4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 463. Preguntas para respuesta escrita PE/000482-01 Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Miguel Ángel Luengo Becerro, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Sergio García Herrero, D. Benjamín Fernández Martínez, D. Cristian Delgado Alves y D. Luis Briones Martínez, relativa a planes municipales de prevención y actuación frente al riesgo de incendios forestales. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000470 a PE/000536. Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez RequeroA LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Miguel Ángel Luengo Becerro, Pilar García Colmenero, Sergio García Herrero, Benjamín Fernández Martínez, Cristian Delgado Alves, Luis Briones Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: ANTECEDENTES La prevención debe constituir la primera prioridad de cualquier política seria de lucha contra los incendios forestales. En Castilla y León, numerosos municipios incluidos en zonas de riesgo de incendios han realizado durante los últimos años un importante esfuerzo técnico y económico para elaborar sus correspondientes planes municipales de prevención y actuación frente al riesgo de incendios forestales, cumpliendo así con las obligaciones establecidas por la normativa y colaborando con la Administración autonómica. Sin embargo, son numerosos los ayuntamientos que, después de haber elaborado y remitido sus planes a la Junta de Castilla y León, continúan esperando una respuesta de la Administración autonómica. Los municipios desconocen, en muchos casos, si sus planes han sido revisados, si presentan alguna deficiencia, qué modificaciones deberían realizar, cuándo serán valorados definitivamente o cuándo podrán disponer de la correspondiente aprobación. Esta situación resulta especialmente preocupante cuando se trata de una materia como la prevención de incendios forestales, en la que la planificación no puede quedar relegada a trámites administrativos indefinidos. No parece razonable exigir a los ayuntamientos que elaboren sus planes, asumir el coste de su preparación y cumplir con sus obligaciones, para que posteriormente esos documentos permanezcan durante meses en los despachos de la Administración autonómica sin una respuesta clara a las entidades locales. La Junta de Castilla y León debe garantizar que estos instrumentos de prevención sean revisados y aprobados con la diligencia necesaria y, sobre todo, debe mantener informados a los ayuntamientos sobre el estado de su tramitación. La prevención de incendios no puede limitarse a declaraciones durante los meses de verano ni a actuaciones cuando el incendio ya se ha producido. La prevención empieza mucho antes y exige que los instrumentos de planificación estén aprobados, coordinados y plenamente operativos. Por todo ello, resulta necesario conocer el grado real de cumplimiento de la Administración autonómica respecto de la tramitación de estos planes y si existe un retraso que esté impidiendo a los municipios disponer de unas herramientas fundamentales para la prevención y respuesta ante los incendios forestales. PREGUNTAS 1. ¿Cuántos planes municipales de prevención y actuación frente al riesgo de incendios forestales han sido remitidos hasta la fecha a la Junta de Castilla y León por los ayuntamientos obligados a disponer de ellos, cuántos han sido revisados, cuántos han sido aprobados y cuántos permanecen actualmente pendientes de valoración o resolución? 2. ¿Cuál es el tiempo medio que está empleando actualmente la Junta de Castilla y León desde la recepción de un plan municipal hasta su valoración por los servicios técnicos competentes y su aprobación definitiva? 3. ¿Qué medidas concretas va a adoptar la Junta de Castilla y León para acabar con la demora existente y garantizar que los ayuntamientos que ya han cumplido con su obligación no tengan que permanecer durante meses, e incluso años, esperando una respuesta de la Administración autonómica? 4. ¿Se compromete la Junta de Castilla y León a establecer un plazo concreto para revisar y resolver los planes municipales que actualmente se encuentran pendientes y a informar a cada ayuntamiento del estado exacto de la tramitación de su expediente? 5. ¿Considera la Junta de Castilla y León que resulta coherente exigir a los municipios que dispongan de planes de prevención de incendios y, al mismo tiempo, mantener sin valorar o aprobar durante largos periodos los planes que los propios ayuntamientos ya han elaborado y remitido a la Administración autonómica? Valladolid a 17 de septiembre de 2026