Buenos días. Damos comienzo a la... a la Comisión. ¿Algún grupo tiene alguna sustitución que... que comunicar?

Sí. Buenos días. Hay una sustitución en el Grupo Parlamentario Socialista: don Jesús Puente Alcaraz sustituye a doña... -perdón- a doña Alicia Palomo Sebastián.

Sí.

Gracias. Vanessa García sustituye a José Ángel Ceña.

¿Grupo Popular?

Sí. Beatriz Coelho sustituye a Mercedes Cófreces y María Antonia López sustituye a José María Sánchez.

PNL/001101

De acuerdo. Si no hay más sustituciones, comenzamos el orden del día: Proposición no de ley 1101, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a retomar las reuniones entre la Comunidad de Castilla y León y el Gobierno de España, reactivando la Comisión de Cooperación entre ambas Administraciones, así como a dirigirse al Gobierno de España a fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 334, de diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo parlamentario proponente, el señor procurador don Raúl Hernández López.

Muchas gracias, señor secretario. Señorías, buenos días. Presentamos una proposición no de ley que yo creo que estamos todos de acuerdo no creo que haya un gran debate, porque entendemos que el fondo de la cuestión y las circunstancias que se plantean son las circunstancias a las que todos los procuradores estamos de acuerdo de llegar a un acuerdo de exigencia al Gobierno de España de cumplimiento de sus compromisos.

Como bien saben ustedes, las Comisiones Bilaterales de Cooperación están reguladas en el Artículo 153 de la Ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, configurándose como órgano de composición paritaria, en las que participan, en igual número, los representantes del Gobierno de España y del correspondiente Consejo del Gobierno autonómico de la Comunidad. En este caso, correspondería a los representantes de la Comunidad de Castilla y León.

En el caso nuestro específico, el Artículo 59 del Estatuto de Autonomía reconoce expresamente la Comisión Bilateral de Cooperación como marco permanente de relación institucional y de cooperación de carácter general con el Estado. Por tanto, estaremos todos de acuerdo que exige y existe una reglamentación tanto a nivel nacional como el del propio Estatuto de Autonomía donde recogen claramente el objetivo de este tipo de comisiones.

Dicha Comisión se constituyó el diez de julio del año dos mil ocho, aprobando posteriormente, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil diez, su reglamento de funcionamiento. Y en la última sesión plenaria de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y la Administración general del Estado, que se celebró el dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, se suscribió un acuerdo formal, certificado en acta, cuyo objeto fue la adecuación de la representación de la Comunidad Autónoma en los órganos de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Duero.

La posición, entonces, que defendió la Junta de Castilla y León se basaba en un argumento que creemos de peso -y en la que estaremos todos de acuerdo-, que era que el 98 % de la cuenca del Duero se sitúa en el territorio de la Comunidad, lo que justifica una mayor presencia de los órganos rectores de la gestión hidrológica. Entendíamos que el motivo y el fundamento de la propuesta era algo que era totalmente claro y de una forma que no pudiera tener discusión ni debate.

El acuerdo que se alcanzó en el año dos mil diecinueve fija expresamente el compromiso del Estado de promover la reforma del Real Decreto 1364/2011, a fin de modificar la composición de la modificación de planificación hidrológica y participación ciudadana del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Duero, de manera que la representación autonómica de Castilla y León se equiparara a la del Estado: ocho representantes por cada uno.

La nueva estructura se completa con la participación de otras Comunidades Autónomas de representantes de usuarios, de entidades locales y de organizaciones de interés social, económico y ambiental, conformando un esquema como el... que quedaría del siguiente modo: el presidente sería el presidente del Consejo de Agua de la Demarcación; y vocales estarían los ocho representantes que he hecho alusión anteriormente de la Administración general del Estado, ocho representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y luego, un representante por cada una de las siguientes Comunidades donde abarca la cuenca, que sería Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y el Principado de Asturias; catorce vocales representarían a los usuarios, que tendrían que tener y representar a aquellos intereses donde hay una presencia de sectores de abastecimiento, regadíos y usos energéticos; dos vocales deberían representar las entidades locales cuyo territorio coincidan total o parcialmente con la demarcación; un representante de las asociaciones u organizaciones ambientales; uno de las económicas; y uno de las sociales.

Con ello se reconocía de manera expresa la singular relevancia de Castilla y León en la gestión de la cuenca del Duero, garantizando una participación equilibrada y paritaria, con el estudio estratégico que el desarrollo económico y social de la Comunidad podría estar representado y defendido de una forma equilibrada y de una forma más razonable en base al territorio de la cuenca.

A fecha de hoy, señorías, no consta la ejecución de dicho acuerdo ni se ha procedido a la reforma del real decreto que aludía al principio, incumpliéndose, por tanto, y en consecuencia, el compromiso adoptado en sede de la Comisión Bilateral de Cooperación.

La inacción de la Administración del Estado respecto de la obligación de impulsar la reforma de la normativa acordada en el año dos mil diecinueve constituye, a nuestro entender, un incumplimiento de un acuerdo bilateral formalmente suscrito y certificado -que está a disposición de sus señorías en los certificados que constan del acuerdo de esa Comisión, y son actas públicas-, con el consiguiente menoscabo que está suponiendo para ello del principio de la lealtad institucional; frases y palabras muy bonitas y que se repiten mucho últimamente, esa lealtad institucional que se recoge ya en la Ley 40/2015, y que se está incumpliendo por... al no llevarse a cabo el acuerdo que en su día se llegó.

Y la falta de cumplimiento por parte del Estado de un acuerdo bilateral formalmente adoptado constituye una grave quiebra del principio de cooperación y de la confianza legítima que debe presidir las relaciones entre las Administraciones públicas y las Comunidades Autónomas.

Resulta imprescindible, señorías, instar de inmediato a la Administración general del Estado a dar cumplimiento del compromiso adquirido el dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve mediante la reforma del Real Decreto 1364/2011, garantizando así la participación efectiva de Castilla y León en la gestión de la cuenca del Duero, recurso de vital importancia para el desarrollo económico, social y ambiental de la Comunidad.

Por eso, señorías, este grupo ha presentado la proposición no de ley, que paso a leerles:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: primero, retomar las reuniones de... entre la Comunidad de Castilla y León y el Gobierno de España, reactivando la Comisión de Cooperación entre ambas Administraciones; segundo, dirigirse al Gobierno de España a fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado.

Esperando sus intervenciones, señorías, con esto finaliza mi primera intervención. Muchas gracias.

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Francisco Igea Arisqueta.

Bien. Señor Hernández, claro, ya acabo de comprender el porqué de esta proposición. He de decirle que cuando la leí no salía de mi asombro, porque, claro, ustedes, sin entrar en el asunto del acuerdo no incumplido sobre la Confederación Hidrográfica, del que luego hablaré, llamaban en su primer punto a retomar las reuniones entre la Comunidad de Castilla y León y el Gobierno de España, reactivando la Comisión de Cooperación.

Usted ha expresado aquí, con precisión, que hubo una primera reunión en el año dos mil nueve, si no... dos mil ocho -perdón-, julio de dos mil ocho; otra en noviembre de dos mil diez -si no tengo yo mal la cuenta, ambos son períodos de Gobierno socialista-, en que se... la última, en dos mil diez, se establece el sistema de funcionamiento; y luego dice usted que la última se produce en dos mil diecinueve, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez. No es la última, es la única, señor Hernández. Entre dos mil diez y dos mil diecinueve no ha habido una sola reunión de esa Comisión, o al menos no figura en la página oficial de la Junta de Castilla y León. Qué manera de relacionarse con el Gobierno autonómico la de Mariano Rajoy, ¿no? ¡Qué desatención, qué olvido!, ¿verdad? Porque, claro, usted llama a retomar unas reuniones que, mientras ha gobernado su partido en este país, no se han producido.

Claro, si esto es importante, pues supongo que algo deberían de haber hecho en esos... en esos ocho largos años; casi ocho largos años, señor González.

Pero es que, ¿para qué sirve la Comisión, como dice su reglamento? Pues básicamente para dos cosas: para evitar los conflictos judiciales y para leyes o decretos que tengan que ver con competencias compartidas entre la Comunidad y el Gobierno.

Llegado el nombramiento de nuestro último consejero de Presidencia, el ínclito rey del orto y el ocaso, se presentó no muy lejos de aquí, a escasamente cinco-diez metros de aquí, y nos dijo, nos anunció, que había creado una especie de fuerza de choque jurídica para recurrir todos y cada uno de los decretos o leyes que entendiese que perjudicaban a la Comunidad. No se reunió para decirnos: vamos a fomentar la Comisión de Cooperación donde se resuelven estos conflictos; sino vamos a ir a los tribunales directamente.

Claro, es un poco sorprendente que ustedes vengan ahora a pedir que se retomen unas Comisiones en las que ustedes lo primero que han hecho es declarar públicamente su ofensiva legal en vez de su voluntad de acuerdo. Esa es las maneras que tienen ustedes de resolver estos asuntos.

Pero es que además -como se diría de una proposición de la UPL- es de imposible cumplimiento; por lo tanto, habría de retirarse. Y es de imposible cumplimiento, porque ¿sabe usted quién es el secretario de esa Comisión por parte de la Junta de Castilla y León, según publica el BOCYL, con firma de Juan Vicente Herrera? Pues un señor que no existe, porque es el viceconsejero de Ordenación y Relaciones Institucionales; ergo, no existe. Porque es que en la composición de este Gobierno, en su estructura actual, hay un viceconsejero de Ordenación y otro de Relaciones Institucionales. Lo primero que deberían de hacer ustedes para que se volviese a reunir esa Comisión es volver a redactar un decreto en el que se determinase quién acude a esa Comisión por parte de la Junta de Castilla y León.

Por tanto, nos encontramos, ¡oh, sorpresa!, ante una proposición de imposible cumplimiento de tan... tan actualidad, ya que tenemos hoy aquí a la representante de la UPL. ¿Qué se hace con las proposiciones de imposible cumplimiento? Retirarlas. Claro, no puede ser de otra manera. No podemos sino retirarlas; porque, de hecho, hay que establecer primero la nueva composición.

Así que, ¿por qué exigen ustedes hoy aquí lo que llevan negando toda la legislatura y todo el Gobierno de don Mariano Rajoy? Bueno, pues porque de alguna cosilla tenemos que hablar en estos días de la basura que nos quedan hasta que se liquide esta legislatura; y así igual podemos contar, en fin, algún tipo de ofensa del Gobierno central.

Ahora vayamos al cumplimiento del acuerdo. Nosotros no podemos sino estar de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos como con el cumplimiento de las leyes en general. Por ejemplo, pongamos que pusieran en el Estatuto que haya obligación de presentar los Presupuestos. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo en que se cumpla con las leyes. Por poner un ejemplo, ¿eh? O que ponga en el Estatuto o en el Reglamento de las Instituciones Propias que hay que renovar a las Instituciones Propias pasado un tiempo. Pues también, también estamos de acuerdo en que esto se cumpla, ¿no? Y tantas y tantas y tantas cosas que vemos incumplir cada día.

No seré yo quien vote en contra del cumplimiento de los acuerdos. Por lo cual, voy a solicitarle, en principio, la votación por separado. De no ser así, y entendiendo que es un acto de cinismo más del Partido Popular, pues procederé a abstenerme, como no puede ser de otra manera.

El primer punto yo creo que lo propio es que ustedes lo retiren hasta que, al menos, nombren a los miembros de la Comisión para que se pueda convocar en forma.

Y respecto al asunto en sí mismo de la Confederación Hidrográfica, entiendo yo que este incumplimiento es en esta Confederación y en todas; y que, por tanto, lo propio sería que se llegase a un acuerdo nacional; esas cosas que hacíamos antes, que hacíamos leyes para el conjunto del país y se cumplían para el conjunto del país. No tiene por qué ser diferente la Confederación Hidrográfica del Ebro que la del Duero, que la del Júcar, que la del Tajo. Y, por tanto, lo propio es que las Confederaciones Hidrográficas contaran con la presencia de las Comunidades Autónomas en la misma proporción, independientemente del río que nos lleve.

Así que, esperando su contestación, su... cómo queda y la solicitud de votación por separado, ya le comunico que o me abstendré, o votaré a favor solamente del segundo punto.

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Vanessa García Macarrón.

Gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Voy a ser breve y centrarme en el hecho de que es destacable su perspectiva, donde se deja a la Junta de Castilla y León -la misma que debería ser gestora, pero que en la práctica actúa muy a menudo como obstáculo- como la única que se encarga de un buen Gobierno, cuando en realidad estamos ante un problema que reclama respuestas urgentes y no retórica hueca por parte de ambas Administraciones, tanto el Gobierno como la Junta.

De manera que dejemos de delegar la culpa y asumamos también la autocrítica; porque es indispensable la credibilidad, la responsabilidad y la capacidad de quien pretende gobernar para resolver los problemas. Y -como digo- eso compete a ambas Administraciones.

Lo primero que conviene apuntar -y este hecho reafirma lo que estoy diciendo- es que la propia existencia de esta propuesta de resolución, en sí misma, es un reproche contra la propia Junta. Es decir, si hoy nos vemos abocados a acordar lo que se debiera haber impulsado... o debiera haber impulsado la Administración autonómica, es que algo ha fallado muy grave en esa Administración, esto es, en la propia Junta.

De manera que es, cuando menos, irónico que se pida a la Junta por parte del mismo partido que está gobernándola algo que ya podía haber hecho por sí la misma Junta; lo que supone una inacción por parte de la misma y, en consecuencia, supone una admisión de que ella misma también tiene la culpa en este tema, aunque pretenda lo contrario a lo largo de su exposición de motivos. En resumen, el hecho de que la propuesta de resolución tenga que empujar a la Junta a actuar es un testimonio de su propia pasividad.

Y también conviene señalar que esta iniciativa, con su exposición de motivos y su demanda concreta en ella, revela carencias, desequilibrios y promesas incumplidas que llevan años pesando sobre esta tierra, consecuencia de esa falta de colaboración que demanda. Pero la Junta, lejos de corregirlo, ha elegido demasiadas veces el camino del retraso, la excusa y la omisión para sus competencias. La apoyaremos, pero vamos... Gracias.

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora María Isabel Pérez Martín.

Buenos días, secretario; señorías. Comparecemos hoy para posicionarnos sobre una proposición que, siendo generosos, podríamos calificar de insuficiente. Y siendo rigurosos, hoy debemos denunciar lo que realmente es esto: un parche más sobre una política del agua que lleva décadas de fracaso.

El Partido Popular parece el partido de los sillones: viene a esta Cámara a presumir de haber conseguido tres sillas más en un Consejo Consultivo del Duero, tres vocalías adicionales; un gran logro el triunfo del que presumen, pero suplicando que se cumpla. Como si Sánchez cumpliera algo.

¿Y saben qué, señorías? Los agricultores no riegan con sillones, los ganaderos no llenan sus abrevaderos con vocalías. Mientras aquí celebramos pequeñas victorias de representación institucional -si es que llegara a suceder-, en Vox sabemos que ahí fuera hay una realidad bien distinta: hay agricultores que ven cómo sus cultivos se secan porque no hay agua suficiente, sobre todo en este último trimestre; hay ganaderos que temen cada verano por el estado de sus pastos; hay pueblos enteros que dependen de una gestión hídrica que lleva décadas sin planificación real, sin infraestructuras, sin visión de futuro. ¿Y qué se les ofrece? Migajas en vez de soluciones: más reuniones, más comisiones, más burocracia.

Castilla y León, señorías, no necesita más representantes en consejos consultivos; Castilla y León necesita presas, necesita canales, necesita trasvases, necesita modernización de regadíos, necesita infraestructuras reales que garanticen el agua para su agricultura, para su ganadería, para su supervivencia como territorio vivo.

Y todo esto solo puede conseguirse con un plan hidrológico nacional, no con comisiones autonómicas o estatales que únicamente sirvan para justificar cargos políticos y fotografías institucionales.

Y aquí viene lo que más me duele recordar, pero de costumbre, costumbre, el bipartidismo traiciona a los españoles, y esta vez a costa del agua. Porque, sí, hubo un Plan Hidrológico Nacional, se aprobó en dos mil uno. Era imperfecto, sí, pero era una herramienta, un marco, una política de Estado. Y llegó el Partido Socialista en dos mil cuatro y dinamitó el Plan Hidrológico Nacional; lo derogó por puro sectarismo ideológico, por plegarse a los separatistas catalanes y a los ecologistas radicales. El PSOE prefirió la propaganda al agua, los votos nacionalistas a las necesidades del campo español, y del campo castellano y leonés.

¿Y el PP qué hizo cuando tuvo la oportunidad de recuperarlo? Pues callarse, consentir, mirar hacia otro lado. Porque, al final, señorías, al PP le da más miedo una portada de ciertos periódicos que ver cómo se seca Castilla y León. Porque el PP, cuando gobierna, tiene mayoría para cambiar las cosas que hace, pues se conformó con tres sillas más en un consejo. Esa es la ambición del PP: gestionar la decadencia en vez de revertirla. Más que un parche, es buscar un sillón a costa de los ganaderos. Y así llevamos 20 años, 20 años de Gobiernos que han paralizado presas, han vetado trasvases, han impedido modernizaciones.

Desde entonces, ni socialistas ni populares han querido retomar el Plan Hidrológico Nacional. ¿Por qué? Porque retomarlo significa enfrentarse a los separatistas que no quieren solidaridad hídrica entre territorios; significa plantarle cara a los ecologistas radicales que anteponen la ideología a las necesidades de las personas; significa pelear en Bruselas para garantizar el riego de nuestras tierras; significa tener valentía política. Y esta valentía, señorías, ha brillado por su ausencia durante dos décadas.

Vox tiene una posición muy clara en esto: el agua es un recurso estratégico que pertenece a todos los españoles; no es propiedad de una Comunidad Autónoma ni de otra, no puede estar sometida a disputas territoriales ni a intereses partidistas. El agua debe gestionarse desde una visión nacional, con criterios técnicos, con solidaridad territorial, con planificación a largo plazo. Y eso, señorías, solo puede garantizarlo un Estado fuerte y centralizado en las competencias estratégicas.

No podemos seguir reforzando esta lógica autonómica que fragmenta a España, que enfrenta a territorios, que debilita al Estado y que al final perjudica a todos. Porque, cuando cada Comunidad Autónoma tira para su lado, cuando no hay una política nacional del agua, todos perdemos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Vox votará en contra de esta proposición no de ley. Votamos en contra porque no vamos a aplaudir parches cuando lo que hacen falta son soluciones estructurales. Votamos en contra porque más que un parche, en realidad, parece buscar un sillón a costa de los ganaderos -y más en este final de legislatura, cerca de la campaña-. Votamos en contra porque no vamos a reforzar un modelo autonómico que ha demostrado su fracaso también en la gestión del agua. Votamos en contra porque los castellanos y leoneses merecen algo más que tres sillas en un Consejo.

Vox seguirá defendiendo lo que siempre hemos defendido: un plan hidrológico nacional que garantice agua para todos los españoles; una política hídrica basada en infraestructuras reales, no en organismos burocráticos; una España unida que también en la gestión de sus recursos más valiosos, sin ideologías ni banderas autonómicas, solo necesidades reales y soluciones verdaderas. Y estas soluciones no están en más Comisiones; están en más presas, más canales, más inversión y, sobre todo, más España. Muchas gracias.

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.

Gracias, señor secretario. Buenos días. Yo esta... evidentemente, esta iniciativa la podríamos tildar de la "iniciativa fantasma". Es decir, porque, parte, no se sabe si existe -hablamos de retomar-; y la segunda, pues habría que ver lo que es la... presuntamente, la ejecución o no del posible acuerdo.

Nosotros somos un partido muy responsable en este sentido. Nosotros estamos y formamos parte de las Cortes de Castilla León, y vamos a defender a Castilla y León. Y, por lo tanto, todos aquellos acuerdos que sean incumplidos por parte de la Administración, sea la que sea -sea el Estado, sea la Comunidad Autónoma-, evidentemente, nuestro voto siempre será a favor, sin duda alguna, de la responsabilidad y defender los intereses de Castilla y León.

Habría que hacer unos pequeños antecedentes, sobre todo, con lo que son los convenios de colaboración con el Estado. Saben que, junto con las Conferencias Sectoriales y la de Presidentes, es el instrumento de cooperación de uso más frecuente en el Estado autonómico por la libertad de pacto -característica de esta figura-, que le otorgan una especial idoneidad y flexibilidad para fijar el contenido de los acuerdos que quieren alcanzar el Estado y las Comunidades Autónomas; regulado -como bien se ha dicho por el ponente- en la Ley 4/2015, de uno de octubre, y reseñado precisamente en nuestro Estatuto de Autonomía en el Artículo 53.

Dentro de los convenios de colaboración bilateral suscritos entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los últimos años destacan, por su número, los firmados fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio de Economía y Competitividad.

Dice la página de transparencia de la Junta de Castilla y León que en los últimos años se ha podido observar -y eso lo dice la Junta- un descenso general del número de convenios de colaboración suscritos entre el Estado y la Comunidad de Castilla y León, derivada... habla de la situación de crisis, que ha implicado la puesta en marcha de medidas para el control del gasto público.

Pero es que la Junta de Castilla y León, señorías, bajo el Gobierno del señor Mañueco, apenas ha firmado convenios de colaboración con el Estado y con otras Comunidades Autónomas, rompiendo precisamente la tendencia que tenía el anterior jefe de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el señor Juan Vicente Herrera, que fue muy prolijo en la firma de protocolos y acuerdos en el ámbito... en tres ámbitos, fundamentalmente: en el ámbito general, en la colaboración sobre el ejercicio de las competencias respectivas y para los intereses y defensa de ambas partes.

En los ámbitos sectoriales -como he dicho en los convenios- deberían abarcar materias de políticas sociales, educación, medio ambiente, infraestructuras, políticas de cooperación para el desarrollo, o bien proyección exterior. La Comunidad puede realizar acciones de proyección exterior para promover sus intereses, suscribir acuerdos de colaboración y participar en organismos internacionales, siempre sin perjuicio de las competencias estatales en las relaciones internacionales. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas embajadas en Bruselas?

Bien, pues en Castilla y León, el Artículo 59 del Estatuto de Autonomía, que fue reformado en dos mil siete, establece que la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla León y el Estado se configura como el marco permanente de cooperación de ámbito general entre ambas partes.

La Comisión, señorías, es un órgano bilateral y paritario: está presidido -como bien se ha dicho por el señor Igea, por el... que, evidentemente, habría que reformar, y no...- por la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y por las Administraciones territoriales del Gobierno de España y del vicepresidente y/o consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, siendo la Presidencia, señorías -esto es muy importante-, rotatoria. Adoptan sus acuerdos por consenso de las partes y cuentan con órganos de apoyo, subcomisiones y grupos de trabajo.

La Comisión de Cooperación puede desempeñar funciones fundamentalmente en materia de información, coordinación, planificación y colaboración entre las dos partes, en relación con el ejercicio de las competencias respectivas; la deliberación y, en su caso, propuestas sobre elaboración de proyectos legislativos del Estado que afecten singularmente a las competencias e intereses de Castilla y León; la prevención y resolución extraprocesal de conflictos competenciales entre las partes; y cualesquiera otras funciones destinadas a promover la cooperación entre las partes.

Señorías, ¿quién convoca las reuniones de la Comisión de Cooperación? Es que esa es la clave. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León son convocadas por el presidente de la Junta de Castilla y León y su homólogo representante del Estado, según el principio de copresidencia. Por lo tanto, yo creo que esto tilda claramente cuáles son las intenciones de las Administraciones, y, en este caso, de la Junta de Castilla y León.

Y esto queda, señorías, claramente recogido en el Artículo 5 del reglamento de cooperación y funcionamiento establecido en la Constitución, tal y como funciona... ¿Cómo funciona la convocatoria? Primero, la Comisión de Cooperación, órgano de composición bilateral, significa: integrado por un número igual de representantes de ambas partes. Copresidencia: históricamente ha sido copresidida -hablo históricamente-, por parte estatal, a menudo el ministro de Administraciones Públicas, y el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Lo que implica que ambas tienen la facultad de convocarla. Acuerdo y reglamento de la convocatoria de las reuniones y, por tanto, la puesta en marcha de la Comisión se realiza de forma conjunta o por el acuerdo entre ambas partes, según lo establecido en el reglamento de la Comisión.

Por eso, con relación a las propuestas de resolución que plantea el Grupo Popular, habría que, en primer lugar, hablan de retomar, retomar. Es decir, estamos hablando fundamentalmente en la primera parte de esta iniciativa el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Cooperación de Castilla y León y el Estado habla de que está representado por seis representantes. Y, a tenor de lo que establece el Artículo 4.1, dice que la Comisión de Cooperación corresponderá de forma alternativa y por periodos de tiempo anuales a los presidentes de cada una de las delegaciones; siendo lo dicho en el Artículo 4.3.b) del precitado reglamento, corresponde a la Presidencia de la Comisión de Cooperación, entre otras funciones, convocar reuniones de la Comisión, tanto ordinarias como extraordinarias, firmando el orden del día, con la conformidad de la otra delegación.

Por tanto, si el Estado no ha convocado la Comisión Bilateral el año que le correspondía, ¿por qué no lo ha hecho la Junta de Castilla y León? Esa es una razón clarísima. Es decir, ¿alguien nos puede decir si tan siquiera se ha solicitado por escrito? Hasta ahora, evidentemente, eso no se ha visto. Aparte de meros reproches muchas veces, eso no... prácticamente no existe.

Por lo tanto, si es corresponsable tanto en lo que es la gestión, en lo que es fundamentalmente el reglamento para convocar esta Comisión Bilateral, es tan responsable la Junta de Castilla y León como el propio Estado por no haberla convocado.

Y claramente, aparte de las continuas referencias, como digo -por llamarlas de algún modo-, del presidente de la Junta y consejeros al presidente del Gobierno, la mayor... la mayor parte de las veces insultos, vejaciones, insinuaciones y bulos, ¡hombre!, ¿nos puede decir -y vuelvo a reiterar- cuántas veces ha convocado o solicitado la convocatoria de la Comisión Bilateral la Junta de Castilla y León? No lo sabemos. ¿Y consultado a la Administración del Estado? Evidentemente, que yo sepa, ni una sola vez; aparte -he dicho- de la prensa y de salir continuamente pues prácticamente haciendo oposición al Gobierno de España a absolutamente todo.

Por cierto, es bueno recordar que, aparte de la Comisión Bilateral de Cooperación, está la Conferencia de Presidentes, señorías, que es el mayor órgano de colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas; que se ha reunido en esta legislatura veintiún veces, veintiuna veces se ha reunido la Conferencia de Presidentes. ¿Saben ustedes cuántas veces se reunió Rajoy precisamente con los presidentes de las Comunidades Autónomas? Dos, dos veces.

Por lo tanto, yo creo que la voluntad manifiesta por parte del Estado en las reuniones con las Comunidades Autónomas fundamentalmente es clara, y también lo es con esta. Es verdad que ustedes me dirán: sí, sí, fueron catorce para la COVID. Pero es que fueron siete, siete reuniones en aquel momento con el presidente de la Junta, precisamente, con el señor Mañueco; siete ordinarias, una por cada año. Por lo tanto, en ese sentido, está clara la voluntad manifiesta por parte del Estado y por parte de la Junta de Castilla y León.

Por cierto, ¿se acuerdan de la última Conferencia de Presidentes? El PP intentando boicotearla, la presidenta de la Comunidad de Madrid que no iba, los otros a presionar. Y fue en materia de vivienda. ¿Se acuerdan ustedes? Para decir el Partido Popular que no pensaba ejecutar lo que se aprobara allí.

En fin, todo... esta es la fórmula que utiliza el Partido o el Grupo Popular para, bueno, retomar lo que se llama fundamentalmente lealtad institucional, que no se ve por ningún lado. Y esa es la clave de todo.

Mire, señorías, con relación a la segunda parte de su iniciativa, el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Cooperación, mire, estamos absolutamente de acuerdo. Creo que lo he dicho al inicio de mi intervención y creo que es importante: lo que se acuerda hay que cumplirlo, y, si no... y si no lo están cumpliendo, evidentemente, hay que volver... hay que volver a recordarlo; pero hay que saber exactamente qué es lo que está pendiente. Hablan ustedes fundamentalmente del Consejo del Agua, y lo que hablaban algún otro grupo parlamentario, es decir, en relación al número de integrantes, que pasa de 5 a 8.

Pero, ya les digo, nosotros vamos a votar a favor. Es inaplicable absolutamente lo que va... lo que hoy se va a hacer aquí. Pero vamos a votar a favor porque no quiero que puedan acusar al Grupo Parlamentario Socialista de no estar a favor de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y porque, si no se ha ejecutado en su totalidad este acuerdo, debe de hacerse.

Por eso votaremos a favor. Vamos a votar a favor de las dos propuestas. La primera, bueno, retomar las reuniones. Vamos a ver si... si la Junta quiere reunirse con el Estado. Y la segunda... porque, además, seguramente es la propia Junta, a tenor de lo que estamos viendo, la que no quiere reunirse, seguramente. Y la segunda, pues para exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado con relación al Consejo del Agua y con relación a la estructura, composición y funcionamiento del mismo; evidentemente, estamos... estamos a favor. Muchas gracias.

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Raúl Hernández López.

Muchas gracias, señor secretario. Señorías, buenos días de nuevo. Sorprendido por algunas intervenciones. La verdad que para una vez que uno no habla de Sánchez... porque es que en nueve minutos y pico que he tenido de intervención no he mencionado ni PSOE, ni PP, ni Sánchez, ni Rajoy, ni Franco, ni nada de nada, señorías. Y resulta que es que yo estoy... es una propuesta echando en cara al Partido Socialista. Me gustaría saber dónde ha hecho alusión el portavoz del Grupo Popular en su primera intervención a quién gobernaba y quién firmaba. Es que no he dicho ni los nombres de quién firmaban, porque... [Murmullos].

A pesar de que a algunos les gusta intervenir siempre y que no le respeten, a mí me gustaría que tenga el mismo respeto que he tenido yo escuchando todas las cosas que he escuchado, algunas barbaridades, algunas incoherencias, incongruencias, desatinos y aciertos, señorías.

Entonces, yo repito: quien me diga que yo estoy criticando al Gobierno de Pedro Sánchez y a no sé quién que me digan dónde ha mencionado este portavoz quién firmó y quién no cumplió el acuerdo. No lo he mencionado para nada, señorías; porque lo importante para este grupo no es quién firmó ni las veces que se ha reunido la Comisión, señorías.

Podríamos hablar que por qué resulta que Cataluña se ha reunido en el dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil once, la siguiente reunión la tuvo en el dos mil dieciocho, veintiuno, veintidós, y dos en el veinticinco; o por qué el País Vasco tuvo reuniones en el dos mil nueve, dos mil diez, y luego dos en el veinticuatro, dos en el veinticinco. Porque hay Comunidades Autónomas que la página de transparencia no ha tenido ni una sola reunión; ni una sola reunión, según la página de transparencia del Gobierno de España, señorías. Porque algunos tenemos un problema: que nos gusta leer y nos gusta investigar y buscar los fundamentos de nuestras intervenciones. Y repito: sede electrónica del Gobierno de España, información oficial del Gobierno de España, hay Comunidades Autónomas que no aparece que hayan tenido ni una sola reunión.

Pero eso no es lo que le preocupa al Partido Popular de Castilla y León; lo que le preocupa es que hay una comisión de seguimiento donde, por cierto, Artículo 3, apartado segundo, leo textualmente:

Corresponde a cada una de las partes que la constituyen precisar, mediante el correspondiente procedimiento interno, las autoridades o cargos en los que recae esta representación, así como en su caso el régimen de sustituciones. La sustitución de los representantes de la Administración general del Estado deberá recaer en una persona que ostente el cargo con rango de director general, como mínimo. Por lo que respecta a la representación de la Comunidad de Castilla y León, la sustitución de la misma deberá recaer en una persona que ostente el cargo con rango director general, como mínimo.

Es decir, señorías, no nos preocupemos, si alguien firmó en su día, quien estaba y legalmente debería firmar, hoy no puede firmar indudablemente; algunos por fallecimiento, otros porque ya no están en sus cargos. Porque, miren, voy a decir quién firmó el acuerdo que no se ha cumplido. Lo firmaron el secretario de la Comisión de Cooperación para la Administración del Estado, José María Pérez Medina -que no sé ni me interesa saber más de él; no sé si este señor, espero que sí, siga viviendo, siga viviendo y tenga una buena situación de salud y que siga trabajando, y a lo mejor sigue siendo el secretario de la Comisión-; la secretaria por parte de la Junta de Castilla y León fue doña María de Diego Durántez. Esa señora aún está.

¿Quién firmó? La... la presidenta de la Comisión de Cooperación era la señora Meritxell Batet Lamaña -ya no es ministra-. Indudablemente, si esta Comisión se vuelve a reunir, tendrán que nombrar el Gobierno, siguiendo el artículo del reglamento de funcionamiento, quién la tiene que sustituir. Y no nos rasguemos las vestiduras. Y por parte del presidente de la Comisión de Cooperación de la Junta de Castilla y León firmó don José Antonio Santiago Juárez-López, que tampoco está en el cargo, pero vive. Pero es que si nos rasgamos porque quién firma, quién no firma, nos parece que es demostrar que no queremos entrar en el hecho; el hecho es que hay un acuerdo que no se ha cumplido, señorías. Y no hay más.

Es decir, y lo que estamos pidiendo es que, primero, los acuerdos de la Comisión se cumplan, cosa que no se ha cumplido. Y, señor Briones, si lo hubiera cumplido, usted, que es muy hábil, y usted trabaja muy bien los asuntos, me hubiera enseñado el papel diciendo: aquí está. Es decir, que yo sé que no se ha cumplido.

Y, por tanto, lo que estamos pidiendo simplemente es que se cumpla. ¿Y por qué? No vamos a hablar de agua, no estamos hablando de la ley del agua, no estamos hablando de los agricultores; que no, señorías de Vox. Con todo mi respeto, creo que ustedes han querido salirse por una carretera transversal buscando un no, que no entiendo el porqué. Porque exigir que se cumplan los acuerdos, que se firmen, igual que se están exigiendo todos los días en estas Cortes al Grupo Popular, al Gobierno del Partido Popular, que se exigía antes que cumplieran los compromisos el Gobierno Popular y de Vox, yo creo que no tiene nada que ver ni con la ley de aguas, ni con los agricultores, ni con los ganaderos; al revés, estamos diciendo y argumentando el que hay un acuerdo que se adoptó, se firmó y se aprobó, y que no se ha cumplido hace seis años, señorías.

Pero, bueno, ustedes quieren sacar rédito de esto y decir que no defendemos a los agricultores y ganaderos. Pues, hombre, el Plan Hidrológico creo que se... que el que se presentó no lo presentó Vox, lo presentó un presidente de Gobierno que no era de Vox.

Y yo creo que la defensa de los agricultores y ganaderos, la Junta de Castilla y León -y esta no es la Comisión de hablar de Agricultura y Ganadería- lo demuestra claramente con la labor que vienen desarrollando los consejeros de Agricultura. Y también lo defendió un consejero que era de Vox, que salió corriendo de un Gobierno de coalición sin que aún nadie sepamos la realidad del porqué.

Pero esto no es la... esto no es el asunto del día. El asunto del día es pedir que haya una Comisión que se reactive, como se han reactivado peculiarmente en dos Comunidades Autónomas -repito, Cataluña y País Vasco-, y que hay un acuerdo que se llegó en el dos mil diecinueve que no se ha cumplido y que consideramos que es importante, donde la Comunidad donde pasa la cuenca hidrográfica del Duero, donde realmente tiene la mayor parte de la superficie, tenga una representación acorde y equilibrada al Gobierno de España. Nada más, señorías; es así de fácil y de sencillo. Ni hablamos de Sánchez, ni hablamos de Rajoy, ni hablamos de Aznar, ni de Felipe González, ni del señor Rodríguez Zapatero, ni de Adolfo Suárez, ni de Calvo Sotelo, ni de la época de la dictadura del señor Franco. Es decir, aquí estamos hablando de un acuerdo, un incumplimiento, una Comisión, y nada más.

Por eso yo entendía que era un debate muy sencillo; pero me agrada que este haya sido el debate más largo y áspero de la jornada, porque seguramente se ve que los otros puntos serán más livianos.

Por parte de nuestro grupo decirles que no admitimos la votación por separado. Y agradecer el apoyo de los grupos y que llegamos al acuerdo de simplemente solicitar que los acuerdos están para cumplirse. Muchas gracias.

Votación PNL/001101

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Catorce. ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Una. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: catorce. Votos en contra: tres. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Muchas gracias. Continuamos con el... la sesión. Pasamos a la lectura del segundo punto del orden del día; señor secretario.

PNL/001504

Proposición no de ley 1504, presentada por los Procuradores doña Alicia Gallego González, don José Ramón García Fernández y don Luis Mariano Santos Reyero, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que dote a la ciudad de Benavente de una comisaría de Policía Nacional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 445, de catorce de julio de dos mil veinticinco.

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, en representación de los grupos... -perdón- de los señores procuradores proponentes, tiene la palabra la señora doña Alicia Gallego González, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Pues traemos hoy aquí a esta... a esta Comisión una proposición no de ley para reclamar algo que creemos en justicia, que es que en la ciudad de Benavente, en la provincia de Zamora, se cree una comisaría para mejorar la seguridad ciudadana en esta provincia y facilitar el desempeño de sus funciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ahí la necesaria creación -como digo- de una comisaría de Policía Nacional en Benavente.

Y es que, a pesar del importante peso poblacional que tiene la ciudad de Benavente, es decir, cuenta con más de 17.000 habitantes, y de su ubicación, a unos 70 kilómetros de distancia de las comisarías más cercanas, que se situarían en Zamora y en León, actualmente Benavente carece de una comisaría propia; razón por la que hoy traemos esta proposición no de ley.

Instamos aquí a estas Cortes autonómicas a que soliciten al Gobierno central que dote a Benavente de esta comisaría. Porque este hecho ya lo planteamos en el Pleno que se produjo el veinticinco de junio mediante una enmienda o una proposición no de ley del Partido Popular sobre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; enmienda que no fue aceptada por dicho grupo proponente y, por lo tanto, no llegó a votarse.

Una enmienda en la que, por cierto, reclamamos que además se diera a la Guardia Civil, también se exigiere para la Policía Nacional, mayor dotación de esos recursos e infraestructuras necesarias para mejorar el ejercicio de sus... de sus funciones, incluyendo, entre otras cuestiones, pues la dotación de chalecos antibalas a todos los efectivos, así como que se cubrieran pues de forma inmediata pues todas las vacantes disponibles tanto en la plantilla de personal de Policía Nacional de la Comunidad Autónoma y que se reforzara y se diere cumplimiento a todas las plazas del catálogo de puestos de trabajo de todas las dependencias de Policía Nacional en la Comunidad Autónoma; peticiones que -como digo- no fueron aceptadas para su votación al ser rechazada dicha enmienda.

En todo caso, volviendo al tema concreto de esta proposición no de ley, consideramos que la instalación de una comisaría es una necesidad urgente, además de una petición lógica y de justicia.

Y es que, por un lado, quizá por ser un lugar de tránsito de notable importancia, ya que la ciudad de Benavente pues sufre un nivel de delincuencia de cierta relevancia, lo que ha repercutido en una carga de trabajo demasiada... demasiado amplia para la propia Guardia Civil en la zona de los valles al no existir esta comisaría en la ciudad de Benavente. Y que, como consecuencia de su creación, pues puede ayudar a descongestionar esta enorme... esta enorme carga de trabajo que generaría... o que se... que se está observando de forma diaria. Se aliviaría, por tanto, esta carga excesiva que sufre la Guardia Civil, así como se ayudaría a reducir el nivel de delincuencia de la zona, que está pues claramente por encima de la media de la provincia; hecho que contribuiría a incrementar la seguridad tanto de la propia ciudad como de su comarca.

También tenemos que... que incidir en que Benavente es el segundo municipio de la provincia de Zamora y está superado en ella solamente por la propia capital, Zamora. Y además, Benavente es un núcleo importante de servicios, una zona de actividad económica muy importante en el norte provincial; hecho que motiva que atraiga cada día a numerosos vecinos de otros municipios para acceder a servicios públicos, o para realizar gestiones o para otras cuestiones. Lo cual hace que no solamente la población indicada pues es la que hay que tomar de referencia, sino también esa población flotante que se ve incrementada día a día en la propia ciudad.

También hemos de tener en cuenta que Benavente pues cumple un papel clave, crucial, en el noroeste de España en cuanto a la logística y a la comunicación por carretera, ya que en su entorno confluyen las autovías, la A-66, que es la autovía Ruta de la Plata; o la A-52, que es la autovía de las Rías Baixas; o la A-6, que es la autovía Madrid-La Coruña; a lo que habría que sumar la confluencia de diversas carreteras nacionales, autonómicas, provinciales, pudiendo destacar la Nacional 6, o la Nacional 630, la 525 o la 610.

Esta última quiero recordar que estaba prevista convertirla en una autovía, la A-65, y que se recoge como autovía Tierra de Campos, con itinerario Benavente-Palencia, por la Ley 37/2015, de veintinueve de septiembre, de carreteras -del Estado-, que aún sigue pendiente de ejecución, ya que solo se han construido 10 kilómetros de los 88 proyectados, habiéndose ejecutado solamente los tramos correspondientes a la circunvalación de la ciudad de Palencia. Es decir, es bueno no olvidar pues esta ausencia de ejecución de una carretera que cada vez se hace más, bueno, pues necesaria y donde también, cada vez más, se ve la desidia de quien corresponde su ejecución.

Y en todo caso, y volviendo al tema de esta proposición, consideramos que no tiene tampoco sentido que la ciudad de Benavente pues se le esté privando de esta comisaría. Pues si tenemos en cuenta pues que hay localidades en la misma Comunidad Autónoma con una población similar, como Medina del Campo, o incluso inferior, como Astorga o Benavente, que sí la poseen, pues también, por los datos antes relativos... relatados, justificaría la existencia de esta comisaría propia.

Pero podemos hacerlo o extrapolarlo también a... bueno, pues a otras zonas del territorio nacional que tienen una población inferior a 20.000 habitantes y que también contarían con lo mismo. Es decir, en Luarca, Tarancón, Jaca, Astorga -que ya lo hicimos antes mención-, Monforte de Lemos, Viveiro, Alcañiz o Calatayud, serían ejemplos de que no solo, bueno, pues el número de habitantes de la propia ciudad es el indicativo para tener o no comisaría, sino que habría que tener en cuenta otros condicionantes.

También indicar que, para evitar el colapso que tendría la Guardia Civil de una zona ante el importante nivel de delitos que se registran -como digo- en Benavente y su comarca. Y, a pesar de la enorme labor que, como también queremos reiterar aquí, está haciendo la Guardia Civil, pues se ve muchas veces tensionada en ese número muy limitado de efectivos que posee su plantilla, y que también pues se acompaña de la labor efectiva y buena que está haciendo la Policía Local de Benavente; pero que, sin embargo, no consiguen pues mejorar la seguridad ciudadana. De tal manera que esto estaría bien complementarlo -como volvemos a indicar- con esta comisaría.

Solicitamos, por ello, que se inste al Gobierno de España, como Administración competente en la materia, para que en la ciudad de Benavente se instale esa comisaría, y con ello pues reforzar de forma decisiva la seguridad ciudadana de la comarca de los Valles, y más concretamente de la ciudad de Benavente.

Debemos de indicar que los datos así lo indican. Es decir, que aun cuando se trate de una ciudad de menos de 20.000 habitantes, en el que, según venía a relatar el propio subdelegado, no existen datos estadísticos de criminalidad -porque no se publican-, pero sí que hacía mención en algunos estudios que había incrementado esos delitos más del 9 % en este año con respecto al anterior, donde se han visto pues más hurtos, más robos, más tráfico de drogas, donde también hay un incremento en delitos de ciberdelincuencia o ciberestafas, lo cual genera mucho trabajo de papeleo, y, por lo tanto, viene a sobrecargar el trabajo que están realizando otros cuerpos de seguridad.

Todo ello indica la necesidad de que las... dar cumplimiento a una de las preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía, que es reforzar esa seguridad. Y con ello nosotros instamos -como digo- a que las Cortes de Castilla y León pues soliciten, a través de la Junta, que el Gobierno de España dote a la ciudad de Benavente de esta comisaría de Policía Nacional.

Esperando contar con su apoyo, finalizo esta primera intervención. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Gallego. Abrimos ahora un turno de fijación de posiciones, donde van a intervenir los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Comenzamos con el portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Bien. Señora Gallego, trae aquí una propuesta que incide, una vez más, en una situación de discriminación entre las dos regiones de esta Comunidad; una clarísima discriminación que perjudica a Castilla. Porque las únicas comisarías que hay en poblaciones menores que Benavente están las dos en el reino de León: en Béjar y en Astorga. Sin embargo, no ocurre lo mismo en Arroyo, o en Laguna de Duero. Medina del Campo tiene más habitantes que Benavente.

Y, por tanto, yo creo que, en nuestro común afán de luchar contra la discriminación, lo que sería razonable es que hiciéramos una propuesta de que se instalen comisarías allá donde la población supere un umbral, ¿no? Eso sería bueno para todos: para leoneses y para castellanos.

Por tanto, yo le propongo una pequeña enmienda de adición que diga: y en todos aquellos núcleos de población superiores al de Benavente, poniendo Benavente como regla de oro para la instalación de una comisaría. Porque, si no, ¿cómo explicaríamos que en otras poblaciones no solicitemos lo que solicitamos para Benavente? Que me parece justo y razonable.

En cualquier caso, contará con mi voto favorable. Pero permítanme que, por una vez, señale que, si hay una región beneficiada a este respecto de instalaciones de comisarías en poblaciones menores de 20.000, esa, sin duda, en esta Comunidad es la región de León.

Muchas gracias, señor Igea. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo UPL... -uy, perdón- Grupo Socialista, don José María Martín. Está uno acostumbrado, señora García Macarrón... [Murmullos]. Perdón, Vox. Estaba uno acostumbrado a que siempre va usted detrás, pues por eso íbamos ya lanzados. Perdón.

Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, doña Rebeca Arroyo Otero... [Murmullos]. No. Pues disculpe usted. Me habían pasado mal los datos. María Luisa Calvo Enríquez, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. (No pasa nada, ¿eh?). Señorías, pues Benavente es el municipio más grande de la provincia de Zamora, cuenta -como ha dicho la proponente- con unos 17.500 habitantes, y su situación geográfica, en el que concluyen pues la verdad varias autovías nacionales, se ha consolidado como un nudo estratégico en las... en las comunicaciones del noroeste peninsular, con alto tránsito de mercancías y vehículos, y que además tiene el centro de transportes, con una importancia estratégica, que apoya la actividad industrial y comercial de toda la comarca y es un referente logístico para Castilla y León, Galicia, Asturias y el norte de Portugal.

Desde Vox defendemos con firmeza la seguridad en Benavente y en todo el medio castellano y leonés, pero nuestro apoyo siempre estará condicionado a que cualquier decisión responda a necesidades reales basadas en datos objetivos de criminalidad y coste.

Actualmente, en esta población la Guardia Civil es el principal cuerpo de seguridad del Estado y asume las competencias de seguridad ciudadana en lo referente a prevención de delitos y mantenimiento del orden público, con patrullas rurales y atención de denuncias; y también se encarga de la vigilancia, el control y la regulación del tráfico; además de policía judicial, vigilancia medioambiental y extranjería.

La Policía Nacional actúa principalmente en capitales de provincia o zonas de alta... de alta conflictividad urbana. Y en este caso, pues igual puede ser más efectivo reforzar los medios de la Guardia Civil que crear un nuevo cuartel, ya que el Ministerio del Interior, cuando abre comisarías de municipios medianos, tiende a reducir o incluso cerrar cuarteles de la Guardia Civil; lo que se llama vestir a un santo para desvestir a otro.

Y eso me lo comunicaban fuentes de la Policía Nacional, precisamente el comisario, que me estuvo contando -e inspección- que ya hace tiempo que se quiso hacer, pero que... que el hacer la comisaría iba a suponer quitar efectivos de la Guardia Civil, o, por lo menos, ciertas... ciertas unidades, como es judicial y todas esas cosas. Esta supresión de la Guardia Civil sería un golpe también letal para el campo de Benavente y comarca, porque es este grupo es el que se encarga, con sus patrullas, de las explotaciones agrícolas, los caminos rurales, los polígonos y las pedanías.

En el entorno de Benavente, la prevención vial, el control de mercancías y la persecución de bandas itinerantes requiere patrullas de unidad de seguridad de la Comandancia de la Guardia Civil, que son las USECIC, y coordinación con la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía y las UIP, las Unidades de Intervención Policial, cuando procede.

Desde nuestro grupo no consideramos estrictamente necesaria hoy, pero se podría plantear si hubiese un aumento muy significativo de delitos complejos, siempre con criterios objetivos y eficiencia de gasto. Antes de crear una estructura nueva, hay que acreditar una serie de factores importantes, como es un mapa de criminalidad y tipologías delictivas, una memoria económica completa con... de inversión y de plantilla estable y un plan de interoperabilidad con Guardia Civil para evitar solapes... solapes y vacíos.

Señorías, gastar bien es proteger mejor. El medio rural está bajo competencia ordinaria de la Guardia Civil, y para que la Policía Nacional intervenga debe de redefinirse la delimitación territorial de competencias; lo cual exige un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Junta de Castilla y León.

Es cierto que a veces los efectivos son insuficientes para dar respuesta a una inmediata y eficaz de la población, sobre todo por la dispersión territorial. Pero desde nuestro grupo insistimos en que es necesario realizar un estudio técnico y operativo que justifique la implantación de una comisaría de Policía Nacional en Benavente. Por ello, presentamos la siguiente enmienda:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para reforzar inmediata... de forma inmediata los efectivos y medios de la Guardia Civil y de Policía Nacional en la zona de Benavente y su área de influencia, con especial atención a los corredores A-6, A-66 y A-52, así como a los polígonos y explotaciones agrícolas; realizar un estudio técnico previo en el plazo de tres meses, un informe de necesidad basado en el mapa de criminalidad, cargas de trabajo y tiempos de respuesta, con memoria económica y plan de coordinación Guardia Civil y Policía; y, por último, condicionar la creación de una comisaría de Policía, en su caso, a las conclusiones del informe, garantizando plantilla suficiente, no sustitución ni cierre de cuarteles de la Guardia Civil y no duplicidad de funciones, priorizando la lucha contra la inmigración ilegal, la multirreincidencia y las bandas itinerantes. Nada más, y muchas gracias.

Muchas gracias, señora Calvo. Continuamos con este turno de intervenciones de los portavoces. Ahora sí le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Socialista, don José María Martín Benito, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La Policía Nacional es el cuerpo estatal más antiguo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al menos en las funciones que desempeña, puesto que se crea en mil ochocientos veinticuatro, por Real Cédula de trece de enero, cuando se crea la Policía General del Reino.

Actualmente hay una orden vigente, la de dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y ocho, que regula la organización territorial, la distribución de efectivos de la policía gubernativa en España, que establece que la creación de comisarías en todas las localidades debe superar los 20.000 habitantes.

La población actual de Benavente, el último dato oficial del INE, población a uno de enero de dos mil veinticuatro, era de 17.246 personas. La pretensión actual, en el caso de lo que trae hoy la proponente, es una vieja aspiración en Benavente.

Ya a principios de este siglo, del siglo XX, las asociaciones de vecinos llevaron a cabo una campaña de empadronamiento en Benavente para alcanzar los 20.000 habitantes, que se llamó Bena20.000. [El orador muestra un documento]. Y precisamente entre los objetivos de esta campaña era superar la barrera de esta cifra demográfica para que la ciudad empezara a tener más recursos económicos y dotada de más servicios. Entre ellos, precisamente, se decía el de la comisaría de Policía.

Estuvo... a punto estuvo la ciudad de alcanzar los 20.000 habitantes, superó los 19.000. En dos mil doce se llegó a 19.259 habitantes, pero la crisis desatada, la crisis económica de ese año, hizo que la ciudad entrara en un declive demográfico que hasta el año pasado ha ido perdiendo población. Se atisba alguna recuperación en dos mil veinticinco, que, finalmente, sabremos en cuánto ha sido. Pero fíjense, señorías, de dos mil doce a dos mil veinticuatro se llegó a perder 12.000 habitantes, y de los diecinueve mil doscientos y pico pasamos a los 17.246.

La proponente esgrime los casos de Medina del Campo, de Astorga y de Béjar, que efectivamente cuentan con comisaría de Policía. Veamos por qué tienen comisaría de policía. Haciendo una retrospección histórica, no estaban afectados por la orden de mil novecientos setenta y ocho, sencillamente porque ya contaban, antes de esa fecha, contaban con comisaría de policía desde prácticamente las primeras décadas del siglo XX.

En el caso de Medina del Campo, se dice que tiene una población similar a Benavente. Ya le gustaría a Benavente tener una población similar... como Medina del Campo, porque Medina del Campo tiene 3.000 habitantes más que en Benavente. Pero, fíjese, en el caso de Medina, tiene la comisaría de Policía desde el año mil novecientos dos, coincidiendo con la puesta en marcha del ferrocarril como nudo de comunicaciones.

En el caso de Astorga, siendo más pequeña que Benavente -tiene 10.308-, cuenta con comisaría desde las primeras décadas del siglo XX.

Y en el caso de la de Béjar, se remonta su origen a mil novecientos once, pero no fue una realidad hasta mil novecientos treinta y uno, cuando empezaron a llegar los efectivos.

En... es obvio, por sí sola... que la ciudad de Benavente, por sí sola, no tiene más de 20.000 habitantes, que es lo que marca la Orden dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y ocho. No obstante, hay que tener en cuenta algunas consideraciones: lo cierto es que hay una numerosa población flotante, mucha gente de los pueblos de la comarca que vive en Benavente, que vive en Benavente, pero que no está censada en Benavente, como ocurre también seguramente en otras ciudades de la Comunidad; y, por otra parte, Benavente, quiero recordarles, es el principal centro logístico del noroeste peninsular, en cuanto hay un centro de transportes y también en cuanto al número de comunicaciones: tres autovías y cuatro carreteras nacionales.

Conviene recordar o rescatar un viejo debate que hubo en este Parlamento -viejo, pero vibrante debate- hace escasas legislaturas con motivo de la creación de las áreas funcionales estables, que después aquello se fue poco a poco diluyendo. Toda la carne en el asador que pusieron, o que pusimos, de un lado y de otro, los grupos políticos parece que aquello era una burbuja que se ha ido desinflando.

Pero, bueno, quiero recordar que el área funcional estable de Benavente fue declarada por la Junta de Castilla y León por Ley 5/2018, de dos de junio, en la que se contemplaba la unión de 21 municipios. Cuando se constituyó la mancomunidad de interés general prevista en la ley en dos mil dieciocho, incluidos esos municipios, el área contabilizaba entonces un total de 26.200 habitantes -evidentemente que son más que 20.000-; de los cuales 18.200 estaban entonces empadronados en Benavente y 8.000 restantes en la comarca.

Aun así, si solo tuviéramos en cuenta los municipios más cercanos a la ciudad, en un radio de unos 7-8 kilómetros, contaríamos con los municipios de San Cristóbal de Entreviñas, que tiene 1.300 -hablo en números redondos, no digo el pico- habitantes; San Cristóbal de la Polvorosa, en torno a 1.000; Manganeses de la Polvorosa, en torno a 650; Castrogonzalo, más de 400; Santa Colomba de las Monjas, unos 230; Villabrázaro, 260; y Villanueva de Azoague, cerca de 400. Todo ello, sumados a la población actual de Benavente, arrojaría un total actual de 21.538 habitantes, lo que rebasaría los 20.000 contemplados en la citada orden.

En la actualidad, en los primeros seis meses de dos mil veinticinco, la provincia de Zamora registra una tasa de delincuencia de 35,6 delitos por cada 1.000 habitantes. Ha habido un aumento de cuatro o cinco puntos más que la registrada en dos mil veintitrés, debido sobre todo a la incidencia de la ciberdelincuencia, que... -particularmente, delitos de estafa- que asola no solamente a Zamora, sino a buena parte del territorio nacional.

Hombre, yo aquí -con todos los respetos a la portavoz, a la proponente- yo creo que es un argumento -a mi modo de ver- un tanto pobre decir que Benavente tiene la tasa de criminalidad por encima de la media provincial. Bueno, claro, los delitos se cometen donde hay gente. Evidentemente, en zonas despobladas, como es Zamora, donde no hay... en Aliste, Sayago... bueno, toda la provincia, Carballeda, en fin, Sanabria, Tierra de Campos, Tierra de Vino, pues, evidentemente, ahí no hay delitos, hay pocos delitos, claro. Los delitos se cometen donde hay población, obviamente. Y en Benavente hay población como hay en Zamora. Estoy absolutamente convencido que en León... hay más delitos en León y en Ponferrada que en La Cabrera. Usted, que es de León, me entiende. Bueno, digo que es un... bueno, no lo tome como un reproche, sino como una obviedad, ¿no?; como una obviedad, ¿no?

Bueno, hablaba el señor Igea de... de la discriminación con el reino de León. Yo creo que es la discriminación con Zamora, señor Igea, también con todos los respetos; porque en León hay cuatro... cuatro comisarías en la provincia. En Salamanca hay dos y en Zamora sola hay una. O sea, la discriminación no se produce con el reino de León, se produce con la provincia de Zamora. Bueno, Soria tiene una, Ávila tiene una, Palencia tiene una, Segovia tiene una, Valladolid tiene más, pero bueno.

¿Con todo esto qué quiero decir? Pues que es una vieja aspiración. Nosotros vemos bien, no ya como benaventano, sino como Grupo Parlamentario Socialista, es una vieja aspiración en Benavente. Cierto es que la provincia de Zamora continúa lejos de la media autonómica de la tasa de delincuencia; y esta, por fortuna, la tasa autonómica, también lejos de la media de la tasa de la delincuencia nacional. Zamora y Palencia -las dos provincias- son, en relación con las tasas de delincuencia, las dos provincias más seguras de Castilla y León.

Pero es verdad que la presencia de una comisaría nacional en Zamora completaría -o complementaría, mejor dicho- la labor que lleva actualmente las fuerzas de la Guardia Civil; una vieja aspiración de la sociedad benaventana, que reforzaría la seguridad en esta ciudad logística del noroeste español. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Martín Benito. Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del grupo... -perdón- del Grupo Popular, don Miguel Ángel García Nieto, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Gallego, pues poco tengo más que decir, la verdad, porque coincidimos en los argumentos con quien nos han precedido en el uso de la palabra. Yo de entrada le digo que estamos de acuerdo con su propuesta.

Y estamos de acuerdo porque nosotros siempre estamos de acuerdo con incrementar la seguridad en el territorio, sobre todo en las zonas rurales, como apuntamos precisamente en la pasada Comisión, cuando hablábamos de la Guardia Civil. Y en el caso de Benavente entendemos que reúne unas condiciones especiales que hacen necesaria una mayor presencia policial.

Es cierto que la Orden del Ministerio del Interior del dieciséis de febrero del setenta y ocho, por la que se regula la organización territorial y la distribución de efectivos de la policía gubernativa, a la que hacía alusión el señor Martín Benito, establece esa cifra, efectivamente, redonda de los 20.000 habitantes para el establecimiento de una comisaría de ámbito local de la Policía Nacional; pero, también es cierto, la señora Gallego ha hecho un amplio resumen de las muchas que existen de ciudades que se han hecho excepciones, que, teniendo una cifra de habitantes inferior a esa, de las 20.000, tienen comisaría. Y la tienen por reunir unas condiciones especiales, bien sea de ubicación, una singularidad social o un interés superior de seguridad; y es lo que hace que se puedan instalar comisarías con una dotación suficiente de policías. Y a nuestro... a nuestro entender, a nuestro parecer, Benavente reúne esas condiciones.

Benavente -ya se ha dicho- es el segundo municipio con mayor población de la provincia de Zamora; tiene esos 17.246 habitantes que le da el INE al finalizar dos mil veinticuatro, por lo que no llegaría a esa cifra. Pero es verdad que está situada en un enclave físico a 65 kilómetros de Zamora, a 75 kilómetros de León, en un centro geográfico donde confluyen muchas carreteras -la autopista A-6, la A-52, la A-66, la Nacional 630-, por lo que se puede afirmar que es el nudo de mayor confluencia viaria del noroeste de España; un auténtico cruce de caminos en una posición estratégica, aspecto que tiene muchas cosas buenas realmente, pero también la hace más vulnerable al control de la delincuencia.

Benavente se ha constituido como uno de los grandes nodos logísticos, como ha quedado patente también esta mañana aquí, sobre todo de toda la Comunidad de Castilla y León, por su situación estratégica y, además, porque se ha hecho una plataforma clave e importantísima de distribución de mercancías entre Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid.

Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que es un punto neurálgico para la actividad logística de la Comunidad de Castilla y León. Cuenta con un extraordinario centro de transporte que se integró... fue de los primeros cuando se creó la... la red Cylog, con unas potentes instalaciones de almacenaje y combinaciones logísticas.

Cuenta, además, con varios polígonos industriales donde se concentra toda la industria de la comarca: el polígono industrial Benavente I -se amplió después con el polígono industrial Benavente II-, el polígono de Los Negrillos, el polígono de Las Cárnicas, el centro de transportes al que he mencionado... que he mencionado antes y el parque logístico. En total son más de 650.000 metros cuadrados de zonas industriales, logísticas y de transporte.

Desde el punto de vista comercial, también... -bueno, comercial y social y económico yo diría- igualmente es sin duda el centro comarcal por excelencia, lo que hace que reciba un número de visitantes habituales alto de todos los municipios de la comarca sobre los que ejerce su ámbito de influencia. Y además, también, hace que tenga... -la ciudad de Benavente- que tenga que ofrecer servicios para una población potencialmente muy superior a esos diecisiete mil y pico habitantes de que dispone.

Según la última información del subdelegado del Gobierno -es verdad que no existen estadísticas escritas, pero sí la información que dio el subdelegado del Gobierno en Zamora en el último mes de junio-, en Benavente se ha registrado un aumento de la criminalidad en el último año del 9 % debido a robos y hurtos, así como un aumento significativo de las denuncias, llamando la atención el aumento en robos con fuerza en las viviendas, y mucho más llamativo el aumento de la cibercriminalidad -ya lo ha dicho también la señora Gallego-.

No obstante, se puede afirmar que Benavente es una ciudad segura. En eso también estamos de acuerdo. Y yo digo lo que decía en la Comisión pasada: que esto se debe a un notable esfuerzo en el trabajo que realiza la Guardia Civil, que -como veíamos también el otro día- se desdobla para atender todas las llamadas y llegar con prontitud a la resolución de los conflictos que se plantea.

Pero sería conveniente, aconsejable y cada vez más necesario un aumento de la presencia policial en la zona. También lo demandan así los vecinos de la... de la ciudad de Benavente. En este momento, la ciudad... la seguridad de Benavente está en manos de la Guardia Civil, de la Policía Local y también de una agrupación de Protección Civil; pero carece de una comisaría de Policía Nacional, que nosotros entendemos que reforzaría la seguridad en la ciudad, pudiendo, por cierto, la Guardia Civil, una vez que estuviera la Policía... la Policía Nacional, volcar sus esfuerzos con más intensidad en la comarca.

Y entendemos que la localización de una comisaría local de Policía Nacional no tiene por qué afectar al número de efectivos de la Guardia Civil que ahora existen; entre otras cosas, porque el ámbito competencial de las dos fuerzas de seguridad son complementarias y no incompatibles. La Policía Nacional -como todos sabemos- se limita... limita sus... su actividad normalmente al ámbito más urbano y la Guardia Civil se vuelca mucho más en la... en el rural, en el ámbito rural.

Con respecto al hecho de que no alcancen los 20.000 habitantes que marca la orden ministerial, yo entiendo que no es disculpa para negar la instalación de una comisaría de Policía Nacional, dadas las circunstancias especiales que reúne esta ciudad -a las que he hecho alusión antes- y dado que existen también antecedentes en toda España de instalaciones de comisarías en ciudades con menor número de población; unas anteriores a esta fecha -como se ha explicado aquí-, pero también otras posteriores a esa fecha; simplemente por las circunstancias especiales que atienden a esas ciudades.

Se ha dicho también que en nuestra Comunidad hay presencia policial en Béjar, con algo menos de 12.000 habitantes, y en Astorga, con algo más de 10.300 habitantes; que son cifras -como se ve- inferiores a las que tiene Benavente.

Y entendemos y estamos de acuerdo con la necesidad de que existan estas comisarías en esos núcleos. Y estamos de acuerdo precisamente porque también esos núcleos reúnen unas condiciones especiales, bien de ubicación geográfica, o bien de la existencia de... de una problemática a la que no se puede atender porque están lejos de los... de las comisarías existentes en los alrededores. Yo simplemente pongo estos ejemplos para afirmar que la cifra de los 20.000 se puede excepcionar en municipios con especiales características.

Para terminar, a nosotros nos parece que las peculiaridades que reúne Benavente la hacen objetivo prioritario para la delincuencia, y, por tanto, más vulnerable a la criminalidad. Por esa razón, nosotros entendemos que sería conveniente la instalación de una comisaría local de Policía Nacional. Votaremos a favor de su propuesta.

Muchas gracias, señor García. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución, tiene la palabra la señora procuradora doña Alicia Gallego González, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias de nuevo, presidente. Pues agradezco a los portavoces de los grupos que vayan a apoyar esta... esta proposición no de ley, porque, evidentemente, la seguridad ha pasado a ser un... una preocupación casi... vamos, prioritaria por parte de la ciudadanía en general. Las últimas encuestas así lo dicen, ¿no?, que el 94 % de la población considera esencial contar con una seguridad dentro de su territorio, dentro de su ciudad o municipio.

Por ello, consideramos que son totalmente compatibles las proposiciones que se llevaron el... en el Pleno del veinticinco de junio, donde se hablaba de la Guardia Civil, la necesidad de reforzar esos dispositivos, esa... esas plantillas que tenían que estar cubiertas en el nivel adecuado para que dieran la seguridad en las zonas en las que a ellos les compete, que es más el área rural. Que también es verdad que ponían de manifiesto la Guardia Civil que con los delitos de ciberseguridad y las estafas que se estaban produciendo a través de los medios digitales pues lo que suponía para ellos es mucho papeleo, y con ello les estaba imposibilitando un ejercicio efectivo de dar la prioridad que corresponde en cuanto a la seguridad en el ámbito rural, más a pie o más... más de calle.

Y, sin embargo, ahora lo que buscamos es completarlo con un... con una comisaría de policía en el caso de Benavente. Que -como digo- no aceptamos las enmiendas de Vox porque consideramos que... que desvirtúan lo que hoy traemos aquí. Es decir, ya en su día se... se habló y se debatió sobre esos efectivos de la Guardia Civil, y hoy lo que queremos poner el foco es en la comisaría de... de Benavente; en el que, pues como creo que todos somos conscientes, hay una orden, pero que marcan 20.000 habitantes, pero como un dato que no es excluyente, sino que estoy de acuerdo en que hay otra serie de factores, circunstancias, que tienen que ser complementarias con esa población para que justifiquen o no la instalación de una comisaría.

Y es por lo que lo traemos, porque creo que todos somos conscientes de... de que, al ser un centro de autovías, de comunicación, de logística, pues también pues ese... bueno, pues es ese factor el que da lugar a que a lo mejor posee cierta delincuencia pues de narcotráficos, o de otro tipo de... de ámbitos puedan tener pues el foco en Benavente. Porque todos sabemos que la conexión con las... las Rías Baixas y con todo lo que son estas autovías pues pueden generar cierta facilidad en ese tráfico. Y, por lo tanto, es necesario tener pues efectivos y tener los medios necesarios para que esa seguridad se vea efectiva en este... en este territorio.

Que la población... -como bien decía el señor Benito- bueno, pues... bueno, pues estuvieron ahí al límite de conseguir los 20.000. Que la situación de esa... de ese descenso poblacional pues ha impedido que ese ya sea el factor clave, pero que -como reitero- hay otra serie de circunstancias o condicionantes que justificarían sobradamente la instalación y la... la puesta en funcionamiento de una comisaría en este municipio.

Yo creo que lo hemos explicado todos, que hemos entendido la necesidad de que la seguridad es un factor que la ciudadanía valora, aprecia, y quiere contar en cada uno de sus municipios con efectivos, sea Guardia Civil, en el ámbito rural, o sea Policía Nacional, en este ámbito más urbano. Y que, como consecuencia, Benavente cumple todas las condiciones para su... su puesta en funcionamiento.

Por eso, nosotros, bueno, pues mantenemos nuestra propuesta de resolución, que entiendo yo que no hace falta votar... o sea, no hace falta leer porque ya estaba tal cual quedó en la primera exposición. Muchas gracias.

Votación PNL/001504

Muchas gracias, señora Gallego. Finalizado el debate, corresponde la votación. ¿Votos a favor? ¿Por unanimidad? Perfecto. Pues queda, por tanto, aprobada la proposición no de ley debatida.

Pasamos al tercer punto del orden del día. Señor secretario, cuando pueda, le da lectura.

PNL/001508

Proposición no de ley 1508, presentada por los Procuradores doña Yolanda Sacristán Rodríguez, don Luis Briones Martínez, doña María Isabel Gonzalo Ramírez, don Carlos Fernández Herrera, don José Ignacio Martín Benito, doña Alicia Palomo Sebastián y don José Francisco Martín Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas relativas a una nueva ley de función pública de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 445, de catorce de julio de dos mil veinticinco.

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, doña Yolanda Sacristán, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Hoy, desde nuestro Grupo Parlamentario Socialista traemos una proposición no de ley que, a nuestro modo de ver, es de una importancia vital para el futuro de nuestra Comunidad.

Porque hablamos de algo que nos afecta a todos y a todas, como es la Función Pública. Hablamos de servicios públicos. Hablamos, señorías, de hombres y mujeres que sostienen cada día la sanidad que nos atiende, o la educación que reciben nuestros hijos, o también la atención social que llega a nuestros mayores, incluso la protección del medio ambiente. Hablamos del eje sobre el que pivota el estado de bienestar en Castilla y León. Una Función Pública que está hoy regulada por una ley que tiene veinte años, la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de Función Pública de Castilla y León; una norma claramente desfasada.

Señorías, para que se hagan idea de lo obsoleta de la norma de la que estamos hablando, en el año dos mil cinco -apenas comenzaban las redes sociales-, hablaba muy vagamente de la Administración electrónica, no se hablaba de teletrabajo ni de carrera horizontal ni de igualdad efectiva en el acceso a la promoción. Hoy, en el año dos mil veinticinco, la Función Pública en Castilla y León se rige bajo una ley que responde a una época ya pasada.

Y es importante entender que la Función Pública es un instrumento de justicia social para todos y para todas. Porque, cuando hablamos de servicios públicos, señorías, hablamos de enfermeras que atienden a sus pacientes en el hospital de madrugada, por ejemplo; o de un profesor que forma parte de un cuerpo de funcionarios que garantiza la educación como derecho; o de una trabajadora social de un Ceas... de un Ceas rural que acompaña a una familia en riesgo de exclusión. Señorías, sin una Función Pública profesional, imparcial y motivada no hay derechos efectivos, solo promesas vacías.

La ley que está en vigor en este momento fue un paso adelante en su momento, pero ya entonces quedó claro que sería necesario adaptarla al Estatuto Básico del Empleado... del Empleado Público, aprobado en dos mil siete y modificado en dos mil quince; sin embargo, nunca se hizo.

Hoy, esta ley supone un freno al desafío de la digitalización; no prepara a la Administración para el relevo generacional, ya que más de un 50 % de las y los empleados públicos se jubilarán antes del año dos mil treinta; no establece de manera clara una evaluación del desempeño orientada a mejorar y motivar; no garantiza una carrera profesional horizontal que permita crecer en responsabilidad sin necesidad de puesto de trabajo; y, por último, no corrige los desequilibrios de género que aún existen en la promoción. El resultado de todo ello: incertidumbre, desmotivación y parálisis.

Por otro lado, si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas, en Andalucía, por ejemplo, en el año dos mil veintitrés, se aprobó una nueva Ley de Función Pública que regula el teletrabajo, introduce la carrera horizontal y adapta la gestión a la Administración electrónica. En el País Vasco, la normativa autonómica ya prevé sistemas de evaluación del desempeño mucho más avanzados que los nuestros y vinculados incluso a la formación continua. Y en Aragón o la Comunidad Valenciana se han aprobado marcos que incluyen planes de igualdad efectivos, e incluso han acelerado procesos de estabilización.

Como ven, señorías, las comparaciones son odiosas, y en este caso más, porque Castilla y León siempre está a la cola; una Comunidad con enormes profesionales y con un gran capital humano, pero que sigue con una ley del año dos mil cinco, mientras el resto de las Comunidades Autónomas avanzan.

Señorías, no solo este Grupo Parlamentario Socialista reclama una nueva ley de Función Pública, sino también los sindicatos mayoritarios con representación en la Mesa General de Negociación; hablo de UGT, de Comisiones Obreras y de CSIF. Estos sindicatos llevan años reclamando una nueva ley, sin que este Gobierno del señor Mañueco les escuche. Eso sí, año tras año, a lo largo de estas últimas legislaturas, hemos visto como el Gobierno del señor Mañueco sigue prometiendo una nueva ley de Función Pública, que nunca llega.

La Junta de Castilla y León elaboró, en el año dos mil veintidós, un anteproyecto de ley, lo anunció y presentó el borrador. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Pues absolutamente nada, o casi nada, porque se presentó a las organizaciones sindicales, y desde el año dos mil veintitrés no se ha vuelto a saber nada. No han sido capaces ni de reunirse con las organizaciones sindicales. Y ahí está: un anteproyecto de ley que duerme el sueño de los justos en algún cajón de la Consejería de la Presidencia. Mientras tanto, siguen las promesas.

Y, fíjense, en la última comparecencia del consejero de la Presidencia el uno de julio de dos mil veinticuatro decía, literalmente -abro comillas-, que hay que hacer una nueva ley de Función Pública. Ya lo ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León. Antes del treinta y uno de diciembre van a tener ustedes ese compromiso cumplido, pero no porque ustedes lo reclamen, sino porque este Gobierno tiene asumido ese compromiso. Antes del treinta y uno de diciembre van a tener ustedes aprobado el Plan de Recursos Humanos de Ordenación de los Recursos Humanos, pero no porque lo reclamen ustedes, sino porque este es un compromiso serio de un Gobierno serio, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cierro comillas.

Pero como esto al señor consejero le pareció poco, en octubre de dos mil veinticuatro, meses más tarde, en declaraciones a la prensa, afirmó que en el plazo máximo de seis meses tendríamos una nueva ley de Función Pública. Hoy, señorías, sobra decir que seguimos igual.

En noviembre de ese mismo año, insistió y aseguró en una intervención plenaria que estaba tramitando la nueva ley de Función Pública.

En junio de este año dos mil veinticinco, ante una pregunta en el Pleno formulada por mi compañero Luis Briones, se quedó sin argumentos, y responsabilizó nada más y nada menos que al presidente del Gobierno. Ya ven, señorías, que las mentiras tienen las patas muy cortas. El consejero de la Presidencia, el señor González Gago, se ha quedado sin tiempo y sin argumentos. Y, mientras tanto, la plantilla envejece, la desmotivación crece y la ciudadanía recibe una Administración menos ágil y menos eficiente.

Como saben todos ustedes, señorías, llevamos años denunciando la situación caótica de la Función Pública en la Administración autonómica de Castilla y León. La opacidad en los sistemas de provisión de puestos de trabajo, la desorganización, la pérdida continua de personal son el resultado de los recortes que se han ido acumulando desde hace años, y que ha provocado que servicios tan fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales estén tan debilitados que han generado falta de confianza y de efectividad en la gestión del empleo público. La insuficiencia de plantillas en algunos servicios, la alta temporalidad y la provisión irregular de puestos son problemas que hacen difícil un servicio público eficiente. Y esta situación afecta a la calidad de los servicios públicos y dificulta la motivación del personal que está detrás de los mismos.

Analizando la situación actual en la Administración de Castilla y León, vemos cómo se ha ido desarrollando entre una larga lista de promesas que no se ha cumplido por parte del Partido Popular, con una gran insuficiencia de plantilla... de plantillas -perdón- derivada de los recortes que se iniciaron en el año dos mil ocho.

A todo ello hay que añadir una deficiente organización, a menudo con la toma de decisiones erráticas. Fíjense que los únicos acuerdos que se han adoptado en la Comunidad Autónoma se derivan de los alcanzados por el Gobierno de España, siempre negociados con los sindicatos, como, por ejemplo, la subida salarial de ese 9,5 en tres años, que ha llegado ya a ser el 10 %; además de la eliminación de todos los requisitos y limitaciones para que se pueda implantar la jornada laboral de 35 horas; o la actualización de los importes de los gastos de desplazamiento como consecuencia de la actividad de prestación de servicios. Esto solo por citar unos ejemplos.

Pero, miren, mientras el Gobierno de España avanza, el Gobierno del señor Mañueco se caracteriza por su ataque constante a la Función Pública, con recortes, privatizaciones, adelgazamiento de la Administración y falta de reposición de efectivos tanto para las vacantes sin ocupar como para las jubilaciones o cualquier otra causa.

Además, frente a la carrera profesional, abusan de las libres designaciones, y, frente a la estabilidad, abusan de la contratación temporal, incumpliendo así la Ley 20/2021, de veintiocho de diciembre, para la reducción de la temporalidad. Y tal es así que han realizado un proceso de estabilización, aún sin resolver, y que ha resultado ser una verdadera chapuza, y que, por cierto, está judicializado por parte de algún sindicato.

Y todo esto ocurre bajo un halo de total opacidad, con una falta constante de diálogo con los representantes sindicales, a los que ningunean de manera incesante. La inacción tiene consecuencia, señorías. La parálisis también es una forma de decisión, y la Junta de Castilla y León ha decidido abandonar a las y los empleados públicos.

Desde el Partido Socialista reclamamos una Administración moderna, donde el mérito y la capacidad sigan siendo la base, pero donde también haya espacio para la innovación, la motivación y la igualdad. Queremos una Administración que no discrimine a las mujeres, que nos permita llegar a puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones. Queremos una Administración donde la digitalización no sea un eslogan, sino una realidad cotidiana. En definitiva, una Función Pública al servicio de la ciudadanía. Y para todo ello necesitamos una nueva ley de Función Pública que sustituya a la actual y que sea consensuada con los representantes sindicales. Por todo ello, señorías, les pedimos el voto favorable a la iniciativa que hoy traemos a esta Cámara. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Sacristán. Abrimos ahora un turno de fijación de posiciones para que intervengan los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Señora Sacristán, no deja de sorprenderme su argumentación en la defensa de esta proposición no de ley. Dice usted que hay que cumplir con los acuerdos y con la palabra dada. Es exactamente lo mismo que ha dicho el presidente de esta Comisión esta misma mañana. Por tanto, sorprendente que esto no haya sucedido, ¿verdad? Es sorprendente que, después de declaraciones públicas reiteradas del rey del orto y el ocaso, sigamos con la misma ley de Función Pública.

Dicho esto, yo no estoy de acuerdo con usted en que la ley esté anticuada. Yo lo que creo fundamentalmente es que no se cumplen sus principios rectores. Porque los principios rectores que han de garantizar la neutralidad, la objetividad y la independencia de los funcionarios siguen sin cumplirse en esta Comunidad. Esa es la realidad. Y la realidad es que sigue habiendo tasas de interinidad por encima del 20. Y eso hace muy difícil que la Función Pública cumpla con objetividad su función, porque son los funcionarios públicos quienes son garantes de la neutralidad de la Administración y de la aplicación de las leyes. Y esto no ocurre, como tampoco ocurre cuando el sistema de provisión de todos los mandos intermedios en la carrera profesional es sistemáticamente la libre designación. Sentencia tras sentencia, vemos como esto se incumple de manera reiterada.

Por tanto, no es que necesitemos una nueva ley, yo creo que necesitaríamos las garantías suficientes para que se cumplieran los excelentes principios rectores de la existente. Es verdad que ha habido avances en la... en fin, en la informática, en el teletrabajo, en muchas cosas -usted las ha referido a lo largo de su exposición-; pero yo creo que este no es exactamente el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión en la Función Pública es que en esta Administración no se garantiza la neutralidad.

Podía hacerle una pregunta indiscreta, que usted no me podrá contestar por no... en fin, revelar datos personales, pero ¿cuántos jefes de servicio, cuántos mandos intermedios hay que sean militantes públicos de un partido que no sea el Partido Popular? Eso igual resolvería algunas cuestiones. ¿O cuántos se han... de las personas que se manifiestan contrarias ven su carrera profesional mermada?

Y esta es la realidad de la Comunidad. Yo... algunos la conocemos bien, y es la realidad. Y ahora también me va a permitir que le vuelva a corregir entre el personal funcionario y el estatutario, que son dos cuerpos diferentes. Porque ni las enfermeras ni los médicos, en su inmensa mayoría, pertenecen al funcionariado; sino se rigen por un estatuto. Estatuto que estos días se está reformando en el conjunto de la nación, con serio disgusto de quienes nos dedicamos al oficio de la medicina. Y en el que también habría unas cuantas cosas que incluir que no se incluyen, ni las incluye el Gobierno de la Nación ni las incluye el Gobierno autonómico: seguimos teniendo jornadas de más de 24 horas, seguimos haciendo más de 40, cuarenta y tantas horas, seguimos exponiendo a los pacientes al trabajo de profesionales que muchas veces trabajan en jornadas que son de... en fin, excesivamente exhaustivas; por no hablar -insisto- de la falta de neutralidad en la provisión de las plazas y de los mandos intermedios.

La proposición que trae aquí es tan de obligado incumplimiento, tan de difícil cumplimiento, como la primera. Porque, naturalmente, a estas alturas de la fiesta, traer una proposición de ley a este Parlamento es condenarla a su no aprobación, salvo que se hiciera de manera inmediata y se habilitase todo el mes de enero; cosa que yo espero que se haga para la tramitación de los Presupuestos, esa que nos ha prometido nuevamente el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Unas promesas tan falsas como otra cualquiera.

Por eso, yo votaré a favor de su intención, sabiendo que es de imposible cumplimiento. Tan de imposible cumplimiento, ¿verdad?, o más, incluso, que el referéndum de León.

Muchas gracias, señor Igea. Continuamos con este turno de intervenciones. Ahora sí, le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, doña Leila Vanessa García Macarrón, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. En relación con la presente iniciativa, es evidente lo que está sucediendo de trasfondo: la omisión sistemáticamente negligente de la Junta de Castilla y León ante un problema que exige actuar.

Como ya señala la exposición de motivos, estamos ante una carencia que no es descubierta aquí por primera vez, sino que hay reiteraciones de advertencias que han sido lanzadas desde instituciones locales, colectivos y medios de comunicación. De modo que se tenga que urgir lo que ya exige la sociedad es prueba de que la Junta prefiere el eco cómodo del discurso a aquella acción que debería llevar a cabo.

La actual Ley 7/2005, de la Función Pública de Castilla y León, está desfasada, superada por la legislación estatal y absolutamente incapaz de responder a desafíos tan elementales como la digitalización, la evaluación del desempeño, el relevo generacional o la igualdad efectiva, como bien apunta la exposición de motivos. Lo han dicho también los sindicatos, lo han dicho los colectivos profesionales y lo sabemos todos en esta Comisión: llevamos años retrasando lo inevitable.

Y conviene recordar que la propia Junta elaboró hace tiempo un borrador de anteproyecto de ley. ¿Dónde está? Seguramente guardado en un cajón o acumulando polvo, como tantas promesas que nunca se convierten en realidades.

Este bloqueo no es neutro, está generando desmotivación entre los empleados públicos, incertidumbre sobre su futuro y un retraso intolerable en la modernización de servicios que son esenciales para la ciudadanía. Porque, cuando no se regula adecuadamente la carrera profesional, se frustra a quienes sostienen cada día la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales. Y, cuando se frustra a quienes sostienen lo común, el estado de bienestar se tambalea.

Apoyaremos esta propuesta porque consideramos que supone reconocer que los empleados públicos no son un gasto, sino una inversión; que no se puede seguir parcheando con medidas improvisadas lo que requiere una reforma estructural; que Castilla y León necesita una Administración capaz de atraer el talento, de retenerlo, de ofrecer estabilidad y motivación a esos empleados. Y en esto no podemos permanecer callados. Gracias.

Muchas gracias, señora García. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, a doña Rebeca Arroyo Otero, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, se solicita en la iniciativa presentada lo siguiente:

Impulsar la tramitación urgente de una nueva ley de la Función Pública. También se establece que garantizar un proceso participativo y dialogado en el que se escuche y se dé voz a los representantes de los trabajadores y trabajadoras públicos, así como a otros colectivos profesionales.

El Partido Socialista afirma que la Ley 7/2005 está desfasada respecto al marco estatal, alega que existe un borrador de anteproyecto paralizado por la Junta y reclama la tramitación urgente y proceso participativo con sindicatos y colectivos.

Pues bien, el Partido Socialista pretende precipitar una reforma bajo tutela sindical, con riesgo de clientelismo y debilitamiento de los principios de mérito, capacidad, neutralidad y austeridad.

Vox apuesta por una modernización seria y meditada de la Función Pública, garantizando disciplina, control del gasto, digitalización útil y cohesión territorial, no por atajos urgentes al servicio de la agenda socialista.

Nos encontramos con el sindicalismo privilegiado. El texto pretende blindar el papel de sindicatos como actores centrales de la norma. Vox defiende escuchar a empleados, usuarios y entidades locales, pero sin dar poder de veto a los sindicatos de clase, tan hermanados con el Partido Socialista.

En Vox apostamos por el mérito y la capacidad, oposición exigente, tribunales independientes, procedimientos transparentes; en definitiva, el fin del enchufismo. Queremos una evaluación del desempeño real, a través de una productividad vinculada a resultados, no a la antigüedad. Creemos en la disciplina y ejemplaridad; reforzar el régimen disciplinario de incompatibilidades y también la transparencia. Defendemos la austeridad y la estabilidad presupuestaria; no se necesitan nuevas capas burocráticas, sino más eficacia en los servicios básicos. Queremos una digitalización eficaz, reducción de trámites y tiempos de espera, interoperabilidad y expediente electrónico. Apostamos por el compromiso territorial, estableciéndose incentivos para asegurar servicios en el medio rural frente al abandono de la España vaciada.

Sin más, una vez expresada nuestra opinión, solicitamos al Partido Socialista la votación por separado de los dos puntos. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Arroyo. Continuamos con el turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Popular, doña Elena Rincón Iglesias, le recuerdo también que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde este grupo queremos manifestar que compartimos ese objetivo: coincidimos en que la Función Pública es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar, y que la actualidad... y que la actual normativa debe actualizarse. Es una normativa que debe actualizarse adecuándola al Estatuto Básico del Empleo Público y a las necesidades actuales de nuestra Administración. Y precisamente por eso la Junta de Castilla y León ya está trabajando en esa dirección.

Como saben, señorías, el... el anteproyecto de la nueva ley de Función Pública autonómica está en tramitación. Ya ha pasado por numerosos pasos: consulta pública previa, trámite de audiencia, información pública, participación ciudadana y comunicación a más de 30 organizaciones sindicales, colegios profesionales y asociaciones.

Miren, hasta la fecha se han recibido más de 160 aportaciones, que se están analizando y estudiando con rigor. Porque la Junta de Castilla y León lo que tiene claro es que no se trata de aprobar cualquier texto, sino el mejor texto posible, fruto del diálogo, fruto de la participación y, como enuncia esta proposición no de ley, fruto de una... un consenso con todos los participantes.

El compromiso es claro: remitir este proyecto de ley a las Cortes para su aprobación. Y, mientras tanto, en esta legislatura ya se han dado pasos muy relevantes para mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados públicos. Les queremos recordar algunos: la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos; la aprobación del convenio colectivo del personal laboral con vigencia hasta el dos mil veinticinco; la convocatoria de todos los procesos selectivos pendientes, incluidas las ofertas de empleo del veintiuno al veinticuatro, y la finalización de 184 proyectos de estabilización en la aplicación de la ley estatal de dos mil veintiuno; la población... la... -perdón- la aprobación de las RPT, que han supuesto la mejora retributiva de más de 10.700 puestos de trabajo, la mayoría de los niveles inferiores a aquellos que más les hacía falta; el impulso de la carrera profesional horizontal, cumpliendo el acuerdo firmado con los sindicatos.

También se ha modificado el decreto de indemnizaciones por razón de servicio. En el año dos mil veintitrés se han incrementado los importes referentes a la indemnización que perciben los empleados públicos en Castilla y León, por ejemplo, por el gasto del viaje en su vehículo particular en comisión de servicio. Y se han suscrito convenios con las universidades públicas para promocionar el acceso al empleo público, incentivar y atraer el talento de nuevos graduados universitarios, y, con ello, ir mejorando también paulatinamente esa solución al problema de relevo generacional.

Además, les informamos de que están en tramitación nuevas formas que modernizarán nuestra Función Pública: un nuevo decreto de selección de personal interino y temporal mediante bolsas de empleo, un nuevo decreto de teletrabajo y la regulación del certificado en competencias digitales para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y se está elaborando el segundo plan de igualdad para los empleados públicos de esta Comunidad.

Señorías, como ven, la Junta de Castilla y León está cumpliendo su palabra: estamos modernizando la Función Pública, estamos mejorando las condiciones laborales y estamos dando pasos firmes para aprobar una... una nueva ley que garantice la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y unos servicios públicos de calidad.

Y por todo ello, por todo lo expuesto, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley que se presenta hoy, porque, como les hemos dicho al principio de esta intervención, es un objetivo compartido. Y porque lo importante es dar respuesta a lo que necesitan los ciudadanos y a lo que merecen los empleados públicos de Castilla y León, que es una Administración moderna, una Administración eficaz y una Administración que esté a la altura de nuestros tiempos. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Rincón. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la procuradora doña Yolanda Sacristán Rodríguez, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues, por supuesto, agradecer a quienes han entendido que esta ley de Función Pública, nueva ley de Función Pública, es más que necesaria pues para modernizar la Administración, puesto que la que tenemos, la que rige ahora la Función Pública, es de... tiene 20 años ya, una norma más que obsoleta.

Señor Igea, me planteaba varias cuestiones. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted que, efectivamente, se deben de dar las garantías suficientes para que se cumplan los principios rectores; pero es verdad que también es necesario actualizar esa ley de Función Pública, que no solamente la pide el Partido Socialista, sino también todas las organizaciones sindicales, sus representantes sindicales, que son los que están a pie de calle, en los centros de trabajo, etcétera, etcétera.

Y quería además hacerle una... un matiz a lo que me ha dicho sobre el tema del personal estatutario: de acuerdo que el personal estatutario no son funcionarios, pero sí son un tipo de empleados públicos. Yo en todo momento me refiero a empleados y empleadas públicas; nunca hablo solo de funcionarios, hablo de empleados públicos. Que, efectivamente, rigen... se rigen por su propia norma, como es el estatuto... el Estatuto Marco. Pero, bueno, en general estoy de acuerdo con usted con todas las aportaciones que nos ha... que nos ha hecho.

Con respecto... con respecto a Vox, bueno, por supuesto, bajo ningún concepto vamos a aceptar la votación por separado. Hablaba usted... hablaba usted de que nosotros estamos pidiendo una nueva ley que esté tutelada por los sindicatos. Se equivoca totalmente: lo que nosotros pedimos es una ley que esté negociada con los sindicatos.

Creo que desconoce usted que ya hay un borrador, un anteproyecto de ley, que se pasó a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, pero que no se han vuelto a reunir con ellos desde el año dos mil veintitrés. Llevan más de dos años y medio sin saber absolutamente nada de esta nueva ley de Función Pública.

Pero, bueno, yo su discurso, pues, fíjese, a mí me suena más a lo de siempre: menos servicios públicos, menos empleados públicos, y todo siempre en beneficio... en beneficio de las empresas privadas. Porque, para Vox, el business es el business siempre, y siempre en contra de los servicios públicos.

Y, miren, con respecto a... con respecto a la señora Rincón, que me ha dicho muchas cosas, pero la verdad es que... es que, bueno, yo no sé si está usted al tanto de tantos años como llevamos reclamando esa nueva ley de Función Pública.

Fíjense, lleva gobernando el Partido Popular prácticamente 40 años en esta Comunidad, ha gobernado con mayoría absoluta, en coalición, en minoría, ¿y qué es lo que ha hecho con respecto a la ley de Función Pública? Nada. Es una petición de hace ya muchísimos años.

Fíjense, que conviene recordar lo siguiente: en el año dos mil siete ya anunciaba el Partido Popular una... una inminente modernización de la Ley de Función Pública; en dos mil diez, la Junta habló de un borrador avanzado en la nueva ley; en el año dos mil dieciséis, el propio consejero de la Presidencia reiteraba que se... que se aprobaría antes de final de legislatura una nueva ley de Función Pública; en dos mil veinte, otra vez se volvió a prometer como prioridad absoluta; en dos mil veintidós se presenta un anteproyecto de ley del que no se ha vuelto a saber nada, del que estamos hablando, que estará en algún cajón. Y en el año dos mil cinco, ¿qué es lo que sabemos? Nada, cero, palabras huecas, humo, propaganda.

El PP de Castilla y León ha hecho siempre lo mismo: anunciar, retrasar y olvidar. Y con la ley de Función Pública es lo que ha hecho. Y esto es así. ¿De verdad creen, señorías del Partido Popular, que podemos seguir teniendo una... una ley del año... de... -perdón- del siglo dos mil veinte en pleno siglo veintiuno? Lo que necesitamos en estos momentos es una ley que recoja la digitalización, la transparencia, la igualdad, la carrera profesional, la conciliación, la estabilización de personal. Todo eso, todo eso, señora Rincón, está fuera de la ley vigente, una ley de hace 20 años, nada más y nada menos.

Me ha dicho muchas cosas, señora Rincón, que me gustaría contestar. Que me... me decía usted que, bueno, que lleva en trámite... que está en trámite público y que se han recogido todas las digamos iniciativas por parte de... también de los sindicatos. Le estoy diciendo que no se han reunido con ellos desde el año dos mil veintitrés. (Señora Rincón, le estoy hablando). Le estoy diciendo -le repito- que no se han reunido con los sindicatos desde el año dos mil veintitrés. ¿Esa es la manera? ¿Esa es la manera de recoger sus iniciativas, sus propuestas? A mí me parece que eso está fuera de lugar y es tener un desconocimiento absoluto de lo que está pasando.

Ha aprovechado... ha aprovechado para vendernos las mejoras de la Junta, que ha aportado la Junta de Castilla y León en materia de Función Pública. Fíjese, supongo que no estuvo atenta en mi primera intervención, pero me ha recordado como primer punto la implantación de la jornada laboral de 35 horas, tan reclamada por todos y todas las empleadas públicas. Anda que no hemos peleado nosotros por que eso se volviera... se devolviera esa jornada laboral que se acordó, que se prometió a los representantes sindicales, un acuerdo que se pasaron por el arco del triunfo desde el primer momento. Les digo que si no hubiera sido... es que en esta Cámara... Además, creo que no ha habido ni un solo procurador socialista desde la legislatura del diecinueve que no haya recordado ese... ese incumplimiento del acuerdo que se tomó con los... con los representantes sindicales. Pero es que, fíjese, ¿cuándo se vuelve a implantar esa jornada laboral de 35 horas? ¿Cuándo? Cuando sale un decreto del Gobierno de este país en el que se eliminan todas las limitaciones y trabas para que se vuelva a implantar esa jornada laboral de 35 horas. Oiga, entérese.

Exactamente igual hablamos de los importes... la actualización de los importes de los gastos de desplazamiento, que también me ha recordado usted.

Luego me habla de la aprobación de un convenio colectivo; claro que sí, del personal laboral. Pero, oiga, señora Rincón, después de 20 años, después de 20 años, y en cuyo... y en cuyo convenio no se está dando cumplimiento a los acuerdos que se tomaron, como, por ejemplo, la reclasificación del Grupo B, y la... que se prometió que se iba a hacer antes del treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro, y ahí seguimos, esperando.

Hablaba usted también de la convocatoria de los procesos selectivos. Yo, de verdad, es que esto me parece un chiste malo; es que hay un montón de convocatorias pendientes, y algunas del año dos mil diecisiete. Proceso de estabilización: la chapuza general que se ha hecho con ese proceso de estabilización, donde se han sacado cuatro plazas contadas y, además -lo he dicho en mi primera intervención-, que está judicializado. Las RPT. ¡Hombre!, las RPT. Que vengan ustedes aquí a presumir de relación de puestos de trabajo, cuando lo que han hecho ha sido, gracias a esas RPT, cargarse 3.311 puestos de trabajo de funcionarios. Pues, hombre, a mí me daría un poco de vergüenza hacer ese tipo de... ese tipo de aseveraciones.

Le digo también que tienen pendiente los concursos de traslados -que, de hecho, se ha... se ha olvidado usted-, que deberían de convocarse uno por año, y desde el año dos mil cinco no se han vuelto a convocar más que tres, solamente tres.

Le podría hablar también -que esto sí que ha sido curioso- de las bolsas de empleo que no se actualizan. Fíjense que han traído ustedes aquí, a esta Comisión, una iniciativa hace escasos meses para que se modifique el Decreto 21/2018, de veintiséis de julio, para modificar esas bolsas de empleo que están caducadas. Bueno, pues lo han traído, se aprobó por parte de yo creo que la gran mayoría de... de los grupos aquí presentes, pero ahí está, las bolsas sin actualizar. Y si están... se siguen tirando de bolsas del año dos mil dieciocho; bolsas que están caducadas y que no tienen ya personal. Entonces, dígame usted de qué sacan pecho, porque es que esto es, de verdad se lo digo... se lo digo... se lo digo muy en serio, a mí me parece... de verdad que me parece todo un chiste malo.

Porque es que... de verdad, es que los empleados públicos llevan muchísimo tiempo esperando por una nueva ley de Función Pública que garantice una carrera profesional real; que garantice la Administración digital, una igualdad y una conciliación; que premie el mérito, el esfuerzo y la formación; y que acabe de una santa vez con la precariedad en el empleo.

Pero, miren, ustedes van a aprobar hoy esta ley. Espero que no la guarden en el cajón. Ahí estaremos vigilantes y estaremos exigiendo su cumplimiento. Por supuesto, nosotros no vamos a agradecérselo, algo que tienen que haber cumplido desde... desde mínimo por lo menos el año dos mil diecinueve. Así que yo espero, espero, que más pronto que tarde eso se lleve a efecto; hablen con los sindicatos, reúnanse con ellos.

Y aquí, señoría, se lo voy a dejar muy claro: vamos a estar enfrente si ustedes no van a cumplir con esta iniciativa que hoy hemos traído aquí. Porque la Función Pública -y se lo digo de verdad- no puede esperar más; porque esta tierra no puede seguir siendo rehén de la inercia con la que está trabajando el señor Mañueco. Y el Partido Socialista, en ese sentido, no va a dar ni un paso atrás, se lo garantizo. Nada más y muchas gracias.

Votación PNL/001508

Muchas gracias, señora Sacristán. Concluido el debate, procedemos a la votación. Voto por separado de los puntos (lo ha aceptado la ponente). ¿Votos a favor del primer apartado? Unanimidad de todos. Dieciocho votos. ¿Votos a favor del segundo apartado? Quince. [Murmullos]. Sí, sí. Pues, escucha, perdóneme, pero... Mire, además lo he consultado, porque habíamos entendido los tres que sí; por eso lo habíamos votado. [Murmullos]. No, no. Vale, vale, de acuerdo. Pues ha sido un error nuestro; pues entonces perdón.

Anulamos la votación efectuada y hacemos la votación única del apartado de la PNL presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Quince. ¿Votos en contra? Tres. Abstenciones: ninguna. Por tanto, dieciocho votos emitidos. Quince a favor. Queda aprobada la proposición no de ley.

Y, con esta votación, levantamos la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las doce horas treinta y cinco minutos].