4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000314-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a llevar a cabo diferentes actuaciones para garantizar a los ciudadanos de Ceuta determinados servicios y prestaciones, para su tramitación ante el Pleno. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000314 y PNL/000315. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Ceuta ha sufrido una invasión y los ceutíes todavía están pagando las consecuencias. Este ataque forma parte de la guerra híbrida que Marruecos mantiene contra España. El Gobierno de la Nación, que decidió conscientemente no hacer nada para impedirlo, con su sumisión a Marruecos y su voluntad expresa de abandonar a los ceutíes, está ejerciendo un acto de traición contra los españoles del que debe responder. Este Gobierno criminal no es capaz ni siquiera de dar unas cifras concretas y fiables sobre el número de invasores que todavía permanecen en la ciudad de Ceuta. Dos meses después del ataque, el baile de cifras es constante y refleja la inexactitud y desinformación con que actúa el Ejecutivo. Los últimos datos del Ministerio de Política Territorial, que ejerce el mando único de esta situación, indican que en la ciudad permanecen unos 10.000 invasores, de los cuales más de 3.000 viven en las calles. La consecuencia es que a los ceutíes este Gobierno les ha arruinado la vida: aumento exponencial de la inseguridad, saturación de los servicios públicos, pérdidas económicas millonarias, comercios y negocios cerrados a cal y canto, insalubridad y suciedad en las playas y en los espacios públicos, inestabilidad y miedo en las calles son sólo algunas de las consecuencias a las que se enfrentan nuestros compatriotas. La invasión de mayo de 2021 ya privó a los vecinos de Ceuta de vivir su día a día con normalidad, pero la situación actual ha tensado las circunstancias hasta volverlas todavía más insostenibles. En cuanto a inseguridad, la realidad es desoladora. Los delitos registrados han aumentado un 60 % en comparación con los meses de agosto y septiembre del año pasado. Entre el 30 de julio y el 10 de septiembre de 2026, el Servicio de Emergencias gestionó 7.073 expedientes, frente a los 1.118 del mismo periodo de 2025. Extranjería encabeza los registros, con 2.081 expedientes, el 29,4 % del total. Le siguen las agresiones, con 1.357 casos (19,2 %); los allanamientos de morada, con 837 (11,8 %), y las alteraciones del orden público, con 437 (6,2 %). El incremento es especialmente notable en las agresiones, que pasan de 93 a 1.357 casos. Estos datos tan graves empeoran cuando hablamos de las mujeres: apenas un mes desde la invasión ha bastado para que Ceuta haya registrado más agresiones sexuales en comparación con la media anual de los últimos 15 años. Esto no es "inseguridad subjetiva". Esto es una traición imperdonable por parte de un Gobierno que ha encarcelado a las mujeres ceutíes en su propia tierra mientras cuida y cobija con especial ahínco a sus victimarios. La dramática situación que atraviesa Ceuta no afecta únicamente a la seguridad en las calles. Sus consecuencias alcanzan también al funcionamiento ordinario de unos servicios públicos que deben atender diariamente a los ceutíes y, de manera especialmente sensible, a aquellos de los que dependen los niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad. La vuelta a las aulas de los niños y jóvenes ceutíes se ha producido en circunstancias catastróficas. Según los datos de la propia Dirección Provincial de Educación en Ceuta, uno de cada cuatro alumnos no acudió a clase al inicio del curso escolar: un 25,15 % del total de estudiantes matriculados. Además, los 35 centros educativos de Ceuta se han visto obligados a contar con seguridad privada y vigilancia durante las 24 horas del día y a reforzar del vallado de cinco centros de Infantil y Primaria ante las tropelías que están cometiendo los invasores, pues se han registrado en centros escolares intrusiones, ocupaciones temporales, daños o problemas de salubridad a causa de la invasión. La mera necesidad de adoptar medidas de esta naturaleza evidencia hasta qué punto el miedo y la inseguridad se han instalado entre la población ceutí y han terminado condicionando incluso algo tan cotidiano y esencial como llevar a sus hijos al colegio. A todo ello se añaden las consecuencias que esta invasión está provocando; como se puede ver en el deterioro de la salud mental y del bienestar emocional de los niños y jóvenes ceutíes. Semanas de miedo, inseguridad, incertidumbre y alteración constante de sus rutinas, unidas a los cambios en la asistencia a los centros educativos, los desplazamientos o la propia vida social, constituyen factores que no deben ser ignorados. La protección de los jóvenes ceutíes exige, en primer lugar, poner fin a la situación provocada por la invasión inmigratoria, restablecer plenamente el control y garantizar la expulsión de los invasores. Pero incluso después, permanecerán las secuelas acumuladas, unidas a la sensación de amenaza constante ante la posibilidad de que episodios semejantes vuelvan a repetirse, por lo que será necesario reforzar los recursos de prevención, atención temprana, psicología y psiquiatría infanto-juvenil para atender las secuelas psicológicas y emocionales que esta crisis, sin duda, dejará en niños y jóvenes. En este contexto, los niños y jóvenes ceutíes no pueden convertirse en los grandes olvidados. No debemos resignarnos a que acudir a las aulas implique encontrarse con seguridad privada permanente, que sus centros tengan que reforzar sus vallados, que sus desplazamientos requieran dispositivos especiales de vigilancia o que sus familias tengan que plantearse si es seguro o no llevarlos a clase. Todo esto deja un panorama muy duro para los ceutíes, especialmente para la población de menor edad. De hecho, un tercio de los vecinos ha pensado abandonar la ciudad, de los cuales, la mayoría son jóvenes: entre 4 y 5 de cada 10 ceutíes de entre 18 y 29 años se plantea seriamente dejar su tierra. Y el 41 % de la población de 30 a 44 años opina lo mismo. Los jóvenes ya no ven futuro en la ciudad, y esto es responsabilidad directa del Gobierno de Sánchez. Los jóvenes de Ceuta tienen derecho a estudiar, practicar deporte, encontrarse con sus amigos, utilizar los espacios públicos y desarrollar su vida con la misma libertad, tranquilidad y seguridad que cualquier otro joven español. Es intolerable que los vecinos de una ciudad tan española como Ceuta tengan que afrontar unas circunstancias de esta gravedad y dureza con el abandono descarado del Gobierno. Ningún español debería verse en la situación de plantearse una vida fuera de su tierra por la acción traidora de quienes nos gobiernan ante una invasión extranjera. Es urgente poner fin a este ataque, garantizar la integridad territorial, la soberanía española de Ceuta y devolver el bienestar a sus habitantes. Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación para que, conforme a los trámites legalmente oportunos y procedimientos de reforma previstos normativamente, proceda a: 1. Garantizar el control efectivo de la frontera y evitar que las consecuencias de la invasión inmigratoria recaigan sobre las familias ceutíes, situando la protección de la infancia y la juventud ceutíes entre las prioridades de la actuación del Estado en Ceuta. 2. Garantizar la seguridad y salubridad de los centros educativos y de sus accesos, así como en los espacios y desplazamientos habituales de niños, adolescentes y jóvenes. 3. Preservar el uso educativo, deportivo y juvenil de los equipamientos destinados a todos los españoles. 4. Garantizar recursos suficientes para la prevención, la detección temprana y la atención psicológica y psiquiátrica de los niños, adolescentes y jóvenes de Ceuta, con especial atención a las secuelas que la situación de inseguridad, incertidumbre y alteración de sus rutinas pueda provocar en su salud mental y bienestar emocional, asegurando una adecuada coordinación entre las familias, los centros educativos y los servicios sanitarios y sociales, y evitando que el miedo o la inseguridad provocados por la invasión perjudiquen su asistencia a las aulas y el acceso a una educación adecuada y de calidad. 5. Establecer un sistema específico de seguimiento de la inasistencia escolar vinculado a situaciones de inseguridad o temor de las familias, adoptando medidas de apoyo que permitan garantizar la continuidad educativa de los alumnos afectados. 6. Garantizar información periódica y transparente sobre la incidencia que esta invasión está teniendo sobre la población infantil y juvenil de Ceuta mediante la publicación accesible de informes y estudios oficiales sobre la incidencia de la invasión inmigratoria y de la inmigración masiva sobre la realidad educativa, el absentismo, el fracaso escolar y otras necesidades educativas especiales, así como sobre el éxodo de jóvenes a la península o fuera de España y la pérdida de población española en Ceuta. 7. Reforzar las medidas de seguridad y la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la integridad de los ceutíes y su seguridad en las calles y combatir el aumento de la criminalidad, efectuando la repatriación de los extranjeros que han entrado de manera ilegal en España, la deportación de aquellos que cometan delitos o quieran imponer un modo de vida diferente al nuestro y la remigración de quienes permanecen en el territorio nacional viviendo de las ayudas sociales y sin contribuir al Estado del bienestar. 8. Compensar a las familias ceutíes que están padeciendo las terribles consecuencias de la invasión inmigratoria en la ciudad mediante un plan fiscal que contemple incentivos diferenciados, incluyendo bonificaciones especiales del IRPF y del IBI, así como exenciones al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), llevando a cabo para ello las modificaciones legislativas pertinentes con carácter de urgencia y extrema necesidad. En Valladolid, a 8 de octubre de 2026. EL PORTAVOZ, Fdo.: David Hierro Santos