4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000303-01 Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, Dña. Patricia Martín Guerra, D. Javier García Martín y Dña. Esther Pérez Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas acciones relacionadas con la posible implantación de un centro de datos hiperescalar vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial en el polígono industrial de Zamora Norte, en Monfarracinos, para su tramitación ante la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Jesús lñaki Gómez Domínguez, Patricia Martín Guerra, Javier García Martín y Esther Pérez Pérez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión que corresponda: ANTECEDENTES La posible implantación de un centro de datos hiperescalar vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial en el polígono industrial Zamora Norte, en Monfarracinos, constituye una de las actuaciones empresariales de mayor dimensión planteadas en los últimos años en la provincia de Zamora. El proyecto actualmente en tramitación contempla un centro de proceso de datos con una capacidad IT total de 200 MW, distribuida en cinco edificios de 40 MW cada uno, junto con un amplio conjunto de infraestructuras energéticas asociadas destinadas a proporcionar suministro eléctrico procedente de fuentes renovables y permitir el funcionamiento autónomo de la instalación. No estamos, por tanto, ante una instalación empresarial ordinaria. Su dimensión, las infraestructuras necesarias para su funcionamiento y las posibles afecciones sobre distintos municipios de la provincia obligan a analizar con rigor sus consecuencias urbanísticas, territoriales, energéticas, ambientales e hídricas. Zamora necesita inversión, actividad económica y oportunidades. Sería poco responsable rechazar de antemano un proyecto de esta naturaleza sin estudiarlo en profundidad. Pero sería igualmente irresponsable hacer lo contrario: asumir que la dimensión de una inversión justifica por sí misma su implantación, sin disponer previamente de toda la información y sin conocer con exactitud sus consecuencias. Por eso, ante un proyecto de esta magnitud, la posición de las Administraciones públicas no puede construirse desde la precipitación. Tiene que construirse desde la transparencia, la participación y el cumplimiento escrupuloso de la legislación. Y es precisamente la evolución de su tramitación durante las últimas semanas la que plantea interrogantes que la Junta de Castilla y León debe aclarar. Hasta el 16 de septiembre de 2026 permaneció abierto un periodo de alegaciones dentro de la tramitación ambiental del proyecto. Durante ese procedimiento, vecinos, organizaciones y otras personas interesadas pudieron formular observaciones sobre una actuación que ha generado una lógica preocupación en Monfarracinos y en otros municipios afectados. Precisamente cuando finalizaba ese plazo, la Administración autonómica inició la tramitación de la actuación mediante una figura distinta y de evidente trascendencia: su consideración como Proyecto Regional. No estamos afirmando que la utilización de esta figura sea contraria a Derecho. Lo que planteamos es algo mucho más sencillo: una decisión administrativa de esta importancia debe explicarse. Debe explicarse por qué se adopta y por qué en este momento. Y debe explicarse qué consecuencias tiene sobre la tramitación desarrollada hasta este momento y sobre las alegaciones que los ciudadanos ya han presentado. La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, regula expresamente los Planes y Proyectos Regionales y establece el procedimiento para su elaboración y aprobación. Su artículo 24 atribuye a la consejería competente en materia de ordenación del territorio, previo informe favorable de la consejería competente por razón de la materia, la decisión de iniciar el procedimiento, bien de oficio o a instancia de quien presente una propuesta. La misma norma establece un periodo de cuarenta y cinco días de información pública y audiencia a las Administraciones públicas y obliga a solicitar, simultáneamente, informe a los municipios afectados, que disponen igualmente de cuarenta y cinco días para pronunciarse. Concluidos estos trámites, la propia Ley establece una secuencia precisa: debe resolverse el trámite ambiental que corresponda; deben valorarse los informes, alegaciones y sugerencias presentados; deben realizarse, en su caso, las modificaciones oportunas; y debe recabarse el dictamen del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León antes de la aprobación del Proyecto Regional. No se trata, por tanto, de un mero trámite formal. La información pública, las alegaciones y la participación de los ayuntamientos forman parte del procedimiento establecido por el legislador para que una decisión de esta trascendencia se adopte con todas las garantías. Existe, además, una segunda circunstancia que aconseja actuar con especial prudencia. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, estableció el mandato de desarrollar reglamentariamente criterios específicos aplicables a los centros de datos que pretendan conectarse al sistema eléctrico. En cumplimiento de este mandato, el Gobierno de España ha elaborado un proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. El trámite de audiencia e información pública de esta norma se desarrolló entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre de 2026. La propuesta estatal parte de una realidad que no puede ignorarse: el extraordinario crecimiento de la demanda eléctrica asociada a los centros de datos y la necesidad de ordenar su implantación para evitar que la ocupación de capacidad de las redes eléctricas pueda comprometer otros usos industriales, residenciales o vinculados a la electrificación de la economía. El proyecto normativo establece obligaciones para centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW e incorpora requisitos relacionados con la eficiencia energética, la utilización sostenible del agua, la adicionalidad de nueva generación renovable, la correlación horaria entre generación y consumo y la resiliencia y soberanía digital. En materia de eficiencia energética e hídrica, el texto plantea la exigencia de los niveles correspondientes a la clase A de la futura escala europea y establece, transitoriamente, hasta la aplicación del sistema europeo de etiquetado prevista para agosto de 2027, valores máximos de PUE de 1,15 y WUE de 0,1. También se contempla que una elevada proporción del consumo eléctrico de estos centros se encuentre respaldada, hora a hora, por nueva generación renovable. No corresponde a estas Cortes anticipar cuál será el contenido definitivo de una norma que todavía se encuentra en tramitación. Tampoco procede afirmar, sin los correspondientes informes técnicos, que el proyecto de Monfarracinos vaya a cumplirla o incumplirla. Pero sí corresponde exigir que una actuación de esta dimensión sea analizada teniendo en cuenta un marco regulatorio que se encuentra en pleno proceso de definición y que puede condicionar aspectos esenciales de su funcionamiento. Resulta además especialmente relevante la sucesión de fechas. El trámite de audiencia pública del proyecto estatal terminó el 10 de septiembre. El 16 de septiembre concluía el periodo de alegaciones ambientales que se venía desarrollando respecto del proyecto de Monfarracinos. Y en esas mismas fechas la Junta de Castilla y León ha impulsado su tramitación como Proyecto Regional, abriendo un nuevo periodo de información pública. La coincidencia temporal no demuestra por sí misma ninguna actuación irregular ni permite atribuir intenciones a la Administración autonómica, pero sí justifica una explicación, porque cuando una Administración decide acelerar o modificar la escala de tramitación de una iniciativa privada de esta magnitud, los ciudadanos tienen derecho a conocer los motivos y porque existe una diferencia fundamental entre facilitar una inversión y adaptar las decisiones públicas a la urgencia de quien pretende realizarla. Los tiempos de una empresa privada son legítimamente los de su proyecto empresarial. Los tiempos de una Administración tienen que ser los necesarios para proteger el interés general. Esta iniciativa no pretende anticipar un sí ni un no al centro de datos de Monfarracinos. Pretende algo anterior y mucho más elemental: disponer de todos los elementos necesarios para poder adoptar una posición responsable. Queremos saber qué se pretende construir exactamente, qué recursos necesitará, cuáles serán sus afecciones, qué municipios y terrenos resultarán afectados, qué marco normativo deberá cumplir y por qué la Junta ha considerado necesario utilizar en este momento la figura de Proyecto Regional. El progreso no está reñido con las garantías, la inversión no está reñida con la transparencia ni la agilidad administrativa puede confundirse con precipitación. Ante una actuación capaz de condicionar durante décadas una parte del territorio de la provincia de Zamora, la obligación de las instituciones no es llegar las primeras. Es hacer las cosas bien. Por todo ello, se formula la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: 1. Remitir a las Cortes de Castilla y León, en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la presente resolución, un informe en el que se expongan las razones técnicas, jurídicas y territoriales que justifican la utilización de la figura de Proyecto Regional para la implantación del centro de datos hiperescalar previsto en Monfarracinos y sus infraestructuras asociadas, identificando expresamente las razones de interés regional que fundamentan la utilización de este instrumento de ordenación territorial, incorporando una explicación detallada de la secuencia temporal seguida en la tramitación del proyecto y, particularmente, de las razones por las que el procedimiento para su consideración como Proyecto Regional se impulsa coincidiendo con la finalización, el 16 de septiembre de 2026, del periodo de alegaciones correspondiente a la tramitación ambiental que se venía desarrollando. 2. Informar a la ciudadanía de las consecuencias jurídicas y procedimentales que la tramitación como Proyecto Regional produce sobre los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad, especificando cuáles continúan su tramitación, cuáles quedan integrados en el nuevo procedimiento y cuál será el tratamiento otorgado a las alegaciones ya presentadas. 3. Garantizar a toda la ciudadanía, entidades e instituciones afectadas, el acceso íntegro y permanente a toda la documentación del proyecto. 4. Facilitar a los ayuntamientos afectados, desde el inicio del periodo previsto para la emisión de sus informes, la documentación completa necesaria para conocer y valorar las consecuencias urbanísticas, territoriales, ambientales, energéticas e hídricas del Proyecto Regional y de todas sus infraestructuras asociadas. 5. Celebrar en Monfarracinos, durante el periodo de información pública y con antelación suficiente a su finalización, una sesión pública informativa abierta a los vecinos de los municipios afectados, con presencia de representantes de la Junta de Castilla y León y de los promotores, en la que se expliquen las características y dimensiones de la actuación, sus consumos previstos, las infraestructuras asociadas, las afecciones territoriales y ambientales identificadas y las alternativas estudiadas, permitiendo la formulación directa de preguntas y observaciones. 6. Hacer públicos, antes de la aprobación del Proyecto Regional y con las limitaciones establecidas en la legislación vigente en materia de transparencia, protección de datos, propiedad industrial y secreto empresarial, los informes técnicos, jurídicos, territoriales y ambientales determinantes para la resolución del procedimiento, de forma que los municipios y ciudadanos afectados puedan conocer las razones que fundamenten la decisión final. 7. Dar cuenta a las Cortes de Castilla y León, en el plazo máximo de un mes desde la resolución definitiva del procedimiento, de su resultado, de las modificaciones introducidas respecto de la propuesta inicialmente presentada y del tratamiento otorgado a las principales alegaciones formuladas por los ciudadanos y municipios afectados". Valladolid, 24 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS, Fdo.: Jesús Iñaki Gómez Domínguez, Patricia Martín Guerra, Javier García Martín y Esther Pérez Pérez EL PORTAVOZ, Fdo.: Carlos Martínez Mínguez