4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno 463. Preguntas para respuesta escrita PE/000585-01 Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la Resolución de 11 de septiembre de 2026, del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, por el que se inicia el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional para la implantación de un Data Center Hiperescalar en el polígono industrial Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos (Zamora), y sus infraestructuras asociadas. PRESIDENCIA La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000572 a PE/000607. Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León. De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026. El Secretario de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Francisco Javier Vázquez RequeroA LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Luis Mariano Santos Reyero, procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito. ANTECEDENTES El 16 de septiembre de 2026 el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba la Resolución de 11 de septiembre de 2026, del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, por la que se inicia el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional para la implantación de un Data Center Hiperescalar en el polígono industrial Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos (Zamora), y sus infraestructuras asociadas. Se trata de un centro de datos que es promovido por las sociedades Edison Next Spain SLU y FRV-X Renewable SLU, y cuya aprobación como Proyecto Regional implicaría, como recoge el texto de dicha Resolución, “la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para su ejecución a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres”. Por otro lado, este centro de datos hiperescalar comprendería según el texto recogido en el Bocyl “tanto el data center propiamente dicho, con sus zonas de datos y zonas de energía, con una capacidad IT total de 200 MW, distribuidos en 5 edificios de 40 MW IT cada uno”, como una serie de “infraestructuras eléctricas asociadas (parque fotovoltaico, subestación, línea de evacuación) que se implantarán en terrenos rústicos de los municipios de Monfarracinos, Molacillos, Gallegos del Pan, Benegiles y Aspariegos”. Por otor lado, la dimensión y características de esta actuación hacen necesario determinar con precisión el alcance de las competencias de las distintas Administraciones implicadas. En particular, debe aclararse qué instalaciones son competencia de la Junta de Castilla y León y cuáles, por su potencia, naturaleza o características, pueden corresponder a la Administración General del Estado. Esta cuestión resulta especialmente relevante en materia energética, dado que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, atribuye al Estado la autorización de determinadas instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica de potencia instalada superior a 50 MW, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, así como de otras instalaciones que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. También resulta necesario determinar si concurren y han sido debidamente acreditados los requisitos que permiten utilizar la figura del Proyecto Regional. El artículo 20 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, establece que los Proyectos Regionales tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución inmediata de infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que se consideren de interés para la Comunidad, y que su aprobación debe justificarse por el interés general de las actuaciones o porque, debido a su magnitud o características, su influencia trascienda el ámbito local. La misma norma permite que los Proyectos Regionales sean promovidos por iniciativa privada, pero ello no elimina las exigencias legales para su aprobación. En concreto, el artículo 23 de la Ley 10/1998 exige que el proyecto justifique su utilidad pública o interés social y su incidencia supramunicipal, acredite su adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y contenga la documentación ambiental correspondiente. La propia Ley establece asimismo que los instrumentos de ordenación del territorio son complementarios de la legislación sectorial y deben aplicarse respetando las competencias atribuidas a las distintas Administraciones. Además, el procedimiento de aprobación de un Proyecto Regional requiere informe favorable de la consejería competente por razón de la materia antes de su inicio, así como los correspondientes informes de los municipios afectados y la resolución del trámite ambiental que proceda. Para los Proyectos Regionales exige además la evaluación de su incidencia económica y ambiental sobre el entorno, las posibilidades de corrección de los efectos negativos previsibles y, cuando se trate de iniciativas privadas, los compromisos y garantías del promotor. Dichas evaluaciones se antojan especialmente necesarias en el caso de este megaproyecto, que de no evaluarse de manera adecuada podría generar un impacto crítico e irreversible, debiendo tenerse en cuenta también la cercanía tanto del propio casco urbano de Monfarracinos, como también del de la ciudad de Zamora. Sin embargo, se ha podido advertir que el expediente no posee un estudio ambiental completo, o al menos, no que sea accesible de forma directa, mientras que la memoria del proyecto remite a “documentos ocultos al ciudadano para justificar datos críticos como las emisiones del tráfico pesado”. Estamos hablando, en todo caso, de un proyecto que tiene asociado un parque de energía solar fotovoltaica de cerca de 1.000 hectáreas, que ocuparía suelo agrícola para instalar placas solares, y que implicaría también la instalación de unos catorce kilómetros de tendidos eléctricos, además de un movimiento de tierras superior al millón de metros cúbicos. Un proyecto que demandará según los datos recogidos en la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada un gran consumo eléctrico, que ascendería a 2.255 GWh al año, lo que equivaldría a 3’22 veces el consumo eléctrico de toda la provincia de Zamora al año (que en el último año fue de 700 GWh), y equivaldría al 18’5% de consumo eléctrico de toda la comunidad autónoma. Un ingente consumo eléctrico que plantea serias dudas sobre la viabilidad del proyecto, ya que con las infraestructuras asociadas al mismo apenas se cubriría el 70% de la electricidad que requiere, por lo que el 30% debería obtenerse de fuentes ajenas a las infraestructuras planteadas como parte del proyecto. Un 30% que, cabe recordar, equivaldría al consumo que precisa toda la provincia de Zamora en materia eléctrica. Cabe recordar, en este aspecto, la escasez de falta de puntos de conexión a infraestructuras energéticas y evacuación que se da en la comunidad autónoma y específicamente en la provincia de Zamora, con una alta saturación en este aspecto, carencia que parece no haberse ponderado por parte de la Junta, ya que por las propias características del proyecto, este tendría serias dificultades para ponerse en marcha mientras no se vean incrementados los puntos de conexión y evacuación en materia energética que se da la provincia de Zamora. Por otro lado, el proyecto incluye una central térmica de grandes dimensiones, con 24 chimeneas de 30 metros de altura cada una, 24 motores de combustión de gas natural y cinco diésel, que se calcula emitirían unas 307.175 toneladas de CO2 al año a la atmósfera, con un consumo estimado según los datos recogidos en la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada, de 141’5 millones de metros cúbicos de gas al año, lo que supondría 2’5 veces el gas natural que necesitó toda la provincia de Zamora en el último año (que fue de 57’5 millones de metros cúbicos), así como el equivalente al 9’2% del de toda la comunidad autónoma. Especial preocupación suscita la suficiencia de los recursos hídricos. El propio desarrollo industrial «Zamora Norte» ha requerido actuaciones específicas para garantizar el abastecimiento de las futuras parcelas industriales. Por ello, ante una instalación de las dimensiones previstas, resulta imprescindible conocer no solo su consumo anual de agua, sino también sus necesidades máximas y punta, la capacidad real de las redes, la disponibilidad del recurso en situaciones de sequía o escasez y las garantías existentes para no comprometer el abastecimiento de la población ni otros usos prioritarios. Cabe recordar que este proyecto implicaría el consumo masivo de agua industrial para el sistema de refrigeración del complejo, implicando el vertido posterior de miles de litros de rechazos salinos concentrados al entorno, careciendo el proyecto de un plan de contención de aguas de extinción contaminadas, además de carecer de un informe de Protección Civil en este aspecto. Además, dado el ingente volumen de agua que requerirá el centro de datos para su funcionamiento, nos preguntamos cómo puede afectar al abastecimiento del entorno y si se ha comunicado este hecho a la Confederación Hidrográfica del Duero para su valoración y si se poseen los permisos pertinentes por parte de la entidad reguladora de la cuenca del Duero en materia de aguas para obtener las enormes cantidades de agua que requiere este centro de datos. Del mismo modo, hemos de recordar que el centro de datos requerirá para su funcionamiento de motores y ventiladores que funcionen de forma permanente y de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de la normativa en cuanto a decibelios máximos nocturnos permitidos, el cual está fijado en 55 decibelios, mientras que el proyecto estima que rozarán ese límite, situándolos en 54’4 decibelios. Igualmente, la dimensión energética y ambiental del proyecto exige conocer con precisión la configuración de sus instalaciones de generación, sus potencias, combustibles, régimen de funcionamiento y emisiones, así como comprobar que la evaluación ambiental contempla de forma adecuada el conjunto de instalaciones que resultan funcionalmente necesarias para la actividad. Por último, cabe recordar que la Directiva (UE) 2023/1791 establece para los centros de datos con una entrada de energía nominal total superior a 1 MW obligaciones específicas en materia de aprovechamiento del calor residual y prevé la realización de un análisis de costes y beneficios sobre su utilización. Un proyecto de las dimensiones anunciadas se encuentra claramente por encima de ese umbral, por lo que resulta necesario conocer cómo se ha tenido en cuenta esta exigencia. PREGUNTAS: 1.- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León, antes de iniciar y tramitar el Proyecto Regional, un análisis completo de las competencias administrativas correspondientes a cada una de las instalaciones que integran el proyecto, diferenciando las que son competencia de la Comunidad Autónoma de aquellas que puedan corresponder a la Administración General del Estado? 2.- Teniendo en cuenta la potencia y características de las instalaciones de generación eléctrica y de sus infraestructuras de evacuación, ¿Qué instalaciones concretas considera la Junta que son de competencia autonómica y cuáles, en su caso, corresponden al Estado? En caso de existir instalaciones de competencia estatal, ¿Qué actuaciones está realizando o prevé realizar la Junta respecto de ellas? 3.- ¿Qué justificación concreta ha realizado la Junta para acreditar que el proyecto reúne los requisitos exigidos por el artículo 20 de la Ley 10/1998 para su aprobación como Proyecto Regional y dónde consta en el expediente la acreditación del interés general de las actuaciones o de que, por su magnitud o características, su influencia trasciende el ámbito local? 4.- ¿Qué interés general concreto para Castilla y León considera la Junta que posee esta actuación y qué retorno económico, laboral, fiscal, tecnológico, energético o industrial se ha cuantificado específicamente para la provincia de Zamora? 5.- ¿Considera la Junta que la dimensión de la inversión privada constituye por sí sola una justificación suficiente para la utilización de la figura del Proyecto Regional? En caso contrario, ¿Qué beneficios concretos para el interés general de la provincia de Zamora ha considerado la Junta determinantes para su tramitación mediante este instrumento? 6.- ¿Ha comprobado la Junta que el expediente cumple íntegramente las exigencias del artículo 23 de la Ley 10/1998, incluyendo la justificación de la utilidad pública o interés social, la incidencia supramunicipal, la adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y la evaluación de la incidencia económica y ambiental del proyecto sobre el entorno? 7.- Tratándose de un Proyecto Regional de iniciativa privada, ¿Qué compromisos y garantías económicas concretas ha presentado el promotor para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto, y qué valoración ha realizado la Junta de dichas garantías? 8.- ¿Consta en el expediente el informe favorable de la consejería competente por razón de la materia exigido por el artículo 24 de la Ley 10/1998 con carácter previo al inicio del procedimiento de aprobación del Proyecto Regional? ¿Qué órgano lo emitió, en qué fecha y cuáles fueron sus conclusiones? 9.- ¿Cómo garantiza la Junta la suficiencia del abastecimiento de agua para el Data Center cuando el desarrollo industrial «Zamora Norte» ha requerido actuaciones específicas para garantizar el suministro a las futuras parcelas industriales? ¿Qué recursos, infraestructuras y capacidad adicional de abastecimiento se han acreditado para atender las necesidades del Data Center y del resto de actividades industriales previstas? 10.- ¿Cuál será el consumo medio y máximo de agua del Data Center, incluidos sus sistemas de refrigeración y las instalaciones auxiliares, y cuáles serán los caudales punta, las necesidades de almacenamiento, la procedencia del agua, la capacidad disponible de las redes de abastecimiento y saneamiento y el destino de las aguas residuales, de rechazo o de purga? 11.- ¿Existe un informe de la Administración competente en materia de aguas que acredite expresamente que existe disponibilidad suficiente del recurso para atender las necesidades del proyecto sin comprometer el abastecimiento de la población, otros usos prioritarios y el resto de actividades industriales previstas, incluso en situaciones de sequía o escasez? 12.- Dado el ingente volumen de agua que requerirá el centro de datos para su funcionamiento, ¿Se ha comunicado este hecho a la Confederación Hidrográfica del Duero para su valoración? Y en caso afirmativo, ¿Qué respuesta se ha obtenido por parte de Confederación? ¿Se han obtenido los permisos pertinentes por parte de la entidad reguladora de la cuenca del Duero en materia de aguas? 13.- ¿Por qué el proyecto carece de un plan de contención de aguas de extinción contaminadas, además de carecer de un informe de Protección Civil, teniendo en cuenta que implicaría el consumo masivo de agua industrial para el sistema de refrigeración del complejo, implicando el vertido posterior de miles de litros de rechazos salinos concentrados al entorno? 14.- ¿Ha comprobado la Junta la compatibilidad urbanística efectiva de todas las instalaciones del proyecto, tanto las correspondientes al Data Center como las instalaciones energéticas y auxiliares, y ha verificado que su implantación se ajusta al planeamiento vigente y que no afecta a suelos destinados a dotaciones públicas, equipamientos, espacios libres o servicios incompatibles con los usos proyectados? 15.- ¿Ha evaluado conjuntamente los efectos ambientales y territoriales del Data Center y de todas las infraestructuras funcionalmente vinculadas a él, incluyendo el parque fotovoltaico, las instalaciones de generación auxiliar, la subestación, las líneas de evacuación y, en su caso, los sistemas de almacenamiento energético, valorando sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre el suelo, el agua, el paisaje, la biodiversidad, las emisiones, el ruido y la calidad del aire? 16.- ¿Cuál será exactamente la configuración energética del proyecto, qué instalaciones de generación auxiliar contempla, cuál será su potencia eléctrica y térmica, qué combustibles utilizarán, en qué condiciones y durante cuántas horas se prevé su funcionamiento, qué emisiones atmosféricas y de gases de efecto invernadero generarán y qué Administración será competente para autorizar y controlar cada una de ellas? 17.- Teniendo en cuenta las características y potencia de las instalaciones de combustión asociadas al proyecto, ¿Ha comprobado la Junta la correcta aplicación de la normativa ambiental y de emisiones, incluidas, cuando proceda, las reglas de agregación de capacidades de las instalaciones de combustión y los valores límite de emisión aplicables? 18.- Tratándose de un centro de datos con una potencia energética nominal muy superior al umbral de 1 MW establecido por la Directiva (UE) 2023/1791, ¿Ha comprobado la Junta el cumplimiento de las obligaciones relativas al aprovechamiento del calor residual y la realización del correspondiente análisis de costes y beneficios sobre su recuperación? En caso de no haberse realizado, ¿Por qué motivo? 19.- ¿Hay alguna planificación en el proyecto para aprovechar el calor residual que generaría el centro de datos? 20.- ¿Se han solicitado y obtenido todos los informes sectoriales necesarios de las Administraciones y organismos competentes en materia de aguas, energía, medio ambiente, urbanismo, protección civil, incendios, carreteras, patrimonio, salud pública y cualquier otra materia afectada por el proyecto? En caso de existir informes pendientes, ¿Qué informes son y en qué fase se encuentran? 21.- Dado que la planta fotovoltaica planteada en el proyecto afectaría a cerca mil hectáreas de suelo agrícola y que la aprobación como Proyecto Regional implicaría su declaración como proyecto “de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para su ejecución a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres”, ¿Se ha calculado el impacto económico que este proyecto tendrá para los agricultores y el sector primario de la zona? ¿Y para las infraestructuras existentes tanto municipales como privadas? 22.- ¿Es consciente la Junta de la dificultad que tiene este proyecto para ponerse en marcha, debido a sus características, debido a la escasez de puntos de conexión y evacuación en materia energética que se da la provincia de Zamora y la comunidad autónoma, y la dificultad técnica de ponerlo en marcha si dichos puntos de conexión y evacuación no se ven incrementados? 23.- ¿Considera la Junta que puede procederse a la aprobación definitiva del Proyecto Regional mientras no estén plenamente acreditadas la competencia administrativa sobre cada una de las instalaciones, la suficiencia del abastecimiento de agua, la compatibilidad urbanística, la evaluación ambiental conjunta y el cumplimiento de la normativa energética y ambiental aplicable? 24.- En caso de que alguno de estos extremos no haya quedado suficientemente acreditado o de que los informes preceptivos sean desfavorables, condicionados o pongan de manifiesto incompatibilidades, ¿Contempla la Junta modificar, suspender o, en su caso, denegar la aprobación del Proyecto Regional como mínimo hasta que queden subsanadas las deficiencias y acreditada la viabilidad jurídica, ambiental, urbanística, energética y territorial del conjunto de la actuación? 25.- ¿Se compromete la Junta a no aprobar definitivamente el Proyecto Regional hasta que hayan quedado resueltas y documentadas todas las cuestiones anteriores y se hayan incorporado al expediente los informes, autorizaciones y garantías que correspondan a las distintas Administraciones competentes? Valladolid, a 13 de octubre de 2026