4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 470. Proposiciones No de Ley PNL/000367-01 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que ponga en marcha determinadas medidas de ayuda a los trabajadores autónomos, para su tramitación ante el Pleno. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000366 a PNL/000369. De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno. ANTECEDENTES Los trabajadores autónomos constituyen una pieza esencial de la economía de Castilla y León. Los trabajadores por cuenta propia en esta Comunidad Autónoma representan casi el 59 % de las empresas activas y casi el 19 % de los afiliados a la Seguridad Social son autónomos. Según la estadística de trabajadores autónomos publicada por la Junta de Castilla y León, en el tercer trimestre de 2026 la Comunidad contaba con 182.143 afiliados autónomos. Casi cuatro de cada diez tenían 55 años o más -el 39,52 %-, mientras que los menores de 40 años representaban el 19,78 %, lo que evidencia la necesidad de favorecer el relevo generacional y la incorporación de nuevos emprendedores. Las mujeres suponían el 34,34 % del colectivo, con diferencias provinciales relevantes: desde el 37,35 % en León hasta el 29,42 % en Soria. También existían diferencias en la estructura de la actividad: los servicios concentraban el 61,81 % del empleo autónomo de la Comunidad, mientras que el sector agrario alcanzaba cerca del 30 % en Soria y del 29 % en Zamora. Esta diversidad aconseja adaptar las medidas de apoyo, contribuyendo a mantener los negocios, el empleo y los servicios de proximidad, especialmente en el medio rural. La actividad por cuenta propia conforma nuestro tejido productivo y, además, se trata de una red de prestación de servicios, con especial relevancia en el medio rural, que asienta población y vertebra territorial y socialmente la Comunidad. A pesar de la relevancia económica y social de los trabajadores autónomos, han sido uno de los grandes perjudicados por las políticas confiscatorias del Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de Pedro Sánchez ha perpetrado la mayor ofensiva fiscal de la historia contra el contribuyente con más de cien subidas de tributos en España. Los trabajadores por cuenta propia afrontan importantes dificultades derivadas también de las erróneas políticas económicas del Gobierno de España desde que lo preside Pedro Sánchez, como el incremento de los costes de actividad, las obligaciones administrativas, la hiperregulación y la incertidumbre sobre la evolución de sus cotizaciones. A ello se añade la dificultad de conciliar la actividad profesional con las situaciones de enfermedad, maternidad, paternidad o cuidado familiar, así como los obstáculos que encuentran muchos autónomos para contratar trabajadores, consolidar sus negocios y garantizar su continuidad. El trabajador por cuenta propia asume directamente el riesgo de su actividad y, con frecuencia, debe atender obligaciones tributarias y administrativas que consumen un tiempo y unos recursos que debería poder dedicar a su negocio. Esta situación resulta especialmente gravosa para quienes desarrollan actividades de pequeña dimensión, cuentan con ingresos reducidos o prestan servicios en zonas rurales. Frente a esta realidad, resulta imprescindible la reducción de las cuotas de los autónomos en España que beneficie, sin duda, a Castilla y León, una Comunidad en la que un sector de trabajadores autónomos envejecido hace que cuando los autónomos se jubilan no encuentran relevo generacional, a pesar de disponer de negocios viables, porque la presión sobre estos trabajadores por parte del Gobierno de España actual desmotiva ese relevo y conduce a los jóvenes a apostar por el trabajo por cuenta ajena. Igualmente necesaria resulta la reducción del IVA para quienes facturan menos y ayudarles con la reducción de las declaraciones tributarias. Las Administraciones públicas tienen la obligación de facilitar la actividad de quienes emprenden, invierten y crean empleo, evitando que la burocracia y las cargas económicas se conviertan en obstáculos para el desarrollo de su trabajo. Lamentablemente, los últimos ocho años se han convertido en un verdadero infierno fiscal que asfixia a las empresas y a las familias. Los trabajadores autónomos se han visto especialmente perjudicados, abocando sus negocios al cierre en muchos casos, ante la creciente presión fiscal estatal. A lo que cabe añadir la demonización que muchos de ellos han sufrido por parte del partido socialista. La Junta de Castilla y León lleva años apoyando a los autónomos de la Comunidad, con medidas de apoyo económico, administrativas y de promoción. En Castilla y León, donde los autónomos desempeñan un papel determinante en el comercio, la hostelería, los servicios, la agricultura y la actividad económica de los municipios rurales, resulta especialmente importante que el Gobierno de España ceje en su presión económica y operativa a los autónomos y adopte medidas que permitan mantener los negocios, favorecer el relevo generacional y crear nuevas oportunidades. Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que proceda a: 1. En el ámbito de sus competencias y en coordinación con las Comunidades Autónomas, aprobar un Plan Integral de Apoyo a los Trabajadores Autónomos que reduzca las cargas fiscales y administrativas, mejore su protección social y favorezca el emprendimiento, la consolidación empresarial y la creación de empleo. 2. Implantar, con financiación estatal, una tarifa cero de cotización para los nuevos autónomos durante el primer año de actividad, ampliable al segundo en función de la facturación. 3. Impulsar el procedimiento con las garantías que correspondan para la exención del IVA para los autónomos con un volumen de operaciones inferior a 85.000 euros anuales. 4. Simplifique las obligaciones tributarias periódicas de los trabajadores autónomos, reduciendo de cuatro a dos las declaraciones anuales del IVA y estableciendo, para quienes inicien su actividad, un sistema simplificado que permita cumplir las obligaciones tributarias mediante una única declaración anual cuando resulte legalmente viable. 5. Establezca una bonificación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a la contratación indefinida del primer trabajador contratado por un autónomo durante el primer año de contratación, para incentivar la creación de empleo y facilitar el crecimiento de los pequeños negocios. 6. En el ámbito de sus competencias y en coordinación con las Comunidades Autónomas, impulse medidas para facilitar el relevo generacional y la transmisión de actividades viables, especialmente en el comercio, los servicios y los municipios rurales, mediante la revisión de las cargas fiscales asociadas a la transmisión, la mejora de las condiciones de cotización y de compatibilidad entre jubilación y actividad, y la simplificación de los requisitos y trámites de competencia estatal, de forma complementaria a las actuaciones autonómicas de apoyo al relevo". Valladolid, 26 de octubre de 2026. LA PORTAVOZ, Fdo.: Leticia García Sánchez