4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000306-01 Proposición no de ley presentada por las Procuradoras Dña. María Dolores Mateo Mateos, Dña. Laura Dorreis Alonso, Dña. María Luisa Calvo Enríquez y Dña. Marta Alegría Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a instar a su vez al Gobierno de España a diversas acciones para la aplicación y desarrollo de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN María Dolores Mateo Mateos, Laura Dorreis Alonso, María Luisa Calvo Enríquez y Marta Alegría Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formulan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) es un instrumento esencial de protección social que permite a los padres trabajadores cuidar de sus hijos gravemente enfermos sin perder sus medios de vida. Sin embargo, el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, presenta muchas lagunas que deben solventarse. Actualmente se exige que cada 4 meses se presente una declaración médico-jurada que permita el seguimiento de la situación de los menores, ni se contempla de manera adecuadamente desarrollada las situaciones de padres separados, situaciones de divorcio o de familias monoparentales. Por otro lado, existe una importante desigualdad entre las personas trabajadoras del sector público y del sector privado, a la que se suma la insuficiencia de los mecanismos de control sobre la actuación de las Mutuas Colaboradoras. En numerosas ocasiones, las familias se enfrentan a decisiones denegatorias que consideran injustificadas y se ven obligadas a recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos. Además, la actual regulación no aborda cuestiones que afectan de forma directa al reconocimiento y mantenimiento de la prestación. El límite de edad para acceder a la CUME que, con carácter general, se sitúa en el cumplimiento de los 23 años del joven afectado. El cumplimiento de dicha edad opera así como causa de extinción de la prestación con independencia de que persistan las circunstancias que motivaron su reconocimiento y de que continúe siendo necesaria la atención directa de los progenitores, incluidos los tratamientos, cuidados y apoyos que requiera la persona afectada. De este modo, se produce una ruptura en la protección dispensada que responde exclusivamente al cumplimiento de un límite de edad, sin que exista una respuesta específica para aquellos supuestos en los que las necesidades de cuidado y atención permanecen más allá de dicho umbral. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de que la regulación contemple mecanismos que permitan adecuar la duración de la prestación a la persistencia efectiva de las necesidades de cuidado, evitando que la mera llegada a una determinada edad regule, de forma automática, la pérdida de una protección que continúa estando objetivamente justificada. Tampoco se contemplan soluciones a otras cuestiones que han suscitado controversia a lo largo de la aplicación de la prestación: como la exigencia de que ambos progenitores se encuentren en situación de alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o la extinción del derecho cuando cualquiera de ellos cesa en su actividad laboral. Estos requisitos pueden generar situaciones especialmente problemáticas cuando, pese a mantenerse las circunstancias que justificaron el reconocimiento de la prestación y persistir las necesidades de cuidado y atención del menor o joven, las circunstancias laborales de los progenitores impiden cumplir las condiciones exigidas para acceder a ella o mantener su percepción. De este modo, la continuidad de la prestación puede quedar condicionada por circunstancias estrictamente vinculadas a la situación laboral de los progenitores, sin que necesariamente exista una correspondencia entre la pérdida del derecho y la desaparición de las necesidades de cuidado que justificaron su reconocimiento. Ello plantea la necesidad de revisar estos supuestos desde una perspectiva que permita garantizar una mayor adecuación entre la protección dispensada y la realidad de las necesidades familiares existentes. En consecuencia, el actual marco reglamentario es claramente insuficiente, ha presentado multitud de fallas y errores a lo largo de sus años de aplicación y debe ser revisado y renovado. Pero esta revisión se debe llevar a cabo sin caer en la actual actitud del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha demostrado, a través del Proyecto de Real Decreto de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en el sistema de la Seguridad Social, que pretende, por la vía de los hechos, acabar con la prestación CUME, y hacerlo dando la espalda a las reclamaciones de los padres. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a que proceda a la modificación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave o, en su defecto, proceda a la elaboración de una nueva norma, que contenga las reclamaciones de las familias afectadas, garantizando el bienestar de los menores y la viabilidad de los cuidados que reciben. La modificación del RD 1148/2011 o la nueva norma deberán, al menos: 1. Permitir que en el caso de extinción o denegación de la prestación no se limite ni elimine el derecho de los padres a la reducción de jornada por cuidado del hijo con enfermedad grave, asumiendo la reducción proporcional de las retribuciones. 2. Eliminar la referencia al ingreso de «larga duración» y el carácter cerrado de las situaciones asimiladas, atendiendo exclusivamente a la existencia de una necesidad efectiva de cuidado directo, continuo y permanente, acreditada clínicamente, con independencia de la modalidad o duración del ingreso, atendiendo a la jurisprudencia existente. 3. Impulsar la extensión de la protección económica más allá de los 26 años en casos de gran dependencia, discapacidades severas persistentes o la existencia de dos o más descendientes que generen derecho a la prestación y evaluando, además, el impacto de los períodos de cuidado en la carrera profesional y las futuras pensiones de jubilación de los cuidadores. 4. Evitar la obligatoriedad de un nuevo ingreso hospitalario en caso de recaída por el cáncer o la misma enfermedad grave si se había estado acogido a la prestación CUME con anterioridad. 5. Precisar que el listado de enfermedades de la normativa no tendrá carácter cerrado, pudiendo ser actualizado periódicamente y recoger, previa declaración médica, otras enfermedades o patologías que no consten específicamente detalladas, siendo estas igual de válidas para el acceso a la prestación que las que sí aparezcan mencionadas. 6. Eliminar la limitación de acceso a la prestación sólo a uno de los progenitores, guardadores o acogedores en caso de que exista más de un descendiente con un diagnóstico de enfermedad grave que precise de cuidados directos, continuos y permanentes. 7. Articular un sistema flexible que permita disfrutar de la prestación de forma alternativa, atendiendo al régimen real de convivencia, en los casos de custodia compartida. 8. Garantizar a los trabajadores autónomos la bonificación de sus cuotas en proporción a su jornada de trabajo efectiva real, para no causar perjuicio económico cuando la prestación sea reconocida. 9. Garantizar la validez de la acreditación médica emitida tanto por facultativos de atención primaria como por especialistas del sistema público retrasando la prórroga hasta los 8 o 12 meses dependiendo de la patología del paciente siempre a criterio médico para facilitar la accesibilidad de los interesados al sistema. 10. Asegurar que los únicos profesionales cualificados para certificar el estado y la necesidad de los cuidados directos, continuos y permanentes sean los facultativos de atención primaria o los especialistas del sistema público responsables de la asistencia sanitaria del causante. No teniendo competencia para ello las mutuas colaboradoras o entidades gestoras. 11. Precisar que los actos de comprobación de las entidades gestoras o mutuas colaboradoras se limiten a la comprobación de la declaración médica jurada y la situación de alta en la Seguridad Social de los progenitores. 12. Eliminar cualquier criterio de penalización por escolarización o formación, asegurando que la asistencia a centros educativos o la realización de prácticas académicas no suponga una reducción de la cuantía económica ni la extinción de la prestación, en cumplimiento del interés superior del menor y su derecho a la inclusión social. 13. Equiparar las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación para todo el personal funcionario y trabajadores de regímenes especiales, eliminando las diferencias actuales respecto a los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social. En Valladolid, a 22 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES, Fdo.: María Dolores Mateo Mateos, Laura Dorreis Alonso, María Luisa Calvo Enríquez y Marta Alegría Martínez EL PORTAVOZ, Fdo.: David Hierro Santos