4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000308-01 Proposición no de ley presentada por las Procuradoras Dña. María Dolores Mateo Mateos, Dña. Laura Dorreis Alonso, Dña. María Luisa Calvo Enríquez y Dña. Marta Alegría Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a instar a su vez al Gobierno de España a que desista de la tramitación del Proyecto de Real Decreto de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000309. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN María Dolores Mateo Mateos, Laura Dorreis Alonso, María Luisa Calvo Enríquez y Marta Alegría Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formulan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que experimentan los progenitores cuando se ven obligados a reducir su jornada laboral para atender de forma directa, continua y permanente durante el período de hospitalización y mientras se prolongue el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo público, el 16 de junio de 2026, el Proyecto de Real Decreto de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en el sistema de la Seguridad Social. El proyecto tiene por objeto derogar íntegramente el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, por el que se regula la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y establecer un nuevo marco reglamentario que reúna en un único texto normativo las modificaciones y novedades que el Gobierno considera necesarias en relación con dicha prestación. El que quizás es el punto más grave del proyecto de reglamento es que se elimina el concepto de "cuidados directos, continuos y permanentes" y se sustituye por el de "cuidados clínicos y médicos" que no son los que están proveyendo estos padres en sus hogares, ya que el cuidado de sus hijos es permanente, pero no siempre es clínico. Esta es la vía de hecho por la que se pretende acabar con esta prestación. Otro de los asuntos más críticos del nuevo texto es la reintroducción del concepto de "larga duración" en el ingreso hospitalario. Esta redacción favorece interpretaciones más restrictivas por parte de las mutuas, empujando a las familias cuyos hijos tengan procesos clínicos complejos que no requieren de ingresos hositalarios prolongados a una situación de desprotección. El proyecto de Real Decreto pretende, por la vía de los hechos, acabar con esta prestación tan necesaria para los padres de miles de niños con enfermedades graves. El cambio proyectado en la configuración de la situación protegida por la CUME puede resultar especialmente perjudicial para sus beneficiarios, al limitar el ámbito de protección a aquellas situaciones en las que, tras la hospitalización, persista un componente hospitalario o ambulatorio en los términos previstos en el proyecto. Esta modificación dejaría fuera determinadas situaciones que, en la actualidad, pueden dar lugar al reconocimiento de la prestación y que responden a una realidad asistencial en la que el menor continúa necesitando cuidados directos, continuos y permanentes en el domicilio. El vigente Real Decreto 1148/2011 contempla como situación protegida, además del ingreso hospitalario de larga duración, la continuación del tratamiento médico prescrito o el cuidado del menor en el domicilio tras el diagnóstico y la hospitalización derivados de la enfermedad grave. De este modo, la normativa actualmente vigente reconoce que las necesidades de cuidado no desaparecen necesariamente con el alta hospitalaria, pudiendo prolongarse en el domicilio una vez finalizado el período de hospitalización. En numerosos casos, los menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves continúan precisando, después de la hospitalización, una atención especialmente intensa y permanente que no implica necesariamente la realización de tratamientos ambulatorios ni la necesidad de una vigilancia clínica constante. Se trata de cuidados que pueden desarrollarse íntegramente en el domicilio y que son asumidos fundamentalmente por los progenitores, quienes deben prestar una atención continuada y especializada, adaptada a las particulares necesidades del menor. La modificación proyectada podría, por tanto, producir una reducción sustancial del ámbito subjetivo de protección de la prestación, al excluir aquellas situaciones en las que, pese a persistir una necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes, no concurra ninguno de los elementos -hospitalización, hospitalización domiciliaria, tratamiento ambulatorio o vigilancia clínica constante- que el proyecto vincula al concepto de situación protegida. En consecuencia, podría quedar fuera del sistema de protección un número significativo de familias que, conforme a la regulación vigente, pueden acceder actualmente a la prestación, con el consiguiente riesgo de trasladar a los progenitores una carga de cuidados cuya liberación precisamente constituye el fundamento de la protección dispensada por la CUME. Al centrar el proyecto en el enfoque clínico-patológico se olvida la realidad de los cuidados "continuos directos y permanentes", que es lo que estos padres hacen por sus hijos, les dejan en una situación de desprotección. El que una madre acuda al centro educativo de su hijo 3 o 4 veces en un día; o un padre se quede despierto toda la noche junto a su cama porque su hijo sufre apneas del sueño cada 20 minutos; o gaste 10 inhaladores en un solo día para tratar de paliar los ataques de su hijo, no se consideran "cuidados clínicos y médicos", pero sí son "cuidados directos, continuos y permanentes". Otro de los aspectos introducidos por el proyecto de real decreto que puede dificultar el mantenimiento de la prestación CUME es la exigencia de que las sucesivas renovaciones deban ser suscritas por facultativos especialistas distintos de los de Atención Primaria. Esta exigencia supone, en primer lugar, una carga burocrática adicional para las familias beneficiarias, al hacer más complejo el procedimiento de renovación de la prestación. Pero, además, puede generar importantes retrasos en su tramitación, habida cuenta de los tiempos de espera que, con carácter general, pueden existir para acceder a una consulta con un facultativo especialista. Hoy en día la declaración médica jurada la puede firmar el pediatra, el médico de cabecera o el especialista. El borrador elimina la atención primaria de los posibles firmantes, empujando a los especialistas, que entre otras cosas no permiten concretar citas a demanda, sino que las otorgan según sus propios criterios, volviendo un caos obtener estas declaraciones. Sin olvidar que estos especialistas no tienen por qué conocer la realidad de conjunto de los menores, ya que muchos de estos pacientes acuden a múltiples especialistas por sus patologías. Esta exigencia adquiere una especial relevancia en el caso de los menores con patologías complejas o pluripatología, que precisan seguimiento por diferentes especialidades médicas. En estos supuestos, la necesidad de recabar la valoración y firma de uno o, eventualmente, varios facultativos especialistas puede convertir la renovación de la prestación en un procedimiento particularmente complejo y dilatado, trasladando a las familias una carga administrativa que no guarda necesariamente relación con la necesidad real de cuidados del menor. De este modo, la modificación proyectada podría dificultar la continuidad de la prestación no por una disminución de las necesidades de cuidado del menor, sino por las dificultades inherentes al cumplimiento de los nuevos requisitos formales exigidos para su renovación. Desde la perspectiva educativa y de integración social, el proyecto introduce determinadas previsiones que pueden resultar especialmente restrictivas. En particular, contempla la posibilidad de descontar de la prestación las horas de escolarización del menor y prevé la extinción del derecho cuando el causante realice prácticas formativas no remuneradas. Estas medidas pueden generar un efecto contrario a la finalidad de integración y normalización que debería presidir la protección de los menores afectados por enfermedades graves, al vincular la asistencia al centro educativo o la realización de actividades formativas con una reducción o pérdida de la necesidad de cuidados. Sin embargo, la escolarización no excluye por sí misma la necesidad de que el menor reciba cuidados directos, continuos y permanentes fuera del horario escolar. En este sentido, el Tribunal Supremo ha establecido que la escolarización del menor resulta compatible con la situación protegida por la CUME cuando persiste la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente derivada de su enfermedad. Desde esta perspectiva, la reducción de la prestación en función del tiempo de escolarización podría entrar en contradicción con esta doctrina, en la medida en que presupone que la asistencia al centro educativo implica una disminución de las necesidades de cuidado que no necesariamente se corresponde con la realidad de estos menores y sus familias. Por otro lado, persisten importantes diferencias en el acceso y reconocimiento de la prestación en función del régimen laboral de los progenitores, particularmente entre trabajadores del sector público y del sector privado. A ello se añade la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre la actuación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en los procedimientos de reconocimiento y mantenimiento de la prestación. Esta situación supone una carga adicional para familias que ya se encuentran sometidas a una elevada presión económica, laboral y asistencial, al trasladar a los progenitores la necesidad de iniciar procedimientos administrativos o judiciales para obtener el reconocimiento de una prestación vinculada a unas necesidades de cuidado que deberían poder ser valoradas mediante criterios homogéneos, objetivos y suficientemente garantistas. Además el nuevo borrador incorpora un Informe bienal obligatorio de inspección médica. Esto, además de resultar absolutamente inasumible para la Administración, que debería revisar, dentro de 2 años, a casi 18.000 familias, supone que un nuevo profesional, que no conoce el caso en detalle, va a ser el responsable de juzgar la oportunidad de la ayuda, y, bajo el concepto de "cuidados clínicos y médicos", se pueden terminar obviando todos los "cuidados continuos directos y permanentes", ya que los cuidados en casa no constan en ninguna documentación clínica ni médica. La relevancia de la CUME se pone de manifiesto al atender al número de familias que actualmente se benefician de esta prestación. A cierre del ejercicio 2024, la prestación daba cobertura a 16.050 familias que, gracias a ella, podían compensar parcialmente la pérdida de ingresos derivada de la reducción de su jornada laboral y hacer frente a una parte de los gastos adicionales asociados a los tratamientos y cuidados que requieren sus hijos. La entrada en vigor de la regulación proyectada podría comprometer esta cobertura para aquellas familias que dejen de cumplir los nuevos requisitos o que encuentren mayores dificultades para mantener la prestación. Ello resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que las necesidades de cuidado de estos menores llevan aparejados, en numerosos casos, importantes costes económicos y una dedicación continuada por parte de sus progenitores. La eventual reducción del ámbito de protección de la CUME supondría, por tanto, no sólo una disminución de la cobertura de la prestación, sino también un mayor impacto económico para las familias que deben compatibilizar la atención permanente de sus hijos con el mantenimiento de su actividad laboral. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a que desista de la tramitación del Proyecto de Real Decreto de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en el sistema de la Seguridad Social, publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 16 de junio de 2026, y proceda a la modificación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, o, en su defecto, a la elaboración de una nueva norma que contenga las reclamaciones de las familias afectadas, garantizando el bienestar de los menores y la viabilidad de los cuidados que reciben. En Valladolid, a 22 de septiembre de 2026. LOS PROCURADORES, Fdo.: María Dolores Mateo Mateos, Laura Dorreis Alonso, María Luisa Calvo Enríquez y Marta Alegría Martínez EL PORTAVOZ, Fdo.: David Hierro Santos