Señorías, buenos días. Comenzamos la sesión. ¿Algún grupo quiere comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista?

Buenos días, señor presidente. Hay una sustitución en el grupo parlamentario: doña Laura Pelegrina sustituye a don Carlos Fernández. Gracias.

Muchas gracias. ¿UPL-Soria ¡Ya!?

Gracias, presidente. Vanessa García sustituye a José Ángel Ceña.

Muchas gracias. ¿Grupo Popular?

Sí. Buenos días. Noemí Rojo sustituye a Mercedes Cófreces y Juan Jesús Blanco sustituye a José María Sánchez.

Muchas gracias. Por el señor secretario se dará lectura del primer punto de orden del día.

PNL/001102

Proposición no de ley 1102, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León para que, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, promueva el compliance penal en el sector público de la Comunidad, y particularmente a sus fundaciones públicas, para implantar los protocolos por los que se fijen las líneas esenciales del "Plan de Prevención de Riesgos Penales" de dichas entidades, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 334, de diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación del grupo proponente, don Pablo Trillo-Figueroa, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

[Comienzo de la intervención sin micrófono]. (No me acordaba del micro). Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Pues como ha referido el secretario, el Grupo Parlamentario Popular, y yo en su nombre, presentamos una proposición no de ley instando a la Junta de Castilla y León para que de la vera de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, que es la competente en esta materia, promueva el compliance penal en el sector público de la Comunidad y, en concreto, en las fundaciones públicas para implementar, o para implantar -mejor-, el Plan de Prevención de Riesgos Penales de dichas entidades.

Bien, sé que muchos de ustedes son juristas, pero quiero, más o menos, explicar lo que pretendemos con esta proposición no de ley pues coloquialmente, para que nos... lo conozcamos todos lo que... lo que se pretende desde el Grupo Popular y para lo que le pido la aprobación de la misma.

Bien, como tradicionalmente, históricamente, solamente las personas físicas eran capaces de delinquir. Desde ya el propio derecho romano pues se decía factu nominis, la capacidad de que el acto delictivo, la acción penal, solamente podía desarrollarla una persona, una persona con conocimiento y voluntad y con una característica que se habla en el derecho penal, que es la imputabilidad, la capacidad para manifestar esos actos con libre voluntad, con libre albedrío y con conocimiento del mismo.

Sin embargo, dada la extensión que se está produciendo de delitos sin castigar por parte de personas jurídicas, se modificó el Código Penal en el año dos mil diez y posteriormente en el año dos mil quince, estableciendo la posibilidad de que personas jurídicas pudieran ser responsables de delitos penales. Esa responsabilidad está, en cierta medida, pues claro, con muy... como es un sistema un tanto artificial, está muy limitada. Y esa limitación hace que, por ejemplo, entes como es el Estado, las Administraciones públicas territoriales u otras... bueno, organismos autónomos, etcétera, estén excluidas de esa posible responsabilidad.

Sin embargo, existen empresas públicas, quiero decir, en las que existe un capital público detrás de la misma y que funcionan conforme al derecho mercantil, que sí pueden ser, si no han cumplimentado un sistema... porque el compliance lo que es... -es el término internacional que se utiliza, y a mí, particularmente, en las Cortes de Castilla y León me gusta más utilizar nuestro rico castellano, que es sistema de cumplimiento penal- el compliance lo que hace es prevenir para que exista una exoneración de esa sociedad mercantil a la hora de cometer el posible delito.

Por eso, con un Acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno la Junta de Castilla y León determinó que el asesoramiento legal preventivo por parte de la Comunidad lo llevarían los servicios... la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, y pormenorizó la funcionalidad y difusión de las áreas en las que... y las entidades a las que se iba a referir. Efectivamente, la Dirección General de los Servicios Jurídicos realizó diversos informes y realizó incluso un protocolo extenso y muy pormenorizado, cumplimentando todo lo que se exige a nivel teórico o a nivel doctrinal en un sistema de cumplimiento de riesgos penales. Esto se hizo para la empresa SOMACYL. Es un sistema extenso que, si quieren, a continuación se lo puedo pormenorizar un poquito más.

Pero ¿qué pretende o qué pretendemos hoy desde el Grupo Parlamentario Popular? Implantar esos mismos protocolos en el llamado sector público y, en concreto, de una manera específica -que está excluida de... por la ley, incluso por... como veremos posteriormente, por la propia Fiscalía-, a las fundaciones públicas. Y lo hacemos pues desde 2 premisas básicas: primero, que dichos organismos -como acabo de decirle- no están incluidos, es decir, la Circular de la Fiscalía General del Estado, la Circular 1 del año dos mil dieciséis, establece que las fundaciones públicas están sometidas al derecho administrativo y, por lo tanto, estarían excluidas de esa necesidad, de esa obligación y esa... esa posibilidad de poder delinquir.

Por lo tanto, la segunda premisa es que no estamos cumplimentando una obligación legal, sino que lo estamos haciendo de una manera voluntaria, le estamos... nos estamos dirigiendo al Poder Ejecutivo para que algo que consideramos en estos tiempos que es beneficioso se pueda realizar.

Por ello, la siguiente pregunta es por qué haríamos esto, y fundamentalmente yo creo que se puede constatar desde los discursos en diferentes... y las actuaciones que el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, habla de crear una cultura de la integridad en el cumplimiento normativo, algo que va en paralelo pues con la gobernanza y el buen Gobierno corporativo, que se ha extendido de una manera muy amplia y quizá, porque la necesidad les ha hecho virtud, en el sector privado, pero que, sin embargo, en el sector público no cumplimos o no se... de alguna manera, no se desarrolla plenamente lo que establece el Artículo 103 de la Constitución española cuando se habla de servir a los intereses generales del Estado, a los intereses generales de la sociedad con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

El propio Artículo 31 del Código Penal establecería cuáles son esos mecanismos de supervisión, de vigilancia y de control, y así, en ese sentido, tras la modificación de dos mil quince, ya la propia ley de... -en Castilla y León, de dos mil veintiuno- estableció para las... para la Dirección General de los Servicios Jurídicos, modificando la asistencia jurídica, encomendándole asesoramiento jurídico en la adopción de medidas de cumplimiento en toda su extensión.

En definitiva, lo que se trata con esta norma que traemos hoy... con esta proposición que traemos hoy es de establecer normas éticas de concienciación y ante fenómenos pues que, por desgracia, están hoy tan extendidos como es la corrupción. Se trataría de introducir itinerarios con una tendencia regulatoria, y esto se produce tanto en el ámbito... -se ha producido en los últimos años- tanto en el ámbito estatal con la Ley de transparencia, de acceso a la información pública y al buen gobierno -y que fue secundado por muchas Comunidades Autónomas, entre otras, la nuestra-, con la aprobación de la Ley 3 de 2015, de Transparencia y Participación Ciudadana, y posteriormente con el decreto de desarrollo en dos mil dieciséis.

Pero también esto es algo que no nos es ajeno solamente a... bueno, que no es ajeno a esta Comunidad ni tampoco a España, sino que en el marco internacional -como decía, el término compliance es un término ya general... generalmente utilizado fuera de nuestras fronteras- viene estableciéndose medidas desde hace algún tiempo para luchar contra la corrupción. Y así, de forma clara, España ratificó el convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, o el convenio penal contra... del propio Consejo de Europa. España lo firmó ya hace tiempo, en el año dos mil cinco; pero también en el ámbito comunitario aparecen convenciones del Parlamento... perdón, comunicaciones del Parlamento Europeo, del Consejo y del Consejo Económico y Social.

En definitiva, lo que pretendemos con esta norma de compliance es pues, por un lado, mejorar... o en ella existe un interés público para priorizar el interés de... general sobre el de los particulares; mejorar la gestión más eficiente de los servicios... de los recursos públicos; mejorar propiamente, ya de una manera más concreta, los servicios públicos dirigidos al ciudadano; establecer o contribuir a garantizar el buen gobierno y la transparencia; contribuir al sometimiento al principio de legalidad de todas las... de todo el sector público; generar una cultura de reputación en las propias organizaciones; y establecer o recuperar la confianza en las instituciones y en el sistema democrático que, hoy por hoy, pues se encuentra en cierta medida muy deteriorado. Pues para ello pues le pido el voto favorable. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Trillo-Figueroa. Para abrir un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Bien, señor Trillo-Figuera, entiendo que esto es una broma macabra, ¿no? Entiendo que a usted le han encargado este tema en una suerte de venganza o broma macabra que yo no acabo de comprender. Porque imagínese usted, señor Trillo, que viniera a hablarnos de compliance, de cumplimiento, de prevención del delito penal una persona que hubiera avisado a un presidente de la Junta de un supuesto delito que hubiera acabado en sentencia desfavorable y que no hubiera habido ninguna repercusión de ese aviso. Imagíneselo, ¿eh?

Imagínese usted que venga a hablarnos hoy de compliance penal justo probablemente la única persona a la que pueden enviar. No deja de ser una broma macabra esto que trae usted hoy aquí, señor Trillo. Es una broma macabra. Pero es que, además, lo trae usted en unas circunstancias en las que a uno no deja de sorprenderle la osadía de su partido -no la suya personal, que entiendo que usted viene aquí a cumplir este encargo-, porque repasando este asunto de la compliance -que es de la legislatura pasada, usted lo sabe bien, Decreto 2021-, resulta que nuestros pactos para favorecer la lucha contra la corrupción en la primera única aplicación que yo entiendo a las empresas públicas, que es la de SOMACYL, le voy a hacer... -SOMACYL, esa empresa con la que contrata con tanta frecuencia nuestra propia Administración, ¿no?, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente del señor Quiñones, que es probablemente el que más contrata con SOMACYL-, bueno, pues le voy a leer lo que dice el protocolo de compliance de SOMACYL sobre conflicto de intereses donde uno debe de abstenerse: tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado -o de afinidad; los hijos están en el primero- con cualquiera de los interesados en las Administraciones, entidades o sociedades, y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.

Imagínese usted que tuviéramos un consejero de Medio Ambiente que hubiera incumplido el protocolo de compliance, imagíneselo. O que hubiera sido denunciado por incumplirlo. Y vienen ustedes hoy aquí a hablarnos de qué. ¿De qué, señor Trillo? [Murmullos]. De eso, probablemente. Veo que están ustedes en el tema de siempre, ¿eh?, haciendo carreras con sus exsocios, pero, bueno, vamos a dejar la inmigración legal por hoy, ¿eh?, estamos en otros asuntos.

Por tanto, señor Trillo, ¿de qué es exactamente de lo que nos viene a hablar usted hoy aquí? ¿Puede decirme, señor Trillo, en la historia de los últimos 30 años de la Junta de Castilla y León en los que ustedes han estado ininterrumpidamente, cuántos consejeros han sido cesados por incumplir el código ético? ¿Cuántos viceconsejeros han sido cesados por incumplir no la compliance, no la prevención de riesgos penales? Se lo voy a decir yo: solamente uno, en la pasada legislatura. Un señor que pretendió actuar en contra de un informe de la Inspección de Servicios de la Junta, intentando torcer la voluntad de un interventor y del gerente del Ecyl y tuvo que cesar a petición propia. No era del Partido Popular.

¿Pero ustedes de verdad tienen el cuajo de venir aquí a hablarnos de la prevención de riesgos penales hoy? ¿Hoy, en septiembre de dos mil veinticinco? ¿Y además le mandan a usted? Esta es una de las especialidades de su partido, ese picar, triturar carne de los propios. Porque mandarle hoy aquí a usted a defender esto es inaudito. Inaudito. Claro, es el único que puede hablar medianamente sobre este asunto. No le hicieron ni caso; todos siguieron de consejeros y de viceconsejeros. ¿Y viene usted hoy a hablarnos de la prevención penal? ¿Usted? Podía haber dicho "oiga, pasa bola", ¿no?, "que vaya otro", ¿no? Veo que se ríe porque no es pa menos, señor Trillo, no es para menos. Pero hay que tener mucho cuajo, ¿eh?

Supongo que después de esto a usted le elevarán a los altares, en fin, o algo sucederá, porque desde luego es de aurora boreal, señor Trillo, de aurora boreal. Que en este Consejo... que en este Gobierno, ¿eh?, teniendo a quienes tenemos, usted venga a hablarnos de la prevención de los riesgos penales. Usted, señor Trillo. La "perla negra", las eólicas; and show on. No tengo palabras, de verdad, señor Trillo, no tengo palabras; o sea, es usted un profesional. Pero es usted el ejemplo paradigmático de cómo ha funcionado en esta Comunidad la prevención del riesgo penal: metiéndolo debajo de la alfombra hasta que actúa la Justicia -metiéndolo debajo de la alfombra hasta que actúa la Justicia-. Usted es el ejemplo paradigmático de lo que han sido ustedes en la prevención del riesgo penal, nadie mejor que usted para venir hoy a hablarnos de esto.

Muchas gracias, señor Igea. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, doña Leila Vanessa García Macarrón, le recuerdo por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, cuando las instituciones no refuerzan sus estructuras internas sin una cultura preventiva que incorpore el escrutinio periódico, la responsabilidad y el control acaban por quebrarse con el tiempo. Conviene empezar por reconocer lo que está bien en el planteamiento. Decir que los servicios jurídicos de la Comunidad tienen atribuida la función del asesoramiento jurídico preventivo, como establece el Artículo 4.4 de la Ley 6/2003, de tres de abril, reguladora de la asistencia jurídica, y que existe el Acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno que delimita ese asesoramiento, que se han aprobado informes de... de compliance administrativo y penal y que se ha creado el protocolo del Plan de Prevención de Riesgos Penales de la empresa pública SOMACYL.

Todo eso demuestra que hay conciencia institucional de que la prevención jurídica no puede quedar al margen de la acción pública. Es decir, el texto reconoce -y eso es necesario- que en el ámbito público debe desarrollarse una cultura de integridad, buena gobernanza, cumplimiento normativo, responsabilidad penal de las personas jurídicas y sometimiento pleno al derecho y a la ley, lo cual, constitucionalmente, encuentra su fundamento -como ya recoge la exposición de motivos de esta iniciativa- en el Artículo 103 de la Constitución. Esa es la buena noticia, que haya diagnóstico, que exista regulación, que haya protocolos, que se quiera promover todo esto en el sector público.

Ahora bien, la buena voluntad jurídica no basta si no se traduce en realidades tangibles, sistemáticas, verificables, que garanticen que esas medidas preventivas funcionan, que sirven para evitar daños, para proteger derechos, para prevenir abusos, negligencias, corrupción, riesgos penales o institucionales. Y es ahí donde -en mi opinión- la actuación de la Junta de Castilla y León muestra debilidades, grietas que hay que señalar, porque solo señalándolas podremos construir aquello que se plantea en la propuesta de resolución con certeza de que mejoremos realmente, no solo de que instemos a que se mejore.

Hay una brecha evidente entre lo normativo y lo real, entre lo que está regulado y lo que se implementa con eficacia. Que exista una ley, que haya servicios jurídicos que puedan asesorar, que existan protocolos en SOMACYL es excelente, pero preguntémonos: ¿hasta qué punto esos servicios jurídicos tienen medios suficientes, autonomía, peso institucional para prevenir riesgos penales en todas las entidades públicas, incluidas sus fundaciones? ¿Se produce ese asesoramiento preventivo antes de que haya un problema o simplemente cuando ya hay litigios o denuncias? ¿Se evalúan los riesgos de responsabilidad penal con regularidad, con auditorías externas que permitan medir los resultados? Porque el verdadero... la verdadera solución no es un adorno ni un blindaje defensivo, sino una disciplina activa, integradora de gestión de riesgos, de transparencia y de rendición de cuentas.

Asimismo, existe la cuestión de los recursos: los medios materiales, humanos, formativos, inspectores y el apoyo técnico. Si los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia han de promover que el compliance penal... han de promoverlo, no basta con declarar que lo van a hacer, sino dotar de especialistas, de plantilla, de formación constante, continuidad, de medios para que las entidades públicas puedan cumplir los protocolos de seguimiento periódico, independiente. Sin esos recursos las buenas intenciones corren el riesgo de quedarse en declaraciones.

La propuesta de resolución que aquí se plantea -instar a la Junta para que promueva el compliance penal en el sector público de la Comunidad y en particular en sus fundaciones públicas mediante la implantación de protocolos del Plan de Prevención de Riesgos Penales- tiene, por tanto, potencial, porque apunta a un camino imprescindible. Pero sería incompleta si no se le suman compromisos operativos claros: calendario concreto, asignación presupuestario... presupuestaria, auditoría externa, sanciones, formación, mecanismos de seguimiento y transparencia, entre otros. Gracias.

Muchas gracias, señora García. Continuamos con ese turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, doña María Isabel Pérez Martín, le recuerdo por un tiempo máximo de diez minutos.

Buenos días, presidente. Señorías, la corrupción del bipartidismo es una realidad que afecta a toda España; y ojalá no imiten más al Gobierno Sánchez, donde sin hablar de los casos que se están investigando, como el caso Koldo o la trama Ábalos, el propio Tribunal de Cuentas detectó en dos mil veinticinco irregularidades en contratos públicos de los distintos Ministerios por importe 363 millones de euros, aunque en Castilla y León no nos hemos quedado atrás.

Señorías del Grupo Popular, es curioso que vengan ahora a esparcir responsabilidades al viento, como los molinos que tanto negocio dieron. Como si el señor Mañueco no hubiera sido secretario general del PP cuando se gestaban estas tramas, y, además, consejero de Interior y Justicia entre dos siete y dos mil once. Tenemos la sentencia del caso "perla negra" aún reciente y se está celebrando el juicio de la trama eólica.

Aquí mismo en Castilla y León "perla negra" supuso fraudes por importe de 23.400.000 euros, y la trama eólica acumula... veremos en qué queda, pero de momento son 75 millones en mordidas. Ambos casos siguen un mismo modus operandi: una red de corrupción que operaba desde la misma Consejería de Economía, con los mismos actores principales y métodos similares para desviar fondos públicos.

¿Dónde estaba entonces este celo por el compliance penal, esto es, por el cumplimiento legal, por la previsión de riesgos penal? ¿Dónde estaban estos controles cuando se adjudicaban contratos irregulares? Con todo, se agradece esta buena intención para recuperar la confianza en las instituciones.

Pero es que la Junta de Castilla y León ya contaba con instrumentos normativos: la Ley 6/2003, reguladora de la asistencia jurídica, atribuía a los servicios jurídicos el asesoramiento preventivo en cumplimiento normativo, especialmente, en empresas públicas; y el Acuerdo de 15 de abril de dos mil veintiuno pormenorizó esta función, pero para algunos casos llegó un poco tarde.

Sin embargo, el Artículo 103 de la Constitución española exige servir con objetividad los intereses generales, y el Artículo 31 bis del Código Penal establece la responsabilidad de las personas jurídicas. Las normas existían, existen, pero no se aplicaron cuando era necesario. Todas estas normas ya estaban vigente cuando ocurrieron los escándalos que han salpicado al Partido Popular.

Fruto de este trabajo tardío ahora disponemos del Protocolo de Prevención de Riesgos Penales de SOMACYL, un primer paso que debe extenderse y mejorarse para garantizar coherencia en todo el sector instrumental.

Pero incluso teniendo este protocolo, hemos analizado nuestras entidades y los resultado son preocupantes. SOMACYL, que gestiona 40 millones de litros de agua diarios y 500.000 toneladas anuales de biomasa, ¿tiene protocolos específicos de compliance penal para efectivos y visibles? No, las diferencias persisten.

La Fundación Siglo gestiona contratos millonarios del MET y del MUSAC. ¿Hay mapas de riesgo penal específico? No los hemos localizado. ¿Esta propuesta, por tanto, es necesaria? Sí, pero insuficiente; porque no establecen plazos, porque no define quién auditará a quién, porque no prevé consecuencias por incumplimientos y parece que solo se limita a fundaciones cuando las empresas públicas manejan volúmenes enormes.

Un programa de compliance penal efectivo devuelve entre 4 y 5 euros por cada euro invertido en el primer año. Pero es que, además, habría impedido casi el 88 % de la corrupción que hemos sufrido en Castilla y León. ¿Habría impedido una compliance penal estos casos? Yo creo que sí, rotundamente. En "perla negra", los precios 9 veces superiores al valor de mercado habrían activado alarmas automáticas críticas; los 4,4 millones por amueblamientos sin licitación habrían sido bloqueados. En la trama eólica, el enriquecimiento súbito incompatible con salarios públicos y las cuentas offshore habría sido detectados inmediatamente. La ecuación es simple: o prevenimos o pagamos mucho más caro.

Desde Vox defendemos un sector público íntegro, austero y eficaz, sin chiringuitos ni duplicidades. Un compliance penal debe ser una herramienta real de prevención, no un escaparate burocrático para tapar posibles vergüenzas pasadas.

Ustedes presentan esta moción en un momento en que los escándalos de corrupción han salpicado su gestión. Pero esta propuesta actual, por tanto, tiene algunos desafíos para no quedarse en papel mojado, pues no establece plazos. Sería conveniente plazos de 12 meses máximo para implantación completa o con hitos trimestrales verificables.

¿Quién auditará a quién? No puede ser que la Junta se audite a sí misma. Exigiríamos auditorías externas independientes con rotación obligatorio, aunque creemos que sería lo... lo mejor. ¿Qué ocurre si se incumple? Sin consecuencias reales esto sería papel mojar. Se necesitaría un protocolo de sanciones progresivas, así como, incluso, una diu diligence reforzada para subvenciones superiores a 50.000 euros. Y hemos dicho, además de la fundación, en las empresas públicas tienen que mejorar, porque manejan un volumen de fondos sustancialmente enorme. Y lo hacemos para todo el sector instrumental o seguiremos con agujeros.

Para que un sistema de compliance de cumplimiento legal sea efectivo, lo más correcto sería seguir los estándares internacionales reconocidos. La Norma ISO 37301, desarrollada por la orientación internacional de normalización, establece los estándares internacionales del compliance que cualquier organización seria debe cumplir. Los componente fundamentales incluyen: análisis del contexto específico, liderazgo comprometido, recursos adecuados y mejora continua. Porque para fundaciones públicos los delitos más frecuentes suelen ser: cohecho, tráfico de influencias, malversación y estafa en subvenciones. ¿Están mapeados esos riesgos? La respuesta es que no.

Desde Vox, por tanto, propondríamos ir más allá, con un sistema integral que incluyera, al menos, mapa de riesgos específicos por actividad y entidad, autorías externas independiente con rotación obligatoria cada 3 años y un portal público de transparencia con indicadores actualizados en tiempo real sobre formación impartida, controles realizadas, incidencias gestionadas y auditorias efectuadas.

Porque Castilla y León debe ser un referente nacional en la integridad frente a las Autonomías entregadas al amiguismo y el despilfarro. Las fundaciones públicas y demás entes instrumentales deben someterse a los mismos estándares estrictos que la Administración general: mapas de riesgos penales, segregación de funciones, trazabilidad y control interno independiente. Apoyamos la implantación de cláusulas de integridad y exclusión de entidades condenadas, diu diligence reforzada, beneficiarios y contratistas y revisión de convenios con entidades instrumentales para cerrar puertas a las redes clientelares.

Señorías del Grupo Popular, no pueden presentarse como la ley de esa transparencia después de la "perla negra" y la trama eólica. Esta iniciativa debería ser una enmienda a la totalidad de las prácticas del pasado, no un lavado de imagen, pero se agradece el intento.

Esta es nuestra oportunidad de liderar Castilla y León. Puede ser la primera Comunidad Autónoma con un sistema integral de compliance público, referente nacional en integridad institucional, pero no se considera con medias tintas. Para Vox la corrupción no es una cifra abstracta, es dinero que no llega a nuestros pueblos, a nuestros agricultores, a nuestras familias. Los castellanos y leoneses se merecen una Administración blindada contra la corrupción, no una que reacciona cuando ya es tarde. Apoyaremos esta propuesta, pero exigiremos un desarrollo integral, porque prevenir la corrupción no es opcional, es de urgente necesidad, con la firme exigencia de que sea el primer paso hacia una verdadera regeneración democrática en nuestra Comunidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox presenta una enmienda de adición a la PNL 1102, añadiendo los siguientes puntos: "Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a que en un plazo máximo de 12 meses asegure la implantación completa de dichos planos, incluyendo mapa de riesgos específicos por actividad y entidad, auditorías externas independientes con rotación obligatoria para 3 años... cada 3 años y un portal público de transparencia con indicadores actualizados en tiempo real sobre formación impartida, controles realizados, incidencias gestionadas y auditorías efectuadas". Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Pérez. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Socialista, don Luis Briones Martínez, también le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, señor presidente. El Partido Popular, en este caso el grupo parlamentario, trae a este debate una proposición no de ley para que a través de los servicios jurídicos se promueva el compliance penal en el sector público de la Comunidad y sus fundaciones públicas, y concretamente para implantar los protocolos de un Plan de Prevención de Riesgos Penales de estas entidades. Es verdad que la iniciativa está prácticamente registrada hace un año, pero el mejor momento que han traído, no sé, o se han equivocado o lo han... o lo han hecho para intentar blanquear lo que está sucediendo y con la que está cayendo en estos momentos en esta Comunidad.

En cualquier caso -sí que es verdad-, estamos ante un asunto muy importante, en el que el Partido Popular lleva dando bandazos desde el año dos mil diecinueve en que era consejero de Presidencia el señor Ibáñez, circunscribiéndonos a la Ley autonómica 6/2003, que ya preveía la aprobación del Reglamento. Y fíjese, por tanto, si ha llovido para que empezaran en aquel momento a hablar de desarrollo reglamentario hace más de 20 años, que -como digo-, posteriormente, el propio señor Ibáñez en la comparecencia en esta Comisión de Presidencia, a preguntas de este portavoz, hablaba de la necesidad de la aprobación de un reglamento que se encontraba en fase de elaboración, y que tuviera por objeto, entre las funciones de los servicios jurídicos autonómicos, el asesoramiento jurídico preventivo mediante las medidas de compliance normativo penal.

Pues bien, no es hasta principios de dos mil veintiuno cuando la Junta aprueba la Ley 1/2021, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de Castilla y León, e introdujo entre las medidas administrativas una modificación precisamente de esta ley, de la Ley 6/2003, de tres de abril, que regulaba la asistencia jurídica a la Comunidad de Castilla y León, al incorporar en su artículo quinto un nuevo apartado al Artículo 4 de esta norma, encomendando a los Servicios Jurídicos de la Comunidad competencias en materia de asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad de Castilla y León, y de forma especial a sus empresas públicas, sin perjuicio de la incorporación del tal previsión en la normativa que a nivel reglamentario disciplina el ejercicio de las funciones de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

Se procede, por tanto, a través del presente Acuerdo de quince de abril de este año, al que ustedes han hecho referencia precisamente en los antecedentes. Y ustedes a continuación, 3 días después, precisamente, de la aprobación de este Acuerdo, presentan, el día veinticinco de febrero registran y presentan una iniciativa, haciendo ya la Consejería posteriormente -es verdad- un atisbo de desarrollo normativo a través del famoso Acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno. Y a ciencia cierta que esperábamos que fuera importante y que afectara de modo importante al funcionamiento de nuestros servicios jurídicos, ya que este desarrollo de la ley es fruto de la Ley Orgánica -como se ha hecho aquí mención- 1/2015, la famosa reforma del Código Penal, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rajoy, que cambió los términos -¿se acuerdan ustedes?- de "imputado" por "investigado", o que limitó la instrucción de las causas a 6 meses. Es cierto que además permitía la implantación, la implantación de los modelos de prevención jurídica o cumplimiento, el compliance.

Por tanto, este desarrollo normativo sigue su curso, pero -como saben ustedes, y no voy a entrar en más detalles- se extiende, y era objeto de la PNL que presentaron entonces al Régimen de Responsabilidad Penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, a las que se le podrá imponer las sanciones actualmente previstas en las letras e) a g) del apartado 7 -como saben ustedes- del Artículo 33 del Código Penal. Aquí, aquí es donde se encuentran esas sociedades que iban a desaparecer hace 7, hace 6, hace 5 años, los famosos chiringuitos, y que hoy, fruto de todo aquello, estamos viendo como se acaba de celebrar un juicio, el juicio de la "perla negra", y también la que está cayendo con el tema de las eólicos.

Este acuerdo, precisamente, de quince de abril de dos mil veintiuno, propiciaba 3 acuerdos (propiciaba):

El primero: asesoramiento jurídico preventivo. El compliance jurídico a efectos de este acuerdo, que tiene como objeto la minima... mínima acción de riesgos en la toma de decisiones, la anticipación y prevención de problemas jurídicos, la evitación o resolución de conflictos judiciales y la difusión de la cultura de la integridad jurídica, definiendo los mecanismos o procedimientos internos para la prevención, gestión, control y reacción frente a estos riesgos y fallas legales. Desafortunadamente, esto no se ha llevado a cabo, como estamos viendo.

La segunda, precisamente, de los acuerdos era: la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia, de cada actuación de oficio que realice sobre el compliance jurídico, dará cuenta o traslado a las Asesorías Jurídicas y los Servicios de Normativa y Procedimiento de las diferentes Consejerías y organismos autónomos, y organismos o unidades similares de los entes públicos de derecho privado y demás entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León a los que pueda resultar de aplicación. Tampoco se ha llevado a cabo. Les voy a poner solamente un ejemplo: mañana tenemos la comparecencia del Comisionado de Transparencia. Bien, pues hay una empresa pública, SOMACYL, que ni tan siquiera ha sido capaz de aportar la documentación que se le requiere, ni tan siquiera. Eso es un ejemplo de que no... no se están cumpliendo, evidentemente, ya no lo que dice el compliance en todos los ámbitos, sino que prácticamente, bueno, pues se están negando a facilitar datos. ¿Cómo vas a... vamos a implantar protocolos, si realmente las propias empresas públicas no hacen caso a las propias Consejerías? En fin.

El tercero de los aspectos. El compliance jurídico se producirá en las siguientes áreas: administrativa y -hablamos, vamos al... al que realmente se está debatiendo- el compliance penal para empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León. Es un protocolo de contenido jurídico de obligada asunción por parte de los correspondientes órganos de estas empresas públicas, donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención, control y respuesta diseñados ante la eventual comisión de los famosos delitos corporativos, dada la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas -como bien ha dicho el ponente de esta iniciativa-.

Compliance penal para otras entidades de la Comunidad de Castilla y León, protocolo de contenido jurídico para los entes públicos de derecho privado y fundaciones públicas que aporte mayores garantías a su actuación y a la de sus empleados en materia de cumplimiento normativo e integridad para evitar la posible comisión de delitos penales.

Incluso se hablaba del compliance de mediación intrajudicial, un protocolo de contenido jurídico sobre cómo actuar ante un posible ofrecimiento judicial de mediación. En fin, se hablaba de muchas cosas -y hablo del año dos mil veintiuno-; pero, realmente, señorías, no se ha hecho nada.

Hoy nos traen esta iniciativa; pero, no nos confundamos, señorías, la aplicación del compliance en el sector público no solo se reducía a la capacidad de prevención y lucha contra la corrupción -como hemos visto, que ha sido un absoluto fracaso-, sino también en la mejora de la gestión pública, en términos de mejora de la calidad de servicios, en este caso, de los servicios jurídicos. De ahí... de ahí que, por fin -por fin- se aprueba el Reglamento de los Servicios Jurídicos a través, precisamente, de este Decreto de dos mil veinticuatro, por el que ya se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León.

Reitero: esta iniciativa, esta PNL, es muy similar a la presentada en el año dos mil veintiuno, en la que subyace la idea y preocupación -que desde luego no era infundada- que siguen teniendo ustedes por muchos de esos chiringuitos, empresas públicas, fundaciones, que han sido objeto en algunos casos de investigaciones judiciales, y que han... han llevado a generar serios problemas a sus gestores -lo estamos viendo con algunas personas que se encuentran ahora mismo en el banquillo- y, en algunos casos, a responsables políticos, también denunciados por este grupo parlamentario y por órganos externos de esta Comunidad Autónoma. Porque esto no solamente se ha presentado por el Gobierno: hay órganos, que algunos... externos, que algunos partidos no los valoran, que han denunciado precisamente esa falta de previsión para evitar errores y también arbitrariedades en la gestión.

En cualquier caso, señorías, creemos que es importante dar este paso. Creemos que es importante. Nosotros no nos vamos a negar a votar a favor de esta iniciativa, porque era fundamental la aprobación -como digo- de esta... de este decreto, porque queremos que... nosotros, una y otra vez, además lo hemos reclamado años atrás y porque el daño que se ha hecho anteriormente, evidentemente, no se va ya a poder reparar. Pero sí que podemos intentar, fundamentalmente por los magníficos profesionales que tiene la Junta de Castilla y León, llevar a cabo fundamentalmente esta función.

Es verdad que ha tardado mucho tiempo y, además, hoy en su iniciativa pretenden la implantación de protocolos para los que se fijen líneas esenciales, pero creemos que esto tiene que... tiene que ser desarrollado, tiene que haber unas... tiene que fijar esas líneas, ese plan. Porque ahora mismo, prácticamente, bueno, es una... esto quedaría como una declaración de intenciones. Pero -termino, señorías- nos... esto nos está llevando a pensar que siguen mirando de reojo a esas posibles responsabilidades penales derivadas de algunos juicios que se celebran en la Comunidad Autónoma y que afectan a altos cargos de la Junta de Castilla y León, véase "perla negra", véase juicio de las eólicas. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Briones. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor procurador don Pablo Trillo-Figueroa Martínez-Conde, le recuerdo por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Bueno, si nos metemos en temas personales se corre el riesgo de entrar en el "y tú más", y yo, particularmente, es lo que no he querido presentar esta mañana.

Sí quería hacer un par de aclaraciones: yo creo que todas las personas que estamos aquí yo confío plenamente en todas las personas que estamos aquí y en su honestidad. Y, por otro lado, también quería hacer una aclaración: con el Gobierno del señor Fernández Mañueco no hay ningún alto cargo que esté investigado o imputado.

Dicho esto, pues quería comentar alguna de las consideraciones que se han hecho aquí. Miren, se ha ido fundamentalmente a la concreción de en cómo se iban a trasladar estas medidas o incluso si iban a tener alguna repercusión práctica o no. A la corrupción se le puede ir o se le puede ir en contra de ella de diferentes formas. No se puede hablar con un sistema ético, que para mí ese es fundamental, el que se debe de ejemplarizar en la sociedad, y creo que el comportamiento de todos los que estamos aquí daríamos, o estamos por lo menos intentando que así sea, con un sistema legal detrás y con un sistema moral, pero vamos a meternos en el sistema legal.

El sistema legal actualmente -ya lo he explicado- es escaso, desde mi punto de vista. Aquí queremos trasladarlo, y no hay una obligación en el Código Penal, a todos los... al sector público de la Comunidad. Señora Pérez Martín, es que las fundaciones actualmente -la Fundación Siglo, etcétera- están excluidas del... porque son derecho... de derecho administrativo, pero no están excluidas por una legislación autonómica, están excluidas por el Código Penal. Por lo tanto, si avanzamos en introducirlas en este paquete de prevención creo que será bueno, creo que es loable; creo que particularmente lo que se está presentando hoy aquí es loable.

Se ha hablado, por si... la señora Leila Vanessa García Macarrón ha hablado quizá de que no hay medios suficientes. Mire, sí, sí hay medios suficientes. Los servicios jurídicos de la Junta son excelentes -excelentes-. Y lo digo porque he tenido la suerte y el honor de haberlos dirigido. Y particularmente hoy son más excelentes que en mi época, porque tienen una directora general que tiene mucho más conocimientos que yo. Le digo que sí es unos servicios suficientes para poder desarrollar este. Si las modificaciones legales se han hecho más o menos pronto, eso ya es cuestión opinable.

Pero lo cierto es que no hablan de medidas concretas. Y si se han leído -entiendo que no, ¿eh?, porque es un documento extenso, o sea, de cincuenta y tantos a sesenta y tantos folios- el informe de... -perdón- el código que se presenta para el SOMACYL, da o va a ir a cada una de las cosas que se han comentado por ustedes aquí.

En un primer lugar, hablan de un anexo en el que se habla de un código ético, en el que refleja el compromiso en los que se introducen los principios de la ética empresarial y la transparencia, ética empresarial porque estamos hablando de una sociedad mercantil. Después, establece un mapa de riesgos y medidas concretas para el cumplimiento, por tanto, el conjunto de actuaciones y conductas detectadas que pueden ser susceptibles de un ilícito penal. Por eso también se da una serie de prohibiciones para que se puedan realizar.

Se establece un canal de denuncias -que es fundamental- para que pueda ser una herramienta imprescindible para que este plan tenga la prevención que se prevé. Por eso... por eso esa tiene que tener las garantías de confidencialidad y de seguridad, y por eso también la creación de un órgano para que exista ese canal de denuncias.

Una política de anticorrupción, y se detallan claramente cuáles son los aspectos en donde puede haber causas de corrupción, incluso de corruptelas, porque estamos hablando en materia de regalos, atenciones, invitaciones -bueno, que si, efectivamente, desde mi punto de vista, muchas de ellas rozan la inmoralidad-. Y después habla también de una política en materia de conflictos de intereses.

Por otro lado, se establecen un responsable, en los que es la Comisión de Gobierno. No sé si se van a hacer en todas las fundaciones o en todo el sector público igual; yo creo que cada una tiene... tendrá su modus operandi, pero sí el establecimiento de un responsable, al que se le dan una serie de funciones taxativas.

Y después, se establece también a una persona fuera o por debajo de ese Consejo, que es el... la oficina o la oficial del compliance, ¿no?, es el... el oficial de cumplimiento, que es quien diseña las funciones, quien desarrolla realmente ese sistema, el canal de denuncias y un sistema sancionador, que es el que hemos hablado anteriormente.

Bueno, yo creo que los principios y valores éticos creo que todos los tenemos claros, pero también se vuelve a reflejar en esta norma. Se habla de legalidad, el compromiso con ese Artículo 103 y con toda la legalidad vigente, de integridad en el desempeño de las funciones, de la transparencia -concepto que muchas veces se abusa de él, pero que debe de ser cumplido-, de la responsabilidad de cualquier contrato o convenio que se firme, de la austeridad -un concepto que realmente muchas veces no nos damos cuenta que igual la austeridad que practicamos en casa, necesariamente, si somos gestores de bienes públicos, debemos de ser incluso más austeros-, de la eficiencia, también de la imparcialidad. Y, por otro lado, de la... el sistema claro de anticorrupción que se establece de una manera amplia, de la confidencialidad de las personas en las que hablan de esa denuncia. Y después del respeto fundamental a lo que son valores básicos de esta sociedad: los derechos humanos, el respeto por las personas o incluso la protección ambiental, en el caso del SOMACYL. Bueno, yo particularmente, con respecto a... -ya entrando en materia- pues les agradecería el voto a favor. Alguno de ellos lo han anunciado, alguno de ustedes lo han anunciado.

Y en cuanto a la enmienda de adición de... del Grupo Vox, realmente va a ir todo lo que ha dicho en los diferentes... en el plan de riesgos que se va a hacer por cada una de estas sociedades. Pero sí me gustaría -la aceptaríamos-, pero siempre poner plazos perentorios particularmente creo que es una obligación en la que no estamos en condiciones tampoco ahora de decir si en 12 meses o tal. Los Servicios Jurídicos trabajarán, tendrán ese plan -lo tienen muy avanzado porque les sirve de modelo el del SOMACYL- y por eso aceptaríamos esta primera parte sin el plazo de los 12 meses.

Y, después, en cuanto al sistema de auditorías externas independientes, como estamos hablando de diferentes entes, unas con un sistema de sometimiento al derecho mercantil, otra administrativo, las auditorías podemos poner auditorías externas independientes, pero esa rotación depende de los Consejos de Administración, etcétera; y, yo, particularmente, si quita esas dos cosas, sí que aceptaríamos esa enmienda de adición. Nada más y muchas gracias.

Muchas gracias, señor Trillo-Figueroa. ¿Algún grupo quiere manifestar su opinión, ya que ha habido una incorporación? ¿Ninguno? Pues procedemos entonces al debate. [Murmullos]. Yo entiendo que la... ¡Ah!, perdón. Sí, la señora Pérez tiene tres minutos. [Murmullos]. Quitando... admitiría la enmienda quitando los plazos. Bien. [Murmullos]. A ver, leemos la enmienda cómo quedaría, por favor.

(Sí). Asimismo, las Cortes de Castilla y... las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a que se asegure la implantación completa de dichos planes incluyendo: a) mapas de riesgos específicos por actividad y entidad; b) auditorías externas independientes; c) un portal público de transparencia con indicadores actualizados en tiempo real sobre formación y partida, controles realizados, incidencias gestionadas y auditorías efectuadas.

Votación PNL/001102

Perfecto. Pues procedemos entonces al debate... perdón, a la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Diecisiete. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Uno. Por tanto, queda aprobada la proposición no de ley.

Señor secretario, pasamos al segundo punto del orden del día.

PNL/001302

Proposición no de ley 1302, presentada por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a reforzar la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural, especialmente en zonas donde se aprecia aumento de criminalidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 394, de trece de marzo de dos mil veinticinco.

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo proponente, la procuradora doña Rebeca Arroyo Otero, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En el último año varias bodegas de la Denominación de Origen Rueda vienen sufriendo en sus instalaciones un importante número de robos en un plazo alarmante corto de tiempo. Los criminales actúan con total impunidad, llegando a repetir robos en las mismas bodegas. Estos actos criminales afectan de forma general, además de a las mencionadas industrias, a numerosos agricultores y ganaderos en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid, principalmente.

Los ladrones acceden por la fuerza a sus explotaciones para sustraer el cobre de las instalaciones eléctricas de bodegas y naves agroganaderas, tanto de cuadros de abastecimiento industriales como de sistemas de riego. Estos robos no solamente provocan la pérdida de material sustraído, sino que provocan importantes perjuicios a consecuencia de la paralización de la actividad para reponer y reparar los daños, lo que conduce a elevadas pérdidas económicas.

Además, el problema tiene efecto dominó sobre el conjunto de la economía local. La industria vitivinícola genera empleos directos y otros tantos indirectos, así que la paralización de la actividad en las bodegas no solo afecta a los viticultor y etnólogos, sino también a transportistas, empresas de maquinaria, proveedores de corcho y vidrio y comercios vinculados.

En muchas ocasiones, las alarmas de seguridad propia de las explotaciones llegan a activarse, pero el tiempo de respuesta de las fuerzas del orden es insuficiente. No tenemos duda de que esta situación es consecuencia directa del escaso número de efectivos y de la falta de medios materiales de la Guardia Civil, responsabilidad del Gobierno de España. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior ha constatado un aumento de la criminalidad en Castilla y León, pero es que, además, esta subida de la delincuencia en la Comunidad Autónoma se produce mientras se produce una caída en el conjunto de España.

Cuando comienza la campaña de riego de los cultivos agrícolas la situación es alarmante. Estas acciones delictivas se incrementan todos los años y los robos afectan a generadores eléctricos para riego y gasóleo agrícola, perjudicando aún más a un sector primario que ya está golpeado por las políticas del Pacto Verde y la Agenda 2030. Si ya de por sí el mundo rural de Castilla y León se enfrenta al problema del envejecimiento y la pérdida de población, difícilmente podemos hacer atractivos nuestros núcleos rurales si no hay seguridad. La situación que denunciamos está generando un clima de inseguridad creciente entre los empresarios del sector, que temen nuevos ataques. Se sienten desprotegidos y con miedo a ser los próximos en sufrir un asalto, señalan los bodegueros.

Los robos y hurtos son de todo tipo de material: de cobre, de baterías, de gasóleo, de material metálico de uso agrícola. Conviene hablar del gran problema que tenemos con el mercado del cobre, la existencia de canales de comercialización ilícitos donde se da salida al cobre robado. Sin esta de receptación, la actividad delictiva sería mucho más difícil de sostener. Por ello, además de la vigilancia preventiva se debe hacer una inspección exhaustiva y permanente de los puntos de compraventa de metales, especialmente en centros chatarreros o intermediarios que operan sin los debidos controles. Según datos del Ministerio del Interior, los robos de cobre crecieron un 18,6 % en España durante el año dos mil veinticuatro, alcanzando un total de 5.813 denuncias, la mayoría concentradas en zonas industriales y rurales.

Hay varias medidas que desde Vox consideramos esenciales para proteger el futuro del sector: aumento de la presencia de la Guardia Civil en las zonas de las bodegas durante la noche, franja en la que se producen la mayoría de los robos, a través de las unidades de la Guardia Civil de campo especializadas en robos agrícolas e industriales; control riguroso de los puntos de compraventa de chatarra y metales en la Comunidad Autónoma; y campañas de sensibilización a empresas del sector metalúrgico para que colaboren con las autoridades.

Señorías, aunque esta proposición no de ley la registramos en el mes de marzo y a raíz de ello se incrementaron durante una temporada las medidas de seguridad, según nos informan los empresarios, agricultores y trabajadores de la zona de Rueda, en el campo continúan existiendo robos y hurtos, principalmente de cobre, de baterías. Los daños que producen no solo son por la propia sustracción del material, sino también por los destrozos para acceder al mismo, y es que ello provoca un gran quebranto de las economías y en el ánimo de los agricultores.

Un ejemplo es cuando cortan un cable de mucha sección a ras de un pozo que va desde la caseta -digamos- eléctrica o diésel hasta la entrada del pozo. Cuando lo cortan a ras puede provocar la caída del resto del cable al fondo del pozo, provocando el bloqueo de la bomba al fondo y en un caso extremo de inutilidad del pozo. En este caso, para robar un cable que puede valer unos 50 euros, provoca un destrozo de decenas de miles de euros. Desde luego, yo no soy experta, pero esto es un ejemplo que lo podemos entender todos de cuál es la situación y que nos trasladan los profesionales del sector.

Por otro lado, sabemos que existen muchos robos de menor cuantía que los agricultores no están denunciando porque existe la sensación de que no sirve para nada. Y esa sensación la tenemos que cambiar, señorías, porque el problema no es de la Guardia Civil, ante los que me quito el sombrero, y desde Vox mostramos agradecimiento infinito a ellos, es más, queremos que se declare la profesión de riesgo, que se impulsen medidas para la jubilación anticipada, así como la equiparación salarial. Desde luego, recalcar que es la falta de efectivos, no del gran trabajo que están realizando.

Tras la oleada de robos en la zona y cuando de... en Vox denunciamos el problema hace unos meses -como ya he señalado-, se vio un aumento de los Grupos Roca de la Guardia Civil, el grupo especialista de robos en el campo, pero sería necesario aumentar la dotación o aumentar la presencia para que sirvan de manera disuasoria para disminuir los robos en el campo. Estas patrullas Roca son especialistas que conocen a los agricultores y, muchas veces, conocen también a la gente que puede provocar los robos. Por ello, insistimos en que se aumente la dotación humana y material de estos grupos, que además investigan algo que es crucial, que es lo que está pasando con todo ese material robado.

Es muy importante la vigilancia de las chatarrerías y de los compradores de material también, porque muchas veces se roba el material para revenderlo, no se roba para hacerse una instalación.

En conclusión, señorías, tenemos que ayudar al sector agrícola, que está muy desanimado por muchísimas causas, entre ellas la falta de rentabilidad. Y es que este tema de los hurtos y robos en el campo muchas veces es la puntilla. Y como nos relata un agricultor, y leo palabras textuales: La desazón que nos da cuando llegamos a nuestra casa y vemos que nos han abierto, que nos han robado, que nos han hecho destrozos en los riegos, estos robos provocan medidas económicas en forma de pérdida de rendimiento de cultivos porque no podemos seguir regando; muchas veces pierdes en julio una semana de riego y, entonces, se provoca una pérdida económica muy importante.

Para finalizar, la seguridad es el primer paso para seguir creciendo, exportando y generando riqueza en un sector que ha hecho del vino su seña de identidad. Ayudemos al campo. Para ello es esencial reforzar la presencia y los medios que... de los que cuentan las unidades rurales de la Guardia Civil. Por ello presentamos esta proposición no de ley que esperamos que cuente con el apoyo de todos los grupos, porque los agricultores lo necesitan y sabemos que todos los grupos queremos ayudarles. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Arroyo. Para la presentación de la proposición, perdón... Abrimos ahora un turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, por tiempo máximo de diez minutos, le recuerdo, su intervención. Muchas gracias.

Bien. Señora Arroyo, y esto supongo que va a ser así en el tiempo que nos queda de esta agónica legislatura; agónica, por lo menos, para algunos. Ustedes van a insistir en sus mantras, y de vez en cuando les saltará como antes el teléfono móvil al PP para subir la apuesta, ¿no? ¿Y cuáles son los mantras de Vox para las próximas elecciones? Delincuencia, inmigración, inseguridad. Ese mundo salvaje en el que según ustedes vivimos.

Ese mundo salvaje no se compadece con la realidad, señora Arroyo. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea. Nuestra tasa de homicidios está muy por debajo de la media. Es probablemente uno de los países más seguros del mundo. Y Castilla y León es de las 19 Comunidades de España la cuarta, la quinta, según se mire, con menor índice delincuente. Ergo vivimos en la Comunidad más segura de los países más seguros del mundo; no vivimos en ese delirio trumpista en el que vive su socio favorito en Estados Unidos. Y ustedes no pueden intentar trasladar esa sensación a la Comunidad para apoyar sus intenciones de voto, que, básicamente, es de lo que se trata.

Ustedes crean un relato en las redes, en sus medios, en su cabeza, ¿no?; o sea, en su cabeza sonaba fenomenal, ¿no?, que se dice; o sea, en su cabeza todo esto suena fantástico. Pero, oiga, es que esto cuando uno sale a la calle pues no ocurre, no vivimos en ese mundo en el que ustedes dicen a los ciudadanos que vivimos. No es cierto. ¿Existen delitos? Claro, ¿cómo no vamos a negar que existen delitos? Por supuesto que existen delitos y por supuesto que cualquier medida que contribuya a disminuir el índice de delincuencia es bienvenida. Pero este no es ese mundo salvaje en el que ustedes dicen a los españoles que vivimos. No es ese relato brutal que les acaba de comprar naturalmente su exsocio de Gobierno en esa alocada y estúpida carrera que se llevan ustedes de cara a las próximas elecciones.

No podemos generar ansiedad, miedo y desesperación entre los ciudadanos solo porque buscamos un rédito electoral. Por tanto, yo no les voy a seguir en esa carrera; pero no se preocupen porque tienen quien les va a seguir. Ellos piensan que les siguen; lo que hacen es empujarles. Y cada mañana se levantan con una encuesta más desfavorable que la anterior. En el Partido Popular debe haber gente inteligente -yo no lo dudo; no los acabo de encontrar, desde luego no están al mando de la máquina-, porque cada mañana se levantan viendo que ustedes tienen más escaños en las encuestas, y cada mañana vuelven a repetir la misma maniobra que es seguirles a ustedes en esa alocada carrera a no sabemos dónde, con un relato falso, generando miedo, miedo como arma electoral.

Y eso a ustedes les funciona pero con sus socios no, porque lo que va a ocurrir es que la gente va a votar al original, ¿eh? Si yo quiero que gobierne un tipo duro contra la inmigración, el más burro de la clase, pues, ¿hombre!, entre Feijóo y Abascal no hay duda: el más burro de la clase va a ser Abascal. Pero, oiga, ¿para qué le vamos a explicar esto a los señores del PP, que son incapaces de entenderlo? Para nada. Porque, primero, no les gusta mi argumentación, y yo lo entiendo. Menos me gusta a mi lo que hacen ellos y menos les va a gustar el resultado electoral de las próximas elecciones.

Por tanto, no contará con mi voto favorable. Estoy seguro que contará con el voto favorable del PP, que aun pondrá dos huevos duros más en la cesta, y que naturalmente cuando se destapen las urnas se llevará las manos a la cabeza de volver a tener que gobernar con ustedes. Espero que ese día, eso sí, cumplan la única promesa que yo espero que cumplan que es no hacerle presidente a Alfonso Fernández Mañueco.

Señor Igea, al asunto, por favor.

Estoy en el asunto, y ya acabo, señor presidente.

Muchas gracias, señor Igea. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, doña Leila Vanessa García Macarrón, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Pues nosotros sí la vamos a apoyar. En relación con la presente iniciativa, que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Vox, no puedo evitar relacionarla con la que defendimos desde nuestra formación, en la que instábamos a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que garantizase la seguridad en el medio rural, adoptando medidas como asegurar una adecuada dotación de agentes de la Guardia Civil en municipios con baja densidad de población, replanteando también la política de personal para lograr la cobertura plena de las plazas vacantes y aplicar iniciativas legislativas, presupuestarias y materiales que hagan atractivos los destinos en cuarteles de pueblos y pequeñas ciudades afectadas por la despoblación.

Considero que estamos ante un asunto trascedente que alcanza el corazón mismo de la vida rural. Esto es la seguridad de quienes con esfuerzo y tenacidad sostienen la economía primaria de Castilla y León. De hecho, la proliferación de robos en bodegas de la Denominación de Origen Rueda y en explotaciones agrícolas y ganaderas de provincias como Valladolid, Segovia o Ávila no es un episodio aislado. Es más bien la evidencia de una fractura en la protección de nuestro territorio, un síntoma de que los pueblos quedan demasiadas veces abandonados a su suerte.

Los datos son preocupantes. En los últimos meses, tal y como recoge la propuesta de resolución, se han registrado al menos 50 robos en instalaciones agroalimentarias, muchos de ellos reiterados en las mismas explotaciones. Los daños no se limitan al cobre sustraído, se suman la paralización de la actividad, las pérdidas económicas, el desánimo de quienes día a día se levantan para trabajar. A la alarma de las víctimas se añade la lentitud de respuesta de las fuerzas de seguridad, y no por falta de voluntad, sino por carecer de los efectivos suficientes para abarcar territorios tan extensos y diversos... y dispersos.

La situación no es exclusiva de Rueda, aunque allí se concentre el problema más visible. En Soria -nuestra tierra- el déficit de efectivos es tan grave que resulta imposible -como ya he mencionado antes- no ponerlo hoy sobre la mesa.

Según respuesta de la propia Dirección General de la Guardia Civil a una pregunta de nuestro grupo, de los 755 puestos asignados a la Comandancia de Soria, 164 estaban vacantes, lo que supone más de un 22 % sin cubrir. Esto significa patrullas reducidas, cuarteles cerrados en pueblos pequeños y, en consecuencia, una creciente sensación de desamparo ciudadano, sensación -como puede verse- que ha cristalizado en hechos delictivos.

El último balance del Ministerio del Interior muestra que en Castilla y León la criminalidad aumenta. En Soria, por ejemplo, los robos con violencia crecieron un 125 % y los delitos sexuales también experimentaron un repunte. ¿Cómo podemos hablar de luchar contra la despoblación si ni siquiera garantizamos la seguridad más elemental a quienes deciden quedarse? ¿Qué atractivo puede tener un municipio donde el agricultor o el bodeguero vive con un temor constante de un nuevo robo, y con la certeza de que no habrá efectivos suficientes para protegerle?

Aquí es donde entra en cuestión la actuación de la Junta de Castilla y León. Llevamos tiempo escuchando proclamas sobre una futura ley de fomento de desarrollo rural y del impulso demográfico, una ley sobre el papel que promete igualdad de oportunidades y equilibrio territorial. Pero, señorías, ninguna política contra la despoblación tendrá recorrido si se priva a los municipios de un elemento tan esencial como la seguridad. ¿De qué sirve anunciar planes, estrategias y comisionados si mientras tanto se mira hacia otro lado cuando el territorio reclama presencia efectiva de la Guardia Civil? En esto la Junta ha fallado: no ha sabido situar en la agenda nacional la urgencia de reforzar la seguridad en nuestros pueblos ni ha puesto los medios para que la seguridad se integre en su discurso de vertebración territorial.

Lo que pide esta propuesta -igual que pedía la nuestra- es totalmente razonable: reforzar la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural, dotarla de los medios humanos y materiales necesarios, garantizar que la tranquilidad de nuestros vecinos no dependa de la suerte o de la cercanía de un puesto.

Es evidente que la Junta, que tanto habla de fijar población, ha demostrado una alarmante incoherencia al no abordar la seguridad como pilar básico de la vida rural. Gracias.

Muchas gracias, señora García. Continuamos con este turno de intervención de los portavoces. Le corresponde la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don José Ignacio Martín Benito, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días. Nos presenta el Grupo Parlamentario Vox una proposición no de ley en la que, de nuevo, parece que se quiere crear una situación que no es real, ¿no?, una situación de alarma social que no se compadece con los datos de la estadística en cuanto los índices de criminalidad -luego le daré algunos-. Le adelanto que Castilla y León es la tercera Comunidad de España donde más bajos son los índices de delincuencia, de criminalidad.

Pero en relación con los efectivos de la Guardia Civil en el territorio del Estado, quiero también aportarles algunos datos, y siempre en comparación con otros anteriores a dos mil dieciocho, cuando gobernaba el señor Rajoy y había un Gobierno del Partido Popular. Precisamente, al Gobierno de España le parece que es necesario, que es viable -y así lo está demostrando-, el aumento de plantillas y medios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Obvio los datos de la Policía Nacional- que no es el caso -y me centraré en particular en los datos de la Guardia Civil, unos datos que son contundentes, señorías. Hay una firme política de aumento de plantillas, de medios, por lo tanto, recursos humanos y también materiales.

Miren, vayamos por partes. Mayo de dos mil veinticinco. En Castilla y León hay en estos momentos -bueno, en mayo, porque después hay incorporación de... de alumnos en la... en la escuela- 6.845 agentes de la Guardia Civil. Dirán ustedes "¿son pocos, son muchos?". Bueno, mire, son, de entrada, 264 agentes de la Guardia Civil más que en dos mil dieciocho, que en el Gobierno del Partido Popular que presidía el señor Rajoy. Esto supone un aumento de un 4 %.

En relación con la provincia de Valladolid, que es donde en la exposición de motivos se ha centrado la proponente, los efectivos de la Guardia Civil en esta provincia son 769; 44 agentes más que en dos mil dieciocho, lo que es un aumento del 6,1 %. Ya le digo que no le quiero dar datos de la Policía Nacional; pero, bueno, en la provincia de Valladolid son 88 más que en dos mil dieciocho; supone un 12 % más. En relación, por lo tanto, con la seguridad, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos en aumento.

La Guardia Civil de Castilla y León en el último año en esta Comunidad prestó 12.500 auxilios a ciudadanos. Cuenta con una tasa de reposición en nuestra Comunidad que ha pasado del 60 al 96,2 %, 6 puntos más que en España.

Y miren, índice de criminalidad -acabo de consultar ahora mismo los datos del ini... del INE para cerciorarme de otros que había estado consultando por internet; son los datos oficiales-: en Castilla y León -les decía antes- la tercera más baja de España; mientras que la media española está en torno al 50 %, en Castilla y León está en torno al 37,6, según los últimos datos publicados de dos mil veintitrés.

En la nueva oferta pública de empleo para dos mil veinticinco -que se ha hecho en abril de este año- se ha aprobado una oferta de 3.118 plazas -en el conjunto del Estado- de la Guardia Civil, la más alta desde dos mil diecinueve. Mire, aquí tengo unos datos que sí les quiero recordar a ustedes: la última convocatoria que se hizo en dos mil dieciocho, en mayo de dos mil dieciocho, gobernando el señor Rajoy, en aquel momento la oferta pública era de 2.030; en el año dos mil diecinueve, ya con un Gobierno socialista en la Moncloa, la oferta pública fue de 2.210; y llegamos al año dos mil veinticinco en que la oferta es 3.118 plazas, como les acabo de decir.

La evolución en el número de efectivos de la Guardia Civil en el conjunto del Estado, señorías, en diciembre de dos mil diecisiete, unos meses antes de que el Partido Popular abandonara el Gobierno de España, se registraban 74.481 efectivos de la Guardia Civil; en marzo de dos mil veinticinco -es el último dato publicado- la plantilla de guardias civiles en España se estima en 81.848 efectivos, incluyendo a los agentes en activo y los agentes en prácticas y en reserva ocupada. Esta es la realidad, señorías.

Miren, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el máximo histórico se alcanzó en dos mil once; digo el máximo histórico, porque después, con las tasas de reposición cero de los Gobiernos del Partido Popular, se provocó una disminución de 13.000 efectivos, hasta que en dos mil veintitrés se ha creado un nuevo récord histórico de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Según datos de dos mil veintitrés, sumando Policía Nacional y Guardia Civil, había en España más de 156.000 agentes, cuando en dos mil dieciocho eran 143.000.

Es verdad, señoría, que conforme a los datos actuales, los datos también del Eurostat, España es uno de los países más seguros y resilientes no ya de Europa, sino del mundo, y ello se está materializando en la agenda de seguridad... en el Programa de Seguridad 2030 que lleva a cabo el Gobierno.

Le voy a dar algún dato más: para acuartelamientos de la Guardia Civil, con fondos europeos, dentro del Plan de Resiliencia, Transformación y Recuperación, se están ejecutando más de 134 millones de euros. Pues esta es la realidad. Y ya si entramos también en... en cuestión de retribuciones, las retribuciones han aumentado, con relación a dos mil dieciocho -a la Guardia Civil me refiero; bueno, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en general- en un 38 %.

El Gobierno de España, señorías, está desplegando agentes y continúa reforzando las plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es fácil si el anterior Gobierno ha paralizado la tasa de reposición -eran 13.000 menos- recuperar esos 13.000 y continuar aumentando, con el objetivo de garantizar la seguridad en el conjunto del Estado y, en particular, en los pueblos y en las explotaciones agrarias. Esta, señorías, es la realidad, le duela a usted o no le duela.

Que lo cierto es que es verdad que quieren ustedes crear esa situación de... de alarma, de inseguridad, que luego el Partido Popular le compra a ustedes esa película, ¿no? Acaban recientemente de presentar ellos -se lo digo por si no lo saben ustedes, y dirán "oye, nos están copiando"- pues una... una moción que llaman muy similar en... -sí, sí, yo se las puedo facilitar a ustedes- en la Diputación de Salamanca, el día veinticinco, muy similar a ustedes. O sea, ustedes marcan el camino y ellos les siguen, ¿no?, y ellos les siguen. Bueno, para que lo sepan, ¿no?, el seguidismo que hace el Partido Popular. No sé, se le arruga el ceño a la señora Bellota; pero es verdad, señora Bellota, es su provincia. Si no se... si no, yo le puedo enseñar la... la moción que se va a debatir dentro de unos días en el Pleno de la Diputación de Salamanca [el orador muestra un documento], muy similar a... a los de los señores de Vox, ¿no? Bueno, Dios los cría y ellos se juntan; pero no les parezca mal, esto es así, esto es así, qué se le va a hacer, ¿no?

Bueno, termino ya porque se me cumple el plazo, señor presidente, y no quiero que usted me llame al orden. Como les decía, esta... esta es la realidad. Hay un esfuerzo, es obvio, los datos son contundentes, son contundentes -es como la prueba del algodón, que no engaña, ¿verdad?- en relación este período dos mil dieciocho-dos mil veinticinco con el dos mil once-dos mil dieciocho. Por lo tanto, señorías, pues como esto es así pues nosotros no tenemos nada más que decir por ahora, señor presidente. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Martín. Para finalizar este turno de intervenciones, le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Popular, don Miguel Ángel García Nieto, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, señor presidente. Señoría, por supuesto que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y todas las que vengan de apoyo a la Guardia Civil y al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo hacemos por convicción y por coherencia, y además también por compromiso... por el compromiso que adquirimos con... en las reuniones diferentes que hemos mantenido con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que supongo que ustedes también se habrán reunido y allí les habrán expuesto todas las carencias y las necesidades que... que tienen los guardias en este... en este momento. Y fruto de aquellas reuniones precisamente fueron las dos PNL que hemos presentado, tanto en marzo del año pasado como en junio de este año.

Bien, y nos pintan desde el Partido Socialista un panorama idílico de la Guardia Civil. Parece que no tienen ninguna necesidad y que estamos sobrados de guardias por todos los sitios, que desde luego no se comparece para nada -para nada, en absoluto, está lejísimos- de lo que nos han contado en diferentes reuniones las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

Así es que, señoría de Vox, estamos completamente con su PNL, pero, total, tanto en la parte expositiva como en el... en el petitum. Pero pensamos que se fijan en un problema puntual y para nosotros se queda muy escasa, porque la situación por la que atraviesa la Guardia Civil en toda España es lamentable -a diferencia de lo que cuenta el señor Martín Benito, es lamentable-, provocada además por un Gobierno que les acosa, que ignora sus demandas, que les maltrata suprimiendo unidades, como precisamente el desmantelamiento que ya denunciamos en su día del órgano de coordinación contra el tráfico de drogas en Andalucía, el OCON-Sur famoso, que le costó la vida, por cierto, a dos agentes y uno precisamente de la provincia de León; un Gobierno que pone en tela de juicio el trabajo que hacen, especialmente el de la UCO; y un Gobierno que, lejos de atender las necesidades del... que el Instituto Armado tiene en este momento, cada vez le recortan más los derechos, recortan el número de efectivos, cierran cuarteles y recortan medios materiales. Y esta situación es especialmente... especialmente preocupante en nuestra Comunidad -sí, sí, ahora lo voy a... ahora lo voy a demostrar-, porque las cifras que ustedes han expuesto no se compadecen para nada, en absoluto, con lo que nos han contado personalmente los propios guardias.

Miren, para saber de qué hablamos es bueno repasar algunos datos. En España hay aproximadamente... -esa cifra así, más o menos, viene a... a concordar- aproximadamente unos 64.000 guardias en activo y aproximadamente 10.000 en reserva; es decir, unos pues, aproximadamente, 74.000-75.000 efectivos, lo que supone un déficit de 17.000 aproximadamente para tener la plantilla cubierta. Y donde más se nota esa carencia es en el medio rural. [Murmullos].

A ver, señorías.

Aproximadamente, esa...

Permítame. Señorías, ya nos hemos dedicado en los rifirrafes, vamos a escucharnos y finalicemos el punto. [Murmullos]. Ya, ya, pero escuche...

Si siempre pasa... siempre pasa lo mismo. Nosotros le escuchamos muy atentamente, pero a nosotros no nos escuchan, no pasa nada.

Venga, continúe.

(No se preocupe, estamos acostumbrados). Esta situación está provocando que se estén perdiendo efectivos en la calle y que se tengan que cerrar cuarteles. ¿O tampoco es cierto que se están cerrando cuarteles en Castilla y León? Porque ahí están los datos. ¿Y qué se hace cuando se cierran cuarteles? Se reagrupan los efectivos en... en los núcleos más grandes, lo que se traduce que el territorio que tienen que cubrir se hace mucho más extenso, las distancias a vigilar son mucho más grandes y los tiempos de respuestas pues no son los adecuados. Y esto, señoría, se lo sabe los malos -que es lo peor de todo-; se lo saben los malos y aprovechan para delinquir con mayor facilidad.

A diferencia de lo que usted dice, si esto es lo que está pasando en España, en Castilla y León todavía es peor. En nuestra Comunidad es necesario que estén cubiertas... hay un déficit aproximadamente de 700 plazas -aproximadamente de 700 plazas-, aunque las propias asociaciones profesionales lo cifran en más de 1.500. Las provincias de Burgos, Segovia y Soria -fíjese el ranking: Burgos, Segovia y Soria- son las 3 provincias de régimen no foral con mayor porcentaje de puestos vacantes de toda España. Curiosamente estamos a la cola. La plantilla en nuestra Comunidad se ha ido reduciendo en número de efectivos en activo y ha aumentado en número de efectivos en reserva, lo que quiere decir que no se puede atender personalmente a los ciudadanos y se dan situaciones peligrosas que no se pueden abordar o que no se llega a tiempo porque los núcleos operativos están poco y mal cubiertos por falta de personal y las unidades tienen que hacer lo que pueden, poniendo en riesgo incluso sus vidas en muchas ocasiones.

Miren, hablando de personal, nosotros ya expusimos en las iniciativas anteriores la situación que tiene la Guardia Civil, pero conviene repasarlo.

No entendemos por qué el Gobierno de España se niega machaconamente a declarar profesión de riesgo el trabajo que realiza la Guardia Civil -¿por qué?-, cuando sí se lo reconoce a otros cuerpos de seguridad como a las policías locales o la Ertzaintza. Es incomprensible que se reconozca como profesión de riesgo a colectivo de artistas, trabajadores aéreos o ferroviarios y no se reconozca a los guardias civiles o a la policía nacional. Y todo está claro: es por una razón de dinero, porque repercute directamente en sus retribuciones y, sobre todo, en las pensiones de jubilación.

No entendemos por qué hay colectivos dentro de la Función Pública que tienen derecho a una... a una jubilación anticipada y se deniega a la Guardia Civil.

No entendemos cómo los cuerpos de seguridad nacionales -tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional- están en franca desigualdad en retribuciones con el resto de la policía del territorio español. Y hablaba usted de los anteriores Gobiernos. Pues el anterior Gobierno, el señor Zoido, dejó los dineros pactados con... tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional para la equiparación salarial. Se cumplió el primer plazo cuando estaba el Gobierno en... funcionando, y cuando vinieron ustedes se cargaron el resto de plazos y no cumplieron con la obligación adquirida.

No entendemos por qué el Gobierno actual no para de tomar decisiones que suponen una falta de respeto y de confianza hacia el escrupuloso trabajo que realiza la Guardia Civil. Y no es solo eso, sino que además articulan campañas de desprestigios -lo acabamos de ver en los medios de comunicación- contra sus mandos, contra sus miembros y el trabajo que realizan, como hemos visto en los últimos meses con la UCO. No les sienta bien, no les gusta.

Esta manera de actuar del Gobierno de España atacando y poniendo en duda el trabajo de la Guardia Civil, además de ser ilógica y anormal es un... en un régimen democrático, está provocando un efecto pernicioso en la ciudadanía, que conduce a la pérdida de autoridad. Autoridad necesaria para que... realizar su trabajo con las garantías suficientes y para asegurar su efectividad y el cumplimiento adecuado de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigna. Y además pone en riesgo las... la integridad de los agentes, lo hemos comprobado también hace poco en las algaradas de la Vuelta Ciclista a España.

Y esto es lo que está pasando con los medios humanos; pero con los medios materiales todavía es peor -todavía es peor-, tanto en recursos como en infraestructuras. Hay una falta manifiesta de inversiones en las instalaciones de las casas cuartel, con lo que algunas presentan unas deficiencias estructurales muy preocupantes que han llevado a condenar espacios por falta de condiciones de... de habitabilidad, se han tenido que cerrar pisos. Hay una falta preocupante de material de defensa y así nos lo denuncian los propios guardias: faltan escudos y cascos antitraumas, faltan chalecos antibalas y pistolas eléctricas (las llamadas táser). Hay retrasos en la reposición de uniformes. Es curioso, precisamente en la provincia de Valladolid, que tengan que cambiarse los escudos de un coche a otro por que faltan... porque no tienen para todos los coches. Estas son solo algunas de las muchas carencias que tiene la Guardia Civil en nuestra Comunidad.

Y, señorías, si queremos que nuestros paisanos disfruten de un buen nivel de seguridad, es necesario que los garantes de la seguridad, de la libertad, de la democracia y de la ley cuenten con una dotación de medios materiales y técnicos modernos, suficientes y adecuados al nivel que se les exige para realizar su inmento... su inmenso trabajo. Y pese a todo, la Guardia Civil sigue siendo un ejemplo de compromiso, eficacia y garantía de seguridad para el medio rural.

Es cierto que el índice delincuencial es el tercero más bajo de España, pero eso se debe precisamente al buen servicio, al trabajo estupendo que realizan la Guardia Civil en nuestra tierra. En Castilla y León la Guardia Civil desempeña un papel esencial en el control del territorio, y su labor va mucho más allá de la vigilancia: actúa como primer recurso en... ante conflictos vecinales, desapariciones, robos en explotaciones agrícolas -como la que se expone hoy en esta PNL-, accidentes de tráfico y episodios de violencia de género. Su presencia, estable y cercana, es esencial para mantener la confianza de los vecinos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia, por lo que desde mi grupo consideramos que es insustituible. La seguridad en el medio rural solo puede ser garantizada con una presencia real, estable y bien dimensionada de los efectivos de la Guardia Civil, algo que, por desgracia, en este momento, por mucho que se empeñen, no ocurre.

Por todo esto y dada la problemática existente, le propongo una enmienda de adición, que añadiría 7 puntos para atender las necesidades que tiene el Cuerpo. La enmienda quedaría:

Como punto uno, íntegramente la que usted expone en su... en su petitum.

El punto dos sería declarar profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Guardia Civil; el punto tres, impulsar las modificaciones normativas oportunas para habilitar la posibilidad de jubilación anticipada a los guardias civiles; el punto cuatro, consignar las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta de la Guardia Civil con el resto de las policías del territorio español; el punto quinto, impulsar las medidas legislativas necesarias para investir a la Guardia Civil de la autoridad perdida que necesitan para poder realizar su trabajo con las suficientes garantías de seguridad y eficiencia; el punto sexto, cubrir las plazas vacantes de guardias civiles en nuestra Comunidad, especialmente en las provincias de Burgos, Soria y Segovia, las más deficitarias de España; el punto séptimo, aumentar de manera urgente la dotación de material de defensa moderno, suficiente y adecuado a la Guardia Civil, que le permita enfrentarse a la actividad delincuencial con unas condiciones mínimas de seguridad; y el punto octavo, elaborar un plan de atención al público en los cuarteles que permita una atención más permanente al ciudadano, sin perder operatividad en el territorio.

Nos parece que mejora el texto y da respuesta a las necesidades trasladas por las asociaciones de la Guardia Civil. Pero le anuncio que, aunque no acepte esta enmienda...

Finalizando, señor García.

... también votaremos a favor. Gracias.

Muchas gracias, señor García. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la procuradora doña Rebeca Arroyo Otero, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, al señor Igea decirle que ha dicho algo como que estamos obsesionados con la delincuencia y la seguridad y nos gusta crear alarma social. Pues no, la verdad que a mí lo que me gusta es ir segura por la calle, y que no haya delincuencia, que mi madre pueda salir tranquilamente -que es muy mayor-, que mis hijos puedan estar tranquilos. Y lo que es cierto es que los delitos pues están aumentando.

Y miren, primer trimestre de dos mil veinticinco, deja un dato preocupante para Castilla y León: es la Comunidad Autónoma con mayor aumento de delitos en España según en el informe oficial publicado por el Ministerio de Interior. En concreto, la criminalidad creció un 5 % en la región frente a la tendencia general descendente registrada en la mayoría del país. Pues llámeme ambiciosa, que... que a lo mejor hay menos que en otros sitios, pero es que yo no quiero que aumente ni... ni quiero que haya inseguridad para los castellanos y leoneses.

Bueno, en segundo lugar, la señora Vanessa García Macarrón pues le doy las gracias. Creo que ha entendido perfectamente lo que... lo que queríamos traer aquí, que no es un relato que... que hayamos traído aquí nosotros, sino que en el mes de marzo, que es cuando registramos esta proposición no de ley, fue a raíz de ver que se estaban produciendo múltiples robos en la zona de la Denominación de Origen de Rueda, que los bodegueros estaban... estaban preocupados -y el sector del campo-. Entonces, hemos traído aquí un problema que se produjo y que hemos seguido en contacto con ellos, incluso antes de ayer, y sigue habiendo robos y sigue habiendo hurtos. Hay que... hay que proteger al mundo rural, como... como bien dice usted, que ya presentaron una... una proposición en este sentido. Y, bueno, pues es un problema que existe, no es que... que queramos alarmar a nadie. No, están alarmados ellos, que por eso están... están dándole publicidad y están solicitando la ayuda de... de los políticos, de nosotros.

Tenemos aquí... El señor Martín Benito iba un poco en el sentido del señor Igea: que queremos crear alarma social, que yo creo que ya le he contestado con los datos publicados, que han aumentado en Castilla y León. No queremos ninguna alarma social. Quienes están alarmados es el sector del campo porque les está produciendo unas... unas pérdidas económicas tremendas, unido a todo el problema que tiene el sector. A veces es ya la puntilla que les falta, el encontrarse con este tipo de robos y las pérdidas económicas que... que tienen.

Lo mismo: que habrán disminuido, pero existen. No sé si han disminuido o si no, porque los datos los tienen... los tienen ustedes. Pero lo que nos dicen los profesionales del sector es que hay muchos casos que ni siquiera lo denuncian. ¿Y por qué no lo denuncian? A veces... por ejemplo, en la demarcación geográfica de Rueda y en municipios limítrofes el único puesto de la Guardia Civil existente está en Nava del Rey, cuya dotación de personal y material es realmente escasa para la amplísima zona que cubre. No presta servicio durante las 24 horas del día y se apuesta... se apoya en el puesto de Tordesillas, cuya labor principal... Bueno, sin más, que esto ya... yo creo que lo he comentado antes. Al final, no denuncian, muchas veces no hay como un report para saber qué ha pasado con... con su tema. Pierden toda la mañana en ir a un puesto que les pilla a... a una distancia tremenda.

En fin, que sí que habrá más efectivos, como dice usted -no digo que no, pues los habrá-, pero son totalmente insuficientes a la vista de estos casos que se están produciendo. Y lo que pedíamos aquí y lo que pedimos es eso: que se aumenten -como decimos- en las zonas rurales, que se vea que existe un incremento de... de la criminalidad, que yo creo que eso es una cosa lógica. Donde hay más pues se tendrá que ampliar. No estamos hablando de si más, si menos; estamos hablando de un problema en concreto, no de una alarma social, de algo existente y de algo que están reclamando los bodegueros.

En cuanto al señor Nieto, del Partido Popular, pues le agradezco su apoyo. Ha dicho usted que le parece incompleta la iniciativa porque traemos un problema en concreto. Pues sí, desde luego que viva la Guardia Civil. Estamos de acuerdo con todo lo que planteaba usted; pero no es que nos hayamos quedado escasos, es que la iniciativa que hemos traído es para que haya más efectivos en esas zonas de bodegas, en el campo, en los sitios que se está viendo que los efectivos son insuficientes. Pero bueno, por supuesto que todo lo que dice en la enmienda, que son otro tipo de cosas, pero que estamos a favor, y que también puede reforzar el que haya más... más efectivos en el campo y que... y que tengan todos los derechos que se merecen, pues sí, estamos de acuerdo con que se declare la profesión de riesgo, la posibilidad de jubilación anticipada, la equiparación salarial, que son cosas que Vox lleva también desde su fundación solicitándolas. Así que bien.

Bueno, en definitiva, el objeto de esta iniciativa, sin entrar en otros detalles, es que se aumente en las zonas donde se... se aumenten los efectivos en las zonas en que se ve que hay aumento de criminalidad -en las zonas bodegueras y del campo-, por los grandes perjuicios -como he dicho- que producen este tipo de... de delitos, estos robos y hurtos, a consecuencia de la paralización de las actividades para reponer los daños, ya que se les produce unas pérdidas económicas muy elevadas.

Si ya de por sí -que eso... eso ha comentado la señora García Macarrón- el mundo rural de Castilla y León se enfrenta al problema del envejecimiento y la pérdida de población, pues difícilmente podemos hacer atractivos nuestros núcleos rurales si no hay seguridad.

Entonces, en definitiva, a pesar de alguna de las exposiciones, mi aclaración espero que sirva para algo. Que aquí de lo que estamos hablando es del refuerzo en las zonas en las que hace falta. Muchas gracias.

Señora Arroyo, la enmienda entendemos que no la admite.

Sí, sí, sí.

¿Sí la admite?

Sí, sí. Digo que, aunque en el objeto de esta proposición no de ley era el proteger al... -el párrafo que hemos incluido- el proteger al campo, que estamos de acuerdo con todos los derechos que se solita para la... para los efectivos, que se... que se incluyan.

¿Algún portavoz quiere intervenir? Señor Igea, por tres minutos.

Hombre, es que esta es otra proposición no de ley completamente diferente. Claro, es que esto no tiene sentido. Usted trae aquí una proposición con una cosa y les saltan diez puntos, que yo, en fin, le rogaría primero que se leyera. Es que ni se ha leído como ha quedo el texto definitivamente. Esto es una cosa completamente anormal. Entonces, lea primero la... como ha quedado la proposición no de ley y, luego, si no le importa, señor presidente, me gustaría debatir sobre los puntos de esta nueva proposición no de ley.

Perfecto. Lea, por favor, como quedaría la enmienda.

Sí. El primer punto se mantiene, que es el de la proposición no de ley. Estamos de acuerdo con... con las adiciones del Partido Popular, y quedaría así:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de España a

Reforzar la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural de nuestra región, dotando a esta de suficientes medios humanos y materiales para poder desempeñar adecuadamente sus funciones, especialmente en las zonas donde se aprecia un aumento de criminalidad, como puede ser la demarcación geográfica de la Denominación de Origen Rueda.

Declarar profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Guardia Civil.

Impulsar las modificaciones normativas oportunas para habilitar la posibilidad de jubilación anticipada de los guardias civiles.

Conseguir las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta de la Guardia Civil con el resto de las políticas del territorio español.

Impulsar las medidas legislativas necesarias para investir a la Guardia Civil de la autoridad perdida que necesitan para poder realizar su trabajo con las suficientes garantías de seguridad y eficacia.

Cubrir las plazas vacantes de guardias civiles en nuestra Comunidad, especialmente en las provincias de Burgos, Soria y Segovia, las más deficitarias en España.

Aumentar de manera urgente la dotación de material de defensa moderno, suficiente y adecuado a la Guardia Civil les permita enfrentarse a la actividad delincual con unas condiciones mínimas de seguridad.

Elaborar un plan de atención de atención al público en los cuarteles, que permita una atención más permanente al ciudadano sin perder operatividad en el territorio. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Algún portavoz quiere intervenir? Don Francisco Igea, Grupo Mixto, tres minutos.

Esto es otra proposición no de ley. Completamente diferente en una especie de timo del tocomocho que se ha hecho en esta Comisión. Nosotros, naturalmente, no podríamos votar en contra de la equiparación salarial de la Guardia Civil después de años de solicitarla, ni de la jubilación anticipada, ni de que se declare profesión de riesgo, ni del bien en el mundo, que también hemos sido partidarios del bien en el mundo, en general. Votaremos a favor de esta nueva proposición, a no ser que se haga una votación por puntos, por separado a los diez puntos.

Pero esta nueva proposición que se trae hoy aquí, es una hábil maniobra que ha permitido el presidente de la Comisión, inaudita. O sea, yo vengo aquí, traigo otra proposición no de ley y la debatimos. ¡Oiga!, esto, estas Cortes son un chiringuito ya, ¿eh?

Señor Martín Benito.

Sí. Señorías, la verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Porque de pronto una proposición no de ley de un punto parecen ahora los diez mandamientos. Bueno, yo creo que sinceramente le han fagocitado, señoría, la proposición no de ley. Se la han fagocitado, se la han comido, ¿no? Y usted la ha aceptado, además, ¿no? Cuando yo decía que hacían seguidismo pues ahora la han pasado a ustedes por la izquierda, por la derecha o por el centro, o por arriba a lo mejor con... con un dron, no lo sé.

Bueno, mire, esto solo se explica... solo se explica desde la mala conciencia que tiene el Partido Popular de haber reducido 13.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando gobernó, cuando congeló a cero la tasa de reposición. Esa mala conciencia le perseguirá, le perseguirá siempre. Pero no por mucho propósito de la enmienda, no por decir los pecados al confesor ni por cumplir la penitencia se van a redimir, ¿eh?

A mí me recuerda esto cuando estaba el señor Nieto en el uso de palabra -se lo digo con todo el cariño, señor Nieto-, me recordaba usted a los hermanos Marx: " Y dos huevos duros más", ¿no?, como aquella película, ¿no?

Bueno, sinceramente, creo que, como le decía, se la han fagocitado y ustedes no sabían por dónde venía. Pero, bueno, son unos... unos genios y unos maestros para intentar redimirse, que no lo van a conseguir. Nada más. Muchas gracias.

Votación PNL/001302

Muchas gracias, señor Martín Benito. ¿Algún portavoz más? Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Once. Doce. ¿Votos en contra? Seis. Por tanto, votos a favor, doce; votos en contra, seis; queda aprobada la proposición no de ley.

Pasamos a leer el tercer punto del orden del día, señor secretario.

PNL/001317

Proposición no de ley 1317, presentada por los Procuradores doña Alicia Gallego González, don José Ramón García Fernández y don Luis Mariano Santos Reyero, instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que el Centro Nacional de Ciberseguridad que desarrollará la ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad se aloje en la ciudad de León, creando un gran hub de ciberseguridad en esta ciudad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 400, de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, en nombre de los procuradores proponentes, tiene la palabra doña Alicia Gallego González, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Pues traemos desde la Unión del Pueblo Leonés la necesidad y la reivindicación de que se instale en León pues el Centro de... Nacional de Ciberseguridad. Y es que ya en el año dos mil veintidós desde la Unión del Pueblo Leonés se presentó una moción en el Ayuntamiento de León en el mismo sentido y que fue aprobada por unanimidad.

Es decir, tras el anuncio que hizo el Gobierno en el que venía a anunciar un plan de choque para mitigar la situación de desastre económico que se había producido como consecuencia de la pandemia y la guerra de Ucrania, y que contemplaba la creación de un plan nacional de ciberseguridad, pues se preveía la construcción de un centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración del Estado.

En ese momento, en enero del dos mil veintidós, el propio presidente anunciaba la descentralización de instituciones para llevar, a lo que él considera la España vaciada, de proyectos estatales y organismos que permitieran la regeneración de puestos de trabajo y la fijación de empleos de calidad, para lo que él llama "hacer territorio".

Pues bien, dicho esto, nosotros lo que solicitamos en este momento es que se utilice el INCIBE, que está perfectamente capacitado, para alojar dicho centro con una simple ampliación de instalaciones y efectivos, y, en principio, esa fase que todavía no está ejecutada pudiera ser utilizada para dicho fin.

También es verdad que en el ámbito del Real Decreto 2009/2022, de veintidós de marzo, se establece la posibilidad de que el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades que pertenecen al sector público institucional y con ello dar lugar a esa deslocalización de las sedes del sector público. Es decir, todas estas justificaciones más esta normativa que viene luego ratificada a través de lo aprobado en Consejo de Ministros.

El catorce de enero se aprueba el Anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, en la que se habla de la creación de un centro o departamento nacional en el que buscará pues dirigir, impulsar, coordinar. De tal manera que nosotros es la justificación de que solicitamos que la sede sea el Instituto Nacional de Ciberseguridad que se encuentra en León.

Al mismo tiempo la Disposición adicional primera viene a ratificar, bueno, pues que llevará a cabo un desarrollo posterior para indicar cual es el rango, el carácter y la estructura en cuanto van a quedar integrados los 3 centros existentes.

Si nosotros vamos a los medios especializados, el propio ministro Grande-Marlaska ya decía la necesidad de este organismo porque buscaba esa defensa de los servicios esenciales de un país, sobre todo se buscaba garantizar en materia de energía, transportes, telecomunicaciones, salud, es decir, proteger los servicios esenciales y, con ello, evitar el impacto devastador que generarían esas vulnerabilidades digitales en el bienestar de los ciudadanos. Se buscaba, en todo caso, pues integrar capacidades técnicas, recursos humanos y con 5 funciones: monitoreo de amenazas, respuesta rápida, colaboración internacional, formación, asesoramiento, investigación, innovación. Es decir, todo aquello que puede ser ofrecido hoy por hoy a través del INCIBE.

Más de lo mismo se decía por parte del exsecretario general del INCIBE cuando se hablaba de este nuevo centro, es decir, una necesidad real en el que el coste se puede fácilmente soportar sin perjuicio de que es necesario, como también añade o viene a establecer en la misma línea, el Consejo de Ministros. Es necesario este órgano de contacto único con la Unión Europea para impulsar y coordinar esas acciones realizadas o relacionadas con la ciberseguridad, garantizando la cooperación intersectorial y transfronteriza con otras autoridades competentes, y convirtiéndolo en la autoridad de gestión de la crisis de ciberseguridad.

Es verdad que la Directiva NIS2 todavía no está todavía -como digo- integrada y que en ella se hace necesario el cumplimiento de esas obligaciones y responsabilidades, tanto con las empresas como para el cumplimiento de un marco regulatorio a nivel europeo.

Dicho todo esto, lo que nos genera es dudas acerca de... de cómo va a ser esta creación, porque es verdad que hay una ambigüedad en cuanto a las competencias y en cuanto también al... el orden jerárquico que se establece. Es necesario ese desarrollo normativo para resolver esa jerarquía entre organismos, ese reparto, esa distribución de recursos y esa ubicación física.

Sobre todo, nosotros lo que queremos poner de relieve es la necesidad de la defensa del INCIBE, porque no es cuestión menor el hecho de que se prometió en el año dos mil veintitrés y así aparecían los tres lotes en los que venía a realizarse un proyecto tanto de servicios como para luego la ejecución de tres... tres edificios -como digo-, y, posteriormente, con una modificación que se realizó a posteriori, solamente contemplaba la realización de un único edificio. Estamos hablando del año dos mil veintitrés, el veintitrés de noviembre del veintitrés -como digo-, en el que se daba un plazo de 14 semanas, y que transcurrido el mismo, es decir, el once de abril del dos mil veinticuatro, tenemos el proyecto de estudio, pero, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna ejecución.

Con lo cual, nos genera dudas esa situación que ha puesto de manifiesto el Gobierno. Es decir, parece que ha trascurrido más de un año, este edificio nuevo, esta torre nueva que iba a tener una serie de funciones importantes que así se había, bueno, pues declarado en el proyecto, en el... tanto de estudios como de ejecución que contenía el mismo y que ha estado paralizado, desconociendo si hay alguna razón o desconociendo que, efectivamente, muchas de las funciones que corresponderían realizarse al INCIBE, se están llevando a Madrid.

Y como consecuencia de todo esto pues se sigue insistiendo tanto por las Administraciones, el Ayuntamiento de León, la Diputación, en que la sede para dar cumplimiento a esas promesas, a esa... a esa deslocalización de las instituciones y el real decreto indicado pues debería ser el INCIBE donde se ubicara.

También lo ha hecho Málaga, y la sorpresa ha sido cuando ahora hay un cambio de postura. Parece como que el Gobierno viene a decir que no es necesaria sede física, cuando reiteramos que hay una memoria, que hay una ley que parece indicar que es necesaria esa coordinación, pero a través de un espacio físico, y sin perjuicio de quitar funciones y competencias a los organismos existentes y, sobre todo, al INCIBE de León.

Dicho todo esto, nosotros volvemos a reiterar en esta proposición no de ley tanto la propia... la propia entidad con esas funciones, con ese personal profesional, con esa cualificación que se exige, donde además León está puesta en un punto esencial por otras empresas como HP, donde tiene pues su sede y su ubicación y su negocio y su proyección de carácter nacional e internacional, y, al mismo tiempo, podemos establecer pues esa reivindicación a través de la apuesta que se ha llevado a cabo -como digo- y las palabras del presidente y de sus ministros.

Por eso, mantenemos la proposición que paso a leerles, que es que "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que el Centro Nacional de Ciberseguridad que se desarrollará conforme a la Ley de Coordinación y gobernanza... Cogobernanza de la Ciberseguridad se aloje en la ciudad de León, creando un gran hub de ciberseguridad en esta ciudad". Esperando contar con su apoyo, pues estoy pendiente de sus explicaciones. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Gallego. Abrimos ahora un turno de intervenciones para la fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, por un tiempo máximo de diez minutos.

Bien. Señora Gallego, pues la proposición es una proposición razonable en línea con otras actuaciones que nosotros mantuvimos también la pasada legislatura: el apoyo a la candidatura de León como sede de la Agencia Europea -que fracasó- de Ciberseguridad, la creación de la cátedra de ciberseguridad, en León. Y eso es así porque es bueno para León y para España.

Y aunque ustedes se separasen como región autónoma diferenciada, seguiría siendo bueno para León, para Castilla y para España; porque es lo lógico, es la decisión lógica, que es colocar la sede allá donde más experiencia hay en el asunto, y eso es, sin duda, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que se aloja en León.

Es cierto que sorprende la aparición de una nueva candidatura, pero yo creo que todo eso es fruto de la conspiración que se ha tejido en torno a León para que ustedes saquen 5 procuradores y mayoría absoluta, porque, si no, no se entiende tanta torpeza, ¿verdad?, en este asunto -como en otros- por favorecer el sentimiento de agravio existente en la provincia de León. No seré yo quien contribuya a ese asunto votando negativamente; todo lo contrario, creo -como le he dicho- que es una buena propuesta para el conjunto de la Comunidad y contará con nuestro voto favorable en esto y en el referéndum.

Muchas gracias, señor Igea. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz de Vox Castilla y León, doña Marisa Calvo Enríquez, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Señorías, la ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad que en tramitación busca reforzar la protección frente a las ciberamenazas mediante una coordinación entre Administraciones públicas, los operadores esenciales y proveedores, es decir, un marco nacional coordinado. El borrador prevé un órgano nacional adscrito a la Presidencia del Gobierno con funciones de coordinación sobre los CERT nacionales, es decir, sobre los equipos de respuesta ante las emergencias informáticas.

El Real Decreto 209/2022 regula la determinación de las sedes físicas de las entidades del sector público institucional estatal; fija un procedimiento objetivo para elegir las sedes y debe integrar criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos, la transparencia y adecuación al sector; y, sobre todo, debe contribuir a reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador a través de un proceso objetivo y competitivo.

El INCIBE de León es uno de los organismos principales a nivel nacional en materia de ciberseguridad para ciudadanos, empresas y Administraciones. Desde Vox defendemos que defender la unidad y cohesión territorial de España no pasa por alimentar guerras de marcas municipales ni por montar nuevos chiringuitos digitales dependientes de Moncloa, pasa por blindar capacidades nacionales allí donde existen, evitar duplicidades y priorizar el interés de la nación, la seguridad y el empleo estable en Castilla y León.

León es la columna vertebral de la ciberseguridad. Como ustedes saben, allí está el centro estatal INCIBE, por lo que el centro nacional debe implantarse en León bajo criterios objetivos del Real Decreto -como he dicho anteriormente- 209/2022, con mandos técnicos y coordinación real y no como instrumento propagandístico. León aporta capacidad real, no promesas. El INCIBE posee infraestructuras, personal y ecosistema universitario. Mover la sede a otra ciudad sería ineficiente, caro y sectario. Nuestro grupo defiende que debe existir coordinación bajo autoridad técnica, no partidista. La coordinación del Centro Nacional de Ciberseguridad tiene que ser operativa y profesional, con mando único, técnico y plena integración con el Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, y además con defensa, garantizando así seguridad nacional y soberanía tecnológica. El propio anteproyecto reconoce la necesidad de superar la fragmentación actual.

La apuesta por León frena la fuga de talento, crea industria auxiliar y fija población en nuestra Comunidad sin inventar unas estructuras paralelas. Señorías, esto es hacer territorio, no repartir las sedes a dedo. Málaga y otras ciudades pueden postularse, es legítimo, pero el interés general exige reforzar el hub leonés ya existente y evitar derroches. Desde Vox denunciamos cualquier maniobra del Gobierno para apremiar aliados o construir redes clientelares bajo la etiqueta de descentralización.

Para finalizar, simplemente decir que desde nuestro grupo consideramos que debemos apoyar esta iniciativa porque es una oportunidad para el desarrollo, la cohesión y el empleo no solo para León, sino para toda la Comunidad. Y porque debemos respaldar todo lo que suponga invertir en futuro, soberanía digital, oportunidades y, en definitiva, por el desarrollo de nuestra tierra.

Desde Vox proponemos una... una enmienda de adición de cuatro puntos, que paso a leer a continuación. "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en el ejercicio de sus competencias, insten a su vez al Gobierno de España a:

Primero, fijar de forma definitiva la sede única del Centro Nacional de Ciberseguridad en la ciudad de León, integrándola funcionalmente con el INCIBE y su INCIBE-CERT, sin creación de estructuras paralelas.

Dos, garantizar que la elección de la sede del Centro de Ciberseguridad se ajuste estrictamente al Real Decreto 209/2022, atendiendo a los criterios de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector.

Tres, asegurar una gobernanza técnica y operativa. Este centro coordinará INCIBE-CERT, CCN-CERT y las capacidades del Ministerio de Defensa con un modelo de funcionamiento profesional y eficaz.

Y cuatro, promover un plan de inversiones en León para consolidar el hub nacional de ciberseguridad que refuerce las infraestructuras del INCIBE, potencie la colaboración con la Universidad de León y el tejido empresarial local y fomente la llegada de proyectos y talento especializado, generando sinergias con el ecosistema ya existente". Nada más, y muchas gracias.

Muchas gracias, señora Calvo. Continuamos con ese turno de intervenciones. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Socialista, don Luis Briones Martínez, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Bueno, pues esta iniciativa de la UPL, en la... trae una propuesta de resolución para instar al Gobierno de España a que instale -ustedes hablan de alojar, alojar- en León el Centro Nacional de Ciberseguridad. Y no podríamos estar más de acuerdo, si esto fuera así, por encima, evidentemente, de otras ciudades españolas que aspirarían a este centro nacional, parece ser Málaga, Madrid, León, en fin.

Yo creo que para hablar fundamentalmente del INCIBE habría que hablar de Zapatero y los antecedentes, porque aquí parece que todo el esfuerzo y todo el trabajo para que se ubicara el antiguo INTECO -el PP lo cambió hasta el nombre para que no se relacionara con Zapatero- fue una cacicada, como dijo algún parlamentario del Partido Popular, precisamente de Zapatero el llevar el INTECO o INCIBE precisamente a León en el año dos mil seis. Por lo tanto, la creación del instituto, inicialmente se llamaba Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, y fue autorizada por el Consejo de Ministros en enero de dos mil dieciséis. No entiendo las dudas que se plantea fundamentalmente por la ponente. Yo creo que si hay un Gobierno que ha descentralizado algunas instituciones ha sido el Gobierno, primero, de Zapatero y, después, el de Pedro Sánchez.

Pero habría que hablar fundamentalmente de lo que es el INCIBE, fundamentalmente, los tres pilares fundamentalmente de este instituto nacional: el de servicios de... de ciberseguridad para ciudadanos, empresas y entorno del menor; el desarrollo del ecosistema de ciberseguridad, impulsando la industria y el emprendimiento en España; o la aprobación de la confianza digital a través de la... de la formación, la sensibilización y el apoyo a la innovación para un uso seguro del ciberespacio.

¿Para que está fundamentalmente, o cuál es el objetivo fundamentalmente? Para ciudadanos y familias. Yo creo que si hay una línea ahora mismo fundamental con relación precisamente al INCIBE es la línea de ayuda 017, un teléfono -fíjese lo importante que es en estos momentos- para resolver dudas sobre la ciberseguridad, desde contraseñas y privacidad hasta mediación parental; la formación y talleres: ofrecen materiales y talleres para... para aprender a protegerse on-line, evitar fraudes, gestionar la privacidad en redes sociales y atender los riesgos de internet; o materiales educativos: disponen de recursos, como -yo creo que se ha celebrado hace poco y cumplía 10 años- el CyberTask For Kids para promover el seguro TIC entre los jóvenes; también una herramienta para empresas en tema fundamentalmente de autodiagnóstico; servicios para operadores, apoyos a la industria; y también dedicada fundamentalmente para los profesionales y educadores.

Bien, todo lo que... el ruido que se ha generado fundamentalmente por el tema de las sedes, como siempre, como siempre, procede de una directiva, una directiva comunitaria, la NIS2, la directiva... una directiva de la Unión Europea. Es una ley, por tanto europea, que busca mejorar la ciberseguridad y la resiliencia de redes y sistemas de información en la Unión Europea. Amplía el alcance de la directiva anterior, cubriendo 18 sectores -que no voy a hacer mención- y también 11 de alta criticidad, incluyendo medianas y grandes empresas.

España, evidentemente, está trabajando en el anteproyecto de esta ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad para implementar precisamente esta directiva, que está en proceso de aprobación con aspectos y precisamente su trasposición a España para establecer esos nuevos requisitos de seguridad. Esa trasposición, la NIS2, crea el Departamento Nacional de Ciberseguridad en un plazo de 12 meses y dependiendo de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. El anteproyecto donde se señala que el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad estará... estará, señorías, adscrito al Gabinete de Presidencia del Gobierno y al Departamento de Seguridad Nacional. Como sabe... como saben o debieran saber, tiene su sede en el complejo de la Moncloa, ubicado en la ciudad de Madrid, y es precisamente en esas instalaciones en las que se instalará la estructura de coordinación del Centro Nacional de Ciberseguridad. Eso lo ha dicho por activa y por pasiva el ministro Óscar López, fundamentalmente, y se lo ha dicho a la Comunidad de Madrid, también muy interesada en debilitar, en el caso de que hubiera que instalar, como dice, en algún lugar el centro nacional, la opción para León, fundamentalmente. Y que ha propuesto incluso para ello... ¿se acuerdan ustedes del famoso chalet donde Ayuso se fue de excursión el fin de semana, el chalet de los tápers? Ese es el que ha propuesto Madrid precisamente, en el caso de que se haya una... se haga una nueva sede para el centro nacional.

Ha dicho por activa y por pasiva el ministro que España no va a crear una nueva sede. Lo que se ha hecho es aprobar una ley que establece un centro de coordinación, que no es algo físico, es un... no es un edificio. Estamos hablando fundamentalmente un ámbito de coordinación entre todos los centros como el CNI o el INCIBE, pero eso se va a llevar desde Moncloa, señorías, desde Moncloa. La ley marca una operativa sobre ciberseguridad con lo que tiene que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el Ejército y con lo civil, que es fundamentalmente eso lo que atañe al INCIBE.

El ministro para Transformación Digital y Función Pública ha destacado que se está haciendo un...

Señorías, guardemos un poco de silencio.

... un esfuerzo permanente de digitalizar España y Europa. Evidentemente, nos estamos jugando el futuro y aquí solo hay un centro; evidentemente el único centro, el INTECO, el INCIBE, precisamente ese está en León. Está en León y yo creo que solo hay que ver la prensa del mes de... me parece que fue en julio, donde prácticamente León es una de las capitales sino fue la capital tecnológica de Europa y prácticamente del mundo con relación al evento internacional que allí se celebró en la formación de profesionales especializados en ciberseguridad, y se destacaba precisamente el papel estratégico de España como referente internacional. Eso fue, concretamente, como he dicho, del catorce al veinticuatro de julio. Fíjese, participaron 507 profesionales, 27 países, entre ellos miembros y cuerpas... y cuerpos de... de seguridad del Estado, técnicos de centros de respuesta a incidentes, en fin, jueces, fiscales, responsables de políticas públicas. Además, el programa cuenta también con el apoyo -me parece que eran 30 millones- de los Fondos Next Generation.

Por tanto, León ha sido la capital internacional de la formación en ciberseguridad en estos últimos 10 años y han... precisamente han formado a más de 5.000 personas.

Por lo tanto, volviendo al anteproyecto, ha quedado claro que León, evidentemente, es la ciudad probablemente europea de la ciberseguridad y, por lo tanto, el INCIBE está ahí y seguirá ahí. Y... y la torre a la que ha hecho mención precisamente la ponente, evidentemente que tenía que haberse comenzado -me parece en el pasado... en la pasada primavera o en el mes de abril o así-, se va a hacer, evidentemente. Tiene algunos problemas, pero se va a efectuar. Pero hay que diferenciar, por lo tanto, lo que va a ser el centro nacional, que están pidiendo fundamentalmente que vaya a León.

Mire, es verdad que a raíz de la aprobación del... del citado anteproyecto se ha generado esa expectativa de ubicar el nuevo centro nacional de seguridad. Pero les vuelvo a repetir: es una coordinación de todos los centros, como el INCIBE. Aparte de León, aparte de Málaga... Por cierto, León, es verdad, yo he visto el apoyo en el mes de julio de la... parte de la Junta de Castilla y León y me parece razonable, y es lo que tienen que hacer. Y nosotros... -le voy a decir algo más- nosotros para el hipotético caso, el hipotético caso de que no nos quieran hacer caso con lo que decimos hoy, evidentemente que es la realidad y lo que nos... nos ha trasladado el ministro, que ha zanjado la polémica donde dice que no se va a crear una nueva sede, evidentemente, estamos hablando de que lo que se ha hecho es aprobar una ley que establece un centro de coordinación, no es algo físico, señorías. Un edificio con 200 funcionarios es un ámbito de coordinación entre todos los centros como el INCIBE o el... o el CNI. ¿Ustedes consideran que el Centro Nacional de Inteligencia no tendría que estar en la Moncloa? Es que es... es que es determinante. No digo en la Moncloa del señor de los pies en la... que pone los pies encima de la mesa.

Señorías, es una pregunta retórica.

Ya está. Es que me están provocando, señoría. [Risas]. Que... que parecería lo más... que parecería lo más lógico, ¿no?, ¡hombre!

Mire, la ley marca una operativa porque es una... es una... -atiendan ustedes- es una... en principio una directiva comunitaria. Nosotros, la trasposición la tenemos que... se ha de hacer así. Pero, miren, para evitar -para evitar- que haya alguna duda en relación precisamente a que León no pudiera o no fuera la sede en el hipotético e improbable y... y seguro que eso de que no va a ser una sede física, nosotros, para evitar esas dudas, apoyaremos precisamente que se... se pudiera instar... instalar en León. Mucho nos tememos -muchos nos tememos- que si cambiara el Gobierno y esto estuviera en manos del Partido Popular, se llevaría el INCIBE y se llevaría el Centro a Madrid, a la señora Ayuso, que es la que manda en el Partido Popular. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Briones. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Popular, doña Carmen Sánchez Bellota, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, presidente. Bueno, después de... de escuchar ciertos argumentos que hemos oído aquí esta mañana, creo que en la Moncloa, señores, no cabe ya más gente; entre asesores, hermano de presidente y demás, ya no caben más. [Murmullos]. Pero, bueno, yendo al tema que nos ocupa y, desde luego, bueno, pues los argumentos que hemos escuchado aquí esta mañana, muchos de ellos se caen por su propio peso, nosotros, desde nuestro grupo consideramos que esta proposición busca algo justo, algo lógico y algo beneficioso no solo para León, sino también para Castilla y León, para toda la Comunidad y para el conjunto de España. Vamos a apoyar esta propuesta para instar al Gobierno de la Nación, al Gobierno del señor Sánchez, a que el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad se ubique en la ciudad de León.

Miren, consideramos que esta es una proposición... que no es una proposición caprichosa ni una más en la legítima pugna territorial. León no pide ser la cuna de la ciberseguridad en España; León ya es la capital de la ciberseguridad de España. Y lo es gracias a casi 20 años de trabajo, de impulso y de excelencia a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad -el INCIBE-, un referente nacional e internacional que ha... ha posicionado a nuestra tierra en la vanguardia de la protección digital.

Pero, señorías, nuestra posición es de apoyo; pero también de profunda decepción con el Gobierno de España. Decepción al constatar una vez más que el Gobierno de Pedro Sánchez da la espalda a esta tierra, a sus potencialidades y a sus justas reivindicaciones. Hace 3 años, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, anunció a bombo y platillo un plan de descentralización de instituciones públicas, una iniciativa para llevar organismos estatales a las diferentes provincias de España, y, como él mismo declaro, hacer territorio. Vimos como organismos de nueva creación -como la Agencia de Inteligencia Artificial o la Agencia Espacial- aterrizaban en La Coruña o en Sevilla, y lo aplaudimos porque creemos en la cohesión territorial. Pero ahora, cuando le toca el turno a León, ¿qué ocurre?, se cambia de criterio. De repente, lo que iba a ser un centro nacional, un pilar estratégico, corre el riesgo de quedarse en un simple departamento administrativo -como ya se ha anunciado- adscrito al Departamento de Seguridad Nacional sin sede física propia. Lo diluyen, lo descafeínan, lo vacían de contenido en un cambio inexplicable. No se entiende, señorías, a no ser que la respuesta sea simplemente la falta de voluntad política con nuestra tierra. Es incomprensible que se plantee siquiera otra ubicación. Si el nuevo centro va a coordinar el trabajo de organismos como el INCIBE, ¿qué hay más lógico que situarlo precisamente donde está el INCIBE, en León? Crear sinergias, optimizar recursos, construir sobre una base sólida y experimentada, todo lo demás es ineficiente y -permítanme decirlo- un despropósito que ignora evidencias... evidentes sinergias que se crearían.

Frente a esta desidia del Gobierno central, quiero destacar y ensalzar aquí hoy el papel crucial y el compromiso firme de la Junta de Castilla y León. Mientras el Gobierno del señor Sánchez duda, el Gobierno de la Junta actúa. El Gobierno autonómico ha mostrado su total y decidido apoyo para colaborar en la implantación y desarrollo de este centro en León. Lo hace convencido -como estamos todos en este grupo parlamentario- de que su ubicación está en la ciudad... en la ciudad. Completaría un ecosistema propicio para consolidar un polo tecnológico de referencia en innovación, atrayendo talento y proyectos. Este apoyo institucional manifestado el día... el trece de marzo de dos mil veinticinco no es una acción aislada, se suma a las mociones ya presentadas por el Ayuntamiento y por la Diputación Provincial de León.

León tiene todo lo necesario para albergar este centro y consolidar un verdadero hub tecnológico de referencia internacional. Pero el compromiso de la Junta -como decía- va más allá de sus declaraciones... de las declaraciones, se demuestra con hechos y con estrategia. Miren, en primer lugar, existe un liderazgo en proyectos europeos. La Junta de Castilla y León lidera y participa activamente en iniciativas como el Proyecto Argos dentro de la convocatoria RETECH de ciberseguridad en colaboración con el País Vasco, Andalucía y el propio INCIBE, un proyecto con una dotación de más de 14 millones de euros para consolidar a nuestra Comunidad como territorio líder. Es decir, tenemos talento. La Universidad de León, con su escuela de ingenierías y su facultad de economías, forma a profesionales altamente cualificados, de hecho, es la universidad que más inversión capta del Programa Nacional de Cátedras de Ciberseguridad, con más de 9.000.000 de euros.

En segundo lugar, apuesta... hay una apuesta estratégica a largo plazo. La ciberseguridad no es una ocurrencia para este Gobierno autonómico, está establecida como una iniciativa emblemática dentro de la Estrategia Regional e Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente -el RIS3-, del dos mil veintiuno a dos mil veintisiete. Tenemos la experiencia. El INCIBE lleva casi 2 décadas siendo el centro de referencia para empresas y ciudadanos, colaborando con organismos clave como el Centro Criptológico Nacional y protegiendo nuevas infraestructuras críticas.

En tercer lugar, existe una protección de nuestras infraestructuras. La Junta cuenta con un Centro de Operaciones de Seguridad, el SOC, que monitoriza activamente la seguridad de sus sistemas y colabora estrechamente con el Centro Criptológico Nacional, siendo conocido por su alto nivel de participación. Tenemos las infraestructuras. León cuenta con instalaciones modernas y está bien conectada, y tenemos centros pioneros como la fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, el SCAYLE, que desarrolla proyectos cruciales de comunicaciones cuánticas para proteger datos en sectores estratégicos.

Miren, señorías, este es el camino a seguir, el... el del compromiso real, el de la inversión y la visión de futuro que demuestra el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en contraste con la ambigüedad y el desinterés del Gobierno de España. Tenemos el compromiso institucional. El apoyo no es solo de un partido, es un clamor unánime. Establecer este centro en León no es un regalo, es un acto de justicia, de inteligencia estratégica y una herramienta fundamental contra la despoblación. La descentralización no puede ser una herramienta electoral que se usa a conveniencia, es una política de Estado fundamental para el desarrollo territorial.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario no solo apoyamos esta iniciativa, sino exigimos al Gobierno de España que rectifique, que cumpla sus promesas y que apueste por la lógica. Que siga el ejemplo del compromiso de Castilla y León y haga lo correcto para León, para nuestra Comunidad y para toda España. Votaremos a favor de esta proposición por todo lo expuesto. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Briones, ya no es su turno de intervención, ya lo tuvo antes. Ahora le toca a la portavoz del... proponente de la proposición no de ley para que fije el texto definitivo y marque lo que vamos a plantear en la votación. Tiene la palabra la señora Gallego por un... diez minutos.

Gracias, presidente, de nuevo. Pues he querido entender el apoyo de los distintos grupos a... a la proposición no de ley tal cual nosotros la traemos, porque, evidentemente, León tiene muchas posibilidades, tiene muchos recursos, tiene mucho talento, tiene mucha posibilidad de... de mejorar, pero también es verdad que no ha sido gracias ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Es decir, seguimos reivindicando esa cohesión económica, social y territorial tan necesitada y que esto es un claro ejemplo de demora, de... bueno, pues de un pasito p‘alante y cuatro p‘atrás, que hace que no pueda avanzar todo lo rápido o todo lo bueno que... que necesitaría una provincia y... y sobre todo su gente y su desarrollo económico.

Porque, claro, es verdad que... que se ha hecho mucho en cuanto al desarrollo tecnológico, en cuanto a las necesidades de... de avanzar en este sentido, pero hay una serie de incumplimientos, señor Briones. Y usted sabe perfectamente que... bueno, pues que empezando por la propia ley, anteproyecto todavía, porque no tiene ese desarrollo, porque vive todavía en un limbo donde la directiva no se ha cumplido, sino que se ha incumplido en cuanto a plazos, es decir, eso no deja muy bien al Gobierno; eso no deja muy bien al Gobierno que en una materia tan importante para la economía, para los ciudadanos, pues ven estos retrasos y con ello estos perjuicios para la sociedad. Si tan importante es, parece que debería de tener un impulso mayor, parece que estas excusas o parece que estos cambios de rumbo. Hoy tenemos un centro superbueno y, sin embargo, lo vamos a meter en un chalet, en un chalet. Eso es una historia... No, no, ya sé que lo dice el Partido Popular, pero es tan ridículo como decir que va a entrar en la Moncloa. Eso tiene que ser algo más, eso tiene que tener un valor, eso tiene que tener lo que dice el anteproyecto y lo que es su justificación: una estructura con unas funciones, con una jerarquía.

Entonces, no me valen estas... estos cuentos un poco de somos muy buenos, lo hemos hecho todo muy bien, y ahora mismo esto es un... bueno, pues el cumplimiento de una ley, dice usted. No, esto es simplemente un paso importante dentro de un Estado serio que quiere dar cumplimiento a una normativa europea y que le obliga, le obliga, es decir, y que está pues casi a un año de lo que tendría que haber cumplido. Es decir, no le deja muy bien parado al Gobierno de España.

Como tampoco le deja muy bien parado ni a Pedro Sánchez ni a su Gobierno el hecho de que hace 3 años se comprometiera a esa deslocalización de las sedes. Quiero decir, si... si se prometen cosas pues hay que cumplirlas; y, si no, hay que ser más prudente o más precavido. Lo que no se puede es decir, cuando llegan las elecciones o cuando hay campaña, porque como esto va avanzando, si no es una campaña es otra, seguro que en algún momento le pilló y prometió que, precisamente, algo tan importante o algo tan relevante para un territorio pues se hablara de deslocalización, se hablara de que, efectivamente, iban a tener derecho a tener estos proyectos, a tener la posibilidad de que talento, porque, evidentemente, quien accede a este tipo de trabajos es personal muy cualificado en el que, afortunadamente, León cuenta; cuenta porque tiene buenas universidades, cuenta porque tiene buenos estudiantes y buenos profesores, es decir, todo es un complemento perfecto. Y si además tenemos el INCIBE y tenemos empresas, porque también hay que tener un cuenta como el sector privado cumple aquí una función muy importante, como es relevante esa conexión y esa complementariedad entre ambos sectores (universidad, empresas, Administraciones) y como la sociedad, representada en las Administraciones, pues ven como algo muy pues importante o poderoso el... esa relación o esa conexión entre ambos.

Dicho todo esto, pues, hombre, tampoco... yo creo que el Partido Popular yo le agradezco el apoyo; pero, a ver, lo que es la defensa de la región leonesa y de León pues... pues, bueno, en su justa medida. Que ahora me parece fenomenal que se apoye pues que el Gobierno siga, bueno, pues con ese apoyo que en su día se dijo. Y sobre todo porque estamos ante un anteproyecto, estamos todavía ante una indefinición, estamos ante todavía la falta de concreción de funciones, de relaciones jerárquicas, que no queda claro. El ministro Óscar López dice como competente de su área de Transformación, pero eso hay... -como dicen ustedes- habrá que ir a boletín y habrá que ver qué se dice o qué se hace. Porque todo lo demás son teorías o son, bueno, pues cuestiones políticas que aquí se traen. Y cada uno pues veo que gracias al PP se ha hecho no sé qué, gracias al PSOE se ha hecho no sé qué, y lo que vemos es todavía pues donde hay, que es el INCIBE, que se prometió. Y aquí quiero dejarlo bien claro, es decir, las promesas pues ahí quedan, bajo la responsabilidad o bajo luego las consecuencias o responsabilidades políticas de quien lo dice.

Pero sí que es verdad que a mí me gustaría también saber por qué, en el caso del INCIBE, que tiene ese potencial, que tiene, bueno, pues esa importancia en toda este... esta relación de los 3 centros que... que cumple una... una función esencial, hubo en el dos mil veintitrés un proyecto para 3 edificios, hubo un proyecto de servicios de ejecución, hubo un plazo que fue el que se marcó de 8 semanas, con una reducción, que luego se amplió a 14 semanas todo lo que era el proyecto de ejecución -y estamos hablando de abril del dos mil veinticuatro- para ya dar lugar al inicio, para poner en funcionamiento esa nueva torre que daría lugar a nuevos servicios.

Con lo cual, trato de explicar que no solamente se puede venir aquí a decir que Zapatero hizo o que el presidente hace, sino que hay un incumplimiento claro en el que nosotros no queremos ningún paso atrás; queremos, al contrario, inversiones, infraestructuras en el INCIBE y en el resto de... de lo que tiene la provincia de León. Pero en este caso del INCIBE, vemos como quizá, quizá, esa falta de ejecución del proyecto, de la torre, del edificio, venga amparado porque sí que hay un interés de llevar ciertas funciones, ciertas competencias, a otro sitio, que puede ser Madrid o puede ser el pago de algún otro favor a otro territorio. Y es a mí lo que no me gustaría ver que se cumple para la provincia de León.

Es decir, me parece fantástico que pidamos ese centro -que es a lo que venimos hoy-, pero también me parecería indecente, indecente, que se estén quitando funciones o competencias a un centro que funciona muy bien con la excusa de que no se ha ejecutado ese proyecto, esa torre, y se esté llevando para otro sitio. Porque, entonces, lejos de hacer un favor a lo que es este Plan de Ciberseguridad, a este, bueno, pues lo que ha costado tanto, a montar con talento o con inversión para la provincia de León, se esté claramente desmantelando.

No me voy a... no voy a profundizar más en este tema porque creo que... que si todos estamos de acuerdo en que León es buen sitio para que se dé cumplimiento a esa instalación y, en su caso, del Centro Nacional de Ciberseguridad, creo que era el objetivo de esta... de esta Ponencia. Así que la dejamos como viene reflejada, donde:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que el Centro Nacional de Ciberseguridad que desarrollará la ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad se aloje en la ciudad de León, creando un gran hub de ciberseguridad en esta ciudad (aprovechando -como digo- ese talento y esas inversiones que hoy día tiene la misma). Muchas gracias.

Votación PNL/001317

Muchas gracias, señora Gallego. Entendemos que se aprueba por asentimiento. ¿Sí?. De acuerdo. Pues queda aprobada esta proposición no de ley debatida. Señorías, muchas gracias. Y que tengan buen lunes.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cinco minutos].