4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000307-01 Proposición no de ley presentada por las Procuradoras Dña. María Dolores Mateo Mateos, Dña. Laura Dorreis Alonso, Dña. María Luisa Calvo Enríquez y Dña. Marta Alegría Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a instar a su vez al Gobierno de España a realizar diversas acciones para la subsanación de deficiencias en la gestión de la prestación CUME, compensatoria de la pérdida de ingresos cuando los padres reducen su jornada laboral para cuidar de un menor con cáncer u otra enfermedad grave, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN María Dolores Mateo Mateos, Laura Dorreis Alonso, María Luisa Calvo Enríquez y Marta Alegría Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formulan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La prestación CUME es un subsidio de la Seguridad Social que compensa la pérdida de ingresos cuando los padres reducen su jornada laboral para cuidar de un menor a su cargo afectado por cáncer u otra enfermedad grave. La gestión de estas ayudas, en la mayor parte de los casos, es llevada a cabo por mutuas colaboradoras o entidades gestoras, salvo en los casos de funcionarios, empleados públicos y trabajadores en regímenes especiales, que se ajustan a su propia normativa. El Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la seguridad social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, contempla un listado de enfermedades limitado, que, aun contemplando en cada uno de sus apartados opciones que permiten ampliar, a criterio de los facultativos, las enfermedades cubiertas por las ayudas, también permiten a las mutuas y entidades gestoras ampararse en la no inclusión de la enfermedad en el propio listado para negar la ayuda. Del mismo modo, el RD 1148/2011 en su artículo 7 apartado 3 contempla las justificaciones de extinción del subsidio, y, apoyándose en estas, en muchas ocasiones las mutuas se amparan en que "no consideran acreditada" la necesidad de "cuidados directos, continuos y permanentes" para negar las ayudas pese a la declaración médico-jurada. Estos rechazos producen una situación de indefensión absoluta en los padres que reciben la prestación CUME, que se ven abocados a auténticos calvarios judiciales, con el perjuicio evidente que esto les produce, tanto material como anímicamente, durante lo que dure el contencioso. La situación de desprotección que están experimentando actualmente las familias resulta especialmente preocupante. Entre las personas que se han visto obligadas a presentar reclamaciones ante los organismos públicos competentes debido a la gestión de su prestación, más del 70 % manifiesta no haber recibido una respuesta debidamente motivada o haber obtenido únicamente una contestación automática que no aporta una solución efectiva a su situación. Esta realidad adquiere una dimensión aún más preocupante si se tiene en cuenta que más del 11 % de estas familias ha tenido que recurrir a la vía judicial para resolver estas cuestiones. La gran mayoría de estos procedimientos han concluido con resoluciones favorables a las familias. Estos datos ponen de manifiesto la existencia de situaciones que no parecen ajustarse a la normativa vigente y que, en la práctica, están generando escenarios de desprotección y especial vulnerabilidad para las familias afectadas. El Ministerio sólo pone a disposición de estos padres el buzón de mediación de la Oficina Virtual de Reclamaciones y Litigios cuyo funcionamiento es sumamente precario y su efectividad rayana a la nulidad, condenando a las familias a un laberinto judicial extremadamente dañino en su situación. Toda esta reclamación no requiere más que de la aplicación certera de los artículos 192.2 y 190.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. También es necesario que se suspenda la ejecución del acto administrativo de extinción de la prestación en aquellos casos donde la situación se recurra y se judicialice hasta que se resuelva judicialmente o el acto devenga firme. Tal y como se establece en los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común. Tratando así de evitar el enorme perjuicio moral y económico que pueden llegar a sufrir estas familias debido a su situación de extrema vulnerabilidad. Esta falta de mediación en los conflictos entre las familias y las mutuas por parte de los organismos públicos no debe continuar. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que: 1. Estudie las deficiencias del servicio de mediación en los conflictos entre las mutuas colaboradoras o entidades gestoras y los beneficiarios de la prestación CUME. 2. En base a los resultados de dicho estudio, promueva los cambios oportunos en el servicio para la creación de un mecanismo de mediación real y efectivo entre las mutuas colaboradoras o entidades gestoras, el INSS/DGSS y las familias beneficiarias, que permita resolver discrepancias de forma ágil, evitando la judicialización sistemática de conflictos en la que las familias se ven ante cualquier discrepancia. Este mediador deberá: 2.1. Revisar expedientes conflictivos. 2.2. Emitir informes vinculantes dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta la situación vulnerable de las familias y los plazos legales necesarios para judicializar el caso cuando sea necesario. 2.3. Instar a la mutua colaboradora o entidad gestora a reconocer la prestación cuando así se considere una vez revisado cada caso. 3. Estudie la posibilidad de suspender la ejecución de los actos de extinción de prestaciones CUME iniciados por mutuas colaboradoras o entidades gestoras, siempre que estos sean recurridos en tiempo y forma y en tanto en cuanto no devengan firmes ni se resuelvan judicialmente. En Valladolid, a 22 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES, Fdo.: María Dolores Mateo Mateos, Laura Dorreis Alonso, María Luisa Calvo Enríquez y Marta Alegría Martínez EL PORTAVOZ, Fdo.: David Hierro Santos