendiendo los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas al conjunto de la prestación (vehículos, información, sistemas de reserva y expedición de títulos, atención y asistencia a las personas usuarias y gestión de incidencias), estableciendo mecanismos adecuados de seguimiento durante la ejecución de los contratos. 5. Impulsar la tramitación de los nuevos contratos derivados del Mapa de Ordenación mediante una programación temporal definida que permita avanzar, sin demoras innecesarias, desde el actual régimen de accesibilidad parcial hacia el modelo de accesibilidad universal anunciado por esa Administración". Valladolid, 24 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS, Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo, Noelia Merino Hernández, Diego Vallejo Martínez, Ana Isabel Casado Ridruejo, Esther Pérez Pérez y Javier García Martín EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez