Señorías, buenos días. Comienza la sesión. ¿Algún grupo quiere comunicar alguna sustitución? UPL-Soria ¡Ya!

Gracias, presidente. Vanessa García sustituye a José Ángel Ceña.

Muchas gracias. ¿Algún grupo más? Grupo Popular.

Buenos días. David Beltrán sustituye a Mercedes Cófreces.

Muchas gracias. Damos la bienvenida al señor director de la Administración Local, don Emilio Arroita García, por su presencia hoy en esta Comisión. Agradecerle, como siempre, la disponibilidad que tienen para acudir a resolver las preguntas y las cuestiones que se plantean en esta Casa, y vamos a leer, señora vicepresidenta, el punto del orden del día.

POC/000531

Primer punto del orden del día: Pregunta para su respuesta oral POC 532, formulada a la Junta de Castilla y León por los procuradores don Miguel García Nieto, don Raúl Hernández López, doña María de las Mercedes Cófreces Martín, doña Elena Rincón Iglesias, doña María del Carmen Sánchez Bellota y don José María Sánchez Martín y don Pablo Trillo-Figueroa Martínez-Conde, relativa a la valoración de la primera bolsa de interinos convocada en el año dos mil veintitrés por la Consejería de la Presidencia, y en qué términos se ha convocado la bolsa para el año dos mil veinticinco, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, con el número 475, de veintitrés de octubre.

Sí. Señorías, hay un problema con el orden del día que nos han facilitado, y la pregunta era la número 531. Entonces, pasamos a leer... (Sí; no, no, en el esquema que nos han pasado. Sí, sí, sí, sí. No. Es la número quinientos... me pongo las gafas de ver, perdón, 531. Sí). Disculpen, es que nos... en el guion que nos han pasado... nos han pasado el guion del... si recuerdan, la primera convocatoria que recibieron ustedes, que luego fue modificada automáticamente, y ya se le mandó corregido perfectamente el orden de la pregunta. Es la número 531. Solo eso -perdón-.

Disculpe...

Continuamos con la Comisión una vez aclarado la duda que teníamos, ¿de acuerdo? Leemos la pregunta que corresponde al primer punto del orden del día.

¿Conoce esta situación la Consejería de Presidencia? ¿Qué actuaciones ha realizado la Consejería de la Presidencia para solucionar estos problemas de cobertura?

Ahora sí. Muchas gracias. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra, en nombre de los proponentes, don Miguel Ángel García Nieto, en nombre del Grupo Popular, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señor director, bienvenido y gracias por estar aquí. Además también quiero aprovechar la ocasión para agradecerle la disposición que tiene siempre para atender a todos los que requerimos información, que son muchos, porque, evidentemente, su parcela de actividad requiere estar atendiendo a todos los alcaldes y concejales de la Comunidad.

Señor director, hemos seguido con interés las noticias que aparecen en los medios de comunicación en las que la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo asegura que el nombramiento del interventor municipal se está demorando sin justificación. Y desde este grupo parlamentario tenemos mucho interés en conocer las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para colaborar en este asunto con el ayuntamiento.

Nos hemos enterado que, debido a la falta de habilitados nacionales en los puestos de secretaría e intervención -siempre según declaraciones de su alcaldesa-, el ayuntamiento tiene problemas serios de gestión. Sucede, además, que todo este proceso... en todo este proceso, el pasado mes de julio, la concejala del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos, doña Laura Fernández Bermejo, presenta un escrito ante la Viceconsejería de Relaciones Institucionales y Administración de la Junta -leo textualmente-: acusando de posibles irregularidades en el proceso de selección del interventor interino del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Y, por último, nos ha preocupado más, y nos ha indignado, el comportamiento de la señora alcaldesa que ha tenido con el grupo municipal del Partido Popular, cuando nuestra portavoz pidió en el Pleno, y también por escrito, que el ayuntamiento acatase el requerimiento que le ha hecho la Junta de Castilla y León y realizase el proceso de selección de acuerdo a las normas establecidas por la propia Junta. Ante esta petición, la señora alcaldesa no tuvo mejor ocurrencia que expulsar a la portavoz del Grupo Popular, lo que provocó que todo el grupo municipal abandonara el Pleno.

Señor director, no es casualidad que estas cosas pasen en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, pues ya en la corporación anterior, presidida por una alcaldesa socialista, en dos mil veintidós, el portavoz municipal manifestó que el ayuntamiento estaba paralizado por falta de habilitados nacionales y por las bajas de los técnicos de administración general del propio ayuntamiento. Y pedía a la Junta que le solucionase el problema. Y, por cierto, también le pidió ayuda al Ayuntamiento de León -del mismo signo político que el suyo- en lugar de ponerse manos a la obra y solucionarlo ellos mismos, a lo que el alcalde de León le contestó -también leo textualmente-: bastantes problemas tengo yo en mi ayuntamiento como para ocuparme de los de otros.

Pero vamos a los hechos del Gobierno municipal actual. En el año dos mil veintitrés, nada más tomar posesión, el actual Equipo de Gobierno de la UPL también denuncia que el ayuntamiento está paralizado por no tener secretaria, y le reclama a la Junta que acepte el nombramiento ilegal que pretenden hacer, y elevan una denuncia al Procurador del Común. Este, una vez que obtiene la respuesta pertinente de la Junta, decide archivar el expediente.

Esta situación se solventa nombrando un secretario a través de la bolsa de interinos de la Junta de Castilla y León, de acuerdo a la normativa vigente, desde luego no exento de las consiguientes críticas e improperios contra la Junta.

Esta situación, además de la denuncia del Procurador del Común, provocó una pregunta por parte de la procuradora de UPL en estas Cortes al consejero de Presidencia, cuya respuesta fue que la Junta lo que no iba a hacer, por mucho que se empeñe la alcaldesa, es conculcar la legalidad vigente. Qué casualidad, que cada vez que surge un problema de esta índole en este ayuntamiento, el comportamiento y la respuesta es la misma: acusar a la Junta de todos sus males en lugar de asumir sus responsabilidades y hacer las cosas bien.

En octubre del veinticuatro se vuelve a repetir la cuestión. Vuelve a surgir otro problema. En este caso, el interventor, a través del concurso unitario que promueve el Estado -no la Junta, el Estado-, solicita y se le concede la plaza de viceinterventor del Ayuntamiento de León. Por lo tanto, provoca la vacante en el Ayuntamiento de San Andrés, y, en ese mismo mes, inician un proceso de concurso para cubrir el puesto de manera interina.

Pues fíjese las prisas que tenían y la ineptitud que demuestran, que hasta julio de este año dos mil veinticinco no concluyen el concurso, porque en la mitad del proceso se dan cuenta que había un error en las bases de convocatoria. Una vez concluido el expediente, lo envían a la Junta para el nombramiento, y, qué casualidad, que se comprueba que la composición del tribunal de selección no cumple con la normativa actual que establece la Junta, y ni siquiera cumple con las bases aprobadas por el propio ayuntamiento; y eso que estaban advertidos desde mayo.

Yo me pregunto que si cabe mayor ineptitud o se trata de buscar el enfrentamiento político. [Murmullos].

Señor Igea, señor Igea, no tiene usted el turno de palabra, por tanto respete las intervenciones y las normas del Reglamento. Señor Francisco Igea, le llamo al orden por primera vez. No tiene el turno de intervención. Está formulando la pregunta, ustedes tendrán todos los recursos que tengan a lo largo de... [Murmullos]. Señor Francisco Igea Arisqueta, le llamo al orden por segunda vez. Le recuerdo que a la próxima vez que le llame al orden tendrá que abandonar la sala. Por favor, respeten el turno de intervenciones. Cada uno argumenta lo que estima oportuno, y es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Continúe, por favor.

Señor director, ya ve usted que aquí lo que no nos gusta oír resulta que... que molesta, que molesta. En fin. Pues bien. Continúo.

En lugar de corregir y hacer las cosas bien, la alcaldesa, siguiendo el mismo guion que en dos mil veintitrés, comienza a enviar escritos denunciando que la Junta estaba bloqueando la labor del ayuntamiento, y a hacer declaraciones a las que hice referencia antes. La Junta de Castilla y León ha requerido al ayuntamiento que corrija los defectos del procedimiento; y la alcaldesa contesta que el ayuntamiento ha hecho bien el proceso, y que, por tanto, no acata el requerimiento de la Junta, lo que ha derivado en un contencioso-administrativo de la Junta contra el ayuntamiento basado en el control de legalidad.

Señor director -como usted bien conoce-, he sido alcalde muchos años, y me sorprende mucho esta manera de proceder de una corporación que representa a sus vecinos y, en lugar de ponerse a trabajar para solucionar sus problemas, recurre a la confrontación política para justificar su inoperancia. Es curioso que siempre que tienen problemas, en lugar de buscar soluciones con sus propios medios, acudan a la Junta pidiendo auxilio, y encima lo hagan faltando y culpando a los demás de su incompetencia.

En base a todo estos... a todos estos acontecimientos que le acabo de relatar, señor director, le pregunto: ¿la Junta ha bloqueado en algún momento la labor del ayuntamiento?; ¿cómo se solucionó el problema de la falta del secretario municipal?; y, por último, ¿ha contado con interventor el ayuntamiento desde octubre del veinticuatro y en lo que va de año del dos mil veinticinco? Lo digo porque de otra cosa que acusan a la Junta, que he visto últimamente en los medios de comunicación, es de que no han podido pagar las nóminas por falta del interventor. Gracias.

Muchas gracias, señor García. Para contestar a la pregunta que le han planteado, tiene la palabra el señor director general don Emilio Arroita García, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, señor presidente. Señores procuradores, señor portavoz que realiza la pregunta. Intentaré responder a las cuestiones referidas, con más detalle en el proceso de selección de interventor, que es en el que en estos momentos se está pendiente. Permítame que... que les diga que la importancia de esta respuesta no es tanto la crítica a la actitud del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés, que la verdad, que en principio podía ser sencilla, sino dejar meridianamente claro que la labor que desde la Dirección de Administración Local hemos llevado a cabo en todos los procesos aquí referidos ha sido la correcta, principalmente la realizada por las... las personas que desempeñan su labor en este centro directivo.

No me equivoco al decir que este ayuntamiento ha sido uno de los que más atención ha recibido por parte de los técnicos: decenas de correos recibidos y respondidos, innumerables llamadas telefónicas atendidas y una más que demostrada lealtad institucional que no concuerdan de ninguna forma con las críticas vertidas por nuestra labor y que provocan su pregunta.

En cuanto al puesto de secretaría, que es el primero al que hace usted referencia, el Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo para el desempeño de la función pública de secretaría cuenta con dos puestos reservados: un puesto de secretaría, clase primera, que desempeñaba mediante nombramiento definitivo un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional; y un puesto de colaboración de... de la función de secretaría, denominado vicesecretaría, clase primera, que se encontraba vacante en el año dos mil veintitrés.

En ese año dos mil veintitrés, en agosto, dada la incapacidad laboral del funcionario que realizaba las labores de secretaría y ante la vacante también -y es un dato importante- del puesto de colaboración, se nombró, a petición del ayuntamiento, un puesto para el puesto de secretaría, clase primera, por períodos inferiores a un mes, a un funcionario de carrera del ayuntamiento, perteneciente al grupo A, subgrupo A2. En septiembre del veintitrés, se vuelve a solicitar el nombramiento accidental de este funcionario para el desempeño de puesto de secretaría, clase primera; en esta ocasión, por períodos superiores a un mes. Incluso... esta solicitud se hace incluso después de haber sido informada la señora alcaldesa que la legislación vigente no lo permite al existir en su ayuntamiento funcionarios del subgrupo A1 y, que, por lo tanto, debería proponer a alguno de los mismos.

Por lo tanto, por Resolución de once de octubre del veintitrés, se desestima la solicitud formulada por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, dado que el funcionario propuesto no pertenece a este subgrupo A1, tal y como se... se determina en el Artículo 52.1 del Real Decreto 128/2018, de dieciséis de marzo, que es el que regula toda la vida de los... de los secretarios de ayuntamiento. Contra esta resolución denegatoria, se formula recurso de reposición por parte del ayuntamiento. Y con fecha veinticinco de octubre y treinta de octubre, hay dos escritos, a su vez, del Ayuntamiento San Andrés del Rabanedo, en los que se reitera la petición de este nombramiento.

La verdad es que sorprendía en ese momento -ahora ya no tanto-, por... por tanto, que, después de las conversaciones mantenidas, las informaciones remitidas y las propuestas ajustadas a la legalidad que se le realizaron, solicitaran algo que sabían que iba a ser rechazado por no ser legal. Sorprendía, igualmente, que se manifestase verbalmente y por escrito que en el ayuntamiento no existía ningún funcionario perteneciente al subgrupo A1 disponible para después manifestar que había 3; o defender que, según la ley, no se les podía atribuir determinadas funciones y que hubieran solucionado el problema del que estamos hablando a manifestar posteriormente que no se tomaba esa decisión legal debido a que la señora alcaldesa podría recibir una denuncia por acoso laboral.

Aunque pueda parecer anecdótico el hecho casi constante de que los funcionarios del subgrupo A1 no acepten los nombramientos accidentales propuestos por el Equipo de Gobierno, es algo que, sin ninguna duda, está lastrando la labor municipal y que da que pensar. Esto pasaba en el año dos mil veintidós, pasó en el año dos mil veintitrés y está pasando en los años veinticuatro y parte del veinticinco. A mayores, sigue sorprendiendo que ahora mismo no se haya cubierto la plaza vacante de la secretaría municipal, tal y como se les informó y aconsejó.

Pues bien, en ese momento en el que se... se desestima la petición por parte del ayuntamiento, surgen todo tipo de actuaciones contra la... acusaciones contra la labor de la Junta; incluso se presentó una queja ante el Procurador del Común, se realizó -como bien usted ha comentado- una pregunta en Cortes sobre este tema y se inició por su parte una frenesí epistolar solicitando lo que eran conscientes que no se podía realizar. Esta... esta situación se solucionó el diez del nueve del veinticuatro tras acudir a la bolsa de trabajo autonómica para la provisión de puestos reservados, a través de la cual se nombra y toma posesión un funcionario interino por un plazo de tres años.

Cuestiones estas que quería poner de manifiesto para que las tengan ustedes en cuenta por su casi total mimetismo en relación al fallido proceso de nombramiento de interventor interino, del que les voy a hablar ahora, y al relatado por el portavoz del Partido Popular, acaecido en el año veintidós.

En relación a este tema, la... en cuanto a la intervención, a través de Providencia de Alcaldía, de fecha veinticuatro de octubre del veinticuatro, el Ayuntamiento San Andrés, considerando que estaba vacante el puesto de intervención, clase primera, así como la imposibilidad de su cobertura mediante funcionario de Administración local, dispone la elaboración de las bases por las que se regirá el proceso de selección de funcionario interino para el... para el desempeño del citado puesto. Estas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el veintiuno de enero del dos mil veinticinco. Se publicaron en el BOP y, advertido error en la base sexta, relativa al desarrollo del concurso-oposición, se rectifica publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de León el siete de marzo del año veinticinco.

Una vez tramitado el procedimiento selectivo por el Ayuntamiento de San Andrés, se remite a este centro directivo propuesta de nombramiento de funcionario interino para el citado puesto. Comprobado que el expediente enviado no estaba completo, con fecha de diecisiete de julio se requiere la remisión del expediente completo. El veintiocho de julio tiene entrada esa documentación, de la que se desprende que se ha producido una infracción del ordenamiento jurídico, por el que se dictó la Orden de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco. A través de esa Orden que hemos dictado, se le requiere a la señora alcaldesa para que anule el decreto de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, en el que se designaba al tribunal calificador para la cobertura interina del puesto de interventor. Una vez notificada la Orden, se observó que había un error, que se subsana y se da traslado de una nueva notificación, computando los plazos desde su recepción.

La citada Orden, que se dicta desde la Consejería de la Presidencia, desde Dirección de Administración Local, se basa en el incumplimiento del Decreto 36/2022, de veintiséis de septiembre, por el que se regulan los procedimientos de selección y nombramiento de los funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados al funcionario de Administración local y también las bolsas de provisión interina de dichos puestos. En concreto, es... la infracción está en el Artículo 14.3, que establece que el tribunal no podrá estar formado mayoritariamente por funcionarios de Administración local con... con habilitación de carácter nacional en servicio activo en esta habilitación. Y, a mayores, las propias bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento, respecto al tribunal de selección, establecen en su base quinta sustancialmente lo mismo.

Por lo tanto, los titulares... los titulares del tribunal de selección deben cumplir los requisitos exigidos en la normativa aplicable, puesto que son estos los que deben... los que deben conformar el mismo, salvo en los supuestos indicados que se justifiquen la sustitución por los suplentes. Y está suficientemente acreditado que la composición del tribunal no era la correcta, dado que, de los cinco titulares del mismo, cuatro eran funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional en activo, por lo que se superaba el requisito establecido legalmente.

También hay que destacar que, en cumplimiento del decreto del ayuntamiento, de veintiuno de mayo de veinticinco, y tal y como consta en las actas remitidas, el tribunal que se constituye y actúa en todo el proceso selectivo es el formado por cinco miembros, de los cuales cuatro son funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional en servicio activo y solo uno no lo es, por lo que claramente el tribunal actuante incurrió en una infracción del ordenamiento jurídico.

Destaco, en cuestión, que ..... el procedimiento tenía conocimiento la señora alcaldesa cuando aún no se había concluido el procedimiento. Y, además, aparece reflejada en las actas del propio tribunal, por lo que no se entiende el empecinamiento en no modificar la postura, así como el hecho de escudarse en un error formal, en el contenido de la Orden, que no tenía ninguna afección al resultado final del proceso y que ya había sido contemplado por la Junta.

No se entiende tampoco como, si era algo tan necesario y urgente para la vida municipal, se hayan tardado nueve meses en tramitar la selección de este puesto. Tampoco se entiende por qué no se ha solicitado la inclusión de la cobertura del mencionado puesto a través del concurso ordinario de dos mil veinticinco, cuando el funcionario que lo ocupaba dejó el puesto en noviembre de dos mil veinticuatro.

Desde el ayuntamiento y antes del cese, pidieron un llamamiento por bolsa de interinos, que no aceptó nadie, y se repitió el veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro, aceptando una candidata, que, siendo nombrada, renunció el dos de enero del veinticinco -a los pocos días-, por lo que se decidió por parte del ayuntamiento hacer un procedimiento para solucionar un interventor interino, y en este proceso estamos.

En todo caso, desde la Administración autonómica hemos sido proactivos. Y respondiendo a su pregunta, hemos aplicado todas las... y aplicando las posibilidades que permite la normativa, desde el cese del anterior interventor, en noviembre del veinticuatro, y hasta la suspensión del procedimiento hemos tramitado cuatro nombramientos accidentales a un técnico de administración general del ayuntamiento para que realizase las funciones de intervención en tanto se cubría el puesto. El penúltimo nombramiento a esta persona cesó el siete de... cesó el siete de agosto de dos mil veinticinco por razones que no conocemos.

Y es en este momento, como... cuando, por parte del ayuntamiento, se critica la labor de la Junta de Castilla y León y a través de diferentes medios, incluidos los medios de comunicación, acusándola de no colaborar y obstruir la labor del ayuntamiento, que dio lugar a un nuevo episodio de... de frenesí epistolar y a presentar una nueva queja ante el Procurador del Común, que entendemos quedará en lo mismo que la anterior.

El pasado día cinco de agosto, y sin haber anulado el acuerdo que invalida el procedimiento en cuestión, el ayuntamiento ha solicitado un nuevo nombramiento como interventor accidental del mismo funcionario que hasta el siete de agosto realizó estas funciones y al que ya han cesado dos veces... -la petición fue el cinco de septiembre- y al que ya han cesado dos veces, y el que a día de hoy sigue realizando sus funciones en el ayuntamiento. Por lo tanto, se ha vuelto a nombrar otro funcionario accidental para cubrir la... la plaza de intervención, para que quede cubierta.

Por lo tanto, con estos nombramientos accidentales se han ido cubriendo las necesidades en las funciones de intervención de dicho ayuntamiento, contradiciendo, por lo tanto, las acusaciones realizadas por el ayuntamiento.

En definitiva, que desde la Administración autonómica hemos hecho lo que teníamos que hacer en el expediente de nombramiento de interventor interino: es decir, advertidas irregularidades, dictar una orden requiriendo a la alcaldesa para que anule el decreto de fecha de veintiuno de mayo del veinticinco, por el que se recogía la relación de miembros de... que componía este tribunal calificador; y, por otro lado, dar soluciones que la normativa nos permitía para que el ayuntamiento siguiese funcionando.

Para terminar, dos datos: constan en la Consejería no una, sino dos denuncias por el escrito de una concejala del ayuntamiento denunciando que este proceso se ha llevado a cabo de manera irregular. Y segundo... en segundo lugar, también consta en la Consejería de la Presidencia una petición por escrito del Grupo Popular del Ayuntamiento de... del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y de los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, USO, CSIF y del Sindicato Profesional de la Policía Local, en el que solicitan a la señora alcaldesa que acate el requerimiento realizado por la Junta, adecuando el proceso de selección de interventor a la normativa vigente. A día de hoy, como consecuencia del empecinamiento del Equipo de Gobierno, efectivamente, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el... el mencionado decreto.

En todo caso, desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Presidencia, a pesar de todo, seguiremos intentando aconsejar a este ayuntamiento cuál han ser las mejores opciones a acometer, obviamente, dentro del cumplimiento de la legalidad. Gracias, presidente.

Muchas gracias, señor Arroita. Abrimos un turno de réplica. Ahora tiene la palabra don Miguel Ángel García Nieto, por un tiempo máximo de cinco minutos.

Gracias, señor presidente. Muy rápidamente: mire, señor director, lo primero que quiero es agradecerle las explicaciones tan concisas y tan prolijas, que me aclaran muy bien la situación. Pero me cabe una duda: de su contestación a mis preguntas, he podido entender que la señora alcaldesa ha sido consciente en todo momento, pormenorizadamente, del... del proceso que se ha seguido para la selección de... del interventor. ¿Por qué tiene usted la seguridad de que la alcaldesa es consciente y conoce detalladamente todo el desarrollo del proceso?

Muchas gracias, señor García. En turno de dúplica, tiene la palabra también el señor director general, por un tiempo máximo de cinco minutos.

Gracias, presidente. Portavoz, con la misma brevedad en la que usted me ha hecho el turno de réplica: la señora alcaldesa y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo son conscientes por dos razones:

La primera, porque de todas y cada una de las cuestiones que yo le he referido en este momento, le he informado yo personalmente a ella en conversación telefónica, tanto en el año... en el año veintitrés, en relación al desarrollo del nombramiento de la secretaría, como en el año veinticuatro, en relación con el nombramiento o el proceso de selección del... del interventor interino.

Personalmente, antes de finalizar el proceso y a mitad del proceso -aproximadamente, en el mes de mayo-, yo me puse en contacto con la señora alcaldesa y le dije que estaban tramitando el proceso de forma incorrecta y, por lo tanto, la conclusión iba a ser que no... que no podía ser... no iba a ser aceptado. Y, aun así, se prosiguió con el tema. Exactamente igual ocurrió en el año veintitrés con el nombramiento accidental del secretario por un... por una persona perteneciente al subgrupo A2.

Por lo tanto, tanto por parte de... por mi parte, personalmente, a la alcaldesa, como por parte de los propios técnicos también de la Dirección de Administración Local, se les informó de forma perfectamente concreta y de forma fehaciente.

Muchas gracias, señor Arroita. Finalizado este turno de intervención, despedimos y agradecemos la presencia hoy del director general. Y hacemos un receso de dos minutos para poderle acompañar. Muchas gracias.

[Se suspende momentáneamente la sesión].

Muchas gracias, señorías. Continuamos con la sesión. El señor secretario dará cuenta del segundo punto del orden del día.

PNL/001511

Proposición no de ley 1511, presentada por los Procuradores doña Alicia Gallego González, don José Ramón García Fernández y don Luis Mariano Santos Reyero, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez se dirija al Gobierno de España a fin de que se instale una oficina local de la DGT en la ciudad de Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 445, de catorce de julio de dos mil veinticinco.

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don José Ramón García Fernández, por un tiempo máximo -le recuerdo- de diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. La verdad que la pregunta que he escuchado al inicio de esta Comisión me parece, bueno, injustificada y un ataque a una alcaldesa de la UPL que está haciendo su trabajo. Me parece vergonzoso que en estas Cortes se utilice esta Comisión para atacar a una alcaldesa cuando sabe perfectamente la Junta que ha actuado mal, y así lo dicen todas las informaciones y toda la... y todo lo que ha aparecido; porque el tribunal sí estaba formado perfectamente y sí que tenía derecho el aspirante que aprobó la oposición a ese puesto. Y la Junta, en vez de solucionar el problema, lo fue alargando, lo fue alargando, hasta que los trabajadores del... del propio ayuntamiento empezaron a protestar porque no podían cobrar nóminas y entonces fue cuando la Junta solucionó todo el problema. Que se ataque en estas Cortes a una alcaldesa que lo único que quiere hacer es trabajar por su municipio es que me parece vergonzoso. Y sabe la Junta perfectamente que ha actuado mal. Es más, el que aprobó la oposición va a demandar a la Junta por haberle dejado sin puesto cuanto tenía derecho a ese puesto.

Lo que tenían que haber hecho... lo que tenían que haber hecho era trabajar antes para que esto se solucionara y no tener al tercer municipio de León parado, como lo han tenido durante tanto tiempo. Así que... Y ahora voy a la cuestión que me corresponde. Muchas gracias, presidente.

Hoy traemos desde la Unión del Pueblo Leonés una proposición no de ley que, más allá de una aparente sencillez, representa una reivindicación justa, razonable y urgente para miles de ciudadanos bercianos, cabreireses y lacianiegos que a día de hoy siguen sin poder realizar todos los trámites de tráfico sin recorrer más de un centenar de kilómetros y con el coste que ello conlleva por el transporte, al que tenemos que sumar el vergonzoso coste de peaje, nada más y nada menos que de 6 euros por trayecto, es decir, 12 euros por día, por transitar por una autopista que en su momento tenía que haber sido autovía -esto es gracias al PP-. Es unir provincia, ¿verdad?

Hablamos de una comarca, el Bierzo, con más de 120.000 habitantes, de los cuales más de 63.000 residen en su capital, Ponferrada. A esto le podemos sumar los habitantes de la comarca de la Cabrera baja y de la comarca de la Laciana... de Laciana -perdón-. Ponferrada es una ciudad que, señorías, tiene más población que varias capitales de provincias españolas y de esta Comunidad llamada Castilla y León -como Soria, Ávila, Segovia o Teruel-; y, sin embargo, carece de un servicio tan básico y necesario como una oficina local de Dirección General de Tráfico.

En realidad no es un simple detalle administrativo, es un síntoma claro de desequilibrio territorial que sufrimos en nuestra Comunidad, y, en particular, al territorio leonés, donde los servicios públicos se concentran en las capitales dejando amplias zonas sin una atención adecuada, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias para tareas que se podrían resolver perfectamente a nivel local.

Hoy cualquier vecino del Bierzo que necesite renovar el carnet de conducir, matricular un vehículo, realizar una transferencia o solicitar pruebas de aptitud debe desplazarse hasta León capital, a más de 100 kilómetros; lo que supone un viaje de ida y vuelta de más de 2 horas con los consiguientes costes de tiempo y dinero y contaminación -como ya he dicho-. Y hablamos de gestiones que en pleno siglo XXI podrían resolverse desde una oficina de proximidad, con medios digitales y personal suficiente, tal y como ocurre en otros muchos puntos de país. No estamos pidiendo privilegios, sino igualdad.

La DGT tiene oficinas locales de tráfico en municipios que no son capitales provinciales y que han demostrado su eficacia y su utilidad. Ahí están los ejemplos de Gijón, Vigo, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Alcorcón, Talavera de la Reina, Sabadell, Alcira, La Línea de la Concepción o las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, entre otros. ¿Acaso estos territorios tienen más derecho que el Bierzo a contar con un servicio cercano? ¿Acaso los bercianos, cabreireses y lacianiegos no pagan sus impuestos como los demás ciudadanos del Estado?

Ponferrada cumple con todos los criterios objetivos que justificarían la instalación de una oficina local de la DGT: una población elevada y estable; un parque automovilístico amplio, con decenas de miles de vehículos registrados; una actividad económica y logística importante, con empresas de transporte, minería -por desgracia el carbón no, que nos lo han cerrado, pero sí de la pizarra-; energías renovables; servicios y turismo. Una posición geográfica estratégica en el noroeste de la Comunidad, en la confluencia con Galicia y Asturias, que la convierte en un punto de paso clave en las comunicaciones por carretera, y, si tuviéramos las infraestructuras que nos han prometido desde hace décadas, ni les cuento lo que supondría para todo el noroeste español, incluso el portugués.

Todo ello hace de Ponferrada un lugar idóneo para descentralizar servicios estatales, aliviar la carga de la jefatura provincial de León y mejorar la eficacia de la gestión pública. Pero, además, hay un argumento de fondo: esta propuesta es coherente con el discurso que todos los partidos mantienen -al menos en teoría- sobre la necesidad de luchar contra la despoblación y de favorecer la cohesión social. Y, sin embargo, cuando se trata de ampliar... o de aplicar medidas concretas, de poner en marcha soluciones reales, el equilibrio territorial se convierte en un slogan vacío.

Pues bien, esta proposición no de ley es precisamente lo contrario: una medida práctica, posible y beneficiosa para todos. No requiere una gran inversión, no genera polémica, y sí ofrece un impacto positivo inmediato para miles de ciudadanos. Sería una acción tangible que demuestra que los servicios del Estado también pueden acercarse al territorio leonés, y no solo concentrarse en los grandes núcleos urbanos.

Señorías, desde la Unión del Pueblo Leonés llevamos denunciando el proceso continuo de centralización administrativa que sufre nuestra tierra. Cada vez más servicios se alejan de las comarcas y se concentran en las capitales, especialmente en Valladolid, generando un sentimiento de abandono en territorios como León, Zamora o el Bierzo; y este caso no es una excepción. El hecho de que una comarca de más de 120.000 habitantes -si añadimos también los de Laciana y Cabrera baja- carece una oficina de tráfico... que carezca de una oficina de tráfico es un reflejo de desequilibrio estructural.

Y, si analizamos el contexto económico y social del Bierzo, la necesidad aun es más evidente. El cierre de las minas, las pérdidas de empleo industrial, el envejecimiento poblacional y la emigración juvenil son heridas abiertas. Por eso cualquier nuevo servicio público, por pequeño que parezca, tiene un valor añadido: genera empleo directo, dinamiza la economía local y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones (sobre todo, esto último, confianza en las instituciones, cosa que hace falta ahora más que nunca).

Una oficina local de tráfico no solo serviría para hacer trámites, sería también una señal de presencia institucional, de compromiso y de respeto hacia el Bierzo. Además, desde un punto de vista técnico y operativo, la DGT tiene capacidad más que suficiente para implantar esta oficina sin dificultad. Podría funcionar con una plantilla reducida, incluso compartiendo instalaciones con otras Administraciones, como ocurre en muchas de las oficinas ya existentes en España. El coste sería mínimo, y los beneficios en eficiencia, en comodidad y en equidad territorial serían notables.

Por tanto, si queremos una Castilla y León más equilibrada -a ver si nos acordamos de equilibrio-, debemos entender o empezar a redistribuir los servicios públicos, y hacer, con criterios de justicia y proximidad. No podemos seguir considerando que todo lo que no esté en una capital de provincia sea secundario. Ponferrada no es una ciudad periférica, es el corazón del Bierzo y una de las mayores urbes de toda la Comunidad. Ignorar su peso demográfico y económico es sencillamente un error. Y permítanme también recordar que esta reivindicación no es nueva ni caprichosa, desde hace años distintos colectivos (autoescuelas, asociaciones empresariales y Administraciones locales) han solicitado reiteradamente la instalación de esta oficina de tráfico. Han enviado escritos, han recogido firmas y han pedido al Gobierno central una respuesta. Y, hasta ahora, esa respuesta no ha llegado.

Por eso hoy traemos esta proposición no de ley, para que desde las Cortes de Castilla y León se escuche alto y claro a la voz del Bierzo, y se traslade al Gobierno de España una demanda que solo busca justicia y equilibrio. En la Unión del Pueblo Leonés creemos firmemente que la Administración pública debe estar al servicio de la gente, y no al revés. Cuando un ciudadano debe recorrer más de 100 kilómetros para un simple trámite no estamos cumpliendo con el principio de accesibilidad ni con el de eficiencia. Por tanto, aprobar esta iniciativa sería una manera de acercar la Administración a las personas, de racionalizar los recursos y de dar ejemplo de cómo se construye la cohesión territorial con hechos, no con discursos.

Le pedimos por favor que voten a favor de esta proposición no de ley, porque, con su apoyo, estarán votando a favor de la igualdad de oportunidades entre territorios, de la justicia con el Bierzo y de una Castilla y León más equilibrada y más justa. Están reconociendo que los ciento... ciento veinte mil habitantes del Bierzo junto con los de la Cabrera Baja y los de Laciana, merecen el mismo trato que cualquier otro ciudadano del Estado. Y estarán demostrando que esta Cámara no es indiferente ante las desigualdades internas que siguen marcando nuestra tierra.

En definitiva, es una llamada a la razón, a la equidad y a la sensibilidad territorial. Le pedimos que la apoyen con convicción, porque el Bierzo, la Cabrera y Laciana merecen el respeto que todos consideramos que se merece, pero que en la realidad se queda en teoría y no en práctica; y, además, es una comarca que lleva demasiado tiempo olvidada, y recuerdo que ha aportado mucho económica y energéticamente a este país y a esta Comunidad, porque lo que hoy debatimos no es un papel ni una oficina, es un paso hacia la dignidad institucional del Bierzo y del conjunto de la sociedad. Por eso, la propuesta de resolución es la siguiente:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que instale una Oficina Local de Tráfico de la DGT en la ciudad leonesa de Ponferrada.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señor García. Abrimos ahora un turno para fijación de las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, por un tiempo máximo -le recuerdo- de diez minutos.

Bien, señor García Fernández, permítame una reflexión sobre su intervención desde el principio. Dice nuestro Estatuto en su Artículo 24... refleja cuáles son las 15 atribuciones que tienen las Cortes de Castilla y de León. Ninguna de ellas figura el control a la acción de ningún ayuntamiento. Eso es una función reservada a los Plenos del ayuntamiento. Traer aquí una cuestión de un ayuntamiento sin poder defenderse la alcaldesa ni los miembros de ese ayuntamiento es una franca irregularidad y una acción de una cobardía inusitada. Pero lo que vemos en estas Cortes ya no puede sorprendernos. En muchos años en estas Cortes es la primera vez que veo a un partido político dedicar una sesión de la Comisión a meterse con una alcaldesa con la autorización del presidente, y ante el silencio pasmoso de los miembros de la Comisión, pasmoso. Lo que ha ocurrido hoy es inaceptable, inaceptable, desde el punto de vista democrático. Yo espero que se tome alguna medida a este respecto y yo, desde luego, me dirigiré al presidente de las Cortes y a la Mesa de las Cortes para que tomen en consideración si es posible admitir este tipo de debates en las Comisiones. Es de una cobardía inusitada lo que se ha hecho hoy aquí, de una cobardía inusitada.

Señor Igea, al asunto del orden del día. Gracias.

Inusitada, cobarde y repelente y repugnante, lo que ha hecho usted hoy aquí, señor Nieto. Repugnante.

Y ahora vamos a la cuestión, que es el tráfico y la Dirección General de Tráfico en Ponferrada. Es impagable la acción de la Dirección General de Tráfico. Ordenar el tráfico, como hacer cumplir las leyes en general es una noble tarea para la que algunos no están capacitados al parecer, para la que algunos no están capacitados.

¿Necesita Ponferrada una sede para la Dirección General de Tráfico? Parece bastante evidente la argumentación: población, tamaño... No merece mucha discusión. Espero yo que en este período preelectoral en el cual su provincia se ha convertido en el centro, el eje, de la campaña política, bueno, pues al menos, al menos, les caiga alguna bendición, y esta es una bastante justificada. Porque no solo de discursos vive el hombre, no solo de discursos vive el hombre, vive también de los hechos y de las acciones. Por tanto, contará con nuestro voto favorable, y permítame que demuestre mi solidaridad ante lo repugnante de lo cometido hoy por el Partido Popular y el presidente de esta Comisión.

Señor Igea -le vuelvo a decir-, la próxima vez que le llame al orden se tendrá que... tendrá que abandonar la sala. Entonces, no quería expulsar a nadie por incumplir el Reglamento reiteradamente. Continuamos con el turno de intervenciones. Le corresponde la palabra... [Murmullos]. No tiene el turno de palabra, señor Igea. Señor Igea, no tiene el turno de palabra. Señor Igea, le... Señor Igea, le llamo al orden por tercera vez. Abandone la sala, por favor. [Murmullos]. Señor Igea, le he llamado al orden, le he avisado reiteradamente. Abandone la sala, por favor. Señor Igea, abandone... Señor Igea, abandone la sala, por favor.

Le pido que se asista de letrado...

Señor Igea, que abandone la sala.

... porque he pedido el cumplimiento del Reglamento.

No tiene el turno de intervención. Abandone la sala, por favor.

Le pido que se asista de letrado.

Señor Igea, le pido que abandone la sala.

Y yo le pido...

No tiene el turno de intervención. No tiene el turno de palabra. Abandone la sala, por favor. [Murmullos]. Señor Igea, no vuelvo a decírselo, por favor. Abandone la sala. Señor Igea, no tiene el turno de intervención. Ha sido expulsado de la sala; haga el favor de abandonarla. Señor Igea, que... que haga... usted está expulsado. Ha acabado su turno de intervención. Se le ha advertido y ha vuelto a intervenir sin mi autorización. [Murmullos]. Le estoy diciendo... le estoy diciendo... No señor, usted ha acabado su turno de intervención. Le he vuelto a reiterar que no continuara porque sería expulsado, y usted, fuera de su turno de intervención, habiendo acabado, ha seguido usted hablando sin permiso. Que abandone la sala, por favor. Abandone la sala, por favor. Señor Igea, abandone la sala, por favor. Le pido que abandone la sala, por favor. [Murmullos]. Abandone la sala. Tiene usted los órganos pertinentes para hacer lo que estime oportuno.

Continuamos con el turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, doña Rebeca... -perdón- doña María Luisa Calvo Enríquez, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Señorías, Ponferrada es la capital y principal ciudad de la comarca del Bierzo en la provincia de León y concentra más de un tercio de la población de esta provincia. Sin embargo, carece -como ha dicho el proponente- de una oficina local de la Dirección General de Tráfico, obligando a los bercianos, con una importante población muy dispersa, a desplazarse más de 100 kilómetros hasta la Jefatura Provincial de León para cualquier gestión ordinaria, como la renovación del permiso de conducir, la matriculación o transferencia de vehículos o cualquier gestión de... de autoescuelas.

Estos desplazamientos suponen en ocasiones más de 2 horas de viaje de ida y vuelta, y además de los costes asociados de tiempo, combustible o ausencias laborales, por no hablar del deterioro de las carreteras y la falta de infraestructuras en general, unido al envejecimiento de la población en estas zonas rurales. La instalación de una oficina local de la DGT en Ponferrada responde a criterios de justicia territorial y eficiencia administrativa. Es una medida que mejora la vida cotidiana de los bercianos, refuerza la presencia del Estado en el noroeste de la provincia y apoya el tejido familiar, empresarial y rural de la comarca.

En Vox pensamos que esta situación es inaceptable en pleno siglo XXI, cuando se trata de trámites que afectan a la movilidad, la seguridad vial o la actividad económica, mientras -como ha planteado el proponente- ciudades similares, como Talavera de la Reina o Alcalá de Henares, disponen de oficinas locales.

Ponferrada y toda la zona del Bierzo representa la Castilla y León olvidada por los sucesivos Gobiernos del Estado. Esa España interior que Vox defiende frente al abandono institucional.

Señorías, acercar los servicios públicos es una obligación moral y política, para que vivir en el Bierzo no suponga una desventaja frente a otros territorios. Esta medida no crea estructuras innecesarias, al contrario, acerca a la Administración del Estado al ciudadano. Desde Vox defendemos la descentralización útil, la de servicios, no la de poder político, y abogamos por la presencia real del Estado en el territorio. La apertura de esta oficina en Ponferrada es una forma concreta de garantizar que el Estado no abandona al interior peninsular, mientras sigue financiando redes clientelares en Cataluña o el País Vasco.

El Bierzo cuenta con un número importante de transportistas, autoescuelas, talleres y concesionarios que dependen a diario de los trámites con la Dirección General de Tráfico. Por tanto, es totalmente necesaria esta oficina para favorecer la competitividad y el empleo de la comarca. Tener que recorrer en ocasiones hasta más de 100 kilómetros supone una desigualdad territorial importante en una zona con elevado tráfico de mercancías y carreteras de montaña.

En resumen, en Vox creemos razonable y beneficioso reclamar una oficina de la Dirección General de Tráfico en Ponferrada, desde el punto de vista de acceso a la Administración de los ciudadanos bercianos, de la lucha por la despoblación y el equilibrio territorial. Esto no debe significar privilegios para unos, sino igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente entre zonas rurales y urbanas. Es necesario eliminar el trato preferente a algunas Comunidades Autónomas y apostar por la igualdad entre españoles, vivan donde vivan. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con esta proposición, porque es una cuestión de justicia para todos los habitantes de Ponferrada y su comarca. Nada más. Y muchas gracias.

Muchas gracias, señora Calvo. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, doña Alicia Palomo Sebastián... -¡ah!, perdón, lo había apuntado al revés- el señor Martín Benito, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Saben ustedes que corresponde al Consejo Consultivo y al Consejo de Cuentas la fiscalización de las Administraciones públicas de esta Comunidad; y, con tal motivo, envían sus informes pertinentes a la Comisión de Hacienda. Sorprende, por tanto, que la pregunta anterior que se formuló pues haya venido a esta Comisión. Yo estoy perplejo, ¿eh?, llevo 18 años en estas Cortes y nunca he asistido a una pregunta para meterse directamente con un alcalde o una alcaldesa. Estoy perplejo, y tengo que decirlo. Porque luego, por otra parte, me llama la atención que esté registrada el dieciséis de octubre -una pregunta exprés-; no sé qué prisa tiene el proponente cuando hay peticiones de comparecencia de consejeros y de directores generales y PNL de otros grupos que llevan meses y meses esperando. Pero, en fin, ustedes sabrán lo que hacen. No sé a qué obedece esto.

Yendo al tema que nos propone el Grupo de la Unión del Pueblo Leonés... -ya saben que a mí me gusta hacer un poco... en ocasiones un poquito de historia, porque conviene a veces centrar bien las... las cosas-, miren, era el veintitrés de septiembre del año dos mil quince cuando las Cortes de Castilla y León instaron al Gobierno de España a crear una delegación comarcal de Tráfico en Ponferrada para dar servicio a toda la comarca del Bierzo. La propuesta surgió como respuesta a la intención del Gobierno de España -que en aquel momento presidía don Mariano Rajoy-, y que comunicó la propia Dirección General de Tráfico de suprimir los exámenes teóricos para obtener el permiso de conducir en Ponferrada. Ello equivalía a que... a que se desplazaran los bercianos a León para examinarse. Ante el revuelo que se ocasionó, aterrizó una proposición no de ley en estas Cortes que fue aprobada finalmente por unanimidad. El Gobierno del PP de España dio marcha atrás. Aun así, la iniciativa parlamentaria se debatió en las Cortes autonómicas, con el resultado que ya les he comentado.

Entonces, nuestra procuradora berciana, doña Gloria Acevedo, que actuó como portavoz del Grupo Socialista en la fijación de la posición, recordó que era esta una reivindicación histórica de la zona, que era necesaria sobre todo para tener en cuenta en evitar los desplazamientos, los muchos desplazamientos, que hacía la gente del Bierzo a León. No sabemos nosotros, no sabemos -a lo mejor alguno de ustedes me lo puede aclarar- si la Junta de Castilla y León en aquel momento trasladó la petición de las Cortes de Castilla y León al entonces Gobierno de España que presidía don Mariano Rajoy. Lo cierto es que nada se hizo.

Hubo que esperar a dos mil veintitrés -concretamente, al veintitrés de febrero- para que el entonces alcalde de Ponferrada, el socialista don Olegario Ramón, firmara en Madrid un protocolo con el director general de Tráfico para que el Ayuntamiento de Ponferrada... en el Ayuntamiento de Ponferrada comenzaran a funcionar dos oficinas... mejor dicho, una oficina de la DGT con dos sedes para realizar, entre otros, trámites de cambio de domicilio de notificaciones, certificado de permiso de conducción y saldo de puntos, duplicado del permiso de conducción por deterioro, pérdida o robo o por variación de datos, informe historial del conductor. Aun así y todo, la... la apertura de estas oficinas -vieja reivindicación, como les decía, desde hace tiempo-, bueno, pues evitó no todos, pero evitó algunos desplazamientos a la ciudad de León, distante en más de 100 kilómetros de algunos puntos del Bierzo -piensen, por ejemplo, en la zona de Villafranca-.

Y, bueno, el primer día que entró en funcionamiento parece que se atendieron más de 25 solicitudes; me dicen que actualmente al día vienen siendo unas 20 solicitudes por término... por término medio. De los trámites que se hacen en la Jefatura Provincial de León, el 30 % aproximadamente corresponden a la comarca del Bierzo.

Miren, les voy a dar algunos datos de... de tráfico, o, mejor dicho, de parque móvil de vehículos en León y en el Bierzo muy recientes. En nuestra Comunidad, según datos dos mil veintitrés, hay un parque móvil de 1.910.000 vehículos, de los cuales 382.000 -obvio el pico restante- están en la provincia de León. De estos, un tercio están en la comarca berciana. Ponferrada, que tiene una población de 63.234 habitantes a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro según datos del INE, su parque móvil ese año era de 49.171 vehículos. Por citar algunas poblaciones grandes, Cacabelos superaba los 4.000; Bembibre los 7.000; Fabero, 3.900; Carracedelo, 3.850; Toreno, casi 3.000; Villafranca del Bierzo, más de 2.500; La Torre del Bierzo, más de 2.000. Bueno, un parque móvil considerable.

En junio de dos mil veinticuatro, el Ayuntamiento de Ponferrada ha cedido a la Dirección General de Tráfico dos espacios para los exámenes teóricos y prácticos de la obtención de permisos de conducir. Faltan ahora, parece ser, los equipos informáticos, que tienen que estar actualizados con programas que sean compatibles; según parece, esta dotación va a correr a cargo de la Diputación Provincial de León. Aun así, señorías, la oficina municipal pues no es suficiente. La mayor parte de los trámites se siguen haciendo en León, y, en consonancia con... con otros territorios del Estado, pues es necesaria la dotación de esta delegación porque nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.

Bien es cierto que... que habría que pensar cuál es el límite, ¿no? Porque Ponferrada tiene una población -ya les he dicho- de sesenta y pico mil habitantes, pero con una comarca mucho más amplia, hay también otras comarcas y ciudades con población considerable. Estoy pensando, por ejemplo, sin ir más lejos, en Burgos -porque tengo a mi compañero Briones aquí- está Aranda, está Miranda.

Pero, bueno, la propuesta concreta que se nos presenta esta mañana nosotros la vamos a apoyar. Nada más. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Martín Benito. Continuamos con ese turno de fijación de posiciones. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Popular, don José María Sánchez Martín. Le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Señor presidente. Buenos días, señorías. Pues hoy debatimos una proposición no de ley registrada por la Unión del Pueblo Leonés, pero que perfectamente podría haber sido presentada por... por cualquier grupo parlamentario que tenga un mínimo de sensibilidad territorial, de sentido común y de un compromiso con esta tierra, porque la consideramos una propuesta justa, razonable y de puro sentido común. Como se describe en los antecedentes de esta PNL, la comarca leonesa del Bierzo, como se ha dicho también por los distintos portavoces, tiene unas... 120.000 habitantes y la ciudad de Ponferrada unos más de 60.000.

Los bercianos, como ha dicho el proponente, tienen que recorrer unos 100 kilómetros hasta León para realizar los trámites administrativos en la oficina de Tráfico de León. Además, señorías, esta proposición no de ley no pide nada que no exista en otros municipios de España que no son capitales de provincia, municipios que, como Ponferrada, reúnen población, reúnen actividad y necesidades suficientes para justificar un servicio descentralizado de la Dirección General de Tráfico. No se pide un privilegio para el Bierzo. Es una petición de equidad: si otros territorios de España cuentan con oficinas locales de Tráfico, por qué no también en Ponferrada.

Además, señorías, la instalación de una oficina de Tráfico en Ponferrada no sería un gasto, sino que una... sería una inversión: una inversión, señorías, en proximidad, en eficiencia, en eficacia y en mejora de la calidad de los servicios públicos, porque evitaría desplazamientos innecesarios y dinamizaría la Administración pública. Incluso el proponente ha dado diversas ideas de cómo podría y dónde podría instalarse.

Este Grupo Parlamentario Popular siempre apoyará acercar los servicios públicos a los ciudadanos, como viene haciendo este Gobierno de la Junta. Por eso, cuando se trata de mejorar la vida de los vecinos del Bierzo, no miramos quién presenta la iniciativa, sino lo que proponen y, en este caso, a quién beneficia: a los ciudadanos del Bierzo. Y esta PNL beneficia, sin duda, a los bercianos y a los habitantes de la ciudad de Ponferrada.

El Gobierno de España lleva años abandonando a Castilla y León, aunque el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que en dos mil quince se aprobó una iniciativa, pero tampoco se ha hecho nada. Lo podemos ver en el estado de las autovías, en las estructuras ferroviarias. Estamos esperando las inversiones para el Corredor Atlántico, que tanto beneficiaría al Bierzo, y no se ha hecho nada. No hay una sola inversión productiva del Estado en el Bierzo y niegan servicios básicos, como puede ser la oficina del Bierzo de Tráfico. Castilla y León recibe menos inversión por habitante que la media nacional, y, claro, como no hay Presupuestos, pues menos autovías, menos frecuencias de trenes, menos mejoras en las líneas férreas, las electrificaciones paradas -como la electrificación que conecta con Portugal-, menos apoyo a la industria; y, en definitiva, se disparan las inversiones en Cataluña y en el País Vasco como pago de los pactos de Gobierno, y esto lo hemos podido comprobar en los datos que... que se han publicado.

Creemos que esta proposición debe aprobarse con un completo consenso político, como así estamos viendo. Los bercianos que trabajan, los bercianos que conducen y producen pagan sus impuestos y tienen todo el derecho del mundo a que el Estado les trate con el mismo respeto y con la misma cercanía que a cualquier ciudadano de España. Castilla y León, señorías, necesita menos discursos y más hechos; menos anuncios vacíos desde Madrid y más compromisos reales con nuestros pueblos y sobre todo con nuestras comarcas y una comarca tan importante como el Bierzo.

Este grupo parlamentario les anuncia que votará a favor de esta PNL, porque es de justicia para una tierra que ha aportado tanto a España siempre y que merece recibir algo que es necesario para los bercianos como una oficina local de tráfico de la Dirección General de Tráfico en la oficina leonesa de Ponferrada. Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señor Sánchez. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición no de ley tiene la palabra, don José Ramón García Fernández. Le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo a todos. Simplemente ahora que está el portavoz del Partido Popular en esta... decir que es vergonzoso lo que ha hecho con la señora alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, utilizar las Cortes de León para lavar los malos hechos que ha hecho la Junta con ese ayuntamiento parece demencial y vergonzoso.

En cuanto a... a la proposición no de ley que hemos debatido aquí, agradezco el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Es verdad que se han dado pasos, como bien ha dicho el portavoz socialista que hay gestiones que se pueden realizar ya en dos sedes que... que están en el ayuntamiento como es el... el registro general en la plaza del Ayuntamiento y en la sede CIUDEN, pero son gestiones muy... son pocas y muy sencillas -como bien ha dicho- pues son... son 5 gestiones que se pueden hacer: el cambio de domicilio de notificaciones, el certificado del permiso de conducción y saldo de puntos; el duplicado del permiso de conducción por deterioro, pérdida o robo; duplicado del permiso de circulación; e informes del conductor y del vehículo.

Pero es que en las... en las Direcciones Generales de Tráfico se pueden hacer hasta 16 gestiones... 16 trámites y gestiones, es decir, vehículo, para los vehículos, para los permisos de conducir y otras gestiones. Con lo cual estos servicios que se dan en la ciudad de Ponferrada quedan muy cortos, por eso, solicitamos esta... este local o esta oficina de la DGT en Ponferrada.

Por todo lo que hemos dicho: por población; por extensión; por... porque es una zona que está alejada de la ciudad de León, más de 100 kilómetros-; por el peaje que tenemos que pagar, un peaje carísimo por 36 kilómetros en una superficie totalmente plana, es decir, que tengamos que pagar 6 euros de ida y 6 euros de... de vuelta nos parece una atraco a mano armada. Esto no es unir provincia, todo lo contrario.

Con lo cual, pedimos que, bueno, pues que... que las Cortes de Castilla y León exijan al Gobierno central que... que hagan... que hagan esta oficina o que creen esta oficina de la DGT en Ponferrada y espero que lo hagan así, porque es verdad que ya en el dos mil quince se solicitó, estamos en el dos mil veinticinco, han pasado diez años, no se ha hecho absolutamente nada, solamente esta pequeña labor que se consiguió en el año veintitrés de ciertas... ciertas trámites o de ciertos trámites y gestiones en el ayuntamiento, pero lo que verdad... lo que de verdad necesita la ciudad de Ponferrada, la comarca del Bierzo, parte de la comarca de la Cabrera, la Cabrera baja y parte... y toda la comarca de Laciana es una oficina de la Dirección General de Tráfico para hacer todas las gestiones.

Habrá mucha gente que pueda decir "bueno, ahora no es necesario... se puede hacer telemáticamente", pues no, no se puede hacer telemáticamente, porque en muchas zonas rurales no existe internet o el internet va muy mal; y después estamos hablando de población envejecida, población mayor que necesita ayuda y no lo puede hacer telemáticamente. Con lo cual, por eso consideramos que es esencial esta oficina en Ponferrada.

Que consideramos que es justo, que es común y... y de justicia, de justicia con una comarca que -como he dicho- ha aportado muchísimo al país y a esta Comunidad energéticamente y económicamente hablando y, al final, ha visto que pasa el tiempo y no se le ha correspondido como... como se debe. Una... una comarca que como siga así pues... pues se está despoblando, se está envejeciendo, se está aislando -que es lo más grave, que es lo más grave-. Hoy por hoy las comunicaciones son esenciales y no podemos permitir que una comarca como la del Bierzo se aísle de esta manera.

Con lo cual, todos los servicios públicos, públicos que se instalen en esta comarca son bienvenidos, son necesarios y son pues de justicia, con lo cual, por eso esta... esta proposición no de ley. Con lo cual, agradezco el apoyo que han dado todos los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley y espero que la Junta de Castilla y León sea diligente y transmita al Gobierno esta necesidad y que en breve plazo, lo... lo antes posible, podamos ver una oficina de la DGT en Ponferrada, que consideramos -como digo- muy necesaria. Muchas gracias.

Votación PNL/001511

Muchas gracias, señor García. Entendemos que este punto se aprueba por asentimiento. ¿Sí? Perfecto. Pues queda aprobada esta proposición no de ley. Pasamos entonces al tercer punto del orden del día. Señor secretario, nos da lectura de él.

PNL/001585

Proposición no de ley 1585, presentada por el Procurador don Javier Bernardo Teira Lafuente, instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a promover la modificación del artículo 355 del Código Civil para la inclusión de una nueva categoría de frutos denominada "frutos digitales", reconociendo esta nueva realidad de la economía digital, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 464, de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor procurador proponente don Javier Bernardo Teira Lafuente, por un tiempo máximo -le recuerdo- de diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Imaginen ustedes que la ganadera salmantina de Castillejo de Martín Viejo, que recientemente ha reclamado en la prensa salmantina el derecho de los ganaderos a contraanálisis después de las pruebas de tuberculosis, gestiona su explotación con... utilizando vallados eléctricos, con... con collares eléctricos. Imaginen que para argumentar su reclamación solicita de una empresa de gestión ganadera que elabore unos informes técnicos especializados y que esa empresa de gestión ganadera le dice que solicite a la empresa con la que... a la que compró los collares eléctricos y que recaba los datos de las unidades ganaderas de su explotación, le dice que le... le proporcione los datos recabados sobre los movimientos de las reses, la evolución de la vida de las reses, la alimentación, los partos, la administración de vacunas, etcétera, etcétera. La ley europea del dato faculta a esta ganadera y a todos los usuarios de dispositivos electrónicos para solicitar a su proveedor de servicios digitales esos datos, para que se los proporcione sin demora, de forma fácil, en un formato legible y de una manera transparente. La ganadera recibe esos datos, después de pagar por los servicios de la empresa proveedora de servicios digitales y se los proporciona, puede entregárselos a la empresa de gestión ganadera que le va a hacer los informes especializados. A la que va a volver a tener que pagar por un servicio, naturalmente, que le va a realizar.

La pregunta es: si ella... si en su explotación se producen los datos ¿por qué no tiene derecho a una parte correspondiente del movimiento económico que generan esos datos? Esto es la economía del dato. ¿Qué sucede con los datos desde que son recabados hasta que son utilizaos? Pues si queremos hacernos una idea, lo más práctico es que recurramos a las cifras.

La Unión Europea estima que la economía del dato supone un 5 % del PIB nacional, unos 50.000 millones en dos mil veinticinco, que se espera que en dos mil treinta asciendan a la cifra de 67.000 millones, casi 70.000 millones. Entre la primavera y el otoño de dos mil veinticuatro se hicieron inversiones por valor de 34.000 millones de euros, en España, en la economía del dato. En Madrid, en la Comunidad de Madrid se estima que hasta dos mil veintiocho se van a hacer inversiones de hasta 23.000 millones. En la Comunidad de Aragón, hasta... en un... en los próximos 10 años, se estima que se harán inversiones de hasta 25.000 millones.

Extrapolando todas estas cifras al PIB de Castilla y León, y con unas reglas de tres improvisadas y adaptándolo al sector agrario, por ejemplo, resultaría que el valor del dato agrario de Castilla y León asciende a la cifra aproximada de 200 millones de euros, un tercio del presupuesto de Agricultura, aproximadamente, después de descontar los pagos de la PAC. Esto es la economía del dato.

Y mi pregunta es: en una economía en la que se genera todo este dinero, ¿por qué no reciben nada aquellos que producen los datos? ¿Alguien puede pensar que ese primer dato concreto no tiene precio, un precio determinable? Pues esa es la cuestión. Porque hay mercados de datos, hay data markets, hay broker de datos y hay paquetes de datos que se compran y que se venden. Facebook compró WhatsApp en dos mil catorce por 19.000 millones de dólares, y el valor de esa empresa dependía fundamentalmente de los datos que había en su poder, aunque no figurase de una manera explícita en los balances contables de la operación, pero ahí están los datos.

La cuestión es que este no es un problema de cálculo, es un problema de título, de título de propiedad; y la propiedad se regula en el Código Civil. Ahora hay que ver en qué epígrafe, en qué apartado, en qué artículo. Y lo que yo defiendo es que el epígrafe es el epígrafe de los frutos, de la propiedad de los frutos. El propietario de la cosa es propietario de los frutos naturales, industriales y civiles (Artículo 354, luego el 355 explica qué son los... estos 3 tipos de frutos, y el 356 determina el régimen jurídico de los frutos). El precio del fruto es el precio definitivo descontado los gastos de producción, almacenamiento y transformación. ¿Por qué no se puede aplicar este mismo régimen al dato bajo la categoría de fruto digital?

Les voy a explicar cuáles son las razones... las razones que yo aduzco para defender mi posición: el dato digital es un auténtico fruto, porque responde a las condiciones doctrinales de la categoría de fruto; es un rendimiento económico de la cosa, no altera la sustancia de la cosa principal, es accesorio respecto de la cosa principal, porque depende de ella, es conforme al destino económico de la cosa y se produce con periodicidad y regularidad. Por esta razón entiendo que se exige una nueva categoría de frutos, "fruto digital", en el Artículo 355 del Código Civil. Son los frutos que se llaman pretratados, observados, todavía no agregados y todavía no transformados; lo que añade el... el valor añadido que aportan naturalmente las empresas tecnológicas.

Con lo que nos encontrábamos, y lo que reconoce cada vez más y de una forma más explícita la bibliografía especializada, es con una situación de... de asimetría, de monopolio injusto en el que las grandes tecnológicas obtienen grandes beneficios sin que ello reporte ningún beneficio a los pequeños productores, a los ciudadanos, en definitiva, a los consumidores.

Por esa razón, por una cuestión moral, porque es inmoral que donde hay tanto beneficio económico aquellos que lo generan no reciban ninguna parte; por una cuestión legal, porque estamos hablando del derecho de propiedad, consagrado en el Artículo 33 de la Constitución, estamos hablando de la seguridad jurídica, que consagra el Artículo 9.3, y estamos hablando de enriquecimiento injusto -como mencioné en mi última pregunta oral en el Pleno de las Cortes-. ¿Y qué es el enriquecimiento injusto? Es un enriquecimiento que se recibe con... sin causa y que el que lo recibe lo recibe en detrimento del patrimonio de aquel que con derecho, o en derecho, no recibe la parte que le corresponde. Y les citaba las Partidas del rey Alfonso X el Sabio.

Es, por tanto, no solo una cuestión moral o una cuestión legal, es también una cuestión de justicia. Y señorías, estoy convencido -y espero que ustedes convengan conmigo- que es difícil pensar una decisión legislativa que con menos trabajo y con menos gasto rinda más beneficio y más prosperidad para los ciudadanos a los cuales debemos nuestro escaño.

Por eso espero de todos ustedes un voto afirmativo a esta propuesta de instar a la Junta a que inste al Gobierno convocando si es... si es necesario la Comisión General de Codificación para que examine la cuestión con detalle y la valore, instar al Gobierno de la Nación a que ponga en marcha los mecanismos para esta reforma del Código Civil, para las reformas adláteres que sería preciso en materia de contratación y en otras materias, para informar a los sectores afectados y para trabajar de forma coordinada con las autoridades europeas e internacionales para que la economía del dato, que va a ser el petróleo de la economía en el siglo XXI, que ya lo es, no suponga o no signifique una auténtica desamortización digital de los propietarios, de los usuarios, de los ciudadanos de Castilla y León, de España y de todo el mundo.

Esperando, por tanto, su voto afirmativo, quedo por supuesto atento a las cuestiones que puedan plantear o a las preguntas que puedan plantear. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Teira. Abrimos ahora un turno para fijación de posiciones. Le corresponde la palabra a la portavoz de UPL-¡Soria Ya!, doña Leila Vanessa García Macarrón, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días a todos. Me ha parecido superinteresante su intervención, señor Teira. Me ha recordado a las clases de civil de la universidad, solo que entonces me aburría porque no entendía nada y ahora me gusta. Soy así de rara, ahora me gusta el derecho civil.

En relación con la presente iniciativa presentada por el procurador don Javier Teira, relativo a la creación de una nueva categoría jurídica en nuestro derecho civil, esto es los llamados "frutos digitales", me gustaría destacar algunos aspectos.

Lo cierto es que la iniciativa parte de una realidad innegable: el avance tecnológico y la digitalización están transformando todos los sectores productivos y de manera especialmente intensa el sector agrario y agroalimentario. Los datos producidos por sensores, maquinaria inteligente, sistemas de riego automatizados o plataformas de trazabilidad, entre otros, es cierto que se han convertido en un activo económico con valor propio. Y de ahí la importancia de regular el acceso, el uso y reutilización de esos datos.

En relación a los frutos, desde el punto de vista jurídico, son todo producto o utilidad que constituye el rendimiento de una cosa conforme a su destino económico sin alteración de su sustancia. El Código Civil distingue... distingue entre frutos naturales, industriales y civiles. Los naturales son los productos espontáneos de la tierra o las crías de los animales; los industriales derivan del trabajo humano sobre la tierra o los bienes; y los civiles, los rendimientos económicos obtenidos por la cesión del uso o disfrute de un bien, como los alquileres o rentas. Esta formulación se inspira en el principio de accesión que rige en nuestro derecho, según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si bien, siempre hay excepciones, como ocurre con el supuesto de la accesión invertida -que no entraré a explicar aquí-.

Surge en esta iniciativa la duda acerca de la clasificación de lo que denomina frutos digitales. Según la proposición no encajan plenamente en ninguna de estas tres categorías. La iniciativa pretende pues que el derecho civil reconozca esa nueva forma de producción, otorgando al titular del bien físico el derecho originario sobre los datos que de él se derivan, como si... como si esto ocurriese a día de hoy, algo que no es así, aunque también es cierto que podría ser de manera más directa y específica. Existe asimismo legislación específica sobre el tema, como muestra la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, 3/2018, o varios reglamentos de la Unión Europea sobre protección, gobernanza de datos y su desarrollo normativo.

Conviene ser prudentes, no solo porque introducir una nueva categoría jurídica en el Código Civil exige un examen profundo de sus implicaciones en aras de prevenir una posible inseguridad jurídica, sino también porque el dato digital presenta particularidades. Por ejemplo, a diferencia de los frutos tradicionales, no es susceptible de consumo o destrucción material, sino de reproducción ilimitada. Ello plantea interrogantes sobre la aplicación analógica de las normas sobre recepción, accesión y transmisión. Además, los datos suelen generarse de manera colaborativa y con intervención de múltiples actores. Establecer una única titularidad puede no reflejar la complejidad real de esa cadena de valor.

Por otra parte, el reconocimiento del fruto digital podría entrar en tensión con normas de propiedad intelectual, protección de datos personales o competencia, lo que aconseja -como he dicho- un estudio coordinado entre distintas ramas del derecho más allá del ámbito civil.

En definitiva, consideramos que la propuesta del señor Teira aporta una visión innovadora al poner sobre la mesa la realidad de la digitalización de determinados sectores, así como la necesidad de aplicar un marco jurídico actualizado.

Ahora bien, quizá este tema debería abordarse de forma más gradual, donde se diseñen mecanismos concretos para garantizar, si es que procede, esta nueva categorización. Gracias.

Muchas gracias, señora García. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, doña Rebeca Arroyo Otero. Le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias. Pues bien, desde nuestro grupo parlamentario valoramos el esfuerzo de esta iniciativa por poner sobre la mesa un debate emergente y complejo como es la creación de nuevas categorías jurídicas asociadas al uso y explotación de datos en la economía digital. No cabe duda de que en este terreno cada vez es más relevante, especialmente en sectores como el agroalimentario, en los que Castilla y León tiene un peso estratégico.

Compartimos la preocupación por la falta de claridad normativa que afecta a la gestión de datos generados por dispositivos inteligentes y conectados y que impacta directamente sobre los derechos de quienes intervienen en la producción.

La llamada economía del dato plantea cuestiones sensibles sobre acceso, titularidad y uso y aprovechamiento económico de la información que todavía está lejos de estar plenamente resueltas. Sin embargo, el estado actual del derecho europeo en esta materia aún es embrionario. Si bien existen textos como el Data Act que avanza en la dirección de armonizar ciertos aspectos del acceso y compartición de datos, lo de la... lo cierto es que nos encontramos todavía en una fase de transición jurídica e incertidumbre regulatoria. A esto se suma que el desarrollo técnico de las tecnologías que generan y explotan esos datos avanza más rápido que la capacidad normativa para adaptarse a ellas. En este contexto, consideramos que la creación de nuevas figuras jurídicas como el fruto digital requiere una base conceptual técnica y jurídica mucho más sólida.

A día de hoy se desconocen muchas de las condiciones necesarias, tanto desde el punto de vista informático como jurídico, para articular un régimen legal coherente, operativo y justo que no genere inseguridad o efectos no deseados sobre el ecosistema productivo. Por ello, y sin cuestionar la relevancia del debate ni su oportunidad como reflexión de fondo, optamos por la abstención como expresión de prudencia legislativa, igual que ha dicho mi compañera de... de Soria ¡Ya! Creemos que cualquier avance en esta materia debe hacerse con rigor técnico y escuchando a los sectores afectados y garantizando que las soluciones normativas no vayan por delante del conocimiento necesario para aplicarlas con garantías. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Arroyo. Continuamos con este turno de posiciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Alicia Palomo Sebastián, por un tiempo máximo de diez minutos.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy el señor Teira nos presenta una iniciativa -perdóneme- un tanto enrevesada y... y se lo digo sin ningún afán de nada, pero explicaré por qué. No tanto por el fondo, que desde luego es un debate interesante y necesario en los tiempos que corren, sino por la forma.

En su exposición de motivos argumenta que el vertiginoso avance tecnológico y la digitalización transversal en todos los sectores económicos tienen una afectación directa en la economía del dato. A la vez, lo relaciona con el sector agro que en nuestra economía -en la española, pero también en la de nuestra Comunidad Autónoma- representan un importante porcentaje de nuestro producto interior bruto. Nada que objetar a este respecto, puesto que son datos incontestables.

Como incuestionable es que desde el pasado mes de septiembre es de plena aplicación la Ley del Dato (el Data Act) de la Unión Europea, que fue publicada en diciembre del veintitrés, entró en vigor el once de enero del veinticuatro y ahora es de obligado cumplimiento. Una ley que surge por el notable incremento en los últimos años en todo el mercado europeo de los productos conectados a internet y que generan un volumen de datos que es cierto que deben suponer, entre otras cosas, el poder reforzar la competitividad, promover la innovación y consolidar el mercado digital.

Con esta nueva ley se pretende, además, reforzar la seguridad y la eficiencia, permitiendo que las Administración... las Administraciones accedan a datos del sector privado en casos de emergencia o cuando lo exija una obligación legal, con lo cual, también da una garantía jurídica esta ley europea. Pretende también proteger a las pymes frente a los abusos -usted lo decía, señor Teira- ante... ante los abusos contractuales en el intercambio de datos, así como establecer límites dentro del marco jurídico europeo.

La ley de datos, por tanto, es un punto de inflexión en el mercado único digital europeo, y su finalidad es democratizar el acceso a los datos, evitando que las grandes plataformas y fabricantes sean los únicos poseedores de los mismos, y así garantizar el equilibrio entre los derechos de los usuarios y los intereses de las empresas.

Este marco normativo, señor Teira, usted lo pone en consonancia con la importancia que pueda tener en la innovación, la eficiencia productiva y la sostenibilidad en la agricultura de última generación, en la agricultura inteligente. Y esto lo lleva, en su exposición de motivos, a hablar del concepto "fruto digital", un... una nueva categoría jurídica que tiene, desde luego, sus complejidades -y aquí se ha dicho ya por los distintos grupos a la hora de colocarlo jurídicamente-, que es precisamente este fruto digital y este cambio o esta inclusión de una nueva categoría en lo que nos ocupa en esta proposición.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de la importancia que la digitalización y la innovación tienen en nuestra economía y también en el sector primario, ya que supone un revulsivo, un cambio de modelo que es una gran oportunidad en nuestro medio rural.

Este asunto no es nuevo, señor Teira, lleva debatiéndose desde el año dos mil dieciocho. Supongo que usted conoce perfectamente la Declaración de Añora, cuando tras las jornadas sobre "Digitalización y Territorios Rurales Inteligentes: Por un Mundo Rural inteligente dinámico y conectado", fueron esas jornadas... -que fueron promovidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- se compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas con la innovación y la digitalización por instrumento para impulsar los territorios rurales inteligentes. Y dieron lugar a esa declaración firmada entre las Administraciones que marcó la agenda del Ministerio sobre digitalización en el sector agroalimentario del medio rural.

En este sentido también lleva años trabajando -también lo conocerá seguro el señor Teira- el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Centro Tecnológico Vega Innova, donde se apuesta claramente por las tecnologías fiware, una plataforma a través de la cual se facilita la transformación digital a través de herramientas inteligentes en el ámbito agro.

Esta plataforma del Ministerio, y que además está respaldada por la Unión Europea, es capaz de aglutinar, procesar y distribuir múltiples fuentes y flujos de información pasa... para su posterior análisis, para mejorar la toma de decisiones funcionales y operativas sobre el sector y el producto, o lo que en esta iniciativa usted llama "fruto digital".

Desde el Ministerio se está haciendo un gran esfuerzo desde este centro tecnológico para que los datos sean interoperables y beneficien a los agricultores -algo que es lo que usted viene a demandar básicamente-, que son los que generan ese dato o ese producto. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.

El tema es que lo que usted plantea con esta iniciativa, señor Teira, es una modificación del Código Civil para incluir la categoría de fruto digital a las... a mayores de las ya existentes, las tres categorías que ya se han mencionado, y no es que nosotros estemos en contra de una modificación que se actualice a los tiempos, a los tiempos de la economía digital; el tema es que quizá lo que sería más acorde, precisamente, en un marco global, es otorgar ese marco jurídico, a través de una directiva europea que después se pueda trasponer al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembro. Porque la economía -señor Teira, estará de acuerdo conmigo- es global, también la economía digital y también su fruto digital. Y esto tiene unas aristas jurídicas que desde luego tienen complejidades.

Entendemos, pues, que el orden de su iniciativa debería ser justo al contrario: usted plantea en su punto 1 de dictamen esa modificación en nuestro ordenamiento, y en su punto 5 pide diálogo con las autoridades europeas para armonizar esta regulación en el contexto de la economía digital; y sinceramente, y con todos los respetos, señor Teira, creemos que es justo al revés, primero una regulación en el seno de la Unión que sea armonizada y que tenga su trasposición posterior a cada uno de los ordenamientos de los Estados miembros.

En cualquier caso, mantendremos una respetuosa abstención a esta iniciativa, que igual no es lo que en estos momentos más preocupa a los castellanos y leoneses -no sé si también al sector agro en nuestra tierra, que tiene muchas carencias debido al abandono del Gobierno de la Junta-, pero que reconocemos que es un debate interesante, que está en la agenda del Ministerio y en ello se trabaja, y que el reconocimiento normativo llegará de una manera u otra. Pero quizá sea más ágil lo que planteamos, más en unos momentos donde para modificar el... el Código Civil tenemos un Parlamento como... como el que tenemos, y... y tiene sus complejidades jurídicas; mientras que si viene de una Directiva Europea, que por obligación tienen que trasponer todos los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro, igual es más ágil.

Pero insisto: mantendremos una respetuosa abstención por una cuestión que es, creemos, de debate interesante, actual, y que, desde luego, antes o después va a generar un cambio normativo para incluir esas nuevas categorías jurídicas. Nada más. Gracias.

Muchas gracias, señora Palomo. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Popular, doña Carmen Sánchez Bellota, le recuerdo que por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, quiero comenzar expresando nuestro firme y decidido apoyo a esta proposición tan interesante que hoy nos ha presentado el señor Teira. Una propuesta que vamos a aceptar en los términos propuestos.

Miren, esta PNL, esta proposición, aborda una de las transformaciones económicas y jurídicas más urgentes de nuestro tiempo: la regulación de los frutos digitales. La sociedad se encuentra en estos momentos inmersa en una creciente digitalización -eso es evidente- y especialmente en unos sectores estratégicos para nuestra tierra, para Castilla y León, como son el agrario y el agroalimentario. La realidad que nos ha... la realidad nos ha superado en estos momentos, y el derecho debe ponerse a la altura de esta nueva economía. Es una urgencia el reconocer el fruto digital.

Señorías, la economía del dato se ha consolidado como un recurso económico clave. En España se calcula que el valor de la economía del dato pasará del 3,93 % del producto interior bruto en dos mil veinticuatro, al 5,06 en dos mil treinta. Para nuestra Comunidad, donde el sector agroalimentario representa el 5,5 % del valor agregado bruto regional es una prioridad absoluta.

En esta propuesta se plantea una cuestión fundamental: ¿quién tiene el control sobre la ingente cantidad de datos que generan nuestros agricultores, nuestras máquinas industriales y nuestros ciudadanos? Actualmente, el Artículo 355 del Código Civil no solo distingue entre frutos naturales, industriales y civiles; pero la transformación digital genera un rendimiento, una utilidad que no encaja en estas categorías: no son naturales, aunque su producción sea espontánea y automática; no son civiles, porque existe una separación física de una realidad nueva; y no son industriales, porque no resultan de una transformación material del bien principal; sino que son un producto netamente digital, originado en la interacción entre el mundo analógico y el digital.

Pero es crucial la... por eso es crucial la definición que la PNL propone, y que respaldamos: el fruto digital, que es toda la representación codificada de objetos del mundo analógico generado por medios digitales y resultando de la explotación o uso de bienes principales como los que mantienen una real... una relación de accesoriedad.

El objetivo es claro y justo: que el generador del dato, ya sea una persona, una empresa o una organización, mantenga el control sobre la información que produce.

Con respecto a la necesidad de la actuación estatal y la crítica al desequilibrio jurídico, miren, la Junta de Castilla y León ya ha reconocido la importancia de proteger la posición de los generadores de datos digitales. El consejero de movilidad y transformación digital señalaba en septiembre del dos mil veinticinco que los datos se consolidan como un elemento clave para la innovación y el desarrollo económico, y que se están dando pasos necesarios para proteger a los generadores de datos con un ecosistema normalizado marcado por la normativa europea.

Sin embargo, señorías, el cuerpo principal de la propuesta se dirige al Gobierno de España -como bien hemos podido comprobar todos-, y aquí encontramos un déficit claro: aunque la ley de datos de la Unión Europea, vigente desde el doce de septiembre del dos mil veinticinco -como ya se ha dicho aquí- es un hito normativo que busca armonizar el acceso y el uso de datos, esta normativa europea solo apunta oblicuamente a la solución. El reglamento de datos no define claramente la titularidad original de los datos no personales; y es precisamente en este vacío donde se evidencia la inacción y la falta de visión jurídica del Gobierno de España liderado por el Partido Socialista.

La PNL no recuerda que... nos recuerda que la falta de regulación adecuada en la revolución digital ha permitido la proliferación de monopolios que menoscaban la competencia, y, lo que es más grave, ha dejado en el aire las exigencias de la seguridad jurídica, consolidando el menoscabo de la justicia en el tráfico jurídico y económico de la economía del dato.

Mientras el derecho nos exige una certeza, una urgencia de certeza y seguridad para que podamos saber a qué atenernos, el Gobierno de España mira para otro lado o actúa con lentitud, permitiendo que la parte más débil quede sistemáticamente desprotegida. Es inaceptable que la posición de los propietarios y generadores del dato no esté garantizada, frustrando la función social del derecho.

La propuesta que usted hoy... hoy trae aquí, señor Teira, busca llenar ese vacío garantizando la seguridad jurídica, la justicia y la equidad en la economía del dato, y esto pasa, señorías, por la modificación del Código Civil, una competencia exclusiva del Estado, que, a nuestro entender, el Gobierno Socialista, está tardando demasiado en impulsar.

Y como conclusión: el Grupo Popular apoya la necesidad de promover esta modificación del Artículo 355 del Código Civil para incluir esta nueva categoría; someter los frutos digitales al régimen jurídico general de los frutos en cuanto a titularidad, posesión y percepción; e impulsar el desarrollo normativo complementario.

Por supuesto, apoyamos la promoción del diálogo con todos nuestros sectores implicados, el agroalimentario, el tecnológico, el jurídico, y todos aquellos que puedan verse afectados. Instamos al Gobierno de España a dejar atrás esa inercia regulatoria y a tomar cartas en el asunto... en el asunto civil que le corresponde. La economía digital avanza a la velocidad de la luz, la legislación no puede seguir arrastrando los pies; y, por lo tanto, dotemos a nuestros ciudadanos y a las empresas de las garantías que se merecen.

Muchas gracias, señora Sánchez. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición no de ley, tiene la palabra don Javier Bernardo Teira Lafuente, por un tiempo máximo de diez minutos.

Muchas gracias, en primer lugar, señora Sánchez Bellota y al Grupo Popular, por el apoyo a la propuesta de resolución de la PNL. Y muchas gracias también a todos los grupos por el tono constructivo y la profundidad de las objeciones y de los matices que han aducido a lo largo de sus intervenciones.

Pero no renuncio todavía a persuadirles a ustedes de que merece la pena que esta Comisión de las Cortes de Castilla y León apruebe por unanimidad instar al Gobierno de la Nación a poner en marcha los mecanismos para llevar a cabo esta reforma del Código Civil. Porque no olvidemos que lo que aquí se propone no es llevar a cabo una reforma ipso facto, sino instar a los órganos competentes, al Ministerio de Justicia, mediante la convocatoria de la Comisión General de Codificación, y a juristas mucho más reputados y de unos conocimientos muy por encima de... de los conocimientos de este modesto procurador, a que valoren los términos y las formas y los tiempos en los que llevar a cabo esta protección.

Pero de lo que se trata es de poner en movimiento este vehículo de la transformación, de darle el primer impulso; y de darlo, además, con decisión. Por eso voy a tratar de revisar algunas de las hondas y amables objeciones que ustedes han expuesto.

Me referiré, en primer lugar, a la intervención de la procuradora de Soria ¡Ya!, la señora Vanessa García Macarrón, para agradecerle la precisión y el detalle de sus explicaciones sobre el concepto de fruto. Sin embargo, la principal objeción que usted presentaba era la necesidad de hacer esto, de llevarlo a cabo, de una forma más gradual. Lo... la gradualidad comienza cuando se pone en movimiento -como digo-; y de lo que se trata aquí no es de hacerlo pasado mañana, sino de instar a los órganos competentes, que son el Ministerio de Justicia, a que, después de examinar la cuestión en profundidad, pues tome la decisión que proceda.

La procuradora del Grupo Vox hablaba también de falta de claridad normativa, de necesidad de una mayor seguridad jurídica, a la hora de llevar a cabo una reforma de este calado. Estamos hablando ni más ni menos que de la reforma del régimen de los frutos en el Código Civil; pero es que precisamente de lo que se trata es de aportar la seguridad jurídica que la situación de indefinición está causando en los mercados. Porque ya se compran y se venden los datos; y ya se está produciendo un enriquecimiento, un enriquecimiento de gran magnitud. Y esto puede dar lugar en... en un tiempo relativamente corto, a situaciones de litigiosidad, mediante reclamaciones por parte de los originadores legítimos de los datos que provoquen precisamente esas fricciones y esas dificultades que la inseguridad produce. Por lo tanto, si el argumento es la seguridad jurídica, yo creo que lo apropiado en este momento es apoyar, instar, al Gobierno de la Junta a que inste al Gobierno de la... de la Nación a que promueva esta reforma.

En relación con las objeciones de la procuradora portavoz del Partido Socialista, el Ministerio de Justicia, en efecto, ha llevado a cabo y está desarrollando todas esas acciones a las que usted hace referencia. Pero yo quiero apelar a su sensibilidad por la parte más débil, en este caso, en el contrato, que son los consumidores y los usuarios. Estos consumidores y estos usuarios, si no tienen una definición precisa del título, no se van a poder defender. Sé que ha venido a llamarse surveillance capitalism, que es el capitalismo de la vigilancia, en este magma de opacidad está permitiendo que las grandes corporaciones tecnológicas se enriquezcan de una forma absolutamente desmesurada a costa de los datos que generan los usuarios, los productores y los ciudadanos de a pie. Por tanto, apelo en ustedes a esa sensibilidad para que apoyen esta proposición no de ley, que lo único que hace es solicitarle a su Gobierno que ponga en marcha los mecanismos, que valore la oportunidad y los términos definitivos en que una reforma de este calado tiene que llevarse a cabo.

Señorías, para terminar, tenemos delante el pendón de la antigua corona de Castilla, y ya que los argumentos racionales no parece que terminan de empujarles a ustedes, voy a hablar de argumentos de otros tipo, de argumentos emocionales. Si aquella pequeña reina castellana del siglo XV no hubiera tenido la audacia de impulsar la expedición de Cristóbal Colón a descubrir las Américas, el mundo en el que hoy vivimos no sería tal y como lo conocemos; sería mucho peor. Seguramente aquella mujer no tenía las certezas intelectuales, las certezas geográficas, que le diesen la seguridad de que aquella expedición iba a llegar a buen término, pero tuvo una cosa fundamental en política, y fue audacia. Yo les pido a ustedes que tengan la audacia de, en nombre de las provincias de Castilla y León, solicitar del Gobierno de la Nación esta reforma, que -como les digo- con un pequeño movimiento de palabras redundará en un gran beneficio para toda la ciudadanía.

En espera de haberles persuadido, para terminar de formular su voto, pues les doy las gracias una vez más por la cortesía y la hondura de sus objeciones, y, sin otro particular, pues espero al resultado de la votación. Muchas gracias.

Votación PNL/001585

Muchas gracias, señor Teira. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Siete. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Diez. Por tanto, queda... queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Sin más asuntos que tratar, cerramos la sesión.

[Se levanta la sesión a las once horas cincuenta minutos].