1. Procedimientos Legislativos 110. Proyectos de Ley PL/000003-01 Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Calendario de tramitación del Proyecto. TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 19 de octubre de 2026 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Economía y Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación. El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce, de modo que finalizará a las 14:00 horas del día 10 de diciembre de 2026. Los señores Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al proyecto de ley desde el día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las 14:00 horas del día 4 de noviembre de 2026, si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las 14:00 horas del día 11 de noviembre de 2026, si se trata de enmiendas al articulado. Los tres últimos días de los plazos señalados en esta resolución solo se admitirán enmiendas presentadas ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León. El calendario para la tramitación del proyecto de ley de referencia se acomodará a las siguientes fechas: Publicación: 19 de octubre de 2026. Enmiendas a la totalidad: hasta el 4 de noviembre de 2026. Debate de totalidad: 10 de noviembre de 2026. Enmiendas al articulado: hasta el 11 de noviembre de 2026. Informe de la Ponencia: 19 y 20 de noviembre de 2026. Dictamen de la Comisión: 25 de noviembre al 4 de diciembre de 2026. Debate del Dictamen por el Pleno: 15 y 16 de diciembre de 2026. En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la publicación del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero El presente documento contiene imágenes. Puede consultar la versión íntegra del mismo en la publicación en formato PDF, BOCCL-12-001722. Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de “Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas” aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 13 de octubre de 2026, así como la certificación del Acuerdo de aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León. Asimismo, se incorporan: ● Memoria elaborada por la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda. ● Memoria elaborada por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica. ● Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. ● Informe Previo emitido por el Consejo Económico y Social de Castilla y León. ● Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. ● Informe emitido por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. ● Certificado del Consejo de la Función Pública; Certificado de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos; Acta de la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo; Certificado del Consejo Agrario de Castilla y León; Certificado del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio; Propuesta Informe del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria y Certificado de la Comisión de Juego y Apuestas. ● Comunicación a la Comisión Delegada del Gobierno, con carácter previo al inicio de su tramitación. Valladolid, a 13 de octubre de 2026. EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, Luis Miguel GONZÁLEZ GAGO. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día trece de octubre de dos mil veintiséis, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: “Aprobar el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente.” Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a trece de octubre de dos mil veintiséis. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Los presupuestos requieren para su completa aplicación la adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo que, por su naturaleza, deben adoptar rango de ley y que, como precisó el Tribunal Constitucional, no deben integrarse en las leyes anuales de presupuestos generales, sino en leyes específicas. De acuerdo con el Tribunal Constitucional este tipo de normas son leyes ordinarias cuyo contenido está plenamente amparado por la libertad de configuración normativa de que goza el legislador y que permiten una mejor y más eficaz ejecución del programa del Gobierno en los distintos ámbitos en que desarrolla su acción. Desde esta perspectiva, la presente ley recoge una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, financieros, de gestión administrativa y de carácter organizativo, como complemento a la consecución de determinados objetivos de política económica que se contienen en Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2027. Todo ello enmarcado en un entorno internacional complejo, marcado por el incremento de los precios energéticos y las restricciones al comercio internacional. Todo ello nos sitúa en un contexto económico de creciente inflación y mayores tipos de interés que está afectando negativamente al consumo de los hogares y al dinamismo en la mayoría de las ramas de actividad, más acusado en los sectores intensivos en energía. En el ámbito nacional, la economía española registró un crecimiento del PIB del 0,6% en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior y del 2,7% en términos anuales. Aunque estas cifras reflejan una ligera desaceleración respecto a 2025, el crecimiento sigue siendo superior al promedio de la Unión Europea y de la Zona Euro. La demanda interna continúa siendo el principal motor del crecimiento, manteniendo tanto la inversión como el consumo una evolución positiva, mientras que el saldo exterior presenta una contribución negativa al PIB, debido a un menor dinamismo de las exportaciones en un contexto internacional adverso. En cuanto a la economía de Castilla y León, en el primer trimestre de 2026 registró un crecimiento anual del 2,9%, cifra que es superior a la alcanzada en España y muy por encima de la europea. Este dinamismo económico se refleja en diversos indicadores del mercado laboral, como la tasa de paro regional (9,04%), que fue 1,8 puntos inferior a la media nacional (10,83%) o el número de afiliaciones a la Seguridad Social, que supera el millón, alcanzando en mayo el máximo histórico de la serie superando el millón de afiliados. En este contexto, el objetivo global del presupuesto para 2027 y en consecuencia de la ley de acompañamiento es seguir avanzando para hacer de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora, consolidándola como una tierra atractiva para vivir y trabajar mediante el impulso de todos los recursos disponibles para el crecimiento económico, priorizando la creación de empleo, potenciando la eficiencia de nuestros servicios públicos, consolidando un sistema sanitario de calidad e innovador capaz de responder a los desafíos actuales, un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad y unos servicios sociales comprometidos con la cohesión social y territorial, la solidaridad intergeneracional, la lucha contra la exclusión social y la protección a la infancia, con un decidido apoyo a las familias y a los jóvenes, donde el acceso a la vivienda es una prioridad tanto en el medio rural como en el resto del territorio. Con estos objetivos, la presente ley incorpora distintas iniciativas que constituyen un importante impulso en el cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de Castilla y León y de los compromisos asumidos en la Sesión de Investidura. La competencia de la Comunidad para aprobar la presente ley deriva de los títulos competenciales, ya sea con carácter exclusivo o para el desarrollo legislativo de la legislación básica del estado. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva en materia de ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo establecido en el Estatuto. En este sentido, el artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León señala que las competencias normativas, entre otras, de los tributos cedidos por el Estado se ejercerá en los términos fijados en la Ley Orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas regula la autonomía financiera y el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y modifica determinadas normas tributarias. En este contexto, la Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, procedió a adecuar el contenido de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León al nuevo régimen general de tributos cedidos previsto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y procedió, asimismo, a regular el régimen específico de dicha cesión a la Comunidad de Castilla y León. En este marco normativo se enmarcan las modificaciones del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, de la Ley 2/2025, de 1 de diciembre, de bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias, de las tasas de caza y pesca y de la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados y de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculadas a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León. Por otro lado, se recogen medidas de naturaleza financiera, necesarias para la correcta ejecución del presupuesto autonómico y un control adecuado de la misma, teniendo en cuenta igualmente la competencia exclusiva de la Comunidad prevista en el artículo 70.1 3º· del Estatuto de Autonomía de “Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma”. Por último, como complemento, resulta necesario aprobar medidas administrativas, las cuales se refieren a cuestiones organizativas relativas al funcionamiento de algunos órganos de la administración de la Comunidad y a cuestiones relativas a políticas de fomento de la Comunidad consistentes en subvenciones y otras aportaciones. Ello en virtud del artículo 70.1 2º· del Estatuto de Autonomía, “Estructura y organización de la administración de la Comunidad” y de la competencia que, respetando la legislación básica del Estado en materia de subvenciones, tiene la Comunidad para el desarrollo normativo de dicha materia de conformidad con el artículo 70.1 18º· del Estatuto de Autonomía, fomento del desarrollo económico en los diferentes mercados y del comercio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad. De este modo, esta ley se estructura en tres títulos, cinco capítulos, veinticuatro artículos, siete disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. II Esta ley se ha elaborado de acuerdo con los principios de calidad normativa establecidos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y en sus normas de desarrollo: “principio de necesidad”, ya que se pretende resolver aquellos problemas de gestión detectados por los departamentos responsables así como, en la medida de lo posible, satisfacer las necesidades de la ciudadanía, “principio de proporcionalidad”, al haberse optado por la solución que cada departamento responsable ha considerado más oportuna para conseguir el objetivo perseguido, “principio de transparencia”, con la participación de los órganos colegiados sectoriales oportunos en la elaboración del texto, “principio de coherencia de la nueva regulación con el resto de actuaciones y objetivos de las políticas públicas”, “principio de accesibilidad”, buscando en todo caso en la redacción de la norma un lenguaje comprensible para los destinatarios, “principio de responsabilidad”, al concretarse, en la medida de lo posible, los órganos responsables de la ejecución y del control de las medidas incluidas en la norma, y “principio de seguridad jurídica” al quedar la regulación contenida en la ley engarzada con el resto del Ordenamiento jurídico, evitando en muchos casos dudas interpretativas y precisando conceptos jurídicos con el fin de asegurar una aplicación segura de la normativa. En la tramitación de la ley se considera que no procede la participación ciudadana en virtud de lo que dispone el artículo 17 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Por un lado, la letra d) del artículo 17 establece que no serán objeto de la participación que se regula en su título III, la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que acompañe a la ley de presupuestos generales de la Comunidad. En este sentido, conforme lo indicado, todos aquellos artículos de la presente ley que son contenido propio de una ley de acompañamiento de presupuestos por guardar directa relación con la misma no requieren ser objeto de participación ciudadana; es el caso de las disposiciones de carácter tributario (Título I) al afectar a los posibles ingresos de los que dispondrá la Comunidad, de las disposiciones de carácter financiero (Título II) que se refieren a la correcta ejecución y control presupuestario, así como determinadas medidas recogidas en el Título III (Medidas Administrativas) relativas a subvenciones y otras aportaciones al condicionar la ejecución presupuestaria dado el importante número de líneas de subvenciones y otras aportaciones y el elevado porcentaje del presupuesto anual que se dedica a este tipo de actuaciones. Por otro lado, la letra e) del mismo artículo 17 establece que tampoco serán objeto de participación los proyectos de disposiciones que regulen órganos, cargos y autoridades, así como las estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad y sus organizaciones dependientes o adscritas a la misma. En base a ello, el resto de los preceptos del Título III (Medidas Administrativas), referidas a cuestiones organizativas tampoco han de ser objeto de participación. Por último, el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Conforme a ello, la modificación de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León y la modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, recogidas ambas en las disposiciones finales primera y segunda de esta ley no han sido objeto del trámite de participación por la concurrencia de este tipo de razones, tal y como se detalla en esta misma exposición de motivos al hacer referencia expresa a ambas disposiciones finales. III. El título I, bajo la rúbrica “Medidas tributarias”, comprende tres capítulos. El capítulo I, cuenta con un único artículo, el artículo 1, que contiene las modificaciones a realizar en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. Tales modificaciones responden a diferentes motivaciones, entre ellas el avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Gobierno para la presente legislatura. En primer lugar, se vuelve a rebajar en el IRPF el tipo mínimo de la escala autonómica (modificando el artículo 1 del texto refundido), pasando del 9% al 8,75%. Se trata de una medida incluida en el Acuerdo de Gobierno para la presente legislatura, motivada por las altas tasas de inflación que se vienen experimentando en España, con una variación en el índice de precios al consumo cercano al 25% en los últimos 6 años y con unas previsiones en el entorno del 3,2% para 2026 y 2,7% para 2027. Por ello, se rebaja el tipo mínimo de la tarifa autonómica, del que se benefician todos los contribuyentes, en un punto a lo largo de la legislatura, 0,25 puntos anuales, pasando del 9% al 8%, una rebaja del 11,1%. De esta forma, Castilla y León se mantiene entre las Comunidades Autónomas con el tipo mínimo más bajo de España y también con una de las tarifas autonómicas más favorables para el contribuyente, al tener 3 de los 5 tramos de la tarifa autonómica rebajados respecto a la tarifa estatal, así como, también, como la Comunidad Autónoma con el segundo tipo medio más bajo del panorama nacional. Se modifica el artículo 2.1, en primer lugar, para dar entrada a las nuevas deducciones aprobadas en esta ley de medidas, la deducción para la práctica del deporte y actividades saludables, que se recoge en un nuevo artículo del texto, la deducción por la “Cuenta Ahorro Vivienda Joven” y la deducción por la puesta en alquiler estable y asequible de viviendas vacías, todas ellas recogidas en el Acuerdo de Gobierno para la presente legislatura. Adicionalmente, para reforzar la claridad del texto refundido y la seguridad jurídica del contribuyente, las deducciones en materia de vivienda se separan en dos artículos diferenciados en función de sus finalidades y destinatarios: un artículo específico para las que tienen como finalidad facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y otro artículo para las que tienen por finalidad incentivar el acceso a la vivienda en alquiler a un precio asequible. Para estos dos artículos, se detallan las deducciones que comprenden de cada uno de ellos, de forma que los contribuyentes tengan una información rápida y directa de su contenido. Se modifica el artículo 3.2. Por una parte, se ha trasladado el contenido del apartado 2 que recoge el incremento de la deducción general para familias numerosas cuando alguno de sus miembros sea una persona con discapacidad, con la finalidad de que figure en el artículo específico que regula las deducciones personales, familiares y para la adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad, de forma que en un único artículo se puedan contemplar los beneficios fiscales para dichas personas, reforzando de esta manera la claridad del texto refundido y simplificando a las personas con discapacidad el conocimiento de los beneficios fiscales que se puede aplicar. Por las mismas razones de mayor claridad, simplificación y seguridad jurídica, se incluye en el propio artículo el criterio de reparto de la deducción cuando dos contribuyentes tengan derecho a ella, que anteriormente se encontraba en el artículo 10 de “Normas Comunes en la aplicación de las deducciones”, con la finalidad de que, sin tener que recurrir a la búsqueda en el mismo, el contribuyente, directamente en el propio artículo, disponga de la información. Se realizan diversas modificaciones en el artículo 4. En primer lugar, se incluye la medida recogida en el Acuerdo de Gobierno para la presente legislatura consistente en una nueva mejora en la fiscalidad de la natalidad, con un incremento cercano al 20% de las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción, tanto para el medio urbano como para la deducción incrementada hasta el 40% en el medio rural, para continuar removiendo barreras que retrasan o impiden la decisión de tener hijos, aliviando los costes económicos de la crianza e incentivando la conciliación de la vida laboral y personal. La medida, por tanto, afecta a los dos primeros apartados del artículo y se implementará de forma progresiva a lo largo de la legislatura, recogiéndose en el artículo los importes incrementados para el primer año. Por otra parte, como en el artículo anterior, se suprime para trasladar al artículo especifico de las personas con discapacidad, el incremento en los importes de las deducciones generales por nacimiento o adopción cuando al nacido/adoptado se le reconozca un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También se incluye el criterio de reparto de la deducción cuando dos contribuyentes tengan derecho a ella. Adicionalmente, también por razones de mayor claridad, simplificación y seguridad jurídica del contribuyente se recoge de forma expresa la mejora de la deducción para los nacidos o adoptados en el medio rural y se regula en el propio artículo la incompatibilidad entre las deducciones por nacimiento o adopción y el “Bono Nacimiento” de la Junta de Castilla y León, debiendo el contribuyente optar por unas u otro, regulación que anteriormente se recogía en el apartado de normas comunes en la aplicación de las deducciones (artículo 10 del texto refundido). Consecuencia de estos cambios, se reordenan los apartados del artículo. Se realizan diversas modificaciones en el artículo 5, con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica del contribuyente y claridad del texto refundido, simplificando su contenido. En primer lugar, se añaden títulos para cada una de las dos modalidades de cuidado de hijos contempladas en el artículo, en guarderías y centros de estudios o a cargo de una persona empleada del hogar. En segundo lugar, se modifica la redacción del artículo para regular expresamente en el mismo la total complementariedad entre la deducción por cuidado de hijos menores, para ambas modalidades, y el “Bono Concilia” de la Junta de Castilla y León, que anteriormente se recogía en el apartado de normas comunes en la aplicación de las deducciones (artículo 10 del texto refundido), así como con las “Ayudas por reducción de jornada y excedencia” de la Junta de Castilla. En el apartado 3 (apartado 2 en la redacción anterior) se recoge el derecho del contribuyente a deducirse el 15% de las cotizaciones a la seguridad social de la persona empleada del hogar, junto con la también complementariedad con el citado “Bono Concilia” y las “Ayudas por reducción de jornada y excedencia”. Se recoge en un único apartado 4 los requisitos comunes para la aplicación de estas deducciones, en ambas modalidades, y en el apartado 5 se regula la incompatibilidad entre las mismas. Por último, en un nuevo apartado 6, como se ha hecho en artículos anteriores, se incluye el criterio de reparto de la deducción cuando dos contribuyentes tengan derecho a ella, que anteriormente se encontraba en el artículo 10 del texto refundido. Se incorpora un nuevo artículo 5 bis, para regular la deducción para el fomento de la práctica del deporte y actividades saludables. Tiene por finalidad incentivar los hábitos de vida saludables de los ciudadanos de la Comunidad, reforzando el bienestar de todos los miembros que componen la unidad familiar mediante la práctica deportiva y actividades saludables, tales como yoga, pilates, baile, ballet, senderismo, etc. Permite al contribuyente deducirse, sin sujeción a límite de renta, parte de los gastos, tanto propios como de su cónyuge y de los ascendientes y descendientes en determinadas condiciones especificadas en el citado artículo, en un porcentaje que se incrementará progresivamente a lo largo de la legislatura, hasta llegar al 30% de deducción de las cantidades satisfechas, con el límite de 150 euros anuales por contribuyente. El porcentaje de deducción incluido en esta ley de medidas es del 15%. Se realizan importantes modificaciones en el artículo 6, con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas con discapacidad para continuar mejorando la fiscalidad favorable de la que se benefician las cerca de 50.000 personas reconocidas en Castilla y León con una discapacidad mayor o igual al 33%, en atención a las necesidades y mayores cargas a las que se enfrentan. En el primer apartado, que recoge la deducción por discapacidad del propio contribuyente, en la que, progresivamente a lo largo de la legislatura, se van a incrementar los importes en más de un 25% de media, situándolos al nivel más elevado del panorama nacional. En esta ley de medidas se incrementarán los importes actuales hasta 325 euros y hasta 700 euros, en función de la edad y del grado de discapacidad. En segundo lugar, se crea una nueva deducción para los descendientes con discapacidad del contribuyente, con los mismos importes de deducción que benefician al contribuyente, situando a Castilla y León con estas dos deducciones como una de las CCAA con mayor sensibilidad en la discriminación positiva a favor de las personas con discapacidad en sus deducciones autonómicas. Destacar también que, para reforzar la claridad del texto refundido y facilitar a los contribuyentes con discapacidad el conocimiento de todas las deducciones personales, familiares y para la adecuación de la vivienda habitual establecidas a su favor, se divide el artículo en 5 apartados. El primer apartado, como ya se ha mencionado, regula la deducción para el contribuyente y sus descendientes. Adicionalmente, se ha clarificado y dado visibilidad a la aplicación de la deducción del contribuyente en el caso de tributación conjunta. Los apartados 2 y 3 recogen el traslado a este artículo del incremento de las deducciones para las personas con discapacidad en los supuestos de familia numerosa y de nacimiento o adopción. Por lo que respecta al apartado 4, se incluye en este artículo un nuevo apartado correspondiente a la deducción en el IRPF por actuaciones subvencionadas de rehabilitación de la vivienda habitual para la adecuación a la discapacidad (que anteriormente se encontraba en el artículo 7.2), en base a la recomendación del informe de fiscalización del Consejo de Cuentas de disociar esta deducción de la deducción por rehabilitación energética de la vivienda habitual, ya que esa circunstancia podría estar dando lugar a interpretaciones erróneas en relación a los requisitos exigidos para la aplicación de ésta última. Adicionalmente, se actualiza el ámbito temporal de esta deducción al plan estatal de vivienda 2026-2030 recientemente aprobado y se recoge el criterio general aplicado en la normativa tributaria del Estado y autonómica de aplicar las deducciones sobre las cantidades invertidas minoradas en las cuantías ya subvencionadas mediante otras ayudas públicas. Por último, como se ha hecho en artículos anteriores, en un nuevo apartado 5 se recogen los criterios de reparto de la deducción cuando dos contribuyentes tengan derecho a ella. Se modifica el artículo 7 para recoger exclusivamente las deducciones cuya finalidad es facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, dándoles más visibilidad a estas deducciones y favoreciendo su conocimiento por sus destinatarios, los jóvenes. Se incluye la nueva deducción por “Cuenta Ahorro Vivienda Joven”, se mejoran la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en el medio rural y la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual en el medio rural y se mantiene la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual en el medio urbano. El resto de las deducciones que anteriormente se incluían en este artículo se trasladan a un nuevo artículo 7.bis “Deducciones en materia de vivienda” y en el caso de la deducción para adaptación de la vivienda a la discapacidad, al artículo 6, específico para las personas con discapacidad. Con relación a la nueva deducción por “Cuenta Ahorro Vivienda Joven” se trata de una medida, que permitirá que los jóvenes, menores de 40 años en este caso, se deduzcan el 15% de las cantidades que depositen en estas cuentas y que destinen en un plazo de 5 años a la adquisición de su primera vivienda habitual, contribuyendo, a su vez, a premiar el ahorro realizado. Se aplica sobre una base máxima de 10.000 euros anuales, por lo que la deducción anual alcanzará hasta 1.500 euros. Las cantidades que sean objeto de deducción, cuando posteriormente se destinen a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, no podrán ser objeto de nueva deducción por aplicación del apartado 2 de este artículo. En la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por los jóvenes en el medio rural, se realizan dos importantes modificaciones: se amplía el concepto del medio rural en Castilla y León al incluir los municipios y entes locales de población inferior a 20.000 habitantes, anteriormente 10.000, de forma que se alcanza una cobertura del 97% de los municipios de la Comunidad y se amplía el valor máximo de adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, pasando de 150.000 euros a 200.000 euros, un incremento del 33%, en línea con el incremento del precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) experimentado en Castilla y León entre 2021, fecha de la anterior actualización, y el segundo trimestre de 2026. Otra medida es el incremento progresivo del 25% al 30% de los gastos deducibles en concepto de arrendamiento de vivienda por jóvenes en el medio rural a lo largo de la legislatura. En esta ley de medidas, el porcentaje se incrementa hasta el 27%. Por último, el concepto de rehabilitación de viviendas, que anteriormente se encontraba en el apartado 6, se traslada a la redacción de cada artículo donde resulte de aplicación. Se incorpora un nuevo artículo 7 bis en el cual se incluyen aquellas deducciones, sin sujeción a límite de renta, relacionadas con la vivienda que no tienen como destinatarios específicos a las personas con discapacidad ni a los jóvenes: las deducciones para rehabilitación de viviendas en el medio rural para destinarlas al alquiler a un precio razonable y la nueva deducción para la puesta en alquiler estable y asequible de viviendas vacías. Con respecto de la primera deducción, se realiza una importante mejora, consistente en el incremento a lo largo de la legislatura del 15% al 20%, un 33%, del porcentaje de deducción que se aplica a estas rehabilitaciones de viviendas ubicadas en el medio rural para destinarlas al alquiler, así como del importe del alquiler mensual, que pasa de 300 euros a 500 euros, de forma que se amplíe el número potencial de posibles inquilinos, familias, jóvenes y trabajadores en el medio rural. Adicionalmente, se incluye el criterio general seguido en este texto refundido de minorar la base de las deducciones en aquellas cantidades subvencionadas o que fuera a serlo mediante un programa de ayudas públicas. En el primer año de legislatura, el porcentaje de deducción se incrementa del 15% al 17%. Respecto de la segunda deducción, se trata de un nuevo incentivo fiscal, por el que los propietarios particulares de viviendas situadas en Castilla y León que se encuentren desocupadas y que se destinen al alquiler estable de vivienda habitual, a unos precios asequibles, podrán deducirse anualmente 600 euros por cada una de ellas que destinen a estos fines. Se han establecido los precios mensuales del alquiler en 750 euros y 500 euros para el medio urbano y rural, respectivamente. El contribuyente deberá declarar las rentas obtenidas por el arrendamiento de las viviendas como rendimientos del capital inmobiliario, en ningún caso como rendimientos de actividades económicas, y se limita a 3 el número de viviendas de las que puede ser titular el contribuyente para aplicarse la deducción, excluyendo la vivienda habitual. Se modifica el artículo 10 referido a normas comunes en la aplicación de las deducciones, para adaptarlo a las modificaciones realizadas en esta Ley de Medidas, que sean básicamente de carácter técnico, así como a los nuevos beneficios fiscales aprobados. En el punto 1 se regulan las deducciones que no están sujetas a límite de renta del contribuyente, modificándose dicho apartado con el único objetivo de adecuarse a la reordenación de algunas deducciones en lo que se refiere a los artículos en los que ahora se recogen las mismas. Se modifica el apartado c) del punto 2, ya que la forma de acreditación del grado de discapacidad es una cuestión determinada exclusivamente por la normativa en esa materia. El último inciso del apartado se traslada al apartado 4.c) en el que se regula expresamente la acreditación del grado de discapacidad. En el nuevo apartado c) se recogen los conceptos de mínimo personal y familiar que anteriormente se encontraban en los apartados 2.d) y 2.i). Se reordenan, consecuentemente, el resto de los apartados de este punto 2. Respecto del punto 3, el apartado a) que regulaba el criterio de prorrateo de las deducciones cuando dos contribuyentes tuvieran derecho a ellas por generarlas una persona distinta, fundamentalmente los hijos en las deducciones por nacimiento, familia numerosa o cuidado de hijos, se ha trasladado a los artículos específicos que regulan cada deducción, simplificando y reforzando la claridad del texto, así como la seguridad jurídica del contribuyente, incluyendo en su lugar, para las deducciones previstas en el artículo 9.g), el criterio general aplicado en la normativa tributaria del Estado y autonómica de aplicar las deducciones sobre las cantidades invertidas minoradas en las cuantías ya subvencionadas mediante otras ayudas públicas. Igualmente, se suprime el apartado c) del punto 3 en el que se regulaba el régimen de compatibilidad de las deducciones por nacimiento o adopción y por cuidado de hijos menores con el “Bono Nacimiento” y el “Bono Concilia”, respectivamente, ya que, como se ha expuesto, en aras a una mayor claridad, se han incluido expresamente en el propio artículo de cada deducción. En consecuencia, se reordena el siguiente apartado de este punto 3 que pasa a ser el c), actualizándolo a las nuevas deducciones aprobadas. En el punto 4, en primer lugar, se modifica el apartado a) que regula la acreditación de la condición de familia numerosa, tomando como referencia el título oficial expedido conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas, por la comunidad autónoma competente, dada la validez en todo el territorio nacional de dicho título. Se modifica el apartado 4.c) en el que se regula la acreditación del grado de discapacidad, incluyendo los supuestos en los que el grado se encuentra acreditado por otras circunstancias, de igual forma que se recoge en el Reglamento del IRPF. Por último, el apartado e) en el que se regula la forma de acreditación de la adecuación de la vivienda a las personas con discapacidad, se traslada a su artículo específico, con la finalidad de simplificación ya comentada. Se modifica el artículo 11, con el objetivo de atender la recomendación del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el cual en su informe final de Fiscalización de los Beneficios Fiscales de la Comunidad de Castilla y León 2021 recoge en su recomendación número 6) la conveniencia de cambiar la configuración de la actual exención de los bienes y derechos de contenido económico que se integran en el patrimonio especialmente protegido del contribuyente del impuesto del patrimonio por una bonificación en la cuota, con la finalidad, entre otras, de conocer el número de personas que se aplican este beneficio fiscal y su importe ejecutado. Se modifica el artículo 16 del texto refundido, en el que se regula la reducción del 99% de la base imponible del impuesto sobre sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias, ampliando los beneficiarios de la misma hasta los colaterales por consanguinidad de cuarto grado del causante, así como a cualquier adquirente persona física que a la fecha de fallecimiento del causante mantuviera una relación laboral a jornada completa dentro de la explotación agraria, con una antigüedad mínima acreditada de tres años. De este modo, se fomenta la continuidad de la actividad agraria en el medio rural evitando el abandono de las explotaciones agrarias al fallecimiento de la persona titular de las mismas, contribuyendo de forma genérica a su dinamización demográfica y económica, y se refuerza la política fiscal en esta materia, complementando otras medidas aprobadas recientemente. Se realizan diversas modificaciones de orden técnico en el artículo 17 para reforzar la seguridad jurídica del contribuyente, simplificar su contenido y mejorar la técnica normativa en la redacción del artículo, así como para homogeneizar la regulación de estas reducciones con la legislación comparada de otras comunidades autónomas y estatal. Se modifica la redacción de los apartados 1.b) y 1.c) utilizando conceptos homogéneos en todos ellos y el apartado 1.a) para recoger el criterio general de que las actividades a las que se aplica la reducción no deben constituir la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. El apartado 2.a), que recoge una reproducción literal del artículo 4º. Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio a efectos de determinar cuando una empresa tiene por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, se sustituye por una referencia directa al mencionado artículo. Se incluye un nuevo apartado 2.h) para recoger el criterio establecido en la ley del impuesto sobre el patrimonio, y por remisión en la ley estatal del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de que el valor exento de tributación se corresponde con los bienes efectivamente afectos y necesarios para la realización de la actividad empresarial o profesional. Se modifica el artículo 17 bis. Se incorpora un nuevo beneficio fiscal de apoyo a las familias, por el que se extiende la bonificación para los familiares directos en el impuesto sobre sucesiones a los familiares cercanos, hermanos/as, tíos/as y sobrinos/as. La bonificación se incrementará progresivamente a lo largo de la legislatura hasta llegar al 12%, un 3% anual, y se aplicará sobre un máximo de 100.000 euros, lo que requiere la utilización del concepto técnico del tipo medio efectivo para el cálculo de la bonificación cuando las bases liquidables superen esa cantidad. La finalidad pretendida con esta medida fiscal es, en primer lugar, que la carga tributaria del impuesto no constituya un impedimento para aceptar estas herencias, y por otro lado, que esta menor carga tributaria, redunde en una mayor disponibilidad para destinar las herencias recibidas como vía de financiación alternativas para la adquisición de vivienda o el emprendimiento empresarial por las nuevas generaciones, en línea con el impacto favorable que está logrando la bonificación para los familiares directos, cuya utilización como mecanismo de apoyo familiar está resultando cada vez más frecuente desde su aprobación en 2021. Se introducen modificaciones en el artículo 20 que obedecen a las razones expuestas para el artículo 17: en el apartado 1.c), recoger la obligación del donatario de mantener la empresa individual o negocio profesional en funcionamiento y en el nuevo párrafo del apartado 2, recoger la aplicación de la reducción al valor de los bienes necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional. Se modifica el artículo 20 bis. En el nuevo apartado 2 del artículo se incorpora un nuevo beneficio fiscal de apoyo a las familias, por el que se extiende la bonificación para los familiares directos en el impuesto sobre donaciones a los familiares cercanos, hermanos/as, tíos/as y sobrinos/as, en línea con lo establecido en el artículo 17.bis para herencias. Igualmente, la bonificación se incrementará progresivamente a lo largo de la legislatura hasta llegar al 12%, un 3% anual, y se aplicará sobre un máximo 100.000 euros, lo que requiere la utilización del concepto técnico del tipo medio efectivo para el cálculo de la bonificación cuando las bases liquidables superen esa cantidad. La finalidad pretendida con esta medida fiscal es la misma que la mencionada para el caso de herencias entre familiares cercanos, en primer lugar, que la carga tributaria del impuesto no constituya un impedimento para que se realicen estas donaciones, y por otro lado, que esta menor carga tributaria, redunde en una mayor propensión para utilizar estas donaciones como vías de financiación alternativa para la adquisición de vivienda o el emprendimiento empresarial por las nuevas generaciones, en línea con lo que está ocurriendo con la bonificación para los familiares directos, cuya utilización como mecanismo de apoyo familiar también está resultando cada vez más frecuente desde su aprobación en 2021. Se modifican los artículos 25 y 26 con el objetivo fundamental de recoger nuevos incentivos fiscales, estructurados en los siguientes ejes centrales: Incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes; Impuestos “Cero” en el medio rural para la transmisión de propiedades; Incentivos fiscales para emprendedores y autónomos, facilitando el relevo generacional y la transmisión de negocios, con mayor intensidad en el medio rural. En el artículo 27 ter se incorpora un nuevo incentivo fiscal dentro de la Política de Impuestos Cero en el medio rural. Se amplía la bonificación existente del 50% hasta el 99% para las escrituras notariales en las que se formalice actos de agrupación, agregación, división o segregación de suelo industrial o terciario, situado en el medio rural. Se realizan diversas modificaciones técnicas en el artículo 28. En primer lugar, se define el concepto de persona víctima de violencia contra la mujer, que en esta ley de medidas se ha incluido en el colectivo de beneficiarios del tipo reducido para la adquisición de la vivienda habitual. En segundo lugar, para reforzar la seguridad del texto jurídico, se clarifica el cumplimiento del requisito de titularidad previa de una vivienda a efectos de la aplicación del tipo reducido por adquisición de vivienda habitual, para el colectivo de familias numerosas, personas con discapacidad y ahora también, personas víctimas de violencia contra la mujer. Se modifica el nombre del capítulo I del título II. La regulación del impuesto sobre la afección medioambiental de Castilla y León, único impuesto propio vigente actualmente en la Comunidad desde la derogación en 2022 del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos se ha mantenido con escasas modificaciones desde su aprobación en 2012 por la Ley 1/2012, de 28 de febrero de medidas tributarias, administrativas y financieras. Actualmente, Castilla y León es la comunidad autónoma con menor número de impuestos propios, de las que tienen este tipo de impuestos. Sin embargo el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del impuesto, la experiencia acumulada en su aplicación, así como la conveniencia de adaptarlo a la actual situación de las instalaciones situadas en la Comunidad susceptibles de afectar al medio ambiente aconsejan revisar y, en su caso, actualizar su regulación, tanto respecto de los hechos imponibles a los que ya le es de aplicación, como respecto de aquellas actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos y los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas. Adicionalmente, se refuerza la neutralidad y el respeto al principio de igualdad del texto vigente, ante actividades que persiguen el mismo objeto económico y que son generadoras, igualmente, de efectos adversos sobre el medio ambiente, actualizando los hechos imponibles dentro de este único impuesto propio. Esta actualización de la fiscalidad medioambiental, basada en el principio “quien contamina, paga”, institucionalizado tanto en la normativa europea, como en la nacional, es singularmente pertinente en una comunidad como la castellano y leonesa, líder en la producción de energía renovable, que exporta mucho más de lo que consume y cuyos ciudadanos soportan las externalidades que provocan estas actividades. Se modifica el artículo 50. En el apartado 1 del artículo se incluyen los nuevos hechos imponibles gravados, los parques fotovoltaicos y los elementos fijos de las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, precisando en el caso de los primeros que solo se sujetan a tributación aquellos cuya finalidad principal sea la venta de energía eléctrica a la red, de forma que se preserve el efecto beneficioso para el medio ambiente de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables cuando se destina al autoconsumo interno. En ambos casos, y como en el resto de hechos imponibles ya gravados, se configuran como tributos de naturaleza real y finalidad extrafiscal. En el apartado 2 se incluye la definición a efectos de esta norma de los parques fotovoltaicos, así como los elementos que los conforman, con una definición específica para los que se instalen en embalses del dominio hidráulico. Por último, el apartado 3 que regula el destino del impuesto de los ingresos del impuesto sobre la afección medioambiental, se actualiza incluyendo los dos nuevos hechos imponibles, dada la configuración ya citada de los mismos como tributos extrafiscales. Se modifica el artículo 51. Al igual que para los parques eólicos y los elementos fijos de redes de suministro eléctrico en alta tensión, el hecho imponible de las nuevas modalidades lo constituyen las afecciones e impactos visuales y medioambientales adversos, que alteran el entorno natural, el paisaje, la flora y la fauna animal, ocupando en muchos casos suelos agrarios productivos y modificando los usos tradicionales. Se añade un nuevo apartado 3, precisando que el hecho imponible se mantiene, aunque las instalaciones se encuentren en desuso, ya que los efectos adversos persisten, dado que no están directamente relacionados con la actividad económica desarrollada, son independientes de que esta se realice o no. Se incorpora un nuevo artículo 51 bis en el que se regulan supuestos de no sujeción, que resultan aplicables a la modalidad de parques fotovoltaicos. En primer lugar, los situados en cubiertas o tejados de edificios, que comprenderían todos los autoconsumos domésticos, así como otros usos como los industriales o terciarios, que por esta ubicación, se entienden destinados al autoconsumo interno, sin perjuicio de la exención subjetiva a favor de las administraciones públicas que ya se regula en el artículo 53.1, que ampararía la exoneración de tributación de otros usos como los educativos, sanitarios, deportivos, etc. En segundo lugar, para el resto de supuestos, fundamentalmente, parques fotovoltaicos situados en el suelo, se establece la no sujeción de aquellos de superficie inferior a 5 hectáreas, por la escasa afección medioambiental causada y por la reducida capacidad contributiva puesta de manifiesto. Se realizan diversas modificaciones en el artículo 53. En el nuevo apartado 2, se regulan supuestos específicos de exención para parques fotovoltaicos, con la finalidad ya mencionada de preservar el efecto beneficioso para el medio ambiente de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables cuando se destina al autoconsumo interno, como ocurre con los autoconsumos sin excedentes y los autoconsumos con excedentes, cuando el propósito principal no sea la venta a la red de la energía generada, determinado por la relación entre la potencia punta P1 contratada y la potencia de generación instalada. Se introduce un nuevo apartado 3 en el que se establece una exención para nuevos despliegues de redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas en municipios del medio rural carentes de infraestructuras básicas de comunicaciones, a efectos de incentivar su implantación en estas áreas con menores tasas de cobertura. El anterior apartado 2 pasa a regularse en el apartado 4, en el que se suprime la exención del 100% durante los 5 primeros años de funcionamiento aprobada en 2017 con la finalidad de fomentar la instalación de parques eólicos en Castilla y León y que, actualmente ha dejado de tener justificación, como lo pone manifiesto que esta Comunidad ocupa la primera posición por potencia instalada de todo el conjunto nacional. No obstante, para evitar que la fiscalidad pudiera constituir una barrera a la implantación de estas instalaciones, se establece una exención para el primer ejercicio de puesta en funcionamiento y el siguiente, tanto para los parques eólicos, como también ahora para los parques fotovoltaicos y los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Se añaden nuevos apartados al artículo 54 en los que se regula la forma de cuantificación de la base imponible de los dos nuevos hechos imponibles gravados, los parques eólicos y los elementos fijos de redes de comunicación, apartados 4 y 5 respectivamente, configurándolas, en ambos casos, en base a parámetros objetivos y cuantificables, que tienen incidencia directa en los efectos medioambientales adversos generados. Se realizan diversas modificaciones en el artículo 55. En el apartado 3 se modifica la cuota tributaria aplicable a los parques eólicos, actualizando los importes de los tramos vigentes, cuyas cuantías han permanecido inalteradas desde su aprobación en 2012 y añadiendo dos nuevos tramos para aerogeneradores de potencia entre 3.001 y 5.000 kw y para mayores de 5.000 kw, de acuerdo con las potencias que actualmente se están instalando. Respecto a las tarifas propuestas para los nuevos tramos se han determinado con un criterio decreciente en el porcentaje entre la tarifa aplicable y la potencia del aerogenerador, con la finalidad de, junto con otras bonificaciones que se regulan por primera vez, incentivar la implantación de aerogeneradores, o en su caso sustitución, más modernos y eficientes en lugar de los antiguos, y minorar, de esta forma, el número de aerogeneradores a instalar. Como ya se ha comentado en el artículo anterior, se ha sustituido la reducción de la cuota regulada en este apartado 3, por la establecida en el artículo 53.4.b), por los motivos allí expuestos. En el apartado 4 se regula la cuota tributaria aplicable a los parques fotovoltaicos, creciente conforme aumenta la superficie ocupada. En el apartado 5 se regula como se determina la cuota tributaria en el caso de instalaciones híbridas. Por último, en el apartado 6 se determina el tipo de gravamen para determinar la cuota correspondiente a la modalidad del hecho imponible de elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Se introduce un nuevo artículo 55 bis, en el que se recogen supuestos de bonificaciones y deducciones. La primera de ellas consiste en una bonificación para los parques eólicos de mayor antigüedad, con la finalidad de incentivar la sustitución de aerogeneradores más antiguos por otros más modernos y eficientes, de forma que, reduciendo el número de ellos necesarios para generar la misma cantidad de energía eléctrica, se minimicen los efectos medioambientales adversos. La segunda, consiste en una deducción aplicable tanto a los parques eólicos como a los fotovoltaicos, de acuerdo con la naturaleza extrafiscal y afectada del impuesto medioambiental, por la realización de programas que contribuyan a la mejora del bienestar socioeconómico y a la lucha contra la despoblación de los municipios afectados por estos parques. Se modifica la Disposición final quinta con el objetivo de actualizar la regulación de las competencias de los departamentos y consejerías con competencias para adoptar las disposiciones normativas que desarrollan los aspectos recogidos en la regulación del impuesto medioambiental. Se modifica la Disposición final séptima, consecuencia de la reordenación llevada a cabo en las deducciones en el IRPF, por la que los municipios y entidades locales menores que conforman el medio rural pasan a definirse en el artículo 7.2.c). El capítulo II cuenta con un solo artículo. El artículo 2 recoge las modificaciones en la Ley 12/2001, de 20 diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 7 de la Ley 12/2001, de 20 diciembre. Se regula en este apartado el régimen de publicidad del catálogo de tarifas de tasas de la Comunidad vigente anualmente, que anteriormente se incluía en la ley anual de presupuestos y que dado el carácter temporal de esta ley obligaba a actualizarlo anualmente. Con la modificación, con carácter general, la publicidad del citado catálogo para su general conocimiento se realizará mediante publicación en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León, salvo cuando la ley de presupuestos apruebe una actualización de las tarifas, en cuyo caso la publicidad se realizará mediante publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se modifica el artículo 17. Se suprime el actual apartado 2 de dicho artículo, ya que actualmente no es de aplicación la revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas a determinados valores monetarios, entre los que se incluirían los importes de los precios públicos. Por otra parte, se modifica el apartado 3, que pasa a ser el 2, para que, en consonancia con lo establecido para tasas, cuando se revisen los importes de los precios públicos con objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de cuantificación, la aprobación de los mismos se pueda realizar por orden de la consejería competente en materia de hacienda. Se modifica el artículo 59, variándose la redacción de la definición del hecho imponible de la tasa en materia de industrias agroalimentarias, eliminado la expresión “la prestación por los órganos de la Administración de la Comunidad”, en la medida que podría llevar a confusión en los casos en que determinadas funciones de control oficial se hayan delegado en entidades y/o personas físicas tal y como permite la normativa europea (artículo 78.2 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017). Por otro lado, se simplifica la redacción del artículo, eliminando la enumeración de los supuestos gravados, remitiéndose por referencia al artículo donde se regulan detalladamente las cuotas de cada uno de estos supuestos. Se modifica el artículo 61, relativo a las cuotas de la tasa en materia de industrias agroalimentarias. Se suprime el actual contenido del artículo y se sustituye por uno nuevo acorde a la realidad de las actividades efectivamente prestadas conforme a la normativa sectorial de aplicación. Se recoge, como novedad, la nueva tasa de control oficial derivada de incumplimientos que es una exigencia establecida en el artículo 79.1.c). Tasas o gravámenes obligatorios del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican diversos Reglamentos (Reglamento sobre controles oficiales). Se modifica el artículo 63, relativo al hecho imponible de la tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas, cambiándose la redacción de la definición del hecho imponible, eliminado la expresión “la prestación por los órganos de la Administración de la Comunidad”, en la medida que podría llevar a confusión en los casos en que determinadas funciones de control oficial se hayan delegado en entidades y/o personas físicas tal y como permite la normativa europea (artículo 78.2 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017). Por otro lado, se simplifica la redacción del artículo, eliminando la enumeración de los supuestos gravados, remitiéndose por referencia al artículo donde se regulan detalladamente las cuotas de cada uno de estos supuestos. Se modifica el artículo 66, que regula las cuotas de la tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas, incluyéndose un apartado 8 para recoger la nueva tasa por controles oficiales derivados de incumplimientos, conforme a la exigencia establecida en el artículo 79.1.c) “Tasas o gravámenes obligatorios” del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, relativo a los controles oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican diversos Reglamentos (Reglamento sobre controles oficiales). Se modifica el artículo 78, que regula el hecho imponible de la tasa por prestación de servicios sanitarios. Se modifica la redacción de la definición del hecho imponible, eliminado la expresión “la prestación por los órganos de la Administración de la Comunidad”, en la medida que podría llevar a confusión en los casos en que determinadas funciones de control oficial se hayan delegado en entidades y/o personas físicas tal y como permite la normativa europea (artículo 78.2 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017). Por otro lado, se simplifica la redacción del artículo, eliminando la enumeración de los supuestos gravados, remitiéndose por referencia al artículo donde se regulan detalladamente las cuotas de cada uno de estos supuestos. Se modifica el artículo 81, que regula las cuotas de la tasa por prestación de servicios sanitarios. Se incluye un apartado 6 para recoger la nueva tasa por controles oficiales derivados de incumplimientos, conforme a la exigencia establecida en el 79.1.c) “Tasas o gravámenes obligatorios” del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, relativo a los controles oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican diversos Reglamentos. Se modifica el artículo 108 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre. Por un lado, en el antiguo apartado a) del artículo 108.9 se incluía una tasa por la evaluación de ensayos clínicos fueran estos con medicamentos o con productos sanitarios. Con la actualización, en base a la aplicación plena del Reglamento de Ensayos Clínicos, Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE, en todos los países de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE), se armoniza la presentación, evaluación y supervisión de los procesos relacionados con los ensayos clínicos con medicamentos en la UE a través del portal del Sistema de Información de Ensayos Clínicos (CTIS, por sus siglas en inglés). A partir del 28 de junio de 2023 existe una tasa única gestionada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la evaluación de ensayos clínicos con medicamentos, por lo que no resultaría de aplicación su inclusión. Por este motivo se ha excluido del apartado a) del artículo 108.9 a los ensayos clínicos con medicamento manteniéndose el resto de los estudios clínicos. Se ajusta la terminología relativa a los estudios clínicos con producto sanitario conforme al Reglamento UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o178/2002 y el Reglamento (CE) n.o1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo. Se procede a la actualización de tasa correspondiente al resto de estudios conforme a la nueva clasificación disminuyéndose el importe por evaluación inicial, a fin de favorecer el desarrollo de dichos estudios en Castilla y León. Se incorpora una tasa por la evaluación inicial o modificaciones sustanciales de otros proyectos de investigación que no se encuentran incluidos en los anteriores apartados. Por otro lado, se modifica este mismo artículo 108 incorporando dos nuevos apartados, con el objetivo de adecuarse a las últimas actualizaciones de la legislación alimentaria la cual requiere que los controles oficiales realizados por iniciativa particular sean repercutidos al administrado. Se modifica el artículo 201, que regula el hecho imponible de la tasa por la evaluación o emisión de informe previos a la contratación de determinadas modalidades de personal docente e investigador por parte de las universidades. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, algunas de las figuras de profesorado docente e investigador sufren modificaciones, debiéndose por ello adaptar el articulo 201 a tales cambios. Se incorpora un nuevo capítulo XLVIII al Título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que regula la nueva tasa en materia de atención social para las personas con grado II y grado III de dependencia y que accedan a servicios de residencia, centro de día o estancia nocturna prestados directa o indirectamente por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y ello, por cuanto, tal como así se recoge en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia deberán participar en la financiación de las mismas, según el tipo, coste del servicio y su capacidad económica personal y, además, los servicios prestados por las administraciones que no sean de solicitud voluntaria estarán sometidos a la correspondiente tasa, en conformidad con las sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2025 y de 15 de julio de 2026. El capítulo III cuenta con un solo artículo, el cual modifica la regulación contenida en la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de la dotación del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León por parte de las entidades locales. Con esta modificación se elimina la enumeración de los impuestos propios de la Comunidad, al haber quedado dicha enumeración obsoleta por la supresión de un impuesto propio de la comunidad como es el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. IV El título II cuenta únicamente con un artículo y en él se recogen medidas financieras que suponen la modificación de varios preceptos de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. Se modifica el artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para recoger respecto de los entes públicos de derecho privado, la posibilidad de modificar temporalmente, a través de las leyes de presupuestos anuales, las reglas de vinculación de sus presupuestos. El objetivo de esta modificación es poder variar, con carácter temporal, la vinculación de los gastos en los entes públicos de derecho privado, de la misma manera que está previsto para el resto de los presupuestos de la Comunidad en el apartado 109.1. No parece lógico que el sistema que se aplica a estos entes sea más rígido que el que se aplica a la Administración General y los organismos autónomos, si se tiene en cuenta que los primeros, por su propia naturaleza, han de ser más versátiles y ágiles que éstos últimos. Se modifica el artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en aras a simplificar los trámites previos a la adquisición de compromisos plurianuales y dar mayor agilidad a la ejecución presupuestaria; para ello se eleva tanto el número de anualidades como el porcentaje al que se puede llegar a comprometer gasto plurianual, calculado sobre el crédito inicial definido a nivel de vinculación del ejercicio corriente, dando así mayor autonomía a los gestores para adquirir este tipo de gasto al elevar tanto las anualidades como las cuantías de compromisos futuros que pueden autorizar ellos mismos y evitando la aplicación del artículo 113 de la misma Ley 2/2006. Por otro lado, en el último párrafo de este apartado se modifica la redacción de las excepciones a los límites, aclarando que estos no se aplican a la carga financiera tanto de la deuda como de los arrendamientos de inmuebles y de equipos, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición Se modifica levemente el apartado 3 del artículo 113 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para recoger una referencia a las autorizaciones prevista tanto en el apartado 1 como en el 2 de dicho artículo 113. Se modifica el artículo 122 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, con el objetivo de aclarar que a las modificaciones de crédito que afectan a dos o más entidades cuyos presupuestos se consolidan dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y que se instrumentan materialmente a través de los créditos para Transferencias a la Administración Regional y de ingresos por Transferencias de la Administración Regional no solo se les aplica el procedimiento y los límites previstos a la modificación que se tramitaría si los créditos afectados por la misma pertenecieran al presupuesto de una sola entidad sino que también tienen el mismo régimen de autorizaciones previsto considerando un único presupuesto. Se modifica el artículo 124 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para unificar en el mismo todo lo relativo a las competencias para autorizar transferencias de crédito, evitándose de este modo posibles contradicciones con otros textos normativos, concretamente con las leyes de presupuestos anuales. Por este mismo motivo se procede a derogar también la disposición adicional séptima de la misma Ley 2/2006, de 3 de mayo. En concreto, desde la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2009, se incluye en las sucesivas leyes de presupuestos un apartado según el cual las transferencias que supongan incremento de créditos de cualesquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios deben ser autorizadas por el titular de la Consejería de Hacienda. Ello suponía una contradicción con lo dispuesto en el artículo 124.2 y 3 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo (que establecen los regímenes de autorización para las transferencias de crédito que no precisan autorización de la Junta de Castilla y León); contradicción que queda subsanada con la modificación recogida en la presente ley. A mayores, se contiene una novedad como es que las transferencias que supongan incremento de créditos de cualesquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios (el denominado “Capítulo 2” de la clasificación económica de los gastos públicos de la Comunidad) pasan a ser autorizadas por el titular de la Consejería de Hacienda y por tanto se produce una mayor centralización en el control financiero en este tipo de transferencias. Por otro lado se suprime en este artículo el apartado relativo a las transferencias de crédito que supongan, dentro de una sección, un incremento o minoración de los créditos para transferencias consolidables, a la vez que una generación o minoración de crédito, respectivamente, en las partidas de ingresos consolidables ya que dicho contenido se incluye en la redacción mucho más amplia del artículo 122.3 de la misma Ley 2/2006, de 3 de mayo, el cual se refiere a cualquier modificación de crédito, no siendo necesario repetirlo para estos dos casos específicos. V El título III establece las medidas administrativas, las cuales se agrupan en dos capítulos. El capítulo I, recoge cuestiones organizativas, relativas al funcionamiento de algunos órganos y servicios de la administración de la Comunidad. Cuenta con 13 artículos. Varias de las modificaciones recogidas en este título responden a la necesidad de adecuar varios textos legales a la actual estructura organizativa de la Administración de la Comunidad, la cual se modificó de manera sustancial a raíz del Decreto 2/2026, de 13 de junio del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías el cual establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio de las políticas públicas y con el fin de alcanzar una eficaz acción de gobierno. Con este objetivo se modifican varios artículos de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, del texto refundido de la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León y del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. Se modifica el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Con el fin de optimizar al máximo el conjunto de recursos humanos y materiales de los que se dispone, resulta preciso disponer de habilitación legal para poder delegar o modificar las delegaciones de competencias actuales en los titulares tanto de órganos centrales como periféricos de los organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado. Se modifican también los artículos 23, 37, 60, 61, 69, 70 y 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, con el objetivo de precisar que las vicepresidencias que no ostenten la titularidad de una consejería, en tanto órganos superiores de la Administración General de la Comunidad, puedan disponer bajo su dirección de órganos directivos centrales para el ejercicio de sus funciones que, si bien no sean dependientes orgánicamente, si lo sean funcionalmente, y que las referencias normativas que existan a consejeros competentes por razón de la materia deban de entenderse también referidas a la correspondiente vicepresidencia. Asimismo, resulta necesario precisar la forma jurídica de las resoluciones que puedan adoptar las vicepresidencias que no ostenten la titularidad de una consejería, así como el régimen de sus disposiciones generales y su posición en el sistema de jerarquía normativa. A tal efecto, dado que las vicepresidencias tienen la consideración de órgano superior de la Administración General de la Comunidad, al igual que las consejerías, se establece que las resoluciones que dicten adoptarán la forma de orden. Asimismo, dichas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, salvo cuando proceda recurso de alzada ante la Junta de Castilla y León. Sobre el régimen de sus disposiciones generales, adoptarán también la forma de orden. Se modifica la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. Se modifican los artículos 152 y 153 para sustituir un órgano colegiado interdepartamental específico, la Comisión Coordinadora de Edificios Administrativos, cuya composición no ha llegado a desarrollarse, por otro ya existente, con un mayor número de funciones, cuyo funcionamiento no requiere de nuevas normas y de reunión ordinariamente semanal. La modificación propuesta tiene en definitiva la misma naturaleza, comparte el mismo planteamiento y persigue el mismo objeto que la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León cuando, en el capítulo III de su título III, que comprende las modificaciones legales dirigidas a la racionalización de órganos administrativos y de su funcionamiento, asignó a la Comisión de Secretarios Generales las funciones de otros órganos de coordinación interdepartamental, modificando las leyes en las que se encontraban regulados. Se modifica el artículo 52.3 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, para adecuar este precepto a las modificaciones operadas en las categorías profesionales que se derivan del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de esta, suscrito con fecha 12 de junio de 2023. Se modifica la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, para que, en base a razones organizativas y económicas, la evaluación de la representatividad reconocida a las organizaciones profesionales agrarias en lugar de hacerse cada cinco años se haga cada seis. Se modifica la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, para sustituir respecto a la organización de competiciones deportivas oficiales de caza, una técnica de intervención administrativa intensa, como es la autorización previa, por un mecanismo más proporcionado de comunicación previa al tratarse de una actividad que no requiere una valoración previa de la Administración, sino el conocimiento anticipado de la actividad para el ejercicio de sus funciones de comprobación, inspección y, en su caso, suspensión motivada. Se modifica el artículo 40 de la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Esta modificación permite reforzar la vinculación entre el órgano asesor mencionado en la disposición final tercera “Despliegue del sistema de calidad” y el órgano al que se refieren los apartados 5 y 7 del propio artículo 40, identificándolo expresamente como tal y evitando dudas sobre su naturaleza de órgano colegiado asesor. Asimismo, la nueva redacción mejora la coherencia interna del precepto, puesto que el apartado 40.7 queda alineado con el contenido de los apartados inmediatamente anterior y posterior, ambos relativos a los informes de evaluación de los centros, destacando los principios que deben regir dichos informes: transparencia y publicidad, principios que la ley hace extensible al sistema de calidad en su conjunto y, por tanto, al órgano asesor. La modificación también garantiza el respeto a las competencias propias de la presidencia del órgano colegiado y al régimen jurídico establecido en la Ley 40/2015. Del mismo modo, se elimina una previsión reiterativa respecto de derechos ya reconocidos a los miembros de los órganos colegiados por la legislación básica y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Finalmente, la nueva redacción evita interpretaciones que pudieran llevar a entender que el órgano asesor debe pronunciarse mediante votación sobre los informes de evaluación de cada centro. Se modifica la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con la finalidad de simplificar los trámites administrativos y de optimizar los tiempos de gestión, acomodando la redacción del artículo 62.1 y 2 con los plazos y determinaciones establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. El capítulo II se refiere a subvenciones y otras aportaciones de la Comunidad. Tales instrumentos se incardinan en las políticas de fomento de la Comunidad, condicionando claramente el modo en que se ejecuta el presupuesto de Castilla y León, lo que justifica su inclusión en esta ley. Cuenta con 7 artículos. En el primer artículo de este capítulo se concretan los proyectos de reparación por daños en infraestructuras municipales y red viaria que la Junta financiará tras la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil. La cofinanciación indiscriminada de todo tipo de proyectos de obra, cualquiera que sea su naturaleza, amén de ocasionar un gasto ineficiente de los recursos autonómicos, provocaría un agravio comparativo entre Diputaciones Provinciales que limitan su petición de ayuda a lo necesario para restablecer los servicios públicos y las Diputaciones Provinciales que incluyen proyectos de obra sobre infraestructuras y equipamientos que no están adscritos a un servicio esencial para los municipios y de los que se desconocía su estado antes de verse afectado por un fenómeno adverso. No todos los proyectos de obra para los que se solicita subvención y se obtiene por parte del Estado, encajan en el espíritu reparador de los servicios esenciales al que responde la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de protección ciudadana de Castilla y León. La Junta de Castilla y León debe limitarse a financiar las obras necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Los dos siguientes artículos se refieren a dos líneas de subvenciones las cuales se tramitarán por orden de presentación y no en concurrencia competitiva: subvenciones para facilitar la obtención del permiso de conducción a las personas físicas de Castilla y León y subvenciones destinadas a usuarios recurrentes de determinadas autopistas de peaje de titularidad estatal que transcurren por Castilla y León. El siguiente artículo tiene por objeto de garantizar una respuesta más eficaz y eficiente ante los daños ocasionados en bienes integrantes del patrimonio cultural y en los recursos y rutas de interés turístico de Castilla y León como consecuencia de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, resultando preciso recoger en este artículo un régimen de concesión directa de subvenciones destinado a atender estos supuestos. El siguiente artículo de este capítulo modifica la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras: En primer lugar, se modifica el apartado primero del artículo 32, referido a las subvenciones para el desarrollo de las políticas activas de empleo, y en el que se recoge el listado de aquellas subvenciones que pueden concederse por orden de entrada. La modificación consiste en suprimir de éste las subvenciones a empresas de inserción. Esta modificación responde a la adaptación normativa exigida en la Disposición Adicional Décima del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, la cual se ha producido con la aprobación de la Orden IEM/1501/2023, de 26 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social en empresas de inserción. Por otro lado, la experiencia acumulada en la gestión de las subvenciones vinculadas a la formación, la orientación, la inserción y otros itinerarios de mejora de la empleabilidad pone de manifiesto la imposibilidad de ejecutar en su totalidad los importes concedidos. Esto ocasiona perjuicios a los trabajadores de esta Comunidad, destinatarios de la formación, que pierden la posibilidad de realizar numerosos cursos; a las entidades beneficiarias, que se ven obligada a reintegrar con intereses los importes concedidos y no ejecutados cuando se les concede anticipo; y a la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, al financiarse estas subvenciones con cargo a transferencias finalistas estatales. Además, las exigencias de la concurrencia competitiva obligan a configurar las convocatorias de subvenciones con una rigidez que impide atender necesidades formativas no previstas en dichas convocatorias que puedan surgir con posterioridad a su publicación. La concesión de las subvenciones por el orden de presentación en cumplimiento de los requisitos establecidos permitiría efectuar un mejor ajuste de los importes concedidos a la ejecución real, lo que redundaría en una gestión administrativa más eficaz y eficiente y reduciría los perjuicios ocasionados a las entidades beneficiarias (al disminuir los importes a reintegrar y los intereses a satisfacer por ellos). Por último, se modifica el artículo 54 para subsanar una referencia errónea a la propia Ley 13/2005, de 27 de diciembre, cuando debía entenderse a la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. El siguiente artículo modifica la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León: Por un lado, se modifica el artículo 33.3. El procedimiento previsto en el artículo 33.3 de la Ley 5/2008 es una excepción al procedimiento general descrito en los apartados anteriores del mismo artículo, que tiene su origen en la época en que no existía la gestión plurianual del presupuesto, y es adecuado, por la flexibilidad y facilidad de gestión que otorga, para líneas de subvenciones con un gran número de beneficiarios y anualidades, una cierta proporción de justificaciones fallidas, y fechas de justificación con alto grado de incertidumbre. Pero, a cambio, este sistema entraña un riesgo para los beneficiarios, que es el de la inexistencia de crédito para hacer frente a todas las solicitudes de pago derivadas de justificaciones, que obligue a retrasar los pagos hasta el ejercicio siguiente (o incluso más, si fuera necesario). Por tanto, conviene limitar este procedimiento excepcional exclusivamente a las líneas de subvenciones que lo requieran verdaderamente. En este sentido, en los últimos años las subvenciones previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, así como las derivadas de planes estatales de vivienda no han optado por este procedimiento. En consecuencia, procede excluirlas del régimen excepcional. Por otro lado, se modifica el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. El artículo 37 establece un régimen de pagos anticipados más favorable para entidades públicas y para entidades sin ánimo de lucro que para el resto de posibles beneficiarios, y en particular para las empresas y en general para entidades con ánimo de lucro. Las personas físicas no han sido beneficiarias de este régimen más favorable, y se han encuadrado en el mismo grupo que las empresas. Esto es razonable en el caso de los empresarios autónomos, pero hay un gran número de subvenciones y ayudas destinadas a familias e individuos que, especialmente cuando se destinan a las rentas más bajas, parece lógico que precisen un anticipo con mayor razón que los organismos públicos o fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Con la modificación, se incluye en el mismo grupo con régimen más favorable a las personas físicas cuando no actúen como empresarios o profesionales individuales. El siguiente artículo de este capítulo modifica el texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones, aprobado por Decreto legislativo 1/2009, de 18 de junio. Se modifica el artículo 3, ya que en la normativa actual no se establece un régimen de libramientos de las aportaciones a consorcios cuando éste no ha sido previsto en el convenio de creación o adhesión. En consecuencia, todos los libramientos a consorcios que se encuentran en esa situación requieren autorización previa de la consejería competente en materia de hacienda para las condiciones del libramiento. Parece razonable, para reducir tanto la incertidumbre como la carga administrativa derivada de esas autorizaciones discrecionales, asimilar el régimen de libramientos al previsto actualmente en el Decreto 8/2010, que además del régimen general previsto en el apartado 1 de su artículo 2, contempla un régimen excepcional en el apartado 2 del mismo artículo en caso de que se considere necesario. VI Se recogen siete disposiciones adicionales. La primera concreta cómo se han de entender las referencias orgánicas a la Gerencia de Servicios sociales, como consecuencia de la modificación de los artículos 3 y 4 y la adición del artículo 4 bis de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, derivada de la reestructuración orgánica de la Administración de Castilla y León La segunda pretende adecuar las referencias normativas en materia de urbanismo y de ordenación del territorio, a la asunción de tales competencias por parte de la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. La tercera se refiere al cómputo de plazos en procedimientos de selección de personal funcionario de carrera y laboral fijo. Se trata de una medida de carácter organizativo cuyo objetivo es la reducción de plazos y agilización de los procesos selectivos de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, buscando la eficacia y eficiencia en la gestión pública. Con este objetivo se hace uso de la posibilidad recogida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la cual prevé la posibilidad de establecer plazos en días naturales si así lo dispone una ley o el Derecho de la Unión Europea. La cuarta prevé que desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2030, se procede a la exención de la tasa por la participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulada en el capítulo XLI de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, desde la entrada en vigor de tal ley y por un periodo de cuatro años se estableció la exención de la tasa por la participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. En este contexto, resulta procedente extenderla hasta el 31 de diciembre de 2030. La quinta prevé que desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2030, se procede a la exención de la tasa por exámenes de habilitación como guía de turismo, regulada en el capítulo XXXII del título IV de la Ley 12/2001, con el objetivo de potenciar la actividad económica del turismo. La sexta, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de Castilla y León extiende hasta el final de 2030 las exenciones y bonificaciones, a día de hoy vigentes, de cuatro tasas: tasa por prestación de servicios veterinarios, tasas por las licencias quinquenales de caza de la clase A y B y por la licencia quinquenal de pesca y tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. La disposición adicional séptima establece un régimen especial referido a la dotación del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León previsto en la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, para los años 2027 y sucesivos, con el objetivo de minimizar la pérdida de ingresos por parte de las entidades locales derivada de la supresión de un impuesto propio de la comunidad como es el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. Se recogen tres disposiciones transitorias. Respecto de la primera disposición transitoria, la modificación de la deducción en el IRPF para la adquisición/rehabilitación de la primera vivienda habitual por jóvenes en el medio rural, con efectos desde el 1 de enero de 2027, hace necesaria esta disposición transitoria para recoger que los contribuyentes que ya estuvieran aplicando esta deducción, pueden continuar haciéndolo en los términos vigentes hasta esa fecha. La segunda disposición transitoria obedece a las mismas razones, en este caso, para los sujetos pasivos que se estuvieran aplicando la exención del artículo 53.2.b) y la reducción del segundo párrafo del artículo 55.3, en su redacción anterior, que podrán continuar haciéndolo hasta agotarlas. La tercera se refiere al funcionamiento transitorio de los órganos colegiados en materia de medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. La disposición derogatoria contiene la relación de preceptos vigentes que quedan derogados por la presente ley y la cláusula genérica de derogación. Se derogan las letras k) y ñ) del apartado 1 y apartado 3 del artículo 32 y el artículo 33 ter de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. La nueva redacción del apartado 2 del artículo 32 engloba ya el actual apartado 3 del citado artículo, y el artículo 33 ter, ambos de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras, para suprimir el régimen de concesión directa de las ayudas destinadas a la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, impuesto por mandato legal de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras y se fundamenta en la necesidad de adaptar la financiación pública en la gestión de estas líneas de ayuda al principio general de concurrencia competitiva consagrado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones con la finalidad de profundizar en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Se deroga la disposición adicional séptima de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que se refería a las competencias para autorizar transferencias de crédito en los presupuestos de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, del Ente Público Regional de la Energía y del Instituto Tecnológico Agrario, ya que se unifica en el artículo 124 de la misma Ley 2/2006, de 3 de mayo, todo lo relativo a las competencias para autorizar transferencias de crédito. Se deroga el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. Tal y como se ha indicado respecto a la modificación del artículo 33.3 de la misma Ley 5/2008, de 25 de septiembre, el procedimiento previsto en dicho apartado es una excepción del general y como tal debe estar regulado y ser utilizado. No obstante, para las ayudas para la Cooperación Económica Local General ha sido utilizado obligatoriamente de acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2008, si bien se están tramitando en la práctica una vez recabada la preceptiva autorización del límite por la Junta de Castilla y León, según el procedimiento general de gestión presupuestaria. En consecuencia, procede excluir este tipo de ayudas del régimen excepcional, eliminando para ello el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. Se deroga la letra i), apartado 2 del artículo 10 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. Las disposiciones finales recogen la habilitación para el desarrollo reglamentario de esta ley, y la entrada en vigor de la ley. A mayores, como disposición final primera se recoge, por concurrencia de razones graves de interés público que así lo justifica, una modificación Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León. La presente modificación responde a razones de interés público dirigidas a reforzar la protección de las personas usuarias, mejorar la seguridad jurídica y adaptar la regulación del juego a la evolución del sector y a las necesidades detectadas en su aplicación práctica. Con esta finalidad, se incorpora una previsión legal sobre el horario de apertura de los establecimientos específicos de juego, garantizando un régimen homogéneo de funcionamiento que contribuya a una ordenación más eficaz de la actividad y evite distorsiones derivadas de un uso meramente nominal de las autorizaciones otorgadas. Asimismo, la modificación clarifica el régimen aplicable a la prestación de servicios complementarios y a la utilización de cajeros automáticos y otros dispositivos de disposición de efectivo en los establecimientos de juego, dotando de una cobertura legal expresa a una materia que ha suscitado dudas interpretativas y reforzando la protección del interés público asociado a las políticas de juego responsable. En la misma línea, se amplía la prohibición de conceder préstamos a los jugadores para incluir cualquier forma de asistencia financiera o entrega de dinero en efectivo, con el fin de reducir los factores que pueden favorecer el juego impulsivo y prevenir conductas de riesgo. Por último, se adaptan los correspondientes tipos infractores para garantizar la adecuada correspondencia entre las nuevas obligaciones legales y el régimen sancionador, reforzando los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica. Con ello se mejora la eficacia de la actuación administrativa en las funciones de inspección y control, asegurando una aplicación uniforme de la normativa y una mayor protección del interés general en un sector sometido a una especial intervención administrativa por su incidencia económica y social. Todas las modificaciones proyectadas antes indicadas proyectadas se enmarcan en el proceso de revisión y actualización del marco regulatorio del juego iniciado tras la aprobación de la Ley 2/2024, de 15 de marzo, y responden a necesidades de adaptación identificadas durante la aplicación práctica de dicha norma y en el desarrollo de los trabajos de análisis y planificación del sector. Desde la constitución de la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable en mayo de 2025 se vienen desarrollando actuaciones de análisis y coordinación en esta materia y que se encuentra en elaboración la futura Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico 2027-2030. Estos trabajos constituyen parte de los antecedentes que permiten contextualizar las necesidades regulatorias identificadas y valorar su tratamiento en el marco legal antes de abordar la adaptación de los reglamentos de los distintos subsectores del juego. Las modificaciones proyectadas, como ya se ha indicado, afectan a la ordenación de las condiciones de ejercicio de la actividad económica del juego presencial, mediante la regulación de aspectos relativos al funcionamiento de los establecimientos específicos, los servicios complementarios que pueden ofrecerse, los medios de disposición de efectivo y las relaciones económicas entre los operadores y las personas participantes. Se trata de materias que conviene abordar de forma conjunta, con el fin de disponer de un marco legal coherente sobre el que desarrollar posteriormente la normativa reglamentaria sectorial. De este modo, la secuencia normativa prevista pretende consolidar las previsiones legales antes de acometer la adaptación de los reglamentos, favoreciendo una revisión coordinada del conjunto de la normativa, evitando sucesivas modificaciones y reforzando la estabilidad y la seguridad jurídica del sector. Como disposición final segunda se recoge, igualmente por concurrencia de razones graves de interés público que así lo justifica, una modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. Sin perjuicio de la disconformidad del Gobierno de Castilla y León con respecto a la política estatal en materia de vivienda, resulta imprescindible añadir un punto 3 en el artículo 50 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, estableciendo un régimen de protección permanente de las viviendas de protección pública que resulta necesario para poder acceder a las ayudas que se contemplan en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como en aquellos fondos europeos como FEDER y la financiación a través del Banco Europeo de Inversiones, evitando así una renuncia a fondos previstos en el Plan a los que en todo caso tiene derecho esta Comunidad. La excepcionalidad deriva de la urgencia en adoptar medidas para incrementar la oferta de vivienda protegida y asegurar la efectividad de las políticas públicas en la materia, ante las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a amplios sectores de la población. Estas razones de interés público se vinculan, como ya se ha indicado directamente a la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y a la captación de financiación de instrumentos estatales y europeos, así como del Banco Europeo de Inversiones; la práctica totalidad de las líneas de financiación previstas en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, condicionan su concesión a la existencia de un régimen jurídico que garantice la permanencia de la protección pública de las viviendas, por lo que resulta imprescindible adecuar la legislación autonómica para asegurar el acceso a dichos recursos, que de otra forma se perderían. Esta exigencia de calificación permanente que, hoy, nuestra Ley de Vivienda autonómica solo prevé para las viviendas colaborativas protegidas en su artículo 48, también se contiene en la normativa europea reguladora del apoyo y financiación de las políticas de vivienda de los Estados miembros. En virtud de lo indicado, previa audiencia a las Consejerías de la Junta de Castilla y León, con informe de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, con informe de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, previa consulta ante los órganos colegiados sectoriales correspondientes y ante el Consejo Económico y Social de Castilla y Leon y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, se aprueba el presente proyecto de ley. TÍTULO I MEDIDAS TRIBUTARIAS CAPÍTULO I TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS Artículo 1.- Modificación del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. 1. Se modifica el artículo 1 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “La base liquidable general será gravada a los tipos de la siguiente escala autonómica: Base liquidable Hasta euros Cuota íntegra Euros Resto base liquidable Hasta euros Tipo aplicable Porcentaje 0,00 0,00 12.450,00 8,75 12.450,00 1.089,38 7.750,00 12,00 20.200,00 2.019,38 15.000,00 14,00 35.200,00 4.119,38 18.207,20 18,50 53.407,20 7.487,71 En adelante 21,50 2. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Se establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en los términos previstos en los artículos 3 al 9 de este texto refundido, las siguientes deducciones: - Por familia numerosa. - Por nacimiento o adopción. - Por cuidado de hijos menores. - Para el fomento de la práctica del deporte y actividades saludables - Por discapacidad. - Para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes: - “Cuenta ahorro vivienda joven” - Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por los jóvenes en el medio rural. - Arrendamiento de la vivienda habitual por jóvenes. - Arrendamiento de la vivienda habitual por jóvenes en el medio rural. - Para incentivar el acceso a la vivienda en alquiler asequible: - Rehabilitación de viviendas en el medio rural destinadas al alquiler asequible. - Puesta en alquiler estable y asequible de viviendas vacías. - Para el fomento del emprendimiento. - Para la recuperación del patrimonio cultural y natural, por donaciones a fundaciones y para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y para el fomento de la movilidad sostenible.” 3. Se modifica el apartado 2 del artículo 3 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “2. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar las deducciones establecidas en este artículo, el importe de las mismas se prorrateará en la declaración de cada uno de ellos por partes iguales.” 4. Se modifica el artículo 4 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Nacimiento o adopción: Los contribuyentes podrán deducirse por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo que genere el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente las siguientes cantidades, con carácter general: – 1.050 euros si se trata del primer hijo. – 1.550 euros si se trata del segundo hijo. – 2.400 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos. 2. Nacimiento o adopción en el medio rural: Los contribuyentes residentes en municipios o entidades locales menores cuya población no exceda de 5.000 habitantes, en lugar de los importes previstos en el apartado anterior, podrán deducirse por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo que genere el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente las siguientes cantidades: – 1.470 euros si se trata del primer hijo. – 2.170 euros si se trata del segundo hijo. – 3.360 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos. 3. Partos o adopciones múltiples: Los contribuyentes podrán deducirse, en el caso de partos múltiples o adopciones, simultáneos o independientes producidos en un periodo de doce meses, de dos o más hijos que generen el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, las siguientes cantidades: a) Un 50 % de la cantidad que corresponda por aplicación de alguno de los apartados anteriores, si los partos o adopciones son de dos hijos. b) Un 100 % de la cantidad que corresponda por aplicación de alguno de los apartados anteriores, si los partos o adopciones son de tres o más hijos. c) 901 euros durante los dos años siguientes al nacimiento o adopción. 4. Gastos de adopción: Los contribuyentes podrán deducirse, en el período impositivo en que se produzca la inscripción en el Registro Civil de una adopción de hijos que generen el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, las siguientes cantidades: a) 784 euros con carácter general. b) La deducción de la letra anterior será de 3.625 euros en el supuesto de adopción internacional, realizada según la legislación vigente y de acuerdo con los tratados y convenios suscritos por España. 5. Compatibilidad de las deducciones. a) Las deducciones contempladas en los apartados 3 y 4 anteriores son compatibles entre sí y con la deducción que proceda del apartado 1 o 2. b) Las deducciones contempladas en los apartados anteriores son incompatibles con el “Bono Nacimiento”, debiendo el contribuyente optar por el mencionado bono o por la aplicación de las citadas deducciones. 6. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar las deducciones establecidas en este artículo, el importe de las mismas se prorrateará en la declaración de cada uno de ellos por partes iguales.” 5. Se modifica el artículo 5 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Cuidado de hijos menores de cuatro años en guarderías o centros escolares. Los contribuyentes que, por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que llevar a sus hijos menores a guarderías o centros escolares, podrán deducirse las siguientes cantidades: El 100% de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, así como los gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos, en escuelas infantiles, centros y guarderías infantiles de la Comunidad de Castilla y León, inscritas en el registro de centros para la conciliación de la vida familiar y laboral, con el límite máximo de 1.320 euros. En el supuesto de que el contribuyente tuviera derecho al incremento de la deducción estatal por maternidad a que se refiere el artículo 81.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, el importe deducido por el citado incremento minorará el anterior límite máximo de 1.320 euros. En ningún supuesto, el importe total deducible por ambos progenitores por aplicación de esta deducción podrá superar la diferencia entre los gastos efectivamente satisfechos en el ejercicio para el cuidado de hijos menores por el concepto de guarderías o centros escolares y las cantidades aplicadas y/o percibidas por la deducción estatal incrementada por maternidad y por cualquier otra ayuda pública para el mismo concepto, con la salvedad del “Bono Concilia” y de las “Ayudas por reducción de jornada y excelencia” de la Junta de Castilla y León, que son compatibles con esta deducción autonómica. 2. Cuidado de hijos menores de cuatro años a cargo de una persona empleada del hogar. Los contribuyentes que, por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar, podrán deducirse las siguientes cantidades: El 30% de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona empleada del hogar, con el límite máximo de 322 euros. En ningún caso el importe total deducible por ambos progenitores por aplicación de esta deducción podrá superar la diferencia entre los gastos efectivamente satisfechos en el ejercicio por este concepto de persona empleada del hogar y las cantidades aplicadas y/o percibidas por cualquier otra ayuda pública para el mismo concepto, con la salvedad del “Bono Concilia” y de las “Ayudas por reducción de jornada y excedencia” de la Junta de Castilla y León citados en el apartado 1 anterior, que son compatibles con esta deducción autonómica. 3. Los contribuyentes podrán deducirse, adicionalmente, el 15% de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por las cuotas a la Seguridad Social de la persona empleada del hogar, con el límite máximo de 300 euros. Esta deducción es igualmente compatible con el “Bono Concilia” y con las “Ayudas por reducción de jornada y excedencia” de la Junta de Castilla y León citados en el apartado 1. 4. Requisitos comunes para la aplicación de estas deducciones: Para la aplicación de estas deducciones, deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos a los que sea de aplicación el mínimo por descendiente tuvieran menos de 4 años de edad. b) Que los progenitores que tienen derecho a la aplicación del mínimo por descendiente respecto a los hijos que cumplen los requisitos de la letra a) realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad. c) Que, en el supuesto de que la deducción se aplique por gastos de una persona empleada del hogar, ésta esté dada de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 5. Las deducciones contempladas en los apartados 1 y 2 anteriores son incompatibles entre sí. 6. Cuando dos contribuyentes tengan derecho a la aplicación de las deducciones establecidas en este artículo por corresponder a gastos relacionados con los mismos hijos menores, el importe de las mismas se prorrateará en la declaración de cada uno de ellos en función de las cantidades que cada cual hubiera satisfecho, con el límite máximo de deducción”. 6. Se incorpora un nuevo artículo 5 bis al texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “Artículo 5.bis: Deducción para el fomento de la práctica del deporte y actividades saludables. 1. Los contribuyentes podrán deducirse del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por gastos asociados a la práctica del deporte y actividades saludables del propio contribuyente, su cónyuge o alguna de las personas que den derecho a la aplicación de los mínimos familiares por descendientes y ascendientes, con el límite de 150 euros anuales por contribuyente. 2. Darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas por gastos incurridos en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, por alguno de los siguientes conceptos: - Cuotas obligatorias de pertenencia o adhesión a gimnasios, clubes deportivos, federaciones deportivas, secciones deportivas y sociedades anónimas deportivas. - Adquisición de equipamiento obligatorio para práctica de deporte federado. A estos efectos, tendrá la consideración de equipamiento obligatorio todo aquel material propio de la modalidad deportiva en la que se encuentre federado el sujeto que da derecho a la deducción, quedando expresamente excluido el material deportivo genérico de uso común a varias o todas las modalidades deportivas. - Servicios personales prestados por técnicos, monitores y entrenadores deportivos. - Práctica de yoga, pilates, artes marciales, baile, ballet, senderismo y natación. 3. Cuando dos contribuyentes tengan derecho a la aplicación de las deducciones establecidas en este artículo por corresponder a gastos relacionados con ascendientes o descendientes, el importe de las mismas se prorrateará en sus declaraciones individuales en función de las cantidades que cada cual hubiera satisfecho, con el límite máximo para cada uno de ellos de 150 euros anuales. 4. La acreditación de los gastos satisfechos se realizará mediante factura, que deberá cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 5. La deducción regulada en el presente artículo no estará sujeta a los límites de renta establecidos, con carácter general, en el artículo 10.1 de este texto refundido.” 7. Se modifica el artículo 6 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Deducción por discapacidad del contribuyente y descendientes 1.1. Los contribuyentes que estén afectados por un grado de discapacidad y no sean usuarios de residencias públicas o concertadas de la Comunidad podrán deducirse: a) 325 euros, si tienen menos de 65 años de edad y su grado de discapacidad es igual o superior al 65 % o, si tienen una edad igual o superior a 65 años y su grado de discapacidad es igual o superior al 33 %. b) La deducción de la letra anterior será de 700 euros cuando, si tienen una edad igual o superior a 65 años, su grado de discapacidad es igual o superior al 65 %. En los supuestos de tributación conjunta, los importes de las letras a) y b) anteriores se aplicarán por cada uno de los miembros de la unidad familiar que cumplan los requisitos establecidos. 1.2. El contribuyente podrá deducir el importe que proceda de las letras a) o b) del apartado 1.1. anterior por cada uno de los descendientes que generen el derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad, siempre que éstos no sean usuarios de residencias públicas o concertadas de la Comunidad. En tributación conjunta, el contribuyente podrá aplicar esta deducción por aquellos hijos por los que, cumpliendo los requisitos anteriores, no se haya aplicado la deducción del apartado 1.1 anterior. 2. Deducción por discapacidad en familias numerosas Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar que genere el derecho a la aplicación de la deducción del artículo 3 de este texto refundido, tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, el importe que resulte deducible conforme a dicho artículo 3 se incrementará adicionalmente en 600 euros. 3. Deducción por nacimiento o adopción de hijos con discapacidad En el caso de que el hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo que genere el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, el importe que resulte deducible conforme a los artículos 4.1 o 4.2 de este texto refundido, se incrementará adicionalmente en un 100%. No podrán aplicarse esta deducción los contribuyentes que opten por la ayuda complementaria por discapacidad del “Bono Nacimiento”, debiendo el contribuyente optar por la mencionada ayuda complementaria o por la aplicación de la deducción. Si el reconocimiento de la discapacidad fuera realizado con posterioridad al período impositivo correspondiente al nacimiento o adopción y antes de que el hijo menor cumpla cinco años, el incremento de la deducción se practicará en el período impositivo en que se realice dicho reconocimiento. 4. Deducción para la adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitación de viviendas situadas en la Comunidad de Castilla y León que constituyan o vayan a constituir su vivienda habitual y que sean subvencionadas por el departamento competente en materia de vivienda de la Junta de Castilla y León dentro del marco de programas regulados en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 o plan estatal que lo sustituya, podrán deducirse el 15 % de las inversiones que realicen en: Obras e instalaciones de adecuación necesarias para la mejora de la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o varios ocupantes de la vivienda que sean personas con discapacidad, siempre que éstos sean el contribuyente o su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por el contribuyente para la realización de las inversiones, minoradas dichas cantidades en las cuantías percibidas o que fueran a serlo a través de un programa de subvenciones o ayudas públicas, con el límite máximo de 20.000 euros. La acreditación de que la rehabilitación subvencionada por la Junta de Castilla y León de la vivienda se ha realizado en el marco de programas regulados en el Plan Estatal de vivienda 2026-2030 o plan estatal de vivienda que lo sustituya, se realizará mediante justificante de la transferencia bancaria emitida por el órgano gestor de dichos programas en pago de la subvención que los financia. La deducción se practicará en el ejercicio en el que se perciba el pago de la subvención concedida para la actuación de rehabilitación de la vivienda habitual, en los términos previstos en la normativa reguladora de la citada subvención. 5. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar las deducciones establecidas en los apartados 1.2, 2 y 3 de este artículo, el importe de las mismas se prorrateará en la declaración de cada uno de ellos por partes iguales.” 8. Se modifica el artículo 7 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “Artículo 7: “Deducciones para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes” 1. “Cuenta ahorro vivienda joven”. Los contribuyentes que durante el período impositivo depositen cantidades en entidades de crédito podrán deducirse el 15 % de dichas cantidades siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Que los contribuyentes tengan su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León y que a la fecha de devengo del impuesto tengan menos de 40 años. b) Que antes del transcurso de cinco años, desde la fecha de apertura de la cuenta, el contribuyente destine el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción exclusivamente a la adquisición de una vivienda o a una rehabilitación conforme al concepto establecido en el artículo 20. Uno.22. B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o norma que le sustituya, que, en ambos casos, vaya a constituir su primera vivienda habitual. c) Que la vivienda esté situada en la Comunidad de Castilla y León. La base máxima de la deducción será de 10.000 euros anuales, con un importe máximo deducible de 1.500 euros anuales. La deducción podrá aplicarse durante un máximo de cinco periodos impositivos, contados desde el periodo impositivo en que se produzca la apertura de la cuenta, incluido este periodo. En la aplicación de esta deducción se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: a) Las cantidades depositadas en las cuentas que hayan generado el derecho a la deducción no podrán volver a ser objeto de deducción cuando se destinen a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual a que se refiere el apartado 2 de este artículo. b) Las cuentas en las que se efectúe el depósito de las cantidades base de la deducción deberán estar separadas de cualquier otro tipo de imposición, pudiendo únicamente cada contribuyente mantener una cuenta de este tipo. c) El saldo de la cuenta a la fecha de devengo del impuesto deberá ser superior al saldo a la fecha de devengo del periodo impositivo anterior, al menos por el mismo importe que ha dado derecho a practicarse la deducción. Se entenderá que no se incumple el requisito de disposición cuando las cantidades depositadas que hayan generado el derecho a la deducción se repongan o se aporten íntegramente, con anterioridad al devengo del Impuesto, a una cuenta de la misma o de otra entidad de crédito que cumpla la misma finalidad y condiciones. d) Las cuentas deberán identificarse separadamente en la autoliquidación del impuesto, incluyendo además la fecha de apertura y el incremento de saldo correspondiente al ejercicio. A efectos de esta deducción, se asimilan las cantidades entregadas por el contribuyente al promotor o constructor para la construcción de la vivienda a las cantidades depositadas en la cuenta ahorro vivienda, resultando igualmente deducibles conforme a los requisitos y condiciones establecidos en este artículo. La base máxima conjunta de deducción para ambas aportaciones, tanto a la cuenta ahorro vivienda joven como al promotor o constructor, será de 10.000 euros anuales. 2. Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por jóvenes en el medio rural. Los contribuyentes que durante el período impositivo satisfagan cantidades por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual en el territorio de la Comunidad de Castilla y León podrán deducirse el 15 % de las cantidades satisfechas siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Que los contribuyentes tengan su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León y que a la fecha de devengo del impuesto tengan menos de 36 años. b) Que se trate de su primera vivienda. c) Que la vivienda esté situada en un municipio o en una entidad local menor de la Comunidad de Castilla y León que en el momento de la adquisición o rehabilitación no exceda de 20.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y la vivienda tenga un valor total, a efectos del impuesto que grave su adquisición o rehabilitación, hasta 200.000,00 euros. d) Que se trate de una vivienda de nueva construcción o de una rehabilitación conforme al concepto establecido en el artículo 20. Uno.22. B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o norma que le sustituya. e) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se produzca a partir del 1 de enero de 2027. La base máxima de esta deducción será de 10.000 euros anuales y estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma Económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento. La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación. A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el período impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente. 3. Arrendamiento de la vivienda habitual por jóvenes. Los contribuyentes menores de 36 años a la fecha de devengo del impuesto que durante el período impositivo satisfagan cantidades en concepto de alquiler de su vivienda habitual situada en Castilla y León podrán deducirse el 20 % de las cantidades satisfechas con un límite de 459 euros, con carácter general. 4. Arrendamiento de la vivienda habitual por jóvenes en el medio rural. El porcentaje establecido en el apartado anterior será el 27% con un límite de 612 euros cuando la vivienda habitual se encuentre situada en un municipio o en una entidad local menor del medio rural a los que se refiere el apartado 2.c) de este artículo. El importe deducible por el contribuyente por aplicación de los apartados 3 y 4 anteriores no podrá superar la diferencia entre las cantidades efectivamente satisfechas por el mismo en concepto de renta de alquiler y el importe del total de las ayudas que perciba de cualquier administración o ente público por dicho concepto y periodo impositivo.” 9. Se incorpora un nuevo artículo 7 bis al texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “Artículo 7 bis. Deducciones para incentivar el acceso a la vivienda en alquiler asequible 1. Rehabilitación de viviendas en el medio rural destinadas al alquiler asequible. Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitación de viviendas que cumplan los requisitos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 7 de este texto refundido podrán deducirse el 17% de las cantidades invertidas cuando concurran las siguientes condiciones: a) Que durante los cinco años siguientes a la realización de las actuaciones de rehabilitación la vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del cónyuge, ascendientes, descendientes o familiares hasta el tercer grado de parentesco del propietario de la vivienda, sin perjuicio de lo previsto en la letra siguiente. b) Que, si durante los cinco años previstos en la letra anterior se produjeran periodos en los que la vivienda no estuviera efectivamente alquilada, la vivienda se encuentre ofertada para el alquiler de acuerdo con las instrucciones que en gestión de este impuesto se dicten mediante orden de la consejería competente en materia de hacienda. c) Que el importe del alquiler mensual no supere los 500 euros. d) Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada conforme a lo establecido en la normativa aplicable. e) El concepto de rehabilitación de viviendas es el recogido en el artículo 20. Uno.22. B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o norma que le sustituya. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por el contribuyente para la realización de las actuaciones de rehabilitación, minoradas dichas cantidades en las cuantías percibidas o que fueran a serlo a través de un programa de subvenciones o ayudas públicas, con el límite máximo de 20.000 euros. 2. Puesta en alquiler estable y asequible de viviendas vacías. Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de viviendas vacías durante al menos el año anterior a la celebración de un contrato de arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrán deducir en la cuota íntegra autonómica 600 euros por cada uno de los bienes inmuebles destinados al arrendamiento de una vivienda. La deducción será aplicable exclusivamente en el ejercicio en que se formalice el primer contrato de arrendamiento de la vivienda. El importe de la deducción se prorrateará en función del porcentaje de participación en la propiedad del inmueble. A estos efectos, se entenderá que una vivienda se encuentra vacía cuando no haya estado habitada, arrendada, en uso, ni afecta a actividades económicas en el periodo mencionado en el apartado anterior, generando imputaciones de renta inmobiliaria en los términos establecidos en el artículo 85 de la ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas. Para aplicar esta deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el contribuyente declare en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el rendimiento derivado del arrendamiento como rendimientos del capital inmobiliario. b) La vivienda debe estar radicada en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. c) El contrato de arrendamiento deberá tener una duración efectiva de al menos tres años. No obstante, no se perderá el derecho a la deducción en caso de que el contrato de arrendamiento tenga una duración inferior a tres años cuando dicho inmueble pase a estar en situación de expectativa de alquiler y vuelva a ser objeto de un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda dentro del plazo de seis meses desde la finalización del anterior contrato, siempre que la suma de los periodos de duración de los contratos de arrendamiento sea de al menos tres años. d) El arrendatario de la vivienda no podrá ser el cónyuge ni un pariente, por consanguinidad o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, del contribuyente, debiendo dejar constancia de esta circunstancia en el contrato de arrendamiento. e) Que el precio mensual del alquiler de la vivienda incluidos sus anejos no supere 750 euros o 500 euros en el caso de que el inmueble se encuentre ubicado en alguno de los municipios o entidades locales menores del medio rural a los que se refiere al artículo 7.2.c) de este texto refundido. f) Sólo podrán aplicar esta deducción los contribuyentes propietarios o usufructuarios de un máximo de 3 inmuebles destinados a vivienda, excluidos garajes y trasteros, sin computar en esta cifra la vivienda habitual del contribuyente. 3. Las deducciones reguladas en el presente artículo no estarán sujetas a los límites de renta establecidos, con carácter general, en el artículo 10.1 de este texto refundido” 10. Se modifica el apartado 1 del artículo 10 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Las deducciones reguladas en este capítulo, salvo las previstas en los artículos 3, 4, apartados 2, 3, y 4 del artículo 6, artículo 8 y artículo 9 (letras f) y g)), no serán de aplicación a los contribuyentes cuya base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso de tributación conjunta. 11. Se modifican las letras c), d), e), f), g) del apartado 2 del artículo 10 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos que pasan a tener la redacción que se indica a continuación, se elimina la letra i), y la letra j) pasa a ser la letra h): “c) Los conceptos de los mínimos personales y familiares serán los establecidos por la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas d) Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los requisitos establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. e) Se considera vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición represente la primera transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre que no hayan transcurrido tres años desde ésta. Asimismo se considera vivienda de nueva construcción cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras. f) Se considera que el contribuyente adquiere primera vivienda cuando no dispusiera, ni hubiera dispuesto, de ningún derecho de plena propiedad igual o superior al cincuenta por ciento sobre otra vivienda g) La base imponible total es igual a la base imponible general más la base imponible del ahorro.” 12. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 10 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasan a tener la siguiente redacción: “3. La aplicación de las deducciones reguladas en este capítulo está sujeta a las siguientes reglas: a) Las cantidades destinadas por el contribuyente a la adquisición del vehículo turismo nuevo del artículo 9.g) se minorará a efectos del cálculo del importe deducible en las cuantías que hubieran sido subvencionadas o, en su caso, que fueran a serlo a través de un programa de ayudas públicas. b) La suma de las bases de las deducciones previstas en las letras a) a f) del artículo 9 no podrá exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente. c) Cuando en períodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en todo o en parte, a las deducciones practicadas en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 7, en los apartados 1 y 2 del artículo 7.bis y en el artículo 8 o se incumplan los requisitos para la aplicación de la deducción regulada en la letra g) del artículo 9, el contribuyente estará obligado a sumar a la cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 4. La aplicación de cualquiera de las deducciones reguladas en este capítulo requerirá justificación documental adecuada a la deducción. En concreto: a) El contribuyente que opte por la aplicación de la deducción por familia numerosa deberá estar en posesión del título oficial establecido al efecto, conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. b) El contribuyente que se aplique las deducciones reguladas en las letras c), d) y e) del artículo 9 deberá estar en posesión de la justificación documental a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. c) El grado de discapacidad se acreditará mediante resolución o certificación expedida por el órgano competente en la materia. No obstante, se considerará acreditado un grado de discapacidad: - Igual o superior al 33% cuando se perciba una pensión de la Seguridad Social por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o se perciba una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. - Igual o superior al 65%, aunque no se alcance dicho grado, si la incapacidad ha sido declarada judicialmente en el orden civil o mediante resolución judicial del orden civil que establezca la curatela representativa de las personas con discapacidad. d) La adquisición por el contribuyente de un vehículo que genere el derecho a la aplicación de la deducción establecida en la letra g) del artículo 9, la fecha de esta adquisición y la cantidad efectivamente satisfecha por el contribuyente se acreditarán mediante factura.” 13. Se modifica el artículo 11 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “Artículo 11. Bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad. Si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la determinación de la base imponible se incluyen aquéllos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente constituido al amparo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, el contribuyente podrá aplicarse una bonificación del 100% en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a dichos bienes o derechos.” 14. Se modifica la letra b) del artículo 16 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado de la persona fallecida. También podrá aplicar esta reducción cualquier adquirente persona física que a la fecha de fallecimiento del causante mantuviera una relación laboral a jornada completa dentro de la explotación agraria, con una antigüedad mínima acreditada de tres años. La acreditación de la antigüedad mínima se realizará mediante Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.” 15. Se modifica el artículo 17 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Cuando en la base imponible de la adquisición esté incluido el valor de una empresa individual o de un negocio profesional, situado en Castilla y León se aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99 por 100 del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma habitual, personal y directa y la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.º Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. b) Que los rendimientos del causante procedentes de esta actividad supongan al menos el 50 por 100 de la suma de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de reducción en este impuesto. c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más actividades de forma habitual, personal y directa, la reducción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las mismas, considerándose para determinar el porcentaje de rendimientos a que se refiere la letra anterior, el conjunto del rendimiento de todas ellas. d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida. e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo. No es incumplimiento de este requisito la transmisión de los mismos bienes que sea consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada a favor de cualquiera de las personas que hubieran podido gozar de esta reducción, en cuyo caso, el nuevo adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de siete años desde la primera transmisión. También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los bienes del causante afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge superviviente, cuando éste sea el adjudicatario de los bienes. En tal caso los requisitos a que hacen referencia las letras a), b) y c) anteriores se habrán de cumplir por el cónyuge adjudicatario. 2. Cuando en la base imponible de la adquisición esté incluido el valor de participaciones en entidades, que no coticen en mercados organizados, cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y León se aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99 por 100 del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.º Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. b) Que la participación del causante en el capital de la entidad sea, al menos, igual al 5 por 100 computado de forma individual o al 20 por 100 conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de parentesco ya sea éste por consanguinidad, afinidad o adopción. c) Que el causante, o en el caso de participación conjunta, alguna de las personas del grupo familiar a que se refiere la letra anterior, ejerzan efectivamente funciones de dirección en la entidad y que la retribución que perciba por ello suponga, al menos, el 50 por 100 de la suma de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de reducción en este impuesto. d) Cuando un mismo causante sea directamente titular de participaciones en varias entidades, y en ellas concurran las restantes condiciones exigidas en las letras anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a que se refiere la letra anterior se efectuará de forma separada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose los rendimientos derivados de las funciones de dirección en las otras entidades. e) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida. f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo. No es incumplimiento de este requisito la transmisión que sea consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada a favor de cualquiera de las personas que hubieran podido gozar de esta reducción en caso de haber recibido las participaciones directamente del causante, en cuyo caso, el nuevo adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de siete años desde la primera transmisión. g) Que se mantenga el domicilio fiscal de la actividad en el territorio de Castilla y León durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante. h) El porcentaje de reducción solo se aplicará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.” 16. Se modifica el artículo 17 bis del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Para familiares directos. En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas «mortis causa» y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos que integran la porción hereditaria, se aplicará una bonificación del 99 por 100 siempre que el adquirente sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del causante. 2. Para familiares cercanos: hermanos/as, tíos/as y sobrinos/as En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas «mortis causa» y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos que integran la porción hereditaria, se aplicará una bonificación del 3 por 100 siempre que el adquirente sea un colateral de grado segundo o tercero por consanguinidad del causante. En el supuesto de adquisiciones en las que la base liquidable del contribuyente sea superior a la cantidad de 100.000 euros, la bonificación se calculará aplicando el porcentaje del 3 por 100 al resultado de multiplicar el tipo medio efectivo de gravamen por la citada cantidad de 100.000 euros. El tipo medio efectivo de gravamen se obtendrá dividiendo la cuota tributaria, previa a la aplicación de estas bonificaciones, entre la base liquidable y multiplicando el resultado por 100. El porcentaje resultante se expresará con dos decimales.” 17. Se modifica la letra c) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 20 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasan a tener la siguiente redacción: “c) El donatario deberá mantener la empresa individual o negocio profesional durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación y tener derecho a la exención conforme a lo establecido en el artículo 4. Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, salvo que falleciera dentro de este plazo.” “2. En el caso de que sea de aplicación la reducción en la base por la transmisión de participaciones en entidades regulada en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se aplicará un porcentaje de reducción del 99% en sustitución del porcentaje del 95% previsto en el artículo citado cuando la entidad mantenga la plantilla global de trabajadores del año en que se produzca la donación, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante los tres años siguientes. El porcentaje de reducción solo se aplicará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración las participaciones en entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.” 18. Se modifica el artículo 20 bis del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Para familiares directos. En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas «inter vivos», se aplicará una bonificación del 99 por 100 siempre que el adquirente sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante. 2. Para familiares cercanos: hermanos/as, tíos/as y sobrinos/as. En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas «inter vivos», se aplicará una bonificación del 3 por 100 siempre que el adquirente sea un colateral de grado segundo o tercero por consanguinidad del donante. En el supuesto de adquisiciones en las que la base liquidable del contribuyente sea superior a la cantidad de 100.000 euros, la bonificación se calculará aplicando el porcentaje del 3 por 100 al resultado de multiplicar el tipo medio efectivo de gravamen por la citada cantidad de 100.000 euros. El tipo medio efectivo de gravamen se obtendrá dividiendo la cuota tributaria, previa a la aplicación de estas bonificaciones, entre la base liquidable y multiplicando el resultado por 100. El porcentaje resultante se expresará con dos decimales. 3. Será requisito necesario para la aplicación de ambas bonificaciones que la donación se formalice en documento público. 4. Cuando las donaciones sean en metálico o en cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación sólo será aplicable cuando el origen de los fondos donados esté debidamente justificado y se manifieste, en el propio documento público en que se formalice la transmisión, el origen de dichos fondos.” 19. Se modifican los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 y se incorporan los nuevos apartados 8, 9 y 10 en el artículo 25 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “3. Tipos reducidos en la transmisión de la vivienda habitual. En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo reducido del 3,75% en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa. b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tengan la consideración legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 65%. c) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo del impuesto. d) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección pública. e) Cuando el adquirente sea una persona víctima de violencia contra la mujer. 4. Tipo “Cero” en la transmisión de la vivienda habitual en el medio rural, con independencia de la edad del adquirente. En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo reducido del 0,01% cuando dicha vivienda cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2.c) del artículo 7 de este texto refundido. 5. Tipos reducidos en la transmisión de inmuebles para sede social o centro de trabajo. En las transmisiones de inmuebles destinados a constituir exclusivamente la sede social y/o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales se aplicará un tipo reducido del 4% siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. b) Que la empresa o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.º Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. c) Que la empresa o negocio profesional se mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública que documente la adquisición. d) Que la empresa o negocio profesional incremente su plantilla global de trabajadores en el ejercicio en que se adquiera el inmueble respecto al año anterior, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral y mantenga esta plantilla al menos tres años. 6. Tipo “Cero” en la transmisión de inmuebles para sede social o centro de trabajo en el medio rural. En las transmisiones de inmuebles destinados a constituir exclusivamente la sede social y/o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales se aplicará un tipo reducido del 0,01% siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en alguno de los municipios o entidades locales menores del medio rural a los que se refiere el artículo 7, apartado 2.c), de este texto refundido. b) Que la empresa o negocio profesional cumpla los requisitos establecidos en las letras b), c) y d) del apartado anterior 7. Tipo “Cero” en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias. En las transmisiones patrimoniales onerosas a que se refieren los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y siempre que resulten aplicables las reducciones que en los mismos se recogen, se aplicará sobre la base liquidable resultante un tipo reducido del 0,01%, siempre que se mantenga la adquisición durante los cinco años siguientes a la fecha de escritura pública que documente la adquisición, salvo fallecimiento. 8. Tipo “Cero” en la transmisión de maquinaria y bienes muebles afectos a explotaciones agrarias. El mismo tipo reducido del 0,01% se aplicará a las transmisiones patrimoniales onerosas de tractores, remolques y demás maquinaria y bienes muebles afectos a una explotación agraria en los supuestos en que el adquirente sea titular de una explotación agraria prioritaria y el elemento adquirido se mantenga afecto a la citada explotación, al menos, durante un periodo de 3 años. 9. Tipo reducido para incentivar el relevo generacional de negocios. Los contribuyentes beneficiarios de subvenciones del programa “Relevacyl Autoempleo” de la Junta de Castilla y León (ORDEN IEM/618/2025, de 12 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento del relevo en la actividad por cuenta propia en Castilla y León, con especial atención al impulsado por mujeres autónomas (RELEVACYL Autoempleo) o norma que la sustituya), podrán aplicar un tipo reducido del 7% en la transmisión del inmueble vinculado al negocio adquirido, cuya actividad deberá mantenerse durante un plazo mínimo de 5 años desde la concesión de la subvención. La acreditación de la condición de beneficiario de subvenciones del programa “Relevacyl Autoempleo” de la Junta de Castilla y León se realizará mediante el justificante de pago de la subvención. 10. Tipo reducido para incentivar la agrupación de parcelas. En la transmisión de fincas rústicas o explotaciones agrarias se podrá aplicar un tipo reducido del 7% siempre que el adquirente tenga la condición de agricultor, en situación de alta en la Seguridad Social por su actividad agraria, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agraria (SETA), y sea titular de una explotación agraria colindante a la que queden afectos los elementos transmitidos, al menos, durante los cinco años siguientes a la fecha de escritura pública que documente la transmisión”. 20. Se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 y se incorporan los nuevos apartados 6, 7, 8, 9 y 10 en el artículo 26 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “2. Tipo reducido para la adquisición de la vivienda habitual. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo reducido del 0,50% en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa. b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tengan la consideración legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 65%. c) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad de Castilla y León o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección pública, cuando no gocen de la exención prevista en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. d) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo del impuesto. e) Cuando el adquirente sea una persona víctima de violencia contra la mujer. 3. Tipo “Cero” para la adquisición de la vivienda habitual en el medio rural, con independencia de la edad del adquirente. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo reducido del 0,01% cuando dicha vivienda cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2.c) del artículo 7 de este texto refundido. 4. Tipo reducido para Sociedades de Garantías Recíproca. En los documentos notariales que formalicen la constitución de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca se aplicará un tipo reducido del 0,5%. 5. Tipo reducido para la adquisición de inmuebles para sede social o centro de trabajo. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de inmuebles destinados a constituir exclusivamente la sede social y/o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales, salvo en el supuesto del apartado 1 de este artículo, se aplicará un tipo reducido del 0,50%, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. b) Que la empresa o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4. Ocho. Dos a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. c) Que la empresa o negocio profesional se mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública que documente la adquisición. d) Que la empresa o negocio profesional incremente su plantilla global de trabajadores en el ejercicio en que se adquiera el inmueble respecto al año anterior, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral y mantenga esta plantilla al menos tres años. 6. Tipo “Cero” para la adquisición de inmuebles para sede social o centro de trabajo en el medio rural. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de inmuebles destinados a constituir exclusivamente la sede social y/o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales, salvo en el supuesto del apartado 1 de este artículo, se aplicará un tipo reducido del 0,01%, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en alguno de los municipios o entidades locales menores del medio rural a que se refiere el artículo 7, apartado 2.c) de este texto refundido. b) Que la empresa o negocio profesional cumpla los requisitos establecidos en las letras b), c) y d) del apartado anterior. 7. Tipo “Cero” para la agrupación, agregación o segregación de fincas rústicas. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten actos de agregación, agrupación o segregación para posterior agregación o agrupación de fincas rústicas se aplicará un tipo reducido del 0,01%, siempre que el sujeto pasivo cumpla, simultáneamente, los siguientes requisitos: a) Tenga la condición de agricultor, en situación de alta en la Seguridad Social por su actividad agraria, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agraria (SETA). b) Sea titular de una explotación agraria prioritaria a la que queden afectas las fincas rústicas agregadas o agrupadas. 8. Tipo reducido para impulsar la construcción de vivienda de protección pública para alquiler En las primeras copias de escrituras y actas notariales en las que se formalice la declaración de obra nueva o la división horizontal de edificios de viviendas de protección pública, según la normativa de la Comunidad de Castilla y León o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección pública, en arrendamiento para vivienda habitual podrá aplicase un tipo reducido del 1,25%. La aplicación del tipo reducido tendrá carácter provisional y estará condicionada a que, dentro de los diez años siguientes a la finalización de la construcción, no se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que alguna vivienda no haya estado arrendada durante un periodo continuado de tres años. No se perderá el derecho a la aplicación del tipo reducido en el caso de que el arrendamiento finalizara antes de los tres años, siempre que la vivienda pase a estar en situación de expectativa de alquiler y vuelva a ser objeto de un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda dentro del plazo máximo de seis meses desde la finalización del anterior contrato, y que la suma de los períodos de duración de los contratos de arrendamiento sea igual o superior a tres años. b) Que se realice la transmisión de alguna de las viviendas. No se entenderá producida esta circunstancia cuando se transmita la totalidad de la construcción a uno o varios adquirentes que continúen con la explotación de las viviendas del edificio en régimen de arrendamiento para vivienda habitual. Los adquirentes se subrogarán en la posición del transmitente para la consolidación del tipo reducido y para las consecuencias derivadas de su incumplimiento. c) Que alguno de los contratos de arrendamiento se celebre por menos de nueve meses. d) Que alguno de los contratos de arrendamiento tenga por objeto una vivienda amueblada y el arrendador se obligara a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hostelera, como restaurante, limpieza, lavado de ropa, etc. e) Que alguno de los contratos de arrendamiento se celebre a favor de parientes, hasta el tercer grado inclusive, de los promotores, si éstos fueran personas físicas, o de los socios, consejeros o administradores, si la promotora fuera persona jurídica. En los citados contratos de arrendamiento deberá quedar constancia del cumplimiento de este requisito. 9. Tipo reducido para impulsar la construcción de vivienda de protección pública para la venta En las primeras copias de escrituras y actas notariales en las que se formalice la declaración de obra nueva o la división horizontal de edificios de promoción pública de vivienda de protección pública destinadas a la venta en primera transmisión, según la normativa de la Comunidad de Castilla y León o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección pública, podrá aplicarse un tipo reducido del 1,25 por 100. La aplicación del tipo reducido tendrá carácter provisional hasta la presentación de la declaración responsable de primera ocupación. 10. Tipo reducido para incentivar el relevo generacional de negocios. En las primeras copias de escrituras y actas notariales en las que se formalice la adquisición del inmueble vinculado al negocio transmitido por contribuyentes beneficiarios de subvenciones del programa “Relevacyl Autoempleo” de la Junta de Castilla y León (ORDEN IEM/618/2025, de 12 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento del relevo en la actividad por cuenta propia en Castilla y León, con especial atención al impulsado por mujeres autónomas (RELEVACYL Autoempleo) o norma que la sustituya, podrá aplicarse un tipo reducido del 1%. La actividad del negocio transmitido deberá mantenerse durante un plazo mínimo de 5 años desde la concesión de la subvención. La acreditación de la condición de beneficiario de subvenciones del programa “Relevacyl Autoempleo” de la Junta de Castilla y León se realizará mediante el justificante de pago de la subvención.” 21. Se modifica el artículo 27 ter del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Se establece una bonificación en la cuota del impuesto del 50% aplicable en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten los actos de agrupación, agregación, segregación y división que se efectúen sobre suelos destinados a uso industrial o terciario. 2. En el caso de suelos sitos en alguno de los municipios o entidades locales menores del medio rural a los que hace referencia el artículo 7, apartado 2.c) de este texto refundido, la bonificación aplicable será del 99%. 3. La aplicación de las bonificaciones previstas requerirá que en la escritura o acta notarial que documenta el acto de agrupación, agregación, segregación o división quede expresamente recogido que el suelo sobre el que se actúa está destinado a uso industrial o terciario.” 22. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 28 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. A los efectos de la aplicación de los tipos impositivos reducidos regulados en este capítulo: a) Los conceptos de vivienda habitual, primera vivienda, grado de discapacidad y familia numerosa y el concepto de base imponible total del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, son los contenidos en el artículo 10 de este texto refundido. El concepto de persona víctima de violencia contra la mujer es el contenido en el artículo 22 de este texto refundido. b) Los conceptos de unidad familiar y mínimo personal y familiar son los que define la normativa aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. c) Las limitaciones cuantitativas de la base imponible o de la renta del período impositivo se referirán a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviera concluido a la fecha del devengo del impuesto. 2. La aplicación de los tipos impositivos reducidos contemplados en este capítulo está sujeta al cumplimiento simultáneo de las siguientes reglas: a) La suma de las bases imponibles totales, menos el mínimo personal y familiar, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los adquirentes o miembros de la unidad familiar que vayan a ocupar la vivienda, no podrá superar: - 31.500 euros, con carácter general. - Cuando el adquirente sea el titular de una familia numerosa, la cantidad anterior se elevará a 37.800 euros, más 6.000 euros adicionales por cada miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia numerosa. b) Cuando el adquirente tenga menos de 36 años o se trate de transmisiones de viviendas protegidas, la vivienda adquirida sea la primera vivienda de cada uno de los adquirentes. c) En el caso de que el adquirente sea titular de una familia numerosa, una persona víctima de violencia contra la mujer o él o cualquiera de los miembros de su unidad familiar tengan la consideración legal de persona con discapacidad: - Que, si fuera titular de una vivienda que viniera constituyendo su residencia habitual, proceda a su venta en el plazo máximo de un año desde la fecha de adquisición de la nueva. - Que no tenga ningún derecho de plena propiedad igual o superior al cincuenta por ciento sobre cualquier otra vivienda distinta a la que viniera constituyendo su vivienda habitual.” 23. Se modifica el nombre del capítulo I del título II del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “CAPÍTULO I Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas” 24. Se modifica el artículo 50 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. El impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos cuya finalidad principal sea la venta de energía eléctrica a la red, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas es un tributo propio de la Comunidad de Castilla y León que tiene naturaleza real y finalidad extrafiscal. 2. A efectos de este texto refundido, se define el parque eólico como la instalación de producción de electricidad a partir de energía eólica, situada en todo o en parte en el territorio de Castilla y León y constituida por uno o varios aerogeneradores interconectados eléctricamente con líneas propias, que comparten una misma estructura de accesos y control, con medición de energía propia, así como con la obra civil necesaria. Así mismo, a efectos de este texto refundido se define el parque fotovoltaico como la instalación de generación de electricidad a partir de energía solar mediante tecnología fotovoltaica, situada en todo o en parte en el territorio de Castilla y León, constituida por uno o varios paneles solares interconectados eléctricamente entre sí, con líneas propias dentro del perímetro delimitado de la instalación, mediante vallado u otros elementos fijos, con un único punto de conexión a la red de transporte o distribución, con medición de energía propia y que comparten una misma estructura de accesos y control, así como los caminos de acceso y la obra civil necesaria. Forman parte del parque fotovoltaico todos los generadores, motores, turbinas, alternadores e inversores, así como, en su caso, la subestación transformadora de la instalación y, asimismo, sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o distribución y, en su caso, transformación de energía eléctrica. Dentro de la definición anterior, tendrán la consideración de plantas fotovoltaicas flotantes las instalaciones a las que se refiere el artículo 2.a) del Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, por el que se establece el régimen al que ha de estar sometida la instalación de las plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, y por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 3. Los ingresos procedentes del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas se afectarán a la financiación de los programas de gasto de carácter medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad.” 25. Se modifica la letra b) del apartado 1 y se incorpora un nuevo apartado 3 en el artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “b) La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.” “3. Se entenderá que se produce el hecho imponible aun cuando las instalaciones de parques eólicos, parques fotovoltaicos, elementos fijos de líneas eléctricas de alta tensión, elementos fijos de redes de comunicaciones o presas se encuentren en desuso y no sean objeto de explotación, hasta que las mismas sean desmanteladas completamente y se reponga el medio natural a su estado original.” 26. Se incorpora un nuevo artículo 51 bis al texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “Artículo 51 bis. Supuestos de no sujeción. No estarán sujetas al impuesto las instalaciones de generación de electricidad a partir de energía solar mediante tecnología fotovoltaica que cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Que se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios. b) En el resto de supuestos, cuando ocupen una superficie inferior a cinco hectáreas.” 27. Se modifica el artículo 53 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Gozarán de exención subjetiva el Estado, la Comunidad de Castilla y León o las entidades locales castellanas y leonesas, así como sus organismos y entes públicos vinculados o dependientes. 2. Estarán exentos los siguientes parques fotovoltaicos: a) Los destinados a generar energía eléctrica para suministrar a uno o más consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo sin excedentes. b) Los destinados a generar energía eléctrica para suministrar a uno o más consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes, siempre que la relación entre la potencia contratada en el periodo punta P1 y la potencia de generación instalada sea al menos del 50%. 3. Estarán exentos los nuevos despliegues de elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas realizados en municipios o entidades locales menores de menos de 1.000 habitantes y que se encuentren situados a más de 30 kilómetros de una capital de provincia, que con carácter previo al 1 de enero de 2027 carezcan de infraestructuras básicas de telecomunicación. 4. También estarán exentas: a) Las instalaciones destinadas a investigación y desarrollo. La consejería competente en materia de energía hará pública la relación de instalaciones que cumplan este requisito. b) Los parques eólicos, los parques fotovoltaicos y los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas en el ejercicio de su puesta en funcionamiento, así como en el siguiente ejercicio de funcionamiento completo.” 28. Se incorporan los apartados 4 y 5 al artículo 54 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “4. La base imponible en el gravamen sobre los parques fotovoltaicos estará constituida por la superficie vallada o delimitada por otros elementos fijos que conformen su perímetro, expresada en hectáreas con dos decimales, ocupada por el parque fotovoltaico dentro del límite territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En el supuesto de plantas fotovoltaicas flotantes, la base imponible será la superficie de instalación de generación, expresada en los mismos términos del párrafo anterior. 5. La base imponible en el gravamen sobre elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas estará constituida por el número de postes, torres o antenas no conectados entre sí por cables.” 29. Se modifica el apartado 3 y se incorporan los nuevos apartados 4, 5 y 6 en el artículo 55 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “3. La cuota tributaria en el gravamen sobre los parques eólicos es la que resulta de aplicar a la base imponible la siguiente tarifa: Potencia del aerogenerador Cuota aplicable a cada unidad de aerogenerador Menos de 501 Kw 2.200,00 € Entre 501 y 1.000 Kw 4.200,00 € Entre 1.001 y 1.500 Kw 6.600,00 € Entre 1.501 y 2.000 Kw 9.400,00 € Entre 2.001 y 3.000 Kw 13.200,00 € Entre 3.001 y 5.000 Kw 14.000,00 € Mas de 5.000 Kw 16.000,00 € 4. La cuota tributaria en el gravamen sobre parques fotovoltaicos es la que resulta de aplicar a la base imponible la siguiente tarifa: Superficie ocupada en ha Tipo aplicable por ha Hasta 20 ha 600,00 € Más de 20 ha hasta 60 ha 800,00 € Más de 60 ha hasta 100 ha 1.000,00 € Más de 100 ha hasta 200 ha 1.200,00 € Más de 200 ha hasta 300 ha 1.350,00 € Más de 300 ha hasta 500 ha 1.500,00 € Más de 500 ha 2.000,00 € 5. En el supuesto de instalaciones híbridas de parques eólicos y parques fotovoltaicos, la cuota tributaria total será la suma de aplicar a los elementos de cuantificación de la base imponible de cada uno de ellos las respectivas tarifas establecidas en los apartados 3 y 4 de este artículo. 6. La cuota tributaria en el gravamen sobre elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas es la que resulta de aplicar a la base imponible un tipo de gravamen de 700,00 euros.” 30. Se incorpora un nuevo artículo 55 bis al texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, con la siguiente redacción: “Artículo 55.bis. Bonificaciones y deducciones en la cuota. 1. En los proyectos de repotenciación de parques eólicos con más de 10 años de funcionamiento en los que la sustitución total o parcial de aerogeneradores previamente instalados por otros de mayor potencia tenga como resultado una minoración del número de aerogeneradores existente, el sujeto pasivo podrá aplicar una bonificación en la cuota a ingresar por importe igual al 20% de la diferencia positiva entre la cuota tributaria correspondiente al parque eólico ya repotenciado y la cuota tributaria anterior a la repotenciación. Esta bonificación se aplicará en el primer ejercicio en el que consecuencia del proyecto de repotenciación del parque eólico se produzca la modificación de la cuota tributaria y en el siguiente ejercicio completo. 2. Así mismo, se podrá aplicar una deducción del 20%, con el límite del 30% de la cuota tributaria, del importe de las inversiones en programas y actuaciones concretas dirigidas a la mejora del bienestar socioeconómico y a la lucha contra la despoblación en los municipios afectados directamente por la implantación de parques eólicos y de parques fotovoltaicos contemplados en este texto refundido, siempre que se incluyan en convenios o acuerdos suscritos por los sujetos pasivos titulares del parque y las administraciones locales competentes en el territorio afectado por las instalaciones o con el departamento de la Administración de la Comunidad de Castilla y León competente en materia local. Estas deducciones se aplicarán cuando se lleven a cabo los programas y actuaciones citados, en los términos establecidos de los convenios o acuerdos que se suscriban.” 31. Se modifica la disposición final quinta del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “Disposición final quinta. Habilitaciones a los titulares de las consejerías competentes en materia de hacienda, en materia de energía, en materia de evaluación ambiental y de presidencia. 1. Se habilita a la consejería competente en materia de hacienda para que, mediante orden regule la organización y funcionamiento del Censo de instalaciones y contribuyentes del Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas. 2. Se habilita para que, mediante orden del titular de la consejería de presidencia a iniciativa de los titulares de los departamentos con competencias en materia de hacienda, con competencia en materia de energía y con competencias en materia de evaluación ambiental, se regulen: a) Los requisitos que deben reunir las inversiones mencionadas en el artículo 55.bis.2 de este texto refundido, que en todo caso deberán ser adicionales o complementarias a las que sean exigidas por la normativa específica de ámbito sectorial o por las autorizaciones que sean preceptivas en el sector de la actividad correspondiente. b) El procedimiento mediante el cual se acreditará la reposición del medio natural a su estado original al que se refiere el artículo 51.3 de este texto refundido.” 32. Se modifica la disposición final séptima del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: “Disposición final séptima. Relación de municipios y entidades locales menores del medio rural. La consejería competente en materia de hacienda dará publicidad y mantendrá actualizada la relación de municipios y entidades locales menores a que se refieren el apartado 2 del artículo 4, el apartado 2 c) del artículo 7 y el apartado 3 del artículo 53 de este texto refundido. Para determinar el número de habitantes se tomará el establecido en el padrón de habitantes en vigor a 1 de enero de cada año publicado por el Instituto Nacional de Estadística.” CAPÍTULO II TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Artículo 2.- Modificación de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. 1. Se incorpora un nuevo apartado 6 al artículo 7 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, con la siguiente redacción: “6. La consejería competente en materia de hacienda dará publicidad y mantendrá actualizado el catálogo completo de tarifas de las tasas de la Comunidad vigentes en cada año. Este catálogo se publicará en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León, excepto cuando por Ley de Presupuestos se apruebe una actualización anual de las tarifas, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León por orden de la consejería competente en materia de hacienda.” 2. Se modifica el artículo 17 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. El establecimiento o modificación de los precios públicos se realizará mediante decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero competente por razón de la materia, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda y el resto de trámites previstos, en su caso, en la legislación sectorial vigente, salvo en los supuestos de revisión conforme a lo establecido en el artículo 19, a los que se refiere el apartado 2 de este artículo. Las propuestas de establecimiento o modificación de precios públicos que no consistan en una mera actualización general de cuantías deberán acompañarse de una memoria económico-financiera en donde se justifiquen los importes propuestos y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes. 2. Con independencia de las eventuales actualizaciones anuales de los importes, en cualquier momento, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia o de la consejería competente en materia de hacienda, se podrán revisar los importes de los precios públicos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de cuantificación establecidos en el artículo 19 de esta ley. A este fin, se evaluará el coste del servicio o actividad vinculada al precio y el resto de los elementos de cuantificación recogidos en el artículo 19 de esta ley aplicando el procedimiento que establezca la consejería competente en materia de hacienda mediante orden. La aprobación de los importes revisados se podrá realizar por orden de la consejería competente en materia de hacienda.” 3. Se modifica el artículo 59 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de actuaciones o la prestación de servicios administrativos en el ámbito de la industria agroalimentaria, a instancia del interesado o de oficio, previstos en el artículo 61.” 4. Se modifica el artículo 61 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “ La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas: 1. Inscripción en el Registro de Envasadores y Embotelladores: 25,70 euros. 2. Por la realización de oficio de las actuaciones descritas en el apartado anterior se aplicará el 200% de la cuota establecida en dicho apartado. 3. Expedición de certificados: a) Que no requieran visita a las industrias: 10,00 euros. b) Que requieran visita a las industrias: 99,70 euros. 4. Por visita de control oficial derivada de incumplimientos detectados en el ámbito del Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios o normativa que lo sustituya: 65,51 euros. Si la visita de control requiere determinaciones laboratoriales, se sumará la tasa correspondiente que consistirá en los gastos aplicados por los laboratorios designados. La cuota contemplada en este apartado no podrá ser objeto de bonificación mientras sea obligatoria conforme a la normativa comunitaria.” 5. Se modifica el artículo 63 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de actuaciones o la prestación de servicios administrativos en el ámbito de las actividades agrícolas descritas en el artículo 66.” 6. Se incorpora un nuevo apartado 8 al artículo 66 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, con la siguiente redacción: “8. Actuaciones y servicios relativos a actividades agrícolas, derivados de la detección de un caso de incumplimiento durante un control oficial, que se hayan realizado para evaluar el alcance y el impacto del caso de incumplimiento, o para comprobar que se haya subsanado el incumplimiento: 62,72 €. Si la visita de control requiere determinaciones laboratoriales, se sumará la tasa correspondiente que consistirá en los gastos aplicados por los laboratorios designados. Esta cuota no puede bonificarse mientras sea obligatoria conforme a la normativa comunitaria.” 7. Se modifica el artículo 78 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “Constituye el hecho imponible de la tasa la realización a instancia del interesado o de oficio, de las actuaciones o la prestación de servicios administrativos veterinarios en el ámbito de las actividades ganaderas descritas en el artículo 81.” 8. Se incorpora un nuevo apartado 6 al artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, con la siguiente redacción: “6. Servicios veterinarios derivados de la detección de un caso de incumplimiento durante un control oficial que se hayan realizado para evaluar el alcance y el impacto del caso de incumplimiento, o para comprobar que se haya subsanado el incumplimiento: 62,72 €. Si la visita de control requiere determinaciones laboratoriales, se sumará la tasa correspondiente que consistirá en los gastos aplicados por los laboratorios designados. Esta cuota no puede bonificarse mientras sea obligatoria conforme a la normativa comunitaria.” 9. Se modifica el apartado 9 del artículo 108 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “Investigación biosanitaria y en ciencias de la salud. Por la tramitación y gestión de actuaciones previas a la emisión de dictámenes por parte del Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente, relativos a la realización de: a) Ensayos clínicos con producto sanitario sin marcado CE. • Protocolo inicial: 800 euros • Modificación sustancial: 500 euros b) Estudios observacionales con medicamento y estudios clínicos con producto sanitario con marcado CE. • Protocolo inicial: 600 euros • Modificación sustancial: 300 euros c) Otros proyectos de investigación. • Protocolo inicial: 400 euros • Modificación sustancial: 200 euros” 10. Se incorporan los nuevos apartados 11 y 12 al artículo 108 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, con la siguiente redacción: “11. Por la realización de controles oficiales adicionales en el marco del artículo 5 del Real Decreto 562/2025, de 1 de julio, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados sobre la cadena agroalimentaria y operaciones relacionadas: 251,01 euros. 12. Por la designación y actuaciones de personal dependiente de la autoridad competente como experta en las revisiones documentales solicitadas por los operadores de empresas alimentarias: 251,01 euros.” 11. Se modifica el artículo 201 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa inherente a la evaluación o emisión de informes previos a la contratación de las siguientes modalidades de personal docente e investigador por parte de las universidades: Profesor/a Permanente Laboral, Profesor/a Ayudante Doctor/a y Profesor/a de Universidad Privada Doctor/a” 12. Se incorpora un nuevo capítulo XLVIII al Título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, con la siguiente redacción: “CAPÍTULO XLVIII. Tasa en materia de atención social para personas dependientes de Grado II y de Grado III. Artículo 223.- Hecho imponible. 1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y personas con discapacidad que, en ambos casos, tengan reconocida la situación de dependencia en grado II o en grado III, prestados directa o indirectamente, en virtud de las distintas formas de gestión de los servicios públicos, por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que se agrupan en las siguientes categorías: a) Servicio de atención residencial. b) Servicio de centro de día. c) Servicio de estancia nocturna. 2. A los efectos de esta norma, se considera servicio de atención residencial el prestado en residencias o en viviendas. 3. En el servicio de centro de día se incluirán tanto las prestaciones básicas como las especializadas de rehabilitación, terapia ocupacional y gimnasio previstas en el artículo 3 del Decreto 16/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en unidades de estancias diurnas para personas mayores, dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos, o norma que lo sustituya. Artículo 224.- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos, como contribuyentes, las personas físicas con grado II o con grado III de dependencia que reciben la prestación del servicio de atención residencial, centro de día o estancia nocturna. En el caso de menores de edad o personas con discapacidad sometidas a curatela representativa, son sustitutos del contribuyente las personas titulares de su patria potestad o quienes ejerzan su tutela o curatela. Artículo 225.- Periodo impositivo y devengo. 1. El periodo impositivo será el año natural en el que se presten los servicios. Será inferior al año natural en los supuestos en los que el inicio o cese de los servicios no coincida con el primer o el último día del año natural, respectivamente. 2. El devengo se producirá el último día del periodo impositivo. Artículo 226.- Determinación de la cuota tributaria. La cuota tributaria a pagar se determinará en función de la capacidad económica del contribuyente y del coste del servicio recibido, según el indicador de referencia, así como de las limitaciones y ampliaciones sobre la cuota íntegra y de la garantía para cobertura de gastos personales del contribuyente que se regulan en los artículos siguientes. Artículo 227.- Capacidad económica del contribuyente. 1. La capacidad económica del contribuyente se calculará valorando su nivel de renta y patrimonio. 2. A estos efectos, se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, las prestaciones públicas, los ingresos derivados de elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas y los que se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio. De los ingresos procedentes del empleo realizado por la persona con discapacidad usuaria del servicio público, solo se computará el 70%. Las pensiones compensatorias en caso de separación o divorcio se computarán como ingreso de la persona que las recibe y, en su caso, se descontarán de los ingresos de la persona que las abona. 3. No se computarán como renta: - las prestaciones económicas recogidas en el artículo 14 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; - los complementos de ayuda de otra persona a los que se refiere el artículo 31 de la misma Ley, que deban añadirse a la cuota por la prestación del servicio; - las rentas derivadas de un patrimonio protegido cuando se integren en el mismo; - las pensiones alimenticias en favor de hijos menores de 25 años; - la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, u otras de igual contenido establecidas por la Administración Autonómica. En el caso de las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a que se refiere el artículo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se estará a lo que establezca el Ministerio competente por razón de la materia. 4. Cuando la persona usuaria del servicio tuviera cónyuge en régimen de gananciales, se computará como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos. Si, además, existieran descendientes menores de 25 años, económicamente dependientes, la suma de las rentas se dividirá entre los dos cónyuges y el número de descendientes considerados. Se aplicará el mismo criterio, cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen económico de separación de bienes y hubieran presentado declaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ejercicio económico de referencia, o bien, cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen económico de separación de bienes o pareja de hecho, y en ambos casos, al menos, una parte fuera económicamente dependiente de la otra. En los casos no incluidos en el párrafo anterior, se computará únicamente la renta de la persona usuaria y se dividirá entre la suma de dicha persona y los descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo, computando estos últimos a razón de 0,5. Se entiende por persona económicamente dependiente, aquella cuyos ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar. Si la persona usuaria del servicio no tuviera cónyuge ni pareja de hecho, pero sí descendientes menores de 25 años que dependen económicamente de ella, su renta personal se dividirá entre la suma de dicha persona y los descendientes menores de 25 años que tenga a su cargo. Se tomará como edad de los descendientes la que tuvieran a 31 de diciembre del año correspondiente al ejercicio económico de referencia. Se sumarán los menores de 25 años que hubiera acogido o los hijos que hubiera tenido con posterioridad a esa fecha. Las personas menores de 25 años vinculadas al interesado por razón de tutela, o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil vigente, se asimilan a los hijos de éste. 5. A los efectos de esta tasa se entenderá por patrimonio del contribuyente: a) Los bienes inmuebles sobre los que ostente el pleno dominio, según su valor catastral en el ejercicio que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad del contribuyente. b) La vivienda habitual no se computará en los siguientes casos: - La persona usuaria del servicio continúa residiendo en su domicilio - La persona usuaria del servicio de atención residencial permanente tiene cónyuge, pareja de hecho u otras personas a su cargo que continúan residiendo en dicha vivienda. A estos efectos, se entiende por persona a cargo de la persona usuaria, los ascendientes mayores de 65 años, hijos, hijas o personas vinculadas por razón de tutela o acogimiento que sean menores de 25 años o mayores en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona usuaria antes de su ingreso en el centro residencial y dependan económicamente de ella. - El servicio de atención residencial se concede con carácter temporal o, siendo permanente, no cubre todos los días del año. c) Los bienes inmuebles aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, con esta finalidad, del que sea titular la persona usuaria del servicio, no se computarán mientras persista tal afección. d) Las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud que haya dado lugar al reconocimiento de la situación de dependencia, en los términos que establece la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria; así como las que se realicen con posterioridad a la solicitud. 6. La capacidad económica del contribuyente será la correspondiente a la renta determinada conforme las reglas recogidas en este artículo y, en el caso de personas con 65 años o más, se incrementará en un 5 por ciento de su patrimonio computable, minorado en 22.000 euros. A estos efectos, se computará la edad a 31 de diciembre del ejercicio económico de referencia. 7. La capacidad económica se determinará anualmente computando la renta y el patrimonio correspondientes al último período impositivo con plazo de presentación vencido al inicio de cada año. No obstante, en los casos en que para una persona no se dispusiera de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de cualquier otro Organismo Público, la capacidad económica se referirá al ejercicio con ingresos acreditados inmediatamente posterior o, en su defecto, inmediatamente anterior al que se indica en el primer párrafo. En el caso de que, en el año que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica o con posterioridad, se hubieran modificado las prestaciones periódicas percibidas por la persona usuaria, su cónyuge o su pareja de hecho, o bien se produzca una modificación en su estado civil o en su situación de pareja de hecho, se utilizará el ejercicio económico con ingresos acreditados inmediatamente posterior. En su defecto, la renta procedente de dichas prestaciones se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde el momento en que se produjo dicha modificación por el número de pagas anuales. 8. El sujeto pasivo estará obligado a facilitar toda la información que la Administración de la Comunidad Autónoma requiera para determinar su capacidad económica, cuando no pueda obtenerla por sus propios medios o cuando la persona no autorice el acceso a los datos que requieran autorización. En todo caso debe aportar: a) Declaración responsable sobre las disposiciones patrimoniales que efectúe en favor del cónyuge, persona con análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive. b) Comunicación sobre la variación en las prestaciones periódicas percibidas que se señalan a continuación: pensiones devengadas en organismos extranjeros; pensión de gran invalidez; prestación por hijo a cargo mayor de 18 años; pensión de invalidez no contributiva; subsidio de ayuda a tercera persona reconocidos por la extinta Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos; y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas de protección pública. c) En el caso de patrimonios protegidos, copia simple de la escritura pública de constitución en la que figure la relación de bienes y derechos que lo integran; documentación acreditativa de la afección de los bienes inmuebles que se aporten con posterioridad y de las rentas derivadas de dicho patrimonio que se incluyan en él; y declaración anual que incluya relación detallada de las aportaciones recibidas y disposiciones realizadas con identificación de los beneficiarios de estas últimas. En el marco de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, la consejería competente en materia de servicios sociales podrá tratar los datos obtenidos con la finalidad de determinar la capacidad económica y la cuota que corresponda aportar. 9. En el caso de que no fuera posible la verificación de los datos de económicos, el contribuyente estará obligado a abonar el 90% del indicador de referencia del servicio prestado, hasta el momento en que pueda determinarse su capacidad económica, procediéndose entonces a su regularización. Artículo 228.- Indicador de referencia del servicio. A los solos efectos de determinar la cuota que corresponde a cada contribuyente usuario del servicio, se establecen los siguientes indicadores de referencia diarios de cada uno de los servicios. Cuadro 1 Indicador de referencia del servicio El indicador de referencia del servicio a utilizar será el indicador/día aplicado a los días de servicio que se hayan recibido durante el mes anterior. A estos efectos se entenderán como días de servicio recibidos todos aquellos en los que el servicio esté activo y en los que las personas beneficiarias se encuentren en situación de alta en el mismo. Cuando el contribuyente sea usuario de más de un servicio, el indicador de referencia será la suma de los indicadores de cada uno de los servicios en los que esté en situación de alta. Artículo 229.- Cuota Íntegra. 1. La cuota íntegra es el resultado de aplicar las fórmulas correspondientes al servicio en el que el contribuyente esté en situación de alta, garantizando, en todo caso los límites previstos en los artículos siguientes. a) Cuota del servicio de atención residencial para las personas mayores y del servicio de atención residencial más servicio de centro de día para personas con discapacidad: CI = (475 x R/W - 75) x K b) Cuota del servicio de atención residencial para personas con discapacidad: CI = (315 x R/W - 50) x K c) Cuota del servicio de centro de día: CI = (250 x R/W - 120) x K x M. d) Cuota del servicio de estancia nocturna: CI = (475 x R/W - 350) x K. Donde: CI = cuota íntegra mensual. R = capacidad económica anual / 12. W = indicador cuyo valor para el ejercicio económico de referencia 2024 es 735,91 y para el ejercicio de referencia 2025 es 779,94. Para ejercicios posteriores será el mayor entre el último valor actualizado de acuerdo con el porcentaje de revalorización de la pensión contributiva mínima de jubilación con 65 años sin cónyuge y el valor del IPREM. K = coeficiente de revalorización anual cuyo valor para el año 2027 será: 1,385 incrementado en función del porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social para 2027, con valor truncado a tres decimales. En los años siguientes el valor del coeficiente se actualiza de la misma forma. M = coeficiente cuyo valor es 1 para las personas casadas o con pareja de hecho y 0,8 para el resto. Cada año, mediante resolución del Gerente de Servicios Sociales, se harán públicos los valores del indicador W y del coeficiente K, actualizados según las reglas indicadas. 2. El importe de la cuota íntegra se reducirá y complementará en base a las limitaciones, ampliaciones y cantidades garantizadas que se regulan en los siguientes artículos. Artículo 230.- Límites de la cuota íntegra. 1. La cuota íntegra no podrá ser superior al 90% del indicador de referencia de los servicios en los que se encuentre en situación de alta. 2. Asimismo, la cuota íntegra no podrá ser superior al 90% de la capacidad económica, calculada según lo dispuesto en el artículo 227, ni a la diferencia entre la capacidad económica mensual y la cuantía garantizada para gastos personales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 232. Artículo 231.- Cantidades garantizadas para gastos personales. 1. Se establecen unas cantidades mínimas mensuales garantizadas para gastos personales (CGP) según la tipología del servicio prestado. PMJ es la catorceava parte de la cuantía anual de la pensión mínima de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social para personas mayores de 65 años, con cónyuge no a cargo, en el ejercicio utilizado para el cálculo de la capacidad económica para el Régimen General de la Seguridad Social. PNCON es la catorceava parte de la cuantía anual íntegra fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión no contributiva de jubilación sin complemento de tercera persona en el ejercicio utilizado para el cálculo de la capacidad económica. Cuadro 2 Cantidad Mensual Garantizada. 2. Para usuarios de residencia de personas con discapacidad, cuyos ascendientes o tutores no se apliquen en su cuantía máxima la deducción por descendientes con discapacidad a cargo, prevista en el artículo 81.bis 1 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cantidad mensual garantizada será del 37% PMJ. 3. Cuando el contribuyente sea usuario de un servicio residencial (residencia o vivienda) y de centro de día simultáneamente, la cantidad garantizada será la correspondiente al servicio de atención residencial. 4. En el supuesto de estancia residencial de carácter temporal la cantidad garantizada será la correspondiente a la del centro de día. Artículo 232.- Ampliaciones de la cuota íntegra. A la cuota calculada según lo previsto en los artículos anteriores, se añadirán, sin superar el 90% del indicador de referencia de los servicios que reciba, las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad indicadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, reconocidas en favor del contribuyente. En particular, se añadirán, el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el complemento por necesidad de ayuda de tercera persona de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona reconocido por la extinta Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de personas con discapacidad (LISMI), u otros similares previstos en otros sistemas de protección pública. Artículo 233.- Cuota tributaria. 1. La cuota tributaria a pagar por el contribuyente es el resultado de aplicar a la cuota íntegra las minoraciones, ampliaciones y garantías para gastos personales previstas en los artículos anteriores y prorrateada según el número de días en situación de alta en el servicio. 2. En los días de ausencia del contribuyente por ingreso en centro sanitario o por vacaciones voluntarias, se reducirá la cuota tributaria a pagar en un 50%, abonándose la parte restante en concepto de reserva de plaza. En el caso de vacaciones voluntarias se abonará el pago de la cuota tributaria completa a partir de 48 días de ausencia por año natural o la parte proporcional en caso de acceso al servicio después del 1 de enero. Artículo 234.- Revisión de la cuota. 1. La revisión de la cuota derivada de la actualización anual de la capacidad económica del contribuyente tendrá efectos desde el 1 de enero. 2. La modificación de las prestaciones periódicas que reciba el contribuyente conllevará una revisión de la capacidad económica y de la cuota desde el primer día del mes siguiente a la notificación de la revisión, con efectos desde la fecha de la modificación de la prestación. Para ello, deberá comunicar los cambios en sus prestaciones periódicas en el plazo de 30 días desde que se produzcan. En estos casos se tomarán como ingresos por prestaciones periódicas la estimación para el ejercicio de referencia de lo que hubiera percibido anualmente teniendo en cuenta las nuevas cuantías y aplicando las normas generales vigentes sobre revalorización de prestaciones. A dicha cuantía se sumarán las rentas individuales de otra naturaleza, acreditadas para dicho ejercicio, así como el valor patrimonial computable según los criterios establecidos en los artículos anteriores. Artículo 235.- Liquidación y pago de la tasa. 1. El órgano con competencias en la materia notificará al sujeto pasivo la liquidación ordinaria mensual correspondiente a los servicios percibidos, calculada de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores. 2. El sujeto pasivo podrá solicitar un aplazamiento parcial de la cuota tributaria a ingresar mensualmente, cuando concurran todas las circunstancias siguientes: a) Que se trate de un servicio de atención residencial de carácter permanente. b) Que en la determinación de la capacidad económica del contribuyente se hayan tenido en cuenta elementos patrimoniales. c) Que la cuota tributaria mensual imputable a dichos elementos patrimoniales supere el 4% de la cuantía mensual de la pensión mínima de jubilación con cónyuge no a cargo. En estos casos, podrá satisfacer mediante la liquidación ordinaria mensual, que tendrá carácter provisional, una cantidad comprendida entre la cuota tributaria mensual exigible y la que correspondería a su capacidad económica considerando exclusivamente los elementos de renta. Esta opción podrá solicitarse al inicio de la prestación del servicio o en cualquier momento con posterioridad, sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) El compromiso voluntariamente aceptado por el sujeto pasivo de no enajenar bienes o derechos de su patrimonio, ni renunciar a derechos de carácter económico o patrimonial que pudieran corresponderle, en detrimento de la obligación de participación en la financiación del servicio. b) La constitución de garantías reales o personales para asegurar el cobro de la deuda, en cualquiera de las formas admitidas en derecho. 3. Cuando, en la determinación de la capacidad económica del contribuyente se hayan tenido en cuenta bienes inmuebles o derechos reales, y se afecten al pago de las cuantías aplazadas, la Administración realizará las actuaciones necesarias para la inscripción o anotación de la afección correspondiente en el Registro de la Propiedad. 4. Cuando el contribuyente opte por aplazar una parte de la cuota según lo previsto en los apartados anteriores, podrá solicitar en cualquier momento que se le practiquen liquidaciones complementarias por la diferencia entre las cuotas tributarias exigibles y las cuantías liquidadas que correspondan al período de alta en el servicio. Estas liquidaciones complementarias tendrán la naturaleza de ingresos a cuenta de la liquidación definitiva. 5. En el momento de la pérdida de la condición de persona usuaria del servicio, se realizará la liquidación definitiva por la diferencia entre los pagos efectuados mediante liquidaciones, ordinarias o complementarias, y la suma de las cuotas tributarias exigibles durante el período en el que el contribuyente ha estado de alta en el servicio. A estos efectos, en el primer trimestre de cada año se comunicará mediante resolución administrativa del órgano competente de la Gerencia de Servicios Sociales, la cantidad pendiente de pago hasta el último día del año anterior que, en su caso, se hará constar en el Registro de la Propiedad, afectando los bienes patrimoniales del contribuyente. 6. El pago de las liquidaciones, tanto provisionales, ordinarias o complementarias, como definitivas deberá abonarse dentro de los veinte días siguientes a su notificación. 7. Los contribuyentes que sean usuarios de los servicios de atención residencial para personas mayores o del servicio de atención residencial más servicio de centro de día en centros para personas con discapacidad, cuando no tengan la consideración de estancias temporales, podrán solicitar que la cuota mensual que les corresponde se abone en 14 pagos al año, para lo que se anualizará la misma y se dividirá entre los 14 pagos solicitados. Cuando haya que liquidar períodos inferiores a un mes, se realizará con la aportación mensual.” CAPÍTULO III PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Artículo 3.- Modificación de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculadas a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León. Se modifica el artículo 5 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “El Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León se dotará cada año con una cantidad equivalente a un 20 % de la recaudación por los impuestos propios del último ejercicio cerrado a la fecha de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, se entienden por impuestos propios los establecidos por la propia Comunidad Autónoma, dentro de los márgenes regulados en el artículo noveno de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.” TÍTULO II MEDIDAS FINANCIERAS Artículo 4- Modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 1. Se modifica el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: “2. Respecto de los créditos consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado, a efectos de imputación de gastos, el nivel de vinculación será el de programa para operaciones corrientes y el de programa o subprograma, cuando este exista, para operaciones de capital y para operaciones financieras. Y ello sin perjuicio de lo que establezca para cada ejercicio la ley de presupuestos.” 2. Se modifica el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: “2. El número de ejercicios posteriores a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial del ejercicio en que se realice la operación, definido al nivel de su vinculación, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 80%; en el segundo ejercicio, el 70%; en el tercer ejercicio el 60% y en los ejercicios cuarto y quinto, el 50% Para el cálculo de estos porcentajes no se computarán ni los créditos ni los compromisos de gastos destinados a financiar planes económico-financieros para inversiones de empresas públicas de la Comunidad aprobados por la Junta de Castilla y León En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo. Estas limitaciones no se aplicarán a los compromisos derivados de la carga financiera tanto de la deuda como de los arrendamientos de inmuebles y de equipos, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición, ni a los gastos de nómina y seguridad social, en los que sólo se autorizarán los correspondientes al ejercicio en curso, aunque los nombramientos o contratos tengan carácter indefinido o excedan del ejercicio presupuestario. Tampoco se aplicarán estas limitaciones a los gastos financiados con recursos finalistas concedidos dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y tampoco a aquellos gastos financiados totalmente con otros recursos finalistas concedidos, no computando a efectos del cálculo de los porcentajes del apartado 2 de este artículo ni los compromisos ni los créditos iniciales definidos a nivel de vinculante financiados con ambos recursos finalistas. Para acreditar dicha financiación será suficiente una certificación del Servicio o Unidad que tenga atribuida la gestión económica del centro gestor instructor del expediente.” 3. Se modifica el apartado 3 del artículo 113 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. Las autorizaciones a las que se refieren los apartados anteriores se producirán a iniciativa del consejero correspondiente, previos los informes que se estimen oportunos y, en todo caso, el de la Dirección General competente en materia de presupuestos. De todas ellas se dará cuenta a las Cortes de Castilla y León”. 4. Se modifica el apartado 3 del artículo 122 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. Las modificaciones de crédito que afecten a dos o más entidades cuyos presupuestos se consolidan dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad, se instrumentarán materialmente a través de los créditos para Transferencias a la Administración Regional y de ingresos por Transferencias de la Administración Regional tramitándose de forma conjunta los expedientes a que diera lugar, a los que se les aplicará el procedimiento, régimen de autorizaciones y límites previstos a la modificación que se tramitaría si los créditos afectados por la misma pertenecieran al presupuesto de una sola entidad. Cuando la modificación de crédito resultante sea una transferencia en el presupuesto consolidado, las autorizaciones previstas en el artículo 124, apartados 2 y 3, corresponderán al titular de la consejería competente en materia de hacienda.” 5. Se modifica el artículo 124 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito entre secciones que puedan realizarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo anterior y las que supongan minoración de los créditos para operaciones de capital y financieras de un programa. 2. Serán autorizadas por el consejero correspondiente las transferencias de crédito que no supongan minoración de los créditos para operaciones de capital y financieras de un subprograma, las que no afecten a créditos del capítulo destinado a gastos de personal y las que no supongan incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. Las mismas atribuciones corresponden a los presidentes o máximos representantes de los organismos autónomos y entidades u órganos que posean dotación diferenciada con presupuesto limitativo respecto del correspondiente presupuesto. 3. No obstante lo anterior, los presidentes o máximos representantes de los entes públicos de derecho privado podrán autorizar, respecto del respectivo presupuesto, las transferencias de crédito que se produzcan entre créditos para operaciones de capital dentro del mismo programa y las que se produzcan entre créditos para operaciones corrientes, cualquiera que sea el programa al que afecten, siempre que no supongan incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. 4. Corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las restantes transferencias de crédito no incluidas en los apartados anteriores. 5. Las transferencias de crédito cuya autorización sea competencia de los consejeros deberán contabilizarse en el plazo de tres días desde que se notifiquen a la Consejería de Hacienda.” TÍTULO III MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CAPÍTULO I MEDIDAS ORGANIZATIVAS Artículo 5 - Modificación de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por el que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León Se modifican los artículos 3 y 4 y se incorpora un nuevo artículo 4bis en la Ley 2/1995, de 6 de abril, con la siguiente redacción: “Artículo 3. Estructura y organización. 1. La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León se estructura en los órganos centrales y periféricos establecidos en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. 2. Son órganos de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León: a) El Presidente. b) El Gerente. c) Las Direcciones Generales y demás órganos y unidades administrativas centrales. d) Las Gerencias Territoriales y demás órganos y unidades administrativas periféricas. Artículo 4. Del Presidente. 1. El Presidente de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que será la persona titular de la Consejería a la que esté adscrita la Gerencia, es el órgano superior de dirección de la Gerencia y ostenta la representación del organismo autónomo. 2. Son funciones del Presidente: a) Establecer los criterios generales de coordinación, ordenación y actuación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, así como impulsar la actuación de los distintos órganos que la integran, conforme a la política de servicios sociales definida por la Junta de Castilla y León y la Consejería a la que esté adscrito el organismo autónomo. b) Aprobar la propuesta del anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos de la Gerencia para su incorporación al anteproyecto de presupuestos de la Consejería a la que esté adscrito el organismo autónomo. c) Actuar como órgano de contratación de la Gerencia. d) Autorizar y comprometer los gastos en ejecución de su presupuesto, reconocer las obligaciones derivadas de los gastos autorizados y comprometidos y ordenar los pagos en ejecución de su presupuesto. e) Suscribir convenios, conciertos y demás acuerdos en materias propias de la Gerencia que puedan contribuir al logro de los fines de la Gerencia. f) Aprobar las tarifas por la concertación de servicios, así como su modificación y revisión, así como proponer los precios públicos que sean aplicables a los servicios prestados por la Gerencia. g) Conceder subvenciones y aportaciones en el ámbito de las funciones de la Gerencia de Servicios Sociales. h) Ejercer las funciones que la Ley de Patrimonio de la Comunidad atribuye a los órganos rectores de los organismos autónomos. i) Adoptar las medidas que estime convenientes para el control y funcionamiento de la Gerencia de Servicios Sociales. j) Cualquier otra que le sea legal o reglamentariamente atribuida. 3. Las funciones del Presidente podrán ser objeto de desconcentración o delegación en el Gerente o en otros órganos de la Gerencia de Servicios Sociales. 4. Las resoluciones del Presidente dictadas en el ejercicio de sus funciones ponen fin a la vía administrativa. Artículo 4 bis. Del Gerente. 1. El Gerente es el órgano unipersonal de dirección y gestión operativa de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que será nombrado y cesado por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que esté adscrito el organismo autónomo. 2. Son funciones del Gerente: a) Dirigir y coordinar, bajo las directrices del Presidente de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, las acciones de los distintos órganos, unidades y centros de la Gerencia de Servicios Sociales. b) Ostentar la representación de la Gerencia por orden del Presidente. c) La inspección de los servicios sociales, así como el ejercicio de la potestad sancionadora. d) Proponer al Presidente el anteproyecto de Presupuesto anual de la Gerencia. e) Proponer al Presidente las tarifas por la concertación de servicios, así como su modificación y revisión, así como los precios públicos a aplicar a los servicios prestados por la Gerencia. f) Ostentar la jefatura superior de todo el personal destinado en las unidades y centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, ejerciendo las competencias que la normativa vigente en la Comunidad Autónoma atribuya a los jefes superiores de las distintas Consejerías en materia de personal. g) Elaborar los proyectos de Relaciones de Puestos de Trabajo de la Gerencia. h) Cualquier otra que le sea legal o reglamentariamente atribuida. 3. Las funciones del Gerente podrán ser objeto de desconcentración o delegación en otros órganos de la Gerencia de Servicios Sociales.” Artículo 6.- Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 1. Se modifica el apartado 1 del artículo 136 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Son órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma: a) La Consejería competente en materia de urbanismo. b) El Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. c) Las Comisiones Territoriales de Urbanismo.” 2. Se modifica el artículo 137 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, que pasa a tener la siguiente redacción: “Artículo 137. Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. 1. El Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León es el órgano permanente, de carácter deliberante y consultivo, destinado a asegurar la coordinación administrativa y la participación social en la elaboración, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico y, en general, en la actividad urbanística en Castilla y León. 2. Además de las asignadas anteriormente por esta ley y por la de ordenación del territorio, son funciones del Consejo: a) La emisión de dictámenes de concertación y arbitraje para la resolución de las discrepancias que se susciten en materia de urbanismo y ordenación del territorio entre las administraciones públicas, a instancia de cualquiera de ellas. b) La emisión de informes requeridos por la Junta de Castilla y León o por la Consejería competente en tal materia. 3. En la composición del Consejo se asegurará la representación de las administraciones públicas y de las instituciones y organizaciones sociales cuya aportación sea necesaria para alcanzar el mayor consenso en las materias relacionadas con la actividad urbanística de Castilla y León. 4. El Consejo desarrollará sus funciones integrado en la consejería competente en materia de urbanismo y sus actos serán recurribles ante dicha consejería.” 3. Se modifica el artículo 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, que pasa a tener la siguiente redacción: “Artículo 138. Comisiones Territoriales de Urbanismo. 1. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo son órganos permanentes, de carácter deliberante y resolutorio, destinados a asegurar la coordinación administrativa y la participación social en la actividad urbanística, sin perjuicio de las funciones que otras normas les atribuyan. 2. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo ejercerán, en los casos que reglamentariamente se determine, las funciones atribuidas a la Administración de la Comunidad Autónoma para: a) La autorización de los usos excepcionales en suelo rústico. b) La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico. c) La emisión de informe sobre los instrumentos de ordenación del territorio. d) La subrogación en las competencias urbanísticas municipales. e) La adopción de medidas de protección de la legalidad. f) El mantenimiento del Registro de Urbanismo de Castilla y León. g) El asesoramiento y coordinación en las materias relacionadas con la actividad urbanística, en especial en lo relativo a la elaboración, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico. 3. En la composición de las Comisiones se asegurará la representación suficiente de las Administraciones públicas y de las instituciones y organizaciones sociales cuya aportación sea necesaria en las materias relacionadas con la actividad urbanística. 4. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo desarrollarán sus funciones integradas en la Consejería competente en materia de urbanismo y sus actos serán recurribles ante dicha consejería.” Artículo 7.- Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 1. Se modifica el artículo 23 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, incorporándose un nuevo apartado 3 con la redacción que se indica a continuación, y pasando el actual apartado 3 a ser el apartado 4: “3. Cuando a una Vicepresidencia se le atribuyan o encomienden unos ámbitos de actuación materiales, las referencias que la normativa sectorial pueda contemplar atribuidas al Consejero competente por razón de la materia deberán entenderse hechas al correspondiente Vicepresidente, y se le considerará máximo órgano superior unipersonal en dichas materias a todos los efectos.” 2. Se modifica el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Bajo la superior dirección del titular de la Consejería, cada departamento desarrollará sus competencias por medio de los siguientes órganos directivos centrales: a) Viceconsejerías, en su caso. b) Secretaría General. c) Direcciones Generales. La existencia de Viceconsejerías y, en su caso, su número tendrá carácter potestativo. Podrán existir Direcciones Generales dependientes funcionalmente de una Vicepresidencia.” 3. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, añadiéndose al mismo un segundo párrafo con la siguiente redacción: “Asimismo, el ejercicio de las competencias propias de los órganos de la Administración General podrá ser delegado en los órganos, tanto centrales como periféricos, de los organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado, adscritos o no a la misma consejería. En este último caso, la delegación de competencias habrá de ser previamente aceptada por el órgano máximo de dirección del organismo autónomo o del ente público de derecho privado.” 4. Se modifica el apartado 2 del artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “2. A estos efectos tendrá la consideración de órgano superior: La Junta de Castilla y León respecto de los actos de los Vicepresidentes o Consejeros. Los Vicepresidentes respecto a los actos de los Directores Generales de ellos dependientes; y los Consejeros respecto de los actos de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y Directores Generales no dependientes de una Viceconsejería. Los Viceconsejeros respecto de los actos de los Directores Generales de ellos dependientes. Los Secretarios Generales y los Directores Generales, en virtud de su competencia material, respecto de los actos de los Jefes de Servicio que de ellos dependan en la Administración central, y en la periférica respecto de los actos de los Delegados Territoriales y Jefes de Departamento Territoriales. Los Delegados Territoriales respecto de los actos de los Jefes de Departamento Territoriales. La jerarquía en el resto de órganos administrativos vendrá determinada por las disposiciones de estructura orgánica.” 5. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “b) Las resoluciones de los Vicepresidentes o Consejeros, salvo cuando por Ley expresamente se otorgue recurso de alzada ante la Junta de Castilla y León”. 6. Se modifica el artículo 69 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “Las disposiciones administrativas de carácter general se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa: 1. Decretos de la Junta de Castilla y León y de su Presidente. 2. Órdenes de Vicepresidencia o de Consejería. 3. Otras disposiciones de órganos inferiores, según el orden de su respectiva jerarquía.” 7. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 70 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que pasan a tener la siguiente redacción: “3. Cuando afecte a las competencias de más de una Vicepresidencia o Consejería, el Decreto o Acuerdo se aprobará a iniciativa de los Vicepresidentes o Consejeros interesados y será propuesto por el de Presidencia y Administración Territorial. 4. Los Decretos y Acuerdos serán firmados por el Presidente y, en su caso, por el Vicepresidente o Consejero autor de la propuesta.” 8. Se modifica el artículo 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Adoptarán la forma de Órdenes las disposiciones y resoluciones de los Vicepresidentes o Consejeros e irán firmadas por el titular de la Vicepresidencia o Consejería correspondiente. 2. Cuando las Órdenes afecten a las competencias de varias Vicepresidencias o Consejerías se aprobarán por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a iniciativa de los Vicepresidentes o Consejeros interesados.” Artículo 8.- Modificación de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. Se modifican los artículos 152 y 153 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, que pasan a tener la siguiente redacción: “Artículo 152 Órganos. La Administración de la Comunidad de Castilla y León contará con los siguientes órganos en materia de coordinación de la gestión de los edificios administrativos: a) La consejería competente en materia de hacienda, a quien corresponde, a través del órgano directivo central competente en materia de patrimonio, la coordinación de la gestión de los edificios administrativos utilizados por la Administración General de la Comunidad y por las entidades institucionales. b) La Comisión de Secretarios Generales, que actuará como órgano colegiado interdepartamental de asistencia al titular de la consejería de hacienda en esta materia. Artículo 153 Coordinación interdepartamental. La Comisión de Secretarios Generales, como órgano colegiado interdepartamental de asistencia para la coordinación de la gestión de los edificios administrativos del patrimonio de la Comunidad, informará: a) los planes de actuación de los edificios administrativos. b) los criterios básicos de utilización de los edificios administrativos cuya aprobación competa al titular de la consejería competente en materia de hacienda. c) las afectaciones, mutaciones demaniales y adscripciones de edificios administrativos, así como sus desafectaciones y desadscripciones cuando la consejería competente en materia de hacienda lo considere oportuno por concurrir oposición de la consejería o entidad interesada, intereses contrapuestos de varias de ellas, o cualquier otra circunstancia que haga conveniente la intervención del órgano colegiado. d) aquellas otras cuestiones de gestión patrimonial que, por razón de sus características especiales, sean sometidas a su consideración y cuantas otras se le atribuyan legal o reglamentariamente.” Artículo 9.- Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. Se modifica el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. Los empleados públicos de los servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León que se relacionan a continuación, tendrán la protección reconocida en el ámbito penal a quienes ostentan la condición de autoridad pública: a) Los profesionales determinados en los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que presten sus servicios en los servicios sociales de las Administraciones Públicas de Castilla y León. b) Los directores y personal directivo de los centros de los servicios sociales de la Administración autonómica y Local. c) Los profesionales que pertenezcan a la categoría de psicólogo-a o categoría de pedagogo-a; o al Cuerpo Facultativo Superior Psicólogos, Cuerpo Facultativo Superior Pedagogos, Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialista Asistentes sociales o Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialista Educadores Sociales. d) Los profesionales de las siguientes categorías profesionales: técnico-a del menor, técnico-a de apoyo al menor, educador de persona con discapacidad, psicomotricista, técnico de atención directa antes cuidador técnico asistencial y auxiliar de enfermería y técnico-a superior en educación infantil; así como de las categorías declaradas a extinguir Técnico-a de atención al menor en institución, técnico-a de atención al menor en medio abierto, responsable nocturno de internado, educador-a en centros de menores adscritos a Gerencia de Servicios Sociales, maestro de Taller, estimulador-a y trabajador social.” Artículo 10.- Modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria Castilla y León. Se modifica el artículo 177 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, que pasa a tener la siguiente redacción: “La Junta de Castilla y León procederá, cada seis años, a efectuar una nueva evaluación de la representatividad reconocida a las organizaciones profesionales agrarias, a través del procedimiento que se desarrolle reglamentariamente. Los criterios de ponderación de la representatividad serán, en todo caso, los establecidos en este capítulo”. Artículo 11.- Modificación de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación ciudadana de Castilla y León. Se modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información corresponderá: a) Al titular de la Vicepresidencia de la Junta, en el supuesto de que ésta ejerza funciones y competencias administrativas o a la persona titular de la consejería, cuando la solicitud se refiera a documentos del artículo 6.1 en poder de la misma o de sus organismos autónomos. b) Al titular del órgano que determine la propia entidad u organismo y, en su defecto, al titular del máximo órgano unipersonal de dirección, cuando la solicitud se refiera a documentos del artículo 6.1 que obren en poder de los entes públicos de derecho privado o de las empresas públicas. c) Al titular del órgano que determine la propia entidad u organismo y, en su defecto, al titular del máximo órgano unipersonal de dirección, cuando la solicitud se refiera a información que obre en poder del resto de las entidades del sector público autonómico a las que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, o, cuando obre en poder de las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. d) Al titular del órgano que corresponda de los previstos en los apartados anteriores, cuando la solicitud se refiera a información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.” Artículo 12.- Modificación del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. 1. Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 5 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, con la siguiente redacción: “3. En el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas a los que se refiere la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que deban ser adoptados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local, se regirá por lo establecido en la mencionada ley, sin perjuicio de su aplicación como legislación básica, y por lo establecido en el artículo 50.2 de este texto refundido.” 2. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 7 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasan a tener la siguiente redacción: “1. La Consejería competente en materia de información ambiental creará un sistema de información que dispondrá de datos suficientes sobre: a) La calidad de los recursos naturales y las condiciones del medio ambiente en el ámbito territorial de Castilla y León. b) Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente y, especialmente, sobre los niveles máximos de inmisión determinados legalmente. c) Las principales emisiones y focos generadores de las mismas. d) Los valores límite de emisión autorizados, así como las mejores técnicas disponibles, las características técnicas de la instalación y las condiciones locales del medio ambiente en que se hayan basado dichos valores y demás medidas que, en su caso, se hayan establecido en las autorizaciones ambientales concedidas. e) Un inventario de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental ubicadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, con especificación de las altas y las bajas en él causadas. f) La información sobre las autorizaciones ambientales concedidas, con el contenido mínimo establecido en la normativa básica estatal. g) Los informes de inspección medioambiental de las visitas in situ con las conclusiones pertinentes respecto al cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental por la instalación, así como en relación a cualquier ulterior actuación necesaria.” “3. La Consejería competente en materia de información ambiental remitirá al Ministerio competente en esta materia con una periodicidad mínima anual la siguiente información: a) La información indicada en los párrafos c) y e) del apartado 1, a los efectos de elaborar el Inventario Estatal de Emisiones y de su comunicación a la Comisión Europea. b) En su caso, los anejos de las autorizaciones ambientales otorgadas fijando valores límite de emisión menos estrictos que los determinados en las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles.” 3. Se modifica el apartado 3 del artículo 18 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. En aquellos casos en los que se determine reglamentariamente, y una vez concluido el trámite regulado en el apartado 2, la Comisión Territorial de prevención y evaluación ambiental o, en su caso, el Consejo de prevención y evaluación ambiental de Castilla y León elaborará la propuesta de resolución definitiva con el contenido establecido en el apartado 1 y, en su caso, de acuerdo con lo manifestado por los órganos a los que se refiere el apartado 2. Asimismo, si procede, elaborará la propuesta de declaración de impacto ambiental, incorporando los condicionantes o medidas correctoras que resulten de los informes vinculantes emitidos” 4. Se modifica el artículo 19 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. El órgano competente para resolver sobre la autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales. 2. El titular de la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales podrá delegar en el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León correspondiente, la tramitación y resolución de expedientes relativos a actividades o instalaciones recogidas en el anexo II, cuando razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo aconsejen. 3. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución podrá entenderse desestimada la solicitud.” 5. Se modifica el apartado 1 del artículo 46 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Cuando se transmitan actividades o instalaciones sujetas a los regímenes de intervención regulados en esta ley, será precisa la comunicación de dicha transmisión a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, cuando cuenten con autorización ambiental, y al Ayuntamiento en cuyo territorio estén ubicadas, cuando cuenten con licencia ambiental o con comunicación ambiental.” 6. Se modifica el apartado 1 del artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de evaluación ambiental, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, en concreto: a) Dictar la declaración de impacto ambiental de los proyectos y de las modificaciones de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, incluidos aquellos cuya ubicación afecte a más de una provincia de la Comunidad Autónoma, así como los que se tramiten como proyecto regional. b) Dictar el informe de impacto ambiental de los proyectos y de las modificaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, cuya ubicación afecte a más de una provincia de la Comunidad Autónoma, así como de los que se tramiten como proyecto regional. c) Dictar la declaración ambiental estratégica de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria. d) Dictar el informe ambiental estratégico de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada. e) Elaborar el documento de alcance del estudio ambiental estratégico de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria.” 7. Se modifica el nombre del artículo 61 y sus apartados 1 y 2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasan a tener la siguiente redacción: “Artículo 61. Comisiones Territoriales de prevención y evaluación ambiental. 1. En cada provincia de la Comunidad de Castilla y León existirá una Comisión Territorial de prevención y evaluación ambiental adscrita a la Consejería competente en materia de prevención ambiental, a través de sus departamentos o servicios. 2 Las Comisiones Territoriales de prevención y evaluación ambiental en su ámbito territorial respectivo, en aquellos casos en los que se determine reglamentariamente, realizarán la correspondiente propuesta de resolución definitiva en los expedientes relativos al otorgamiento y a la modificación sustancial de las actividades o instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental cuando deban ser resueltos por el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Asimismo, formularán en los casos en los que se determine reglamentariamente, la propuesta de declaración de impacto ambiental o, en su caso, la propuesta de informe de impacto ambiental de los expedientes de evaluación de impacto ambiental cuando deban ser resueltos por el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.” 8. Se modifica el nombre del artículo 62 y sus apartados 1 y 2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasan a tener la siguiente redacción: “Artículo 62. Consejo de prevención y evaluación ambiental de Castilla y León. 1. El Consejo de prevención y evaluación ambiental de Castilla y León es el órgano superior colegiado en materia de prevención y evaluación ambiental y estará adscrito a la consejería competente en dichas materias. Le corresponde, en aquellos casos en los que se determine reglamentariamente, realizar la correspondiente propuesta de resolución definitiva en los expedientes relativos al otorgamiento y a la modificación sustancial de las actividades o instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental cuando deban ser resueltos por el titular de la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales. Asimismo, formulará, en los casos en los que se determine reglamentariamente, la propuesta de declaración de impacto ambiental, o, en su caso, la propuesta de informe de impacto ambiental en los expedientes de evaluación de impacto ambiental, cuando deban ser resueltos por el titular de la Consejería competente en materia de evaluación de impacto ambiental. 2. Le corresponderán, además, las funciones de asesorar sobre la orientación y homogeneización de los criterios y actividades desarrolladas por las Comisiones Territoriales de prevención y evaluación ambiental, e igualmente informará con carácter preceptivo en los supuestos en que lo exija la legislación vigente.” 9. Se modifica el artículo 66 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. La inspección de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental corresponderá a la Consejería competente en materia de inspección ambiental. Para el resto de las actividades o instalaciones, la competencia de inspección ambiental corresponde al Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial estén ubicadas. 2. Sin perjuicio de las facultades que la normativa vigente atribuya a otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, la Consejería competente en materia de inspección ambiental ejercerá la alta inspección. En los supuestos de inactividad de los Ayuntamientos competentes, una vez requeridos para que actúen y transcurrido el plazo de un mes, la Consejería competente en materia de inspección ambiental ejercerá las competencias que le correspondan en los supuestos de inactividad de las entidades locales. 3. Respecto a las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental, los Ayuntamientos tendrán la obligación de poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales cualquier deficiencia o funcionamiento anormal que observen o del que tengan noticia. 4. Las competencias de inspección a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que pueden corresponder a otros órganos por razón de la materia.” 10. Se modifica el artículo 69 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad o instalación, la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, para las actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental, y el Ayuntamiento para las demás, requerirá al titular de la misma para que corrija las citadas deficiencias en un plazo acorde con la naturaleza de las medidas a adoptar, que no podrá ser superior a seis meses, salvo en casos especiales debidamente justificados. Dicho requerimiento podrá llevar aparejada la suspensión cautelar de la actividad. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que se pudiera derivar si constituyera infracción administrativa. 2. Si la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales advirtiese deficiencias en el funcionamiento de una actividad o instalación sujeta a licencia ambiental o a comunicación ambiental lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, para que proceda de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. Si en el plazo de un mes el Ayuntamiento no efectuase las actuaciones previstas en dicho apartado, la Consejería actuará las competencias que le correspondan en los supuestos de inactividad de las entidades locales.” 11. Se modifica el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. La competencia para sancionar las infracciones tipificadas en esta ley, respecto a las actividades e instalaciones sujetas a autorización ambiental, corresponderá: a) En las infracciones muy graves: al titular de la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales. b) En las infracciones graves: al titular de la Dirección General competente en materia de autorizaciones ambientales. c) En las infracciones leves: al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente. 2. La competencia para sancionar las infracciones tipificadas en esta ley, respecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, corresponderá: a) En las infracciones muy graves: al titular de la Consejería competente en materia de evaluación de impacto ambiental. b) En las infracciones graves: al titular de la Dirección General competente en materia de evaluación de impacto ambiental. c) En las infracciones leves: al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente. 3. La competencia para sancionar las infracciones tipificadas en esta ley, respecto a las demás actividades, corresponde a los Alcaldes de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se desarrolle.” Artículo 13.- Modificación de la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. Se modifica el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 4/2018, de 2 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. La consejería competente en materia de inclusión social es el órgano responsable de la coordinación de la Red, a través de la persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, que será el Comisionado de la Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, para lo que la consejería a la que se le adscribe atenderá las necesidades derivadas de su funcionamiento con cargo a sus medios personales y materiales, y contando con el apoyo de los órganos con competencias relacionadas con los recursos y medidas de la Red, en especial en materia de empleo, sanidad, educación y vivienda” Artículo 14.- Modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. Se modifica el apartado 1 del artículo 23 del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Será competente para resolver el titular de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Inclusión Social. Para llevar a cabo sus funciones se dotará a esta Consejería de los medios necesarios, disponiendo de equipos multidisciplinares y del personal administrativo preciso para la valoración de la situación individual y de toda su problemática, tanto en lo que se refiere a las circunstancias sociales como económicas de los destinatarios, garantizando en todo momento una gestión ágil y eficaz de la prestación.” Artículo 15.- Modificación de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Se modifica el apartado 2 del artículo 68 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: “2. Las competiciones y exhibiciones podrán realizarse en aquellos cotos en que así se acuerde entre las partes, previa comunicación a la Consejería, con una antelación mínima de 10 días a su realización.” Artículo 16.- Modificación de la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Se modifican los apartados 5 y 7 del artículo 40 de la Ley 3/2024, de 12 de abril, que pasan a tener la siguiente redacción: “5. El instrumento técnico para evaluar la calidad de los servicios y los centros será aprobado por el titular de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y deberá estar orientado a medir los resultados sobre las personas atendidas, en materia de calidad de vida y respeto a todos sus derechos, englobando, entre otras, las siguientes dimensiones: a) Respeto a la dignidad y libre elección de las personas usuarias. b) Adaptación permanente de los planes de apoyo a los proyectos de vida de las personas usuarias. c) Cuidados e intervenciones para el mantenimiento y recuperación de la salud y la funcionalidad y promoción de vida saludable. d) Servicios y apoyos para las necesidades básicas e instrumentales de la vida cotidiana. e) Bienestar emocional. Al objeto de implantar los mejores instrumentos técnicos en este ámbito, el titular de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León estará asistido por un órgano asesor, formado por representantes de las diferentes áreas del conocimiento en esta materia, representantes cualificados de la sociedad civil y de los proveedores de servicios, en la forma que se determine reglamentariamente.” “7. La evaluación de la calidad de los centros se realizará bajo los principios de transparencia y publicidad, y así se reflejará en el informe. Dichos principios regirán el resto de actuaciones propias del sistema de calidad y, en particular, el funcionamiento del órgano asesor a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.” Artículo 17.- Modificación de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 62 de Ley 7/2024, de 20 de junio, que pasan a tener la siguiente redacción: “1. En los proyectos, obras o actividades que se deban someter a Evaluación de Impacto Ambiental, en los Planes y Programas sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica por la legislación en materia de prevención ambiental, así como en los Planes y Proyectos Regionales regulados en la legislación sobre ordenación del territorio no sometidos a evaluación ambiental, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar a los bienes del patrimonio cultural, se efectuará un diagnóstico de la afección que el proyecto, obra o actividad o el plan o programa pueda tener. Para la elaboración de dicho diagnóstico se llevarán a cabo los estudios sobre los bienes del patrimonio cultural y aquellas actividades arqueológicas que sean necesarias con el fin de poder evaluar sus efectos reales y concretos, que deberán ser realizados por técnicos con competencia profesional en la materia. El diagnóstico deberá ser sometido a valoración de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, que deberá emitir un informe favorable en el que se establezcan las medidas garantes de la conservación de los bienes afectados, que habrán de incluirse en los documentos finalizadores de los correspondientes procesos de evaluación ambiental y de ordenación del territorio. 2. El informe previsto en el apartado anterior deberá ser solicitado y emitido en una fase inicial del procedimiento, concretamente, en el marco y en los plazos previstos para las primeras consultas a las Administraciones Públicas afectadas establecidos en la normativa de evaluación ambiental, y en el marco y en el plazo de la audiencia previsto para estas por la normativa de ordenación del territorio, con el fin de prevenir impactos negativos irreparables en los bienes del patrimonio cultural.” CAPÍTULO II MEDIDAS RELATIVAS A SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES Artículo 18.- Financiación de los gastos de reparación por daños en infraestructuras municipales y red viaria tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. En relación con las ayudas concedidas por el Estado a las Diputaciones Provinciales de Catilla y León para la recuperación de infraestructuras municipales y red viaria por los daños producidos por una catástrofe natural y la consiguiente declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la Junta de Castilla y León solo financiará los proyectos de obras de recuperación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad de las entidades locales que sean necesarias para el restablecimiento de los servicios públicos esenciales de prestación legal obligatoria para las entidades locales. Artículo 19.- Subvenciones para facilitar la obtención del permiso de conducción a las personas físicas de Castilla y León. 1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones, en los términos que se establezcan en las respectivas bases reguladoras, que promuevan la obtención del permiso de conducción, con la finalidad de fomentar la movilidad de las personas físicas, contribuyendo a la mejora de su empleabilidad y al acceso a otros bienes y servicios como la educación, el ocio o la sanidad, reduciendo el aislamiento y fijando población en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y habrán de solicitarse en el plazo que se determine en la misma. 3. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada desde que el expediente esté completo. Artículo 20.- Subvenciones destinadas a usuarios recurrentes de determinadas autopistas de peaje de titularidad estatal que transcurren por Castilla y León. 1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones, en los términos que se establezcan en las bases reguladoras, a personas físicas empadronadas en Castilla y León con la finalidad de mejorar la economía de los conductores, fomentar el uso de vías de alta capacidad para mejorar la seguridad vial, reducir la congestión en carreteras convencionales y apoyar a los usuarios recurrentes de determinadas autopistas de peaje de titularidad estatal que transcurren por Castilla y León. 2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y habrán de solicitarse en el plazo que se determine en la misma. 3. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada desde que el expediente esté completo. Artículo 21.- Subvenciones para la recuperación de bienes integrantes del patrimonio cultural y de recursos y rutas de interés turístico afectados por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. 1. La Administración de la Comunidad concederá subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes integrantes del patrimonio cultural y de los recursos y rutas de interés turístico de Castilla y León afectados por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, en particular, por los incendios forestales, en los términos que se establezcan en las correspondientes bases reguladoras. 2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública. Las solicitudes se presentarán en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria a partir de la fecha en que se produzca el hecho subvencionable. 3. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada desde que el expediente esté completo. Artículo 22.- Modificación de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. 1. Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “ i) La formación para el incremento o mejora de la empleabilidad de trabajadores ocupados o desempleados y las prácticas no laborales realizadas por empresas, así como la realización de itinerarios que puedan incluir formación, orientación, inserción u otro tipo de actuaciones.” 2. Se dejan sin contenido las letras k) y ñ) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre. 3. Se modifica el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “ 2. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y, cuando así lo prevean las bases reguladoras, las solicitudes se resolverán por el orden de entrada desde que el expediente esté completo.” 4. Se modifica el apartado 1 del artículo 54 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. Las subvenciones reguladas en este capítulo se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con el crédito máximo que fije la convocatoria cuando esta deba producirse, o, en su caso, dentro de los límites a que se refiere el artículo 33.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.” Artículo 23.- Modificación de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 1. Se modifica el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, dentro de los límites que para cada ejercicio y en cada caso acuerde la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, el gasto podrá autorizarse en el momento de la concesión y el compromiso de gasto podrá efectuarse, en los términos que determine dicha consejería, cuando se tramite el anticipo o la primera liquidación de las subvenciones a que se refieren los artículos 34.1 a), c) y d) y 39 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. Estas autorizaciones y compromisos no computarán a efectos de los límites a que se refiere el artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ni precisarán la autorización prevista en el artículo 113 de dicha ley para superar aquellos.” 2. Se modifica el apartado 2 del artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, incorporándose una nueva letra c) con la redacción que se indica a continuación, y pasando la actual letra c) a ser la letra d): “c) Cuando los beneficiarios sean personas físicas, el objeto de las subvenciones no esté relacionado con la realización de una actividad empresarial o profesional, y el anticipo no supere el 50% del importe de la subvención concedida.” Artículo 24.- Modificación del texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones, aprobado por Decreto legislativo 1/2009, de 18 de junio. Se modifica el artículo 3 del texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones, que pasa a tener la siguiente redacción: “Las órdenes de pago correspondientes a transferencias a consorcios en los que participe la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se librarán de acuerdo con lo previsto en el convenio en el que se formalice la creación o la participación en el consorcio, y en su defecto, con el régimen previsto para las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad a la financiación global de entidades públicas previstas nominativamente en los presupuestos generales de la Comunidad y que no tengan establecidas normas específicas con rango de ley para su realización y pago.” DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. - Referencias orgánicas de la Gerencia de Servicios Sociales. Como consecuencia de la modificación de los artículos 3 y 4 y adición del artículo 4 bis de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, las referencias orgánicas que en las normas y resoluciones administrativas se realicen al Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León suprimido se entenderán efectuadas, a partir de la entrada en vigor de la presente norma, al Presidente de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Segunda. - Referencias orgánicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Las referencias que la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como cualquier normativa de desarrollo en tales materias, hacen a la consejería competente en materia de urbanismo y de ordenación del territorio, deben entenderse hechas a la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León en el caso de que asumiera tales competencias. Tercera. - Cómputo de plazos en procedimientos de selección de personal funcionario de carrera y laboral fijo. Los plazos establecidos en días en las normas reglamentarias que regulan los procedimientos de selección de personal funcionario de carrera y de personal laboral fijo de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, se entenderán siempre referidos a días naturales. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuarta. - Exención de la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2030, se procede a la exención de la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulada en el capítulo XLI del título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. Quinta. - Exención de la tasa por exámenes de habilitación como guía de turismo. Desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2030, se procede a la exención de la tasa por exámenes de habilitación como guía de turismo, regulada en el capítulo XXXII del título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. Sexta – Mantenimiento de otras exenciones y bonificaciones de cuota de tasas. Se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2030 las siguientes exenciones y bonificaciones establecidas en la Ley 2/2025, de 1 de diciembre, de bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias, de las tasas de caza y pesca y de la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados: - La exención de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados, regulada en el capítulo XLII del título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. - La bonificación del 95 % sobre la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios, regulada en el capítulo XIV del título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. - La bonificación del 100 % sobre la cuota de las tasas por las licencias quinquenales de caza de la clase A y B y por la licencia quinquenal de pesca reguladas en los capítulos XVII y XVIII del título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León Séptima. - Dotación del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León en 2027 y años sucesivos En el año 2027, la dotación del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León previsto en la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, no podrá ser inferior, en ningún caso, a la presupuestada en 2024, prorrogada para 2026 incrementada en un 3%. Para cada año sucesivo a 2027 la dotación del Fondo no podrá ser inferior a la presupuestada en dicho año. En todo caso, la variación anual del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León estará afectada por la limitación establecida en la disposición adicional de la Ley 7/2012, de 24 de octubre de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Aplicación de la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en el medio rural. Los contribuyentes que hubieran generado el derecho a aplicar la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en el medio rural del actual artículo 7.2 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del mismo establecida en esta ley, podrán continuar aplicándolo, conforme a los requisitos vigentes cuando se obtuvo el derecho. Segunda. Aplicación de determinadas exenciones y reducciones tributarias. Los sujetos pasivos que antes de la entrada en vigor de esta ley estuvieran aplicando la exención prevista en el artículo 53.2.b) o las reducciones previstas en el segundo párrafo del artículo 55.3 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, conforme a la redacción vigente hasta ese momento, podrán continuar aplicando las citadas exención y reducciones durante el ámbito temporal que les reste hasta su completa finalización. Tercera- Funcionamiento transitorio de los órganos colegiados en materia de medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. El Consejo de Medio Ambiente Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo, mantendrán su composición y funcionamiento conforme a la regulación anterior, hasta que se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. No obstante, ejercerá la presidencia del Consejo de Medio Ambiente Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León el titular de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en la presente ley, y en particular: - Las letras k) y ñ) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 32 y el artículo 33 ter de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. - La disposición adicional séptima de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. - El apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. - La letra i), apartado 2 del artículo 10 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. DISPOSICIONES FINALES Primera. - Modificación de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León. 1. Se modifica el apartado 3 del artículo 12 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. El aforo y superficie de los establecimientos, así como las condiciones de funcionamiento, se determinarán reglamentariamente. Los establecimientos desarrollarán su actividad dentro de un horario de apertura que resulte acorde con los usos comerciales propios de establecimientos de análoga naturaleza. En todo caso, el horario autorizado deberá garantizar un período mínimo de apertura al público de ocho horas diarias, sin perjuicio de las limitaciones o condiciones que reglamentariamente puedan establecerse. Las puertas de los establecimientos específicos de juego y apuestas deberán permanecer cerradas de forma que los elementos de juego y apuestas no puedan ser visibles desde el exterior.” 2. Se incorpora un nuevo apartado 7 al artículo 12 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, con la siguiente redacción: “7. En los establecimientos específicos de juego y apuestas, la prestación de servicios complementarios al juego como la hotelería , la hostelería, las actividades de entretenimiento o recreativas, la prestación del servicio de puesta a disposición de dinero en efectivo por los usuarios a través de cajeros automáticos o dispositivos similares, cualquiera que sea la entidad titular o prestadora del servicio, u otros servicios complementarios, solo será autorizable cuando así este previsto expresamente en su normativa reglamentaria especifica.” 3. Se modifica el apartado 8 del artículo 22 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, que pasa a tener la siguiente redacción: “8. Las empresas titulares de las autorizaciones de juego y apuestas, así como el personal a su servicio, no podrán conceder a los jugadores préstamos, ni cualquier otra modalidad de crédito, financiación económica o entrega de dinero en efectivo, ni otorgar bonificaciones, partidas gratuitas o elementos canjeables por dinero. En los establecimientos específicos de juegos y apuestas la prestación de cualquier otra forma de asistencia financiera a los jugadores a través de dispositivos o terminales solo será autorizable cuando así este previsto expresamente en su normativa reglamentaria especifica”. 4. Se modifica la letra j) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, que pasa a tener la siguiente redacción: “j) La concesión, directamente o por medio de terceras personas, de préstamos, créditos, financiación económica o entrega de dinero en efectivo a los jugadores o apostantes, en los lugares donde se practique el juego, realizada por los titulares o empleados de las empresas organizadoras, explotadoras o del establecimiento, así como por sus cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.” 5. Se incorporan nuevas letras, ñ) y o), al apartado 1 del artículo 33 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, con la siguiente redacción: “ñ) La prestación de servicios complementarios al juego cuando no estén previstos en su normativa específica, así como cuando estándolo no hayan sido expresamente autorizados, incumpliendo lo previsto en el art. 12.7 de la presente Ley. o) La prestación de servicios de asistencia financiera a través de dispositivos o terminales cuando no este previsto en su normativa específica, así como cuando estándolo no hayan sido expresamente autorizados, incumpliendo lo previsto en el párrafo segundo del art. 22.8 de la presente Ley.” Segunda. - Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 50 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. El régimen legal de protección de las viviendas de protección pública será permanente cuando obtengan financiación estatal o europea y así lo exija la correspondiente normativa reguladora de tal financiación.” Tercera. - Habilitación para el desarrollo reglamentario. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo previsto en esta ley. Cuarta. - Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027, salvo el Título III que entrará en vigor a los 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Valladolid, a 13 de octubre de 2026 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO