Buenos días, señorías, vayan tomando asiento. Muchas gracias. Antes de comenzar con el orden del día, se ha presentado, por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios, una Declaración Institucional sobre Venezuela. Por favor, señor secretario primero, proceda a su lectura.

DI/000001

Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

El pasado veinticuatro de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron diversas regiones de Venezuela, afectando con especial gravedad a la franja costera de La Guaira y al norte de Caracas, donde varias fallas activas amplificaron las sacudidas. Esta catástrofe natural ha provocado una profunda tragedia humanitaria, dejando hasta ahora más de 1.400 personas fallecidas -entre ellas, al menos 18 españoles y españolas-, miles de heridos y desaparecidos, así como importantes daños materiales que han destruido hogares e infraestructuras estratégicas.

Venezuela es una nación hermana, una nación hermana de España. Nos unen profundos lazos históricos, culturales y humanos. Por ello, el sufrimiento de su pueblo ante la catástrofe se siente también con especial cercanía en nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo lo anterior, las Cortes de Castilla y León manifiestan su total solidaridad con el pueblo venezolano y los españoles residentes en Venezuela ante las terribles consecuencias del terremoto, haciendo extensivo su afecto y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos que residen en Castilla y León. Trasladan, asimismo, su más sentido pésame y acompañamiento a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como el deseo de una pronta y completa recuperación de todos los heridos.

Y, por último, expresan su apoyo a cuantas actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria se impulsen para contribuir al rescate de las víctimas, a la atención de las personas afectadas y a la recuperación de las zonas damnificadas.

Esta declaración institucional ha sido suscrita por los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Gracias.

Muchas gracias, señor secretario. Ahora ruego a sus señorías se pongan de pie para guardar un minuto de silencio.

[El Pleno guarda un minuto de silencio].

Muchas gracias. Ahora sí, por el señor secretario se procederá a dar lectura al primer y único punto del orden del día.

Informe 2025

Primer y único punto del orden del día: Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2025, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 14, de veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

Presentación del informe por el señor Procurador del Común de Castilla y León, don Tomás Quintana López.

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación del informe, tiene la palabra el señor Procurador del Común, don Tomás Quintana López.

Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de las Cortes y miembros de la Mesa, vicepresidente, vicepresidenta, consejeras y consejeros, señorías, compañeros presidentes de las Instituciones Propias de Castilla y León, señoras y señores, buenos días.

Antes de comenzar la exposición correspondiente a la presente comparecencia, que coincide con el inicio de la legislatura, quiero expresarles mi deseo de que acierten en el ejercicio de sus responsabilidades, con el convencimiento de que ello ha de redundar en beneficio de las personas de Castilla y León. Y, por supuesto, también me adhiero a... al manifiesto leído por el... por el secretario de la... primero de la Mesa por los terribles acontecimientos que han sucedido y que están sucediendo todavía en Venezuela, en este pueblo hermano español, que tanto... tan cercanía... tan cercano nos sentimos a él.

Pues bien, conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Reguladora del Procurador del Común, el pasado doce de junio entregué al presidente de las Cortes y al resto de miembros del Pleno el informe anual correspondiente al año dos mil veinticinco. Y ahora comparezco ante sus señorías para exponer un resumen de la actividad que hemos realizado el pasado año, según establece el Artículo 32 del mismo texto legal. Referiré en una primera aproximación una serie de datos generales que permitan conocer la actividad desarrollada por la Institución a lo largo del pasado año.

Han sido 6.267 las personas que se han dirigido al Procurador del Común para presentar sus quejas; lo que ha dado lugar a la apertura y tramitación de otros tantos expedientes. No obstante, computamos 2.206 quejas; lo que se debe a que 4.078 expedientes han sido tramitados como consecuencia de la presentación de 17 reclamaciones que hemos considerado como quejas múltiples, dado que esas 17 quejas múltiples, aunque cuentan a efectos estadísticos como 17 quejas, cada una de ellas ha sido promovida por una pluralidad de personas, y cada una de estas personas ha dado lugar a la apertura y tramitación de un expediente individual. De ahí el distinto número de quejas computadas y de expedientes tramitados.

A las 2.206 quejas que -como he indicado- hemos recibido y que han dado lugar a la apertura y tramitación de 6.267 expedientes, hay que añadir 143 actuaciones promovidas de oficio, lo que ha supuesto la apertura de otros tantos expedientes.

Consecuentemente, en síntesis: hemos recibido 2.206 quejas, hemos promovido 143 actuaciones de oficio y hemos... hemos tramitado un total de 6.410 expedientes.

Derivadas tanto de expedientes de queja como de actuaciones de oficio, a... a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, habíamos dictado 1.333 resoluciones; de las cuales, en 230 motivamos el archivo de los expedientes al no haber apreciado ninguna irregularidad en la actuación de las Administraciones públicas o entidades correspondientes.

Contrariamente, mediante 1.103 resoluciones, efectuamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a las Administraciones o entidades públicas a las que nos hemos dirigido. Y a fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintiséis -que es la que consideramos a los efectos del presente informe para determinar la aceptación o rechazo de las resoluciones dictadas en dos mil veinticinco-, habíamos recibido 865 contestaciones -correspondientes al 78,42 % de las resoluciones emitidas-, habiendo sido aceptadas las recomendaciones, recordatorios o sugerencias que formulamos en 730 ocasiones -es decir, el 84,39 % de ellas-, de las cuales, 650 lo fueron en su totalidad -es decir, el 75,14 %- y 80 lo fueron parcialmente -el 9,25 %-. En cambio, fueron rechazadas en... 135 casos representativos -el 15,61 % de las contestaciones que recibimos-.

Refiriéndonos a continuación exclusivamente a las resoluciones formuladas a partir de las quejas recibidas, emitimos 1.009; de las cuales, 819 contenían recomendaciones, sugerencias o recordatorios dirigidos a las correspondientes Administraciones o entidades públicas sobre las que estas, a fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintiséis, ya habían manifestado su postura en 646 ocasiones -representativas del 78,88 %-. Contrariamente, 85 resoluciones -es decir, el 10,35 %- estaban aún pendientes de contestación y en plazo para hacerlo en esa misma fecha. Habíamos archivado, en cambio, otros 85 expedientes sin haber obtenido respuesta a las resoluciones emitidas, pese haber finalizado el plazo para responder -representativas del 10,38 % de las formuladas-.

En fin, también cerramos sin respuesta en nuestras resoluciones otros 3 expedientes: uno de ellos por haber sido resuelto el problema con anterioridad a que la correspondiente Administración hubiera manifestado su postura ante nuestra resolución, y otros dos a solicitud de los interesados.

De las 646 resoluciones dictadas que han recibido contestación en expedientes de queja, han sido aceptadas el 80,34 %, habiéndolo sido en su integridad un 69,66 %; de aceptación parcial lo han sido en un 10,68 %; y fueron rechazadas el 19,66 %. Dictamos, además... 190 resoluciones motivando no haber apreciado ninguna irregularidad en la actuación de la Administración o entidad pública correspondiente.

Y con referencia ahora a las actuaciones de oficio, a lo largo de dos mil veinticinco -como ya he indicado-, promovimos 143 y hemos dictado 324 resoluciones dirigidas a las correspondientes Administraciones o entidades públicas. Mediante 284 resoluciones formulamos recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a dichas Administraciones o entidades. A fecha de veintiocho de febrero de dos mil veintiséis, habíamos recibido 200 comunicaciones aceptando en su totalidad las resoluciones dictadas, 11 lo fueron de aceptación parcial y 8 de rechazo. De las 3... de 32 resoluciones, a esa misma fecha, no habíamos recibido contestación, si bien, en esa fecha, las Administraciones o entidades públicas destinatarias se encontraban aún en plazo de hacernos llegar sus respuestas. Y en 33 casos, a esa misma fecha, lamentablemente, tuvimos que archivar los expedientes sin conocer las posturas de las correspondientes Administraciones ante nuestras resoluciones.

Todo ello ha supuesto la aceptación del 96,35 % de las resoluciones dictadas en expedientes de oficio, habiéndolo sido en su integridad un 91,32 %, parcialmente fueron aceptadas un 5,02 %; y fueron rechazadas un 3,65 %. Se han dictado, asimismo, 40 resoluciones motivando el archivo por inexistencia de irregularidad o... en la actuación pública.

Expuestos los datos más significativos, indicaré seguidamente el número de quejas tramitadas, considerando las diferentes áreas en las que dividimos nuestro trabajo, con una breve referencia a las quejas múltiples que hemos tramitado en algunas áreas.

Concretamente, en relación con el Área de la Administración Local, recibimos 504 quejas -el 22,85 %- y tramitamos 3 quejas múltiples presentadas cada una de ellas por 12 personas frente al Ayuntamiento de Castrocalbón, en la provincia de León. En una se manifestaba la disconformidad por el momento en que fueron publicadas las cuentas municipales en dos mil veinticuatro; otra lo fue en relación con la solicitud de una asamblea informativa sobre la gestión del incendio forestal ocurrido en agosto; y, la tercera, denunciando la inoperatividad de hidrantes y otros medios municipales contra incendios.

En el Área de Fomento recibimos 294 quejas -el 13,33 %-. De ellas, 2 fueron quejas múltiples: una, presentada por 248 personas sobre la falta de limpieza de fincas y solares en el municipio de Marugán, en la provincia de Segovia; y la otra sobre la misma temática, esta fue presentada por 12 personas en relación con el municipio de Castrocalbón.

En el Área de Empleo Público nos fueron presentadas 238 quejas -el 10,79 %-. Recibimos 4 quejas múltiples presentadas por 173 personas sobre la reclasificación profesional de distintas categorías de personal laboral de la Junta de Castilla y León. Y, en concreto, lo fueron 38 de la categoría de ayudante técnico educativo, 108 de técnico superior de educación infantil, 11 de técnico de laboratorio y 16 de fisioterapeuta. Otra queja múltiple fue presentada por 52 reclamantes sobre las condiciones laborales y retributivas del personal supervisor de enfermería. Y, finalmente, otra más, firmada esta por 35 personas, sobre la integración de la condición de personal estatutario de trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemo... Hemodonación de Castilla y León.

En el Área de Sanidad y Consumo recibimos 230 quejas -el 10,43 %-. Una de ellas fue considerada queja múltiple al haber sido presentada por 476 personas, sobre la prestación del servicio de pediatría en el centro de salud de Cistierna, en la provincia de León.

En el Área de Medio Ambiente nos fueron remitidas 223 quejas; el 10,11 %. Como queja múltiple, al haber sido presentada por 2.962 personas fue considerada tal, sobre el proyecto de instalación de una planta de biomasa en el... en el barrio de La Lastra, en la ciudad de León. Y otra más promovida por 12 personas sobre la actuación municipal durante el incendio forestal que afectó al municipio de Castrocalbón.

En el Área de Interior y Justicia recibimos 163 quejas; el 7,39 %. Tramitamos una queja múltiple, también presentada por 12 personas, en relación con el estado de tramitación del Plan de Emergencias Antincendios Forestales del Ayuntamiento de Castrocalbón.

En el Área de Familia e Igualdad de Oportunidades y Juventud tuvimos 148 quejas; el 6,71 %. Una de ellas fue considerada queja múltiple, al haber sido presentada por 21 personas, con relación al sistema de protección de menores.

En el Área de Educación recibimos 125 quejas; el 5,67 %. Una de ellas presentada por 39 personas, que tramitamos como queja múltiple, sobre el servicio de transporte escolar que afectaba al Instituto de Enseñanza Secundaria Merindades de Castilla en Villarcayo, provincia de Burgos.

En el Área de Hacienda tuvimos 102 quejas; el 4,62 %.

En el Área de Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones fueron 94 las quejas recibidas; el 4,26 %.

En el Área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural recibimos 49 quejas; el 2,22 %.

Y en el Área de Cultura, Turismo y Deporte nos fueron presentadas 36 quejas; el 1,63 %.

Considerando ahora la procedencia geográfica de las personas que han presentado las quejas o de sus representantes, León ha sido la provincia que ha aportado un mayor número de quejas, concretamente 524 -que representan el 23,75 % del total-; seguida de la provincia de Valladolid, con 339 quejas -el 15,35 %-; Burgos, 219 quejas -el 9,93 %-; Palencia, 164 quejas -el 7,43 %-; Ávila, 143 quejas -el 6,48 %-; Salamanca, 139 quejas -el 6,30 %-; Segovia, 114 quejas -el 5,17 %-; Zamora, 110 quejas -el 4,99 %-; y Soria, 77 quejas -el 3,49 %-.

También recibimos 260 quejas -representativas del 11,79 %- remitidas por ciudadanos que no habían... no hacían constar su procedencia. Este dato no resulta imprescindible para que tramitemos la queja, siempre que la persona que la presente resulte plenamente identificada.

212 quejas -que representan el 5,08 %- fueron presentadas por personas de provincias ajenas a la Comunidad; 3 quejas -0,14 %- fueron presentadas por varios firmantes residentes en distintas provincias; y, por último, 2 quejas -el 0,09 %- fueron presentadas por personas residentes en el extranjero.

Con referencia a los tipos de Administraciones concernidas por las quejas, la distribución fue la siguiente: de las actuaciones de las Administraciones locales nos llegaron 1.190 quejas -que representan el 53,94 % del total de las recibidas-, y, de ellas, 1.070 se referían a ayuntamientos -el 89,92 %-; 65 a diputaciones provinciales -el 5,46 %-; 53 a entidades locales menores -el 4,45 %-; 2 a mancomunidades -el 0,17 %-.

En relación con la actuación de la Administración autonómica hemos recibido 771 quejas -que representan el 34,95 % del total-. De las actuaciones de la Administración del Estado recibimos 168 quejas -representan... representativas del 7,62 %-, que fueron trasladadas al Defensor del Pueblo después de comprobar que reunían los requisitos legalmente previstos, dado que, como es conocido, no estamos habilitados para tramitar y resolver reclamaciones presentadas frente a la Administración del Estado.

Otras 39 quejas afectaban a la Administración de Justicia: 29 hacían referencia a discrepancias entre particulares, 9 quejas se referían a otras entidades u organismos sobre las... sobre los que, conforme a la normativa reguladora del Procurador del Común, no podemos ejercer nuestras funciones de supervisión, por lo que en cada caso se dio el trámite correspondiente. En su conjunto, estas quejas representaban el 3,49 % del total de las recibidas.

Y a partir de los datos predominantemente numéricos que he expuesto con objeto de ofrecer una idea global de la actividad desarrollada por la Institución durante el pasado año, expondré a continuación una síntesis de lo actuado en dos mil veinticinco.

En relación con el empleo público, como he dicho, nos fueron presentadas 238 quejas, 6 de ellas múltiples -a las que ya me he referido-, y que dieron lugar a la apertura de 260 expedientes; emitimos 58 resoluciones.

Más específicamente, en relación con el empleo público de la Administración autonómica, recibimos 54 quejas y emitimos 19 resoluciones, de las cuales me voy a referir a 7, todas ellas dirigidas a la Consejería de la Presidencia:

Tres resoluciones relativas, respectivamente, a las categorías de Telefonista, Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico de Laboratorio. En ellas, a la vista del transcurso del plazo máximo de entrada en vigor de la reclasificación previsto en el convenio colectivo, es decir, el uno de enero de dos mil veinticinco, instamos a la Consejería a impulsar las negociaciones en el seno de la Mesa a la que se refiere el convenio para que, conforme a lo que son sus funciones, estudie, valore económicamente y proponga la integración en los grupos de clasificación. Las 3 resoluciones que dictamos fueron aceptadas.

También, a la misma Consejería formulamos 4 resoluciones, que fueron también aceptadas, con los siguientes contenidos:

En una cuestionábamos la Resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar. En concreto, nos referíamos a la Base 9, apartado 3, que disponía que "la celebración del ejercicio de ambos procesos se realizará el mismo día y a la misma hora", al entender que en las futuras convocatorias de procesos selectivos con requisitos similares, entre otros para el ingreso en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar, y salvo que concurran circunstancias excepcionales, deben coordinarse las fechas de las pruebas para favorecer la participación de todos los interesados en los distintos procesos.

En otra resolución recomendamos a la Consejería que agilizara la convocatoria del concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados al Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, en concreto para veterinarios, con la finalidad de hacer efectivos los derechos a la promoción profesional y a la movilidad funcional y geográfica.

En otras 2 resoluciones nos referimos a las bolsas de empleo. En una instamos a la Consejería a agilizar la aprobación y publicación de las relaciones definitivas de candidatos de la bolsa del Cuerpo Auxiliar, convocada por Orden de trece de junio de dos mil veintitrés; en la otra, a valorar la convocatoria de proceso de selectivo para la constitución de la bolsa de empleo del Cuerpo Facultativo Superior, en concreto para biólogos.

Además, formulamos otras dos resoluciones dirigidas a la Consejería de... de la Presidencia, dictadas en sendas actuaciones de oficio:

En una de ellas sugerimos la modificación del Decreto 59/2013, de cinco de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias de los empleados públicos, con objeto de incorporar a dicha norma la adaptación de la jornada de trabajo por finalización de tratamientos médicos para favorecer su plena recuperación. La Consejería aceptó esta sugerencia.

En la otra resolución que dictamos sugerimos que fuera incluido en el Artículo 13 del entonces proyecto de decreto sobre teletrabajo, entre los criterios preferentes de prestación del servicio mediante teletrabajo el encontrarse en procesos de recuperación por tratamientos oncológicos o por enfermedad muy grave. En este caso, la Consejería de la Presidencia no aceptó nuestra resolución.

En relación con la Administración local, fueron 75 quejas las recibidas y emitimos 8 resoluciones. De ellas, me voy a referir a una, a una queja -una resolución, por tanto- que ha sido recurrente por el incumplimiento por parte de las entidades locales de los plazos establecidos en la Ley 20/2021, de veintiocho de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, la resolución que dictamos puso fin a un expediente, al que acumulamos otros 9, y en ella recomendamos al ayuntamiento al que nos dirigimos para que adoptaran las medidas necesarias para la agilización del procedimiento, entre otras, la reducción de plazos, la digitalización de dichos procesos y, en su caso, la encomienda de la gestión a la diputación provincial. Nuestra resolución fue aceptada.

En relación con el empleo público docente, registramos 40 quejas y emitimos 18 resoluciones. Una de las resoluciones que dictamos fue dirigida a la Consejería de la Presidencia con la recomendación de que procediera a la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, puesto que, salvo para los gastos de viaje por uso de vehículo particular, se vienen manteniendo las indemnizaciones previstas en virtud de un acuerdo adoptado en el año dos mil siete. La resolución fue aceptada con la indicación de que se procedería a llevar a cabo dicha actualización teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias.

Con referencia al empleo público sanitario, recibimos 58 quejas y formulamos 5 resoluciones. En el marco de un expediente, al que acumulamos otras 5, analizamos la problemática que afecta a 6 enfermeras internas residentes que habían superado el proceso para el ingreso en la competencia de enfermero o enfermera, a las cuales se les negaba la posibilidad de acogerse a la excedencia voluntaria por incompatibilidad. En nuestra resolución, que remitimos a la Consejería de la Presidencia, pusimos de manifiesto la necesidad de plantear en el correspondiente procedimiento negociador la modificación del Artículo 115, apartado 4, del Convenio Colectivo de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, dado que impide que el desempeño de puestos como funcionario interino o como personal laboral temporal habilite para pasar a la situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad, con la finalidad de que la situación de excedencia pueda alcanzar también a los trabajadores temporales. La Consejería aceptó nuestra resolución.

Las materias que integramos bajo la denominación de "régimen jurídico de las entidades locales" hemos recibido 231 quejas y hemos dictado 81 resoluciones. En 5 resoluciones resolvimos otras tantas quejas relacionadas con los procedimientos de aprobación de los presupuestos y de las cuentas municipales, en las que recordamos el deber de las entidades locales de facilitar la consulta durante su tramitación, publicar los documentos en el portal web o sede electrónica y efectuar su aprobación en los plazos legalmente previstos. De las 5 resoluciones dictadas, 3 fueron aceptadas y 2 -que dirigimos al mismo municipio- no fueron objeto de respuesta.

En otras 5 resoluciones, dictadas a partir de otras tantas quejas, en las que se nos pedía que interviniéramos ante las correspondientes entidades locales al no tener actualizados o estructurados los contenidos de sus portales de transparencia, o bien porque no anonimizaban los datos personales de determinados acuerdos que habían publicado, instamos a las Administraciones correspondientes a incluir en sus portales las actuaciones más recientes, a ordenar la información para facilitar su localización y a eliminar los datos personales protegidos. Las 5 resoluciones emitidas fueron aceptadas, una de ellas lo fue parcialmente.

Propiamente sobre el funcionamiento de las entidades locales y el estatuto de sus miembros, hemos dictado 37 resoluciones, en las que hemos insistido en el cumplimiento de ciertas reglas básicas sobre el funcionamiento de las corporaciones locales, tales como la obligación de convocar a los corporativos en las fechas predeterminadas, permitir que ejerzan sus derechos de participación e información, así como desarrollar las funciones de control en su calidad de representantes. De las 17 resoluciones formuladas, 20 fueron aceptadas -una de ellas lo fue parcialmente-, 6 rechazadas y 11... de 11 no obtuvimos respuesta.

En cuestiones relativas a la contratación local, dictamos 5 resoluciones, en las que hemos recordado, entre otras reglas de obligado cumplimiento, el deber de controlar la ejecución de los contratos como medio para garantizar la eficiencia del gasto público. De las 5 resoluciones emitidas, 3 fueron aceptadas, una fue rechazada y otra no obtuvo respuesta.

En asuntos relacionados con la expropiación forzosa, hemos tenido que recordar mediante 3 resoluciones lo que es obvio: que no se puede ocupar una propiedad privada para ejecutar una obra pública sin haber tramitado el procedimiento expropietario correspondiente, proceder que supone una actuación incursa en vía de hecho contraria a la legalidad. En su totalidad, de las 3 resoluciones dictadas, fue aceptada una, otra lo fue parcialmente y otra resolución fue rechazada.

En relación con la gestión de los bienes y prestación de servicios por las entidades locales, recibimos 272 quejas e iniciamos 111 actuaciones de oficio, una parte importante de las mismas de temática coincidente. Como resultado de la tramitación de las quejas formulamos 200 resoluciones; además, dictamos otras 100 resoluciones en actuaciones de oficio.

Un año más debemos destacar el elevado número de reclamaciones recibidas por la inactividad de las Administraciones locales en la defensa de los bienes de que son titulares, sobre todo de los considerados bienes de dominio público. Por ejemplo: frente al cierre de caminos, ocupación de calles o aceras, utilización de inmuebles sin autorización de la entidad titular. Las resoluciones que dictamos en estos casos, en general, han sido aceptadas, y además nos reconforta constatar que normalmente contribuyen a pacificar la convivencia vecinal.

El aprovechamiento de los bienes comunales también ha sido, un año más, fuente controversia que ha sido... han sido llevadas a los... a la Defensoría mediante la presentación de las quejas correspondientes. Así, por ejemplo, hemos tramitado algunos expedientes por la imposición de determinados requisitos no previstos legalmente para poder acceder al aprovechamiento de estos bienes, o bien por la aplicación de ordenanzas municipales que no habían alcanzado plena eficacia jurídica.

Supuestos en los que mediante nuestras resoluciones hemos recordado a las correspondientes corporaciones locales que la gestión de los bienes comunales debe ajustarse estrictamente a la legalidad y, en su caso, a la costumbre local. Y en ningún caso cabe la imposición de restricciones al derecho de acceso a su aprovechamiento por los vecinos en régimen de igualdad, salvo que ello se realice mediante una decisión ajustada a derecho.

En relación con la prestación de servicios municipales, las numerosas quejas recibidas han vuelto a reflejar problemas que preocupan a los ciudadanos por afectar de manera inmediata a su vida cotidiana. En muchos casos estas quejas han sido presentadas frente a pequeños municipios para exigir la continuidad y la calidad de las prestaciones básicas. Pero junto a las reclamaciones procedentes de municipios de menor tamaño, también hemos apreciado un cierto incremento de quejas referentes a la prestación de servicios públicos esenciales en municipios de mayor tamaño e incluso en ciudades por la deficiente prestación de ciertos servicios en determinadas zonas o barrios de las mismas.

Precisamente con relación a los servicios locales, el abastecimiento de agua potable ha sido en dos mil veinticinco la materia que mayor número de quejas y actuaciones de oficio ha concentrado.

En efecto, más allá de las numerosas quejas recibidas en relación con la prestación del servicio público y que hemos resuelto caso por caso a través de diferentes vías, tales como registros oficiales u otras fuentes de información -normalmente los medios de comunicación-, hemos conocido números episodios de contaminación en abastecimientos de pequeños municipios de todas las provincias de la Comunidad por la recurrente presencia de ciertos contaminantes, especialmente nitrato y en... en menor medida arsénico.

Una reiteración y extensión territorial que permite apreciar una... un problema estructural, por lo que entendemos que era... entendimos que era oportuno incoar tantas actuaciones de oficio como municipios supiéramos o conociéramos que sufrían el problema; lo que determinó la tramitación de 98 expedientes de oficio, con objeto de constatar la existencia de contaminación en los suministros correspondientes, en cuyos casos mediante nuestras resoluciones instamos a las corporaciones municipales a actuar con la máxima diligencia, reforzando los controles sanitarios, a adoptar medidas correctoras inmediatas, proporcionar suministros alternativos hasta la normalización del servicio e implantar soluciones técnicas que permitan evitar la repetición de estos episodios; además de cumplir con el deber de proporcionar a la Administración información clara, continua y accesible sobre la situación del abastecimiento y sobre las actuaciones emprendidas.

A la vista de lo actuado, dada la persistencia de estas incidencias y la limitada capacidad de respuesta de la mayor parte de los ayuntamientos, entendimos que era necesario conocer la actuación de las instituciones provinciales de Burgos, Salamanca, Soria, Segovia y Valladolid por ser las provincias en las que habíamos apreciado un mayor número de episodios de contaminación, por lo que promovimos, en relación con ellas, las correspondiente actuaciones de oficio.

En nuestras resoluciones recomendamos a estas que incorporaran la prevención y corrección de la contaminación del agua de consumo como línea estratégica prioritaria de actuación; que establecieran criterios objetivos de identificación y priorización de municipios con riesgos de contaminación; que previeran líneas estables de financiación para afrontar inversiones iniciales, así como para la explotación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento ya existentes, además de la asistencia técnica requerida por los municipios de menor capacidad económica y de gestión. Todas las diputaciones a las que nos dirigimos aceptaron nuestras recomendaciones.

También promovimos una actuación de oficio en relación con las diputaciones en cuanto a titulares del servicio de prevención y extinción de incendios, mediante las cuales constatamos que existen diferencias en cuanto a la implantación, cobertura y profesionalización de los diferentes servicios provinciales y, en consecuencia, emitimos las correspondientes resoluciones dirigidas a todas las diputaciones a excepción de la de Valladolid. En las cuales, en síntesis, recomendamos que culminaran el despliegue de las redes provinciales de parques, avanzaran en la profesionalización de las plantillas, garantizaran la realización de guardias presenciales en puntos estratégicos y reforzaran la coordinación interadministrativa en la consideración de que la prestación del servicio... de servicios tan esenciales como es el de extinción de incendios exigen contar con estructuras estables, medios suficientes y una cobertura territorial homogénea, especialmente en el medio rural. Nuestras resoluciones fueron aceptadas, salvo en los casos de las diputaciones de Burgos y Zamora, de las cuales no hemos recibido respuesta.

En las materias que integramos a efectos de la organización de nuestro trabajo en el área de fomento, es decir, urbanismo, vivienda, obras públicas, transportes y comunicaciones y sociedad de la información y del conocimiento, recibimos 294 quejas y hemos emitido 123 resoluciones.

Como en ejercicios anteriores, en materia urbanística el mayor número de quejas ha estado relacionado con la aplicación de la legislación del suelo y de ordenación urbana, en concreto han sido 152. En su mayor parte motivadas por la inactividad municipal ante el incumplimiento del deber de conservación de los inmuebles que impone la normativa urbanística a los propietarios, así como por la existencia de edificaciones en avanzado estado de ruina o abandono.

También hemos sido requeridos para que actuáramos ante las autoridades municipales por la excesiva demora en la resolución de solicitudes de licencias urbanísticas. Cuestiones unas y otras sobre las que hemos dictado 66 resoluciones, las cuales en su mayor parte fueron aceptadas por los ayuntamientos a los que nos hemos dirigido.

Relacionadas precisamente con la falta de cumplimiento del deber de conservación que pesa sobre los propietarios de bienes inmuebles, el pasado verano recibimos un importante número de quejas en las que se denunciaba el riesgo de incendio en solares y otros espacios urbanos o periurbanos por la proliferación de maleza, sin que las correspondientes autoridades municipales ejercieran las competencias para las que les habilita el ordenamiento urbanístico.

De las quejas recibidas sobre este asunto, dos fueron múltiples -conforme ya he indicado anteriormente-. Dado que la mayor parte de las quejas a las que me estoy refiriendo fueron presentadas durante las semanas en que estábamos sufriendo una oleada de incendios forestales y urbano-forestales, dimos absoluta prioridad a la resolución de estas reclamaciones al considerar que la situación requería una actuación urgente, que no podía quedar supeditada a la tramitación ordinaria de los... de los expedientes, por lo que nos dirigimos a los ayuntamientos mediante las correspondientes resoluciones evitando cualquier tipo de dilación, incluso sin solicitar los informes que de forma ordinaria requerimos antes de resolver, máxime cuando contábamos prácticamente en todos los casos con documentación gráfica aportada o remitida por quienes habían presentado las quejas.

En nuestras resoluciones urgimos a las autoridades municipales a adoptar de forma inmediata las medidas a que habilita la legislación urbanística, tanto en relación con los solares y fincas privadas como también en los terrenos o espacios públicos, para que, en su caso, ordenaran a los propietarios su limpieza o, en su caso, actuaran subsidiariamente, a costa de los propietarios de las fincas, para con ello minimizar los riesgos de incendio. Las resoluciones emitidas fueron aceptadas en... por todos los ayuntamientos a los que nos dirigimos.

También sobre la base que proporcionan las mismas normas urbanísticas, promovimos una actuación de oficio mediante la que dictamos una resolución que dirigimos a los ayuntamientos de los municipios que superan los 20.000 habitantes, instándoles a que ejercieran sus competencias y ordenaran a los propietarios de locales comerciales en desuso o negocios privados de actividad su adecentamiento y limpieza, dado que el estado de abandono en que en muchos casos se encuentran transmiten una imagen de deterioro y degradación de la ciudad en su conjunto que afecta incluso a entornos de significados valores históricos y culturales. Nuestra resolución fue aceptada por todos los ayuntamientos a los que nos dirigimos, a falta de recibir contestación a día de hoy por parte de las corporaciones municipales de Segovia y Soria.

En relación con el ejercicio del derecho a la vivienda, recibimos 59 quejas y dictamos 34 resoluciones. El mayor número tanto de quejas como de resoluciones emitidas se referían a la tramitación y resolución de expedientes de subvenciones destinados a financiar el alquiler o la mejora energética de las viviendas; quejas en las que se manifestaba la contrariedad de su remitente, según los casos, por la denegación de la solicitud, por la excesiva demora en el pago de la cantidad reconocida o, en fin, también por la tardanza en la resolución de los recursos interpuestos frente a resoluciones dictadas.

Como la mayor parte de los supuestos que conocimos aludían al retraso en el pago de la cantidad concedida o de la resolución de recursos, instamos a la Consejería de Economía y Hacienda a que agilizara las comprobaciones previas al pago de las subvenciones concedidas para hacerlo efectivo cuanto antes, así como la resolución de forma expresa y motivada de los recursos pendientes. Nuestras resoluciones fueron aceptadas en todos los casos.

Así mismo, a través de 17 quejas evidenciamos las dificultades de las personas a las que las quejas se referían para acceder a una vivienda pública en régimen de alquiler social, por lo que, como en años anteriores, hemos constatado el insuficiente número de inmuebles destinados a esta finalidad. Por lo que de las 7 resoluciones que dictamos, insistimos en la necesidad de incrementar el parque público de viviendas destinado al alquiler social. La Administración autonómica en sus contestaciones manifestó que el fomento del alquiler social constituye una prioridad en la política de vivienda.

Sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente hemos recibido 223 quejas, 2 de ellas múltiples, y hemos emitido 61 resoluciones. De las múltiples, una de ellas -integrada por 2.962 reclamaciones- se refería a la instalación de una planta para la generación de energía térmica con biomasa en el complejo de energías renovables de la red de calor sostenible de León, queja que archivamos, al haber tenido conocimiento de que habían sido interpuestos distintos recursos contencioso-administrativos frente a la declaración del proyecto de interés general y la autorización ambiental.

En 14 resoluciones hemos recomendado a otros tantos ayuntamientos que actúen para limitar el ruido nocturno generado por establecimientos de ocio, conforme establece la Ley del Ruido de Castilla y León. En general, en estos casos nuestras recomendaciones fueron aceptadas.

En la línea de lo actuado en años anteriores, también hemos dictado varias resoluciones, en concreto 10, a partir de las quejas relacionadas con la celebración de festejos populares en pequeñas localidades, fundamentalmente por la localización y desarrollo de conciertos y actuaciones musicales. En nuestras resoluciones hemos insistido en que los ayuntamientos deben motivar las decisiones que adoptan para evitar posibles arbitrariedades, debiendo determinar además tanto las características y potencia de los equipos de reproducción y de amplificación sonora como la hora de finalización, conforme a la legislación reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad. En estos casos, nuestras resoluciones, en general, han sido aceptadas.

También resolvimos una queja en la que se denunciaba la contaminación odorífera que sufrían los vecinos de las viviendas más inmediatas a una zona con actividad industrial de la ciudad de Valladolid. En este caso, dirigimos una resolución a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para que, al ser una actividad sujeta a autorización ambiental, asegurara el cumplimiento estricto de las condiciones impuestas, así como la aplicación de las mejores técnicas disponibles en cada momento. Igualmente, instamos al Ayuntamiento de Valladolid a que comprobasa... comprobara si los vertidos procedentes de la industria en cuestión se ajustaban a las condiciones de la autorización otorgada, así como a los límites y prohibiciones fijados en el Anexo 3 del vigente Reglamento de Servicio... del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento. Nuestra resolución fue aceptada por ambas Administraciones.

Por último, me voy a referir a dos actuaciones de oficio. En una, nos ocupamos de las plantas de producción de energía fotovoltaica, considerando el momento en que pierdan utilidad, en la que remitimos una resolución prospectiva dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para que valorara la necesidad de establecer con tiempo sistemas que garanticen la recogida, el almacenamiento, la valorización y la eliminación de los residuos que se generan con la masiva obsolescencia de estas plantas, que se ha de producir con el paso del tiempo. La Consejería aceptó nuestras recomendaciones.

En una segunda actuación de oficio, dirigimos una resolución también a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para que valorase la oportunidad de implementar medidas que fomenten la ganadería extensiva como medio de control natural de la vegetación para la prevención de incendios forestales. En este caso, nuestra resolución no fue aceptada.

En lo que se refiere al servicio educativo, recibimos 125 quejas y formulamos 38 resoluciones. También iniciamos 6 actuaciones de oficio y dictamos 5 resoluciones en ellas. Con referencia en la enseñanza no universitaria, recibimos 82 quejas y formulamos veinti... 24 resoluciones. Concretamente, en relación con la admisión para el primer ciclo de Educación Infantil, dictamos una resolución en la que nos manifestamos a favor de la unificación de los procedimientos de admisión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, sin que exista un régimen específico para el alumnado de primer ciclo de Educación Infantil, al entender que con ello se lograría garantizar la continuidad en un mismo centro educativo de los alumnos de ese primer ciclo una vez finalizado, así como la aplicación, sin excepción, del criterio prioritario de la escolarización de hermanos en el centro solicitado. En este caso, nuestra resolución no fue aceptada por la Consejería de Educación.

Sobre Educación Especial, recibimos 22 quejas y formulamos 11 resoluciones. De ellas, 7 se referían a los apoyos destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y 4 al alumnado con síndrome de Down. En una de nuestras resoluciones, mantuvimos que los apoyos que han de recibir los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales deben coincidir con los señalados en los dictámenes de escolarización y que, en los supuestos de bajas o permisos de los docentes y profesionales destinados a la atención de dicho alumnado, estos sean sustituidos a la mayor brevedad, sin que esas situaciones determinen un aumento de la carga de trabajo para quienes ya tienen asignado su propio alumnado.

Igualmente, consideramos que no se deben reducir los apoyos prestados al alumnado con necesidades educativas especiales en la etapa de Secundaria y en los estudios postobligatorios, así como que los centros educativos deben promover y facilitar la coordinación de los recursos de que disponen los órganos competentes en materia de educación, sanidad y servicios sociales, además de otras instancias que presten apoyos externos al alumnado con necesidades educativas especiales. Todo ello para satisfacer más eficazmente las necesidades que presenta la Educación Especial. Esta resolución fue aceptada parcialmente por la Consejería de Educación.

En otra de las resoluciones que dirigimos a esta Consejería solicitamos que se incrementara con la mayor urgencia la oferta de ciclos formativos dirigidos específicamente a personas con necesidades educativas especiales o formativas, en su caso, para facilitar su inclusión en el ámbito social y laboral. La resolución fue aceptada.

Los días veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veinticinco celebramos en Zaragoza las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, sobre el tema "La vulnerabilidad en las aulas", en las que, a partir del taller preparatorio que realizamos en León y las sesiones que llevamos a cabo en Zaragoza, formulamos un documento técnico y unas conclusiones en las que propusimos... pusimos de manifiesto una serie de medidas dirigidas, en síntesis, a que la educación sea un factor que contribuya a compensar las desigualdades personales, culturales, educativas y sociales de los escolares. Dichas conclusiones, además de estar publicadas en la página web del Procurador del Común, las incorporamos a una resolución que dirigimos a la Consejería de Educación, en el marco de una actuación de oficio que promovimos para ese caso, y que fue aceptada nuestra resolución.

Sobre la enseñanza universitaria, recibimos 14 quejas y formulamos 3 resoluciones. De ellas, destacamos la emitida a la... a la Universidad de Valladolid sobre los criterios para la conversión de las calificaciones obtenidas en centros extranjeros con motivo de los programas de movilidad de estudiantes, como el Erasmus+, dado que dichos criterios no eran los mismos en los distintos centros. A través de la resolución que dictamos recomendamos a dicha Universidad que unificara los criterios por los que se deben regir el reconocimiento y la conversión de calificaciones otorgadas en centros extranjeros, para garantizar a los estudiantes que cursen estos programas una mayor claridad y seguridad jurídica. Nuestra resolución fue aceptada por la Universidad de Valladolid.

Con posterioridad, promovimos ante el resto de las universidades públicas de la Comunidad una actuación de oficio para comprobar si se estaban produciendo situaciones similares y, en su caso, para que fueran corregidas. Esta actuación, promovida en dos mil veinticinco -a finales de dos mil veinticinco-, ha sido resuelta ya a principios de dos mil veintiséis.

En lo referente al ámbito de la cultura, recibimos 18 quejas y emitimos 14 resoluciones. Entre las resoluciones formulamos... formuladas, destacamos 2, en las que pedimos la adopción de medidas para la protección y conservación de sendos Bienes de Interés Cultural, en concreto, el Templo de Santa Columba de Villamediana, en la provincia de Palencia, y el Dolmen de El Turrión, de Navalmorales, en la provincia de Salamanca.

En el primer caso, nuestra resolución fue parcialmente aceptada, en cuanto que solicitamos en ella que la Consejería se dirigiera a la Iglesia católica, como titular del templo, para que adoptara las medidas que fueran necesarias en orden a su conservación.

Y en el segundo, recomendamos a la Administración que valorara la procedencia de llevar a cabo los estudios e investigaciones que fueran precisos para conocer el estado actual de los restos del túmulo. Esta resolución fue rechazada.

En materia de turismo, registramos 13 quejas y dictamos 11 resoluciones. De ellas, 2 -que son a las que me voy a referir- se referían a la adjudicación provisional de destinos de la Campaña de Viajes del Programa Club de los 60 para el año dos mil veinticinco y, más específicamente, sobre las valoraciones de las propuestas presentadas por las agencias de turismo. En ambas resoluciones recordamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que en próximas ediciones el apartado de la idoneidad de la planificación, previsto en las previsiones generales del Programa y, dentro de este, el criterio de calidad -de aplicación potestativa-, o bien tuviera un contenido más objetivo, o bien tuviera menos... menos fuerza decisiva para la adjudicación de los destinos, o ambas cosas a la vez, dado que la aplicación de este apartado podía incidir de forma decisiva en la adjudicación de los destinos a unas u otras empresas. Las 2 resoluciones fueron aceptadas.

En lo referente al deporte, registramos 5 quejas y fueron emitidas 2 resoluciones. Una de ellas la dirigimos al Ayuntamiento de León, en relación con un centro de deporte y ocio de la ciudad, para que garantizara una adecuada oferta de actividades, la limpieza de las instalaciones y unas idóneas condiciones higiénico-sanitarias de las mismas, todo ello conforme a lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la concesión de la explotación del centro. El Ayuntamiento aceptó nuestra resolución.

En las materias que integran el área de industria, comercio, empleo, Seguridad Social y prestaciones, recibimos 94 actua... solicitudes de actuación. En concreto, en el apartado de industria fueron 35; en relación con la actividad comercial, 7; sobre el empleo se solicitaron 9; relativas a la Seguridad Social y prestaciones públicas, 43, de las cuales, por razones competenciales, 32 las remitimos al Defensor del Pueblo. Dictamos 27 resoluciones en relación con las materias referidas, 14 de ellas en expedientes relativos a industria, 2 en materia de comercio, 5 relacionadas con el empleo y 6 con prestaciones públicas.

El mayor número de reclamaciones relativas a la industria se referían a cuestiones relacionadas con la tramitación, resolución y pago de las subvenciones de ahorro energético acogidas a la Orden de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno de la Consejería de Economía y Hacienda, con destino a la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en viviendas. Las 10 resoluciones que hemos dictado sobre ello fueron aceptadas.

También tuvimos ocasión de analizar diferentes expedientes... en diferentes expedientes diversas cuestiones en relación con el suministro eléctrico, tales como la ausencia de respuesta municipal a un escrito en el que se denunciaba la situación de una planta fotovoltaica sin funcionamiento, ubicada en una pequeña localidad de la provincia de Palencia; la falta de retirada de elementos de alumbrado público instalados en una fachada de vivienda situada en una localidad de la provincia de León, pese a haber sido soterrado el cableado en todo el municipio; así como, por ejemplo, y por último, la demora en la resolución de una reclamación por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia frente a una facturación eléctrica. En todos los casos nuestras resoluciones fueron aceptadas por las Administraciones a las que nos dirigimos.

En relación con el ejercicio de la actividad comercial, conocimos de la denegación de la solicitud de instalación de un puesto en el mercado medieval que se celebra anualmente en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria, frente a cuya reclamación nos dirigimos al ayuntamiento para indicarle que decisiones como la que generó la queja deben ser motivadas, a la vez que recomendamos que se establecieran mediante criterios objetivos y neutrales las condiciones de participación en dicho mercado, máxime cuando su celebración ya había alcanzado en ese momento 15 ediciones. Nuestra resolución fue aceptada.

En lo referente al empleo, me referiré, en primer lugar, a dos resoluciones dictadas en relación con otras tantas acciones formativas. Así, una de ellas la dictamos a partir de una queja que recibimos por la exclusión de una persona desempleada de un... en un programa público mixto de formación y empleo organizado por el Ayuntamiento de Ávila y el Ecyl, destinado a la obtención de un certificado de profesionalidad. Y la otra obedecía a una reclamación por la exclusión de una persona de una acción formativa organizada por el Ayuntamiento de Salamanca dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social. En estos casos, nuestras resoluciones fueron aceptadas.

En otro expediente analizamos la falta de respuesta a las solicitudes de homologación salarial de los trabajadores de los centros y servicios asistenciales de atención a la discapacidad con otros trabajadores de este sector que prestan sus servicios en otras Comunidades Autónomas, reivindicación que reiteradamente había sido presentada ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que, mediante nuestra resolución, recomendamos que fuera satisfecha, recomendación que, sin embargo, no fue aceptada.

En lo referente a las prestaciones públicas, de las 6 resoluciones que emitimos, 3 ponían fin a 3 expedientes. En concreto, 2 de ellos tenían como su fundamento, respectivamente, en la percepción simultánea de la renta garantizada de ciudadanía y una pensión no contributiva de jubilación. Y de aquella, la renta garantizada de ciudadanía con el denominado ingreso mínimo vital. La tercera resolución tuvo su origen en la denegación de la renta garantizada de ciudadanía por incumplimiento del requisito consistente en que los miembros de... en edad laboral de la familia deben estar inscritos como demandantes de empleo en la fecha de la solicitud. En ninguna de las 3 resoluciones que dictamos apreciamos irregularidad en la actuación pública. Pese a ello, efectuamos algunas recomendaciones generales tendentes a que se agilizaran los pronunciamientos por parte de la Administración.

Por último, daré cuenta de un expediente en el que analizamos la falta de remisión al Instituto Nacional de la Seguridad Social por parte del Ayuntamiento de Ávila de documentación relativa a la situación laboral de una persona que prestó servicios en esa entidad local en dos períodos comprendidos entre mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y tres. En la resolución que dictamos recomendamos al Ayuntamiento que llevara a cabo las actuaciones necesarias para que los períodos trabajados en dicha entidad pudieran reflejarse como efectivamente cotizados en el informe de vida laboral para el cálculo de la pensión de jubilación de la persona concernida. Nuestra resolución fue aceptada.

En materia de agricultura y ganadería, recibimos 49 reclamaciones y formulamos 14 resoluciones, y también tramitamos y resolvimos una actuación de oficio. De las quejas recibidas, 5 se referían a otros tantos procesos de concentración parcelaria, procesos en los que, como venimos haciendo, recomendamos a los Servicios Territoriales de la Administración autonómica que promuevan los consensos necesarios entre las personas interesadas en la reordenación de la propiedad. En esa línea, ante la oposición de una... a una concentración parcelaria promovida en una pequeña localidad de la provincia de Zamora, en la resolución que dirigimos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural recomendamos que se fomentase la participación de los propietarios en la toma de decisiones que se fueran a adoptar sobre la distribución de las fincas resultantes. La resolución, en este caso, fue aceptada.

Y en relación con la actividad ganadera, nos fue presentada una queja para que el titular de una explotación de ganado vacuno de un municipio de la provincia de Salamanca fuera resarcido de los daños y perjuicios que había sufrido al haber sido sacrificadas las redes... las reses de su explotación en el marco de una campaña de saneamiento ganadero desarrollada entre los años dos mil dieciocho y dos mil veintiuno. En nuestra resolución pedimos que se resolviera cuanto antes el expediente y se hiciera efectiva la indemnización, resolución esta que fue aceptada por la Consejería competente en la materia, máxime cuando había una sentencia judicial sobre el particular en ese mismo sentido.

Por último, me referiré a una actuación de oficio que promovimos ante la posible demora en la tramitación de los procedimientos de renovación de carnets necesarios para la utilización de productos fitosanitarios, dado que estaba muy próxima la conclusión del plazo de diez años de validez de los aproximadamente 44.000 carnets que habían sido expedidos en el año dos mil quince. En nuestra resolución formulamos varias recomendaciones a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para evitar que el retraso en la renovación pudiera afectar a la aplicación de los tratamientos ordinarios de sanidad vegetal ese año. La Consejería aceptó la resolución.

Durante el año dos mil veinticinco recibimos 103 quejas relacionadas con el Área de Interior. De ellas, 76 hacían referencia a cuestiones de tráfico y seguridad vial, 19 a seguridad ciudadana, 6 a protección civil y 2 a materias conexas con las que acabo de citar. Emitimos 43 resoluciones.

En el ámbito de la seguridad vial, nos fue presentada una queja por el funcionamiento de un semáforo regulador de un paso de peatones situado frente a la estación de ADIF en León. Pues bien, aunque constatamos que el semáforo funcionaba correctamente, dada su localización propusimos una serie de mejoras para garantizar su uso... un uso más seguro por parte de peatones, especialmente para personas con discapacidad visual y auditiva. Nuestra resolución fue aceptada.

También recibimos una queja en la que se denunciaba la circulación de bicicletas, y sobre todo de patinetes eléctricos, por aceras y zonas peatonales en la ciudad de León. Nos informamos de que una ordenanza municipal prohibía expresamente esta práctica, por lo que en nuestra resolución indicamos al ayuntamiento que debía actuar para conseguir su efectivo cumplimiento, para lo que propusimos diversas medidas, tales como la realización de campañas informativas, colocar señalizaciones en lugares adecuados, reforzar la vigilancia de la policía local y ejercer de forma efectiva, cuando fuera necesaria, la potestad sancionadora. El ayuntamiento aceptó la resolución.

Precisamente en relación con el problema que suscita la circulación de patines... patinetes eléctricos en nuestras ciudades, hemos promovido en dos mil veinticinco y resuelto ya en... a principios de dos mil veintiséis una actuación de oficio dirigida a todos los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad.

También hemos recibido varias quejas por irregularidades en la tramitación municipal de procedimientos sancionadores en materia de tráfico, quejas que hemos resuelto analizando los correspondientes expedientes tramitados, y deduciendo, en buena parte de los casos que hemos conocido, vicios invalidantes de las resoluciones emitidas, por lo que, en estos casos, en nuestras resoluciones recomendamos la revocación de los actos sancionadores con devolución de lo percibido por los ayuntamientos correspondientes en concepto de sanción y, en su caso, incluso los intereses devengados. Las resoluciones, en general, dictadas en estos casos han sido aceptadas.

En materia de sanidad y consumo, recibimos 230 quejas; de las cuales, 205 lo fueron en materia de sanidad y 25 en materia de consumo. A las quejas presentadas debemos añadir 5 actuaciones de oficio promovidas por ese... en ese mismo ejercicio.

El mayor número de reclamaciones registradas en materia de sanidad estuvo relacionada con la gestión de las listas de espera y las demoras en la atención sanitaria, supuestos frente a los que en nuestras resoluciones hemos insistido en que una excesiva demora en la atención de la asistencia sanitaria no se corresponde con el derecho y las expectativas de las personas a recibir una atención sanitaria adecuada, por lo que, consecuentemente, hemos reclamado la implementación de las medidas oportunas para agilizar las listas de espera y, con ello, la mejora de la asistencia sanitaria.

También resolvimos 2 actuaciones de oficio relacionadas con las listas de espera: la primera de ellas, acerca de la demora en la atención prestada por la Unidad del Dolor de Zamora; y la segunda tuvo por objeto la lista de espera en las consultas de cirugía plástica y reparadora del Hospital Universitario de Burgos, pues de acuerdo con los datos publicados en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León, al finalizar el año dos mil veinticuatro, la práctica totalidad de pacientes en espera para una primera consulta en esta especialidad correspondían al citado centro hospitalario, cuyas demoras eran las más altas de la Comunidad. De las correspondientes resoluciones que dictamos, la primera la consideramos aceptada y la segunda solo en alguno de sus contenidos.

La prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica en el medio rural también ha determinado la tramitación de algunos expedientes de queja motivados por la solicitud de reapertura de consultorios locales, como la referida al municipio de Villamol, en la provincia de León; o las oficinas de farmacia, como fue el caso de Villar del Río, en la provincia de Soria. Las resoluciones emitidas al respecto, hemos reiterado el deber de las Administraciones públicas de garantizar una correcta prestación de los servicios públicos a las poblaciones rurales y, con ello, facilitar a sus habitantes los servicios básicos que permitan el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan las personas residentes... que residimos en las áreas rurales.

Precisamente, considerando la necesidad de que se mantengan las farmacias rurales, tramitamos un expediente de oficio, en cuya resolución insistimos en el papel fundamental que desempeñan las oficinas de farmacia en la medida en que contribuyen a garantizar la salud pública en el medio rural, además de constituir un factor que también contribuye, junto a otros, siquiera indirectamente, al sostenimiento demográfico de las poblaciones rurales, por lo que recomendamos la adopción de una serie de medidas que, consideramos, pueden ayudar a mantener su viabilidad. Nuestra resolución, en este caso, no fue aceptada por la Consejería de Sanidad.

También nos hemos ocupado, a partir de las quejas recibidas, de la atención pediátrica en nuestra Comunidad, concretamente de la asistencia sanitaria prestada a la población infantil en el centro de salud de Guardo, en la provincia de Palencia, puesto que en la queja se nos... que nos fue presentada se indicaba que, al no disponer de pediatra, eran los profesionales de Atención Primaria los responsables de dicha asistencia. En nuestra resolución mantuvimos que la atención a la población infantil debe prestarse por profesionales y especializados en pediatría también en el medio rural, aunque somos conocedores de la escasez de facultativos de esta especialidad a nivel nacional. Nuestra resolución no fue aceptada.

Nos hemos pronunciado, igualmente, sobre diversos aspectos que afectan a la financiación de los gastos sanitarios que soportan los pacientes o sus familias. Por ejemplo, formulamos una resolución a la vista de que las órtesis craneales no están cubiertas por el Sistema Sanitario Nacional ni tampoco están incluidas en el Catálogo de Material Ortoprotésico de la Comunidad, pese a la importancia que puede tener este tipo de órtesis en el tratamiento de las patologías relacionadas con las malformaciones craneales de los bebés y del coste que supone su adquisición, por lo que recomendamos a la Consejería de Sanidad que valorase la inclusión de las órtesis craneales en el Catálogo de Material Ortoprotésico de... del Sacyl. Nuestra resolución no fue aceptada.

En fin, también resolvimos una queja relativa a los requisitos de acceso a las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, el alojamiento y la manutención, así como a la cuantía de aquellas. Resolución en la que recomendamos que fueran compensados los... los gastos que generan los desplazamientos para recibir asistencia sanitaria en aquellos casos en que no se pueda prestar dicha asistencia en la provincia de residencia del usuario y que sean actualizadas las cuantías de las ayudas por los gastos a los que han de hacer frente los pacientes y sus acompañantes. La Consejería de Sanidad no aceptó nuestra resolución.

En el área de trabajo que integramos las cuestiones relacionadas con la protección de la familia y la igualdad de oportunidades de las personas, recibimos 148 quejas, promovimos 9 actuaciones de oficio y emitimos 193 resoluciones.

En lo referente a la protección de las personas mayores, nos fueron presentadas 26 quejas. En 3 resoluciones que formulamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, requerimos la aplicación de un nuevo modelo de atención inter... del nuevo modelo de atención integral de cuidados de larga duración en varios recursos de la red de centros residenciales, dando satisfacción no solo a las necesidades asistenciales, sino también favoreciendo la autodeterminación individual y la atención libre de sujeciones. Nuestras resoluciones, en estos casos, fueron aceptadas.

También en relación con la protección de las personas mayores, promovimos 2 actuaciones de oficio en las que dictamos sendas resoluciones recomendando a la misma Consejería que extremara la labor de supervisión sobre dos concretos centros residenciales para que la asistencia a las personas residentes se realizara en las mejores condiciones. En ambos casos, nuestras resoluciones fueron aceptadas.

En relación con el sistema de atención a la dependencia recibimos 12 quejas y emitimos 4 resoluciones, de las cuales me referiré a 3 de forma muy sucinta. En una de ellas, indicamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la conveniencia de que sean ampliadas las plazas residenciales públicas y concertadas de atención a la dependencia para reducir las listas de espera; indicación esta que no fue aceptada.

En otra resolución que dirigimos a la misma Consejería, recomendamos que resolviera, aunque con retraso, un procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, pese a haberse producido el fallecimiento de la persona solicitante, dado que, con apoyo en la jurisprudencia que citábamos en nuestra resolución, resultaba factible el reconocimiento del derecho de los causahabientes a percibir la prestación económica correspondiente al período transcurrido hasta el fallecimiento. Y esta resolución no fue aceptada.

En otra resolución -que esta sí fue aceptada por la misma Consejería- sugerimos el reconocimiento de efectos jurídicos al sistema de cita previa en el marco de los procedimientos de dependencia, de tal modo que la posible demora en la asignación de la cita solicitada no comporte la pérdida de derechos para el ciudadano en aquellos trámites sujetos a plazo.

Destacamos también las 52 reclamaciones que recibimos en la... sobre la protección de derechos de las personas con discapacidad frente a las dificultades que siguen padeciendo para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. En particular, emitimos 4 resoluciones a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a causa de las demoras habidas en diversos procedimientos de valoración del grado de discapacidad y, por tanto, en su resolución. Las recomendaciones que efectuamos en estos casos fueron aceptadas. En una de ellas, además, dado que el retraso había impedido a una persona participar en diversos procesos selectivos para el acceso al empleo público, sugerimos a la Administración autonómica el inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial, sugerencia esta que, sin embargo, no fue aceptada.

Como en años anteriores, también recibimos numerosas reclamaciones, en concreto 31, sobre la existencia de barreras urbanísticas y arquitectónicas en diferentes municipios, cuestiones sobre las que formulamos 13 resoluciones en las que, como venimos haciendo reiteradamente, reclamamos a las correspondientes corporaciones municipales la adopción de las medidas que garanticen la plena accesibilidad de todas las personas, resoluciones estas que, en general, fueron aceptadas.

También a raíz de una queja, recomendamos al Ayuntamiento de Soria que requiriera a la concesionaria del servicio de transporte urbano la realización del mantenimiento y control necesarios para garantizar que todos los vehículos de la flota dispongan de rampas de acceso en funcionamiento, recomendación esta que sí fue aceptada.

En el resto de quejas relacionadas con la discapacidad, reclamamos la aplicación de acciones positivas para favorecer la inclusión social en determinados o en diferentes ámbitos. Así, en una resolución que formulamos a la Consejería de Educación -que fue aceptada- recomendamos el establecimiento de pruebas de acceso a los estudios de Formación Profesional ajustadas a las circunstancias de las personas con discapacidad. En otra resolución, remitida esta a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en respuesta a una queja relacionada con las dificultades de los jóvenes con discapacidad no empadronados en municipios de Castilla y León para acceder a las residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud, nos pronunciamos en favor de la eliminación del requisito del empadronamiento. Nuestra resolución fue aceptada.

Promovimos también varias actuaciones de oficio sobre cuestiones relativas a la discapacidad, a las que me referiré también de forma lo más sucinta posible. Así, nos dirigimos a las diputaciones provinciales, a los municipios capitales de provincia y a las universidades públicas de Castilla y León sobre la convocatoria de procedimientos de promoción interna con reserva de plazas para personas con discapacidad, y emitimos las resoluciones correspondientes recomendando el cumplimiento de la obligación de reserva de cupo en esos procesos selectivos a los ayuntamientos de León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, a todas las diputaciones provinciales excepto a la de Valladolid, a la Universidad de Burgos y a la Consejería de la Presidencia. Todas las Administraciones referidas han aceptado nuestra recomendación, excepto los ayuntamientos de Segovia y Burgos, la Diputación de... Provincial de Ávila, que aún no han contestado -aunque están en plazo para hacerlo-, y el Ayuntamiento de Palencia, que rechazó nuestra resolución.

En otra de las actuaciones de oficio promovidas, esta dirigida a los municipios de más de 50.000 habitantes, hacíamos referencia a las dificultades de aparcamiento de quienes padecen una movilidad reducida, y formulamos resolución a los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Segovia, Soria y Zamora, a fin de que procedieran a la creación, como mínimo, de cuantas plazas fueran precisas para dar cumplimiento a las ratios exigidas legalmente. Todos los ayuntamientos aceptaron nuestra resolución.

Mediante otra actuación de oficio reclamamos a las universidades públicas de Castilla y León la adopción de una serie de medidas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo universitario. Las 4 universidades también aceptaron nuestra resolución.

Igualmente, actuamos de oficio en relación con los ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 habitantes para que promovieran la adaptación de los aseos públicos existentes a fin de que pudieran ser utilizados por todas las personas, incluidas las afectadas por limitaciones de movilidad y las ostomizadas. Todas las corporaciones a las que nos hemos dirigido han aceptado nuestra resolución, a excepción de los ayuntamientos de Valladolid, Arroyo de la Encomienda y San Andrés del Rabanedo, que rechazaron -las rechazaron-, y los ayuntamientos de Segovia y Miranda de Ebro, que aún no han respondido.

Finalmente, haré una referencia a la actuación de oficio que promovimos sobre el consumo de bebidas alcohólicas por jóvenes y adolescentes, dado el todavía alto nivel de prevalencia existente en nuestra Comunidad. Las resoluciones que dirigimos a los 16 ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras recomendaciones, indicamos que debían incrementar la actividad de vigilancia e inspección sobre los establecimientos de dispensación y venta de bebidas alcohólicas y prestar especial atención al fenómeno del botellón. Salvo el Ayuntamiento de Segovia, que no ha comunicado su postura, el resto aceptaron nuestra resolución.

Y en el marco de esta misma actuación de oficio, formulamos resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades -que consideramos aceptada- a fin de que realice un seguimiento continuo de los efectos de las acciones previstas en la planificación autonómica sobre adicciones, con el fin de avanzar en la prevención y erradicación del consumo abusivo de alcohol entre nuestros adolescentes y jóvenes.

Las quejas recibidas en materia tributaria fueron 102. De ellas, destacamos que, como ha venido sucediendo en años anteriores, la fiscalidad local es la que ha... la que ha generado un mayor número de quejas, concretamente 80, frente a las 7 reclamaciones vinculadas a impuestos gestionados por la Administración autonómica. Hemos formulado 58 resoluciones.

Me voy a referir de forma muy sucinta a algunas resoluciones que hemos dictado a partir de las correspondientes quejas recibidas o, en su caso, de actuación de oficio.

Así, el Ayuntamiento de Laguna de Duero, de la provincia de Valladolid, había denegado la bonificación del 50 % del IBI a varios vecinos que habían instalado placas fotovoltaicas, basándose para ello en una reinterpretación de la ordenanza, según la cual se exigía mayor potencia instalada que la que inicialmente había sido publicada en la web municipal y aplicada durante los años dos mil veintidós y parte de dos mil veintitrés. Concluimos que este cambio de interpretación, este cambio hermenéutico, vulneraba los principios jurídicos de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, de igualdad, y la doctrina del precedente administrativo, por lo que propusimos revocar las denegaciones. Las 3 resoluciones que dictamos sobre este asunto fueron aceptadas.

Con referencia a las tasas, recibimos... -la gestión de las tasas- recibimos y resolvimos diversas quejas motivadas por cobros duplicados o errores en la facturación del suministro de agua por diferentes ayuntamientos; supuestos frente a los que recomendamos en nuestras resoluciones la devolución de los importes indebidamente cobrados junto a las indicaciones necesarias para mejorar en cada caso la gestión por el cobro del servicio. Nuestras resoluciones fueron aceptadas por las respectivas corporaciones.

Y para terminar, daré cuenta de una actuación de oficio que promovimos tras conocer por los medios de comunicación que varias familias numerosas residentes en Burgos no habían podido beneficiarse en el ejercicio de dos mil veinticinco de la bonificación del IBI correspondiente a vivienda habitual, debido a no haber presentado la solicitud dentro del plazo previsto en la ordenanza fiscal municipal. En la resolución que dictamos pedimos que se reconsiderara la denegación de la bonificación por el retraso en la presentación de la solicitud, siempre que se cumplieran todos los requisitos exigidos para su reconocimiento a fecha uno de enero, teniendo en cuenta el tipo de familias beneficiarias de la medida y que el Ayuntamiento de Burgos todavía disponía del tiempo necesario para tramitar las solicitudes antes de la puesta a cobro del impuesto. A la vista de nuestra resolución, el Ayuntamiento rechazó la... la excepcional ampliación del plazo que habíamos solicitado y aceptó, sin embargo, dar mayor publicidad a las próximos convocatorias, que también habíamos solicitado.

En fin, finalizo esta ya creo que larga intervención agradeciéndoles sinceramente la atención prestada. Y permítanme también, para terminar, que exprese, igualmente, mi máximo agradecimiento hacia las personas que prestan su servicio en la Institución y con ello contribuyen, día a día, a que el Procurador del Común pueda cumplir con su deber de tutelar los derechos de las personas; una labor que me honra en realizar y, por ello, quiero agradecer sinceramente, sin ninguna reserva, a las Cortes de Castilla y León que me confiara esta misión ahora ya casi hace ocho años, y que desde entonces, en las sucesivas comparecencias, hayan valorado el trabajo que venimos haciendo de forma positiva, al menos así lo he percibido. Muchas gracias. [Aplausos].

Muchas gracias, señor Quintana López. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, en un turno compartido, en representación de Soria ¡Ya!, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Ceña Tutor.

Pues quiero comenzar, señorías, haciendo un llamamiento y una pregunta a los grupos mayoritarios de esta Cámara, a Partido Popular, Partido Socialista y Vox: ¿por qué se niegan a cumplir la ley con el señor Quintana? Porque tendría que haber estado renovado en su puesto hace casi cuatro años. ¡Cuatro años en funciones! Cuarenta y nueve votos tienen la culpa. Espero que ahora sí, en esta legislatura, los grupos mayoritarios de esta Cámara se pongan de acuerdo, porque la política es eso, llegar a consensos.

Disculpas, por tanto, por este tenerle a usted en funciones y también agradecimiento por lo detallado y lo minucioso del informe.

Yo me he quedado con las cosas que dice -como no puede ser menos- de la provincia de Soria, problemas que usted ha detectado y que se repiten año tras año en sus informes: la calidad del agua de consumo, la prestación de los servicios públicos en pequeños municipios y también la falta de servicios básicos para hacer frente a la despoblación.

Un problema, el del agua de Castilla y León, que ha puesto esta mañana de manifiesto y que el Partido Popular, que lleva 40 años gobernando esta Comunidad, pues lo único que ha hecho son grandes ruedas de prensa, grandilocuentes, y pocas soluciones reales; y los vecinos sin agua potable. Además, con la arrogancia de que, cuando Soria ¡Ya! presentó en la legislatura pasada una interpelación y una moción al respecto, pues PP y Vox votaron en contra. La Diputación de Soria tampoco está ni se le espera en la solución de este problema.

Servicios esenciales que faltan en el mundo rural, como el que ha dicho usted de las farmacias rurales, y el ejemplo está claro: Villar del Río. Son un elemento esencial para garantizar la prestación sanitaria y su falta es un factor que acelera la despoblación. Y yo le pregunto, señor Vázquez Ramos: ¿cuándo va a solucionar el problema de la farmacia de Villar del Río? ¿Cuándo? Poblaciones pequeñas, vecinos envejecidos y grandes dificultades para sostener los servicios básicos. Pero también, sobre todo, poco esfuerzo y interés en solucionarlo.

La Junta, la Diputación de Soria, no cumplen muchas de las resoluciones que usted dicta. Pero, señor Martínez Mínguez, el Ayuntamiento de Soria, tampoco. Tiene muchos problemas el Ayuntamiento de Soria últimamente, pero este informe del Procurador del Común de dos mil veinticinco deja de manifiesto un problema de funcionamiento administrativo en el Ayuntamiento de Soria y una falta de respuesta a los ciudadanos: los recursos administrativos no se resuelven, los expedientes de responsabilidad patrimonial no se resuelven, hay retrasos indebidos en prácticamente todos los procedimientos administrativos que gestiona el Ayuntamiento. Y, por eso, señor Quintana, coincidimos con usted en las apreciaciones que hace sobre los incumplimientos del Ayuntamiento de Soria y también sobre los problemas fundamentales que tiene la provincia de Soria: despoblación, falta de servicios esenciales y un problema absoluto de contaminación del agua de boca. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor... señor Tutor. En segundo lugar, en representación de Por Ávila, tiene la palabra ahora el señor Pascual Muñoz.

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención agradeciéndole tanto su presencia aquí como su trabajo. Y este agradecimiento quiero hacerlo también extensivo a todo su equipo y a todas las personas que trabajan para la Institución.

Creo que la labor del Procurador del Común toma especial relevancia y valor añadido como reflejo directo de las preocupaciones que tienen los ciudadanos de nuestra Comunidad. Por eso, su informe resulta interesante para el trabajo en estas Cortes, donde deberíamos centrarnos -y yo creo que en mayor medida deberíamos centrarnos en el trabajo este de las Cortes- en las cosas más concretas que condicionan el día a día de los ciudadanos de Castilla y León y no perdernos, como habitualmente suele pasar, en asuntos que exceden a nuestra Comunidad.

Nos ha dado detalles de los más de 6.200 expedientes abiertos, que recogen más de 2.200 quejas, aunque el dato más positivo creo que es el del grado de aceptación por las Administraciones y entidades públicas de las resoluciones en las que se formulaba recomendación, sugerencia, deberes legales o recordatorio, al superar -como usted ha comentado- el 84 %.

Quisiera brevemente destacar cosas que, como usted sabe, se vienen repitiendo año tras año. En este sentido, la Administración local vuelve a ser quien más quejas recibe, con los ayuntamientos aglutinando un gran número de ellas.

Lógicamente, en esto yo creo que influye el ser la Administración más cercana al ciudadano, pero también posiblemente el hecho de que en muchas ocasiones los ayuntamientos carecen tanto de medios como de financiación suficiente para responder o actuar con la agilidad que los vecinos demandan. Esto refleja claramente la importancia de la financiación de la Administración local, más aún en una Comunidad como la nuestra con tantos municipios, con solo cuatro de ellos por encima de los 100.000 habitantes y una inmensa mayoría por debajo de los 5.000.

Quiero destacar también las quejas tramitadas en torno a la sanidad o al medio ambiente, ambas con más del 10 %. Siendo significativas las relativas a incendios o aquellas, por lo sensible e importancia que tienen, sobre la atención a nuestros mayores.

Ya me ha escuchado, señor Quintana, hablar en otras ocasiones de la desigualdad territorial. Pues bien, su informe confirma que existen desigualdades, algunas de las cuales, en determinadas zonas o provincias, se convierten ya en problemas estructurales. Por eso vuelvo a pedirle que valore este asunto y la necesidad de que sea considerado a la hora de actuar por parte de la Junta de Castilla y León, reforzando las infraestructuras y los servicios públicos si de verdad queremos vertebrar pues esta nuestra extensísima Comunidad.

La última vez que usted estuvo aquí recuerdo que fuimos varios los intervinientes que hablábamos de la tensión parlamentaria y la polarización y que seguramente usted, entendíamos, igual que usted yo creo, que eso no conlleva nada positivo. Esperemos que en esta legislatura recién comenzada esta tensión se rebaje y se actúe desde el diálogo para afrontar los temas que no... que nos son comunes, y, entre ellos el de la renovación de las Instituciones Propias, como es el caso de la que usted representa y que parece que por fin, con unos años de retraso, afrontaremos; espero que a la vuelta de verano.

Y finalizo reiterando el reconocimiento desde Por Ávila a su trabajo y al de toda la Institución por la labor desarrollada. Su esfuerzo contribuye a proteger los derechos de los ciudadanos y a mejorar el funcionamiento de las Administraciones públicas, algo de especial valor en momentos de desafección hacia las instituciones. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Pascual Muñoz. Para finalizar el turno del Grupo Mixto, tiene ahora la palabra la señora Gallego González, en representación de la UPL.

Pues gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Quintana, buenos días. En primer lugar, desde la Unión del Pueblo Leonés queremos comenzar reconociendo su trabajo, tanto el suyo personalmente como el del equipo que le acompaña. Una labor que resulta esencial para dar voz a quienes a veces no encuentran respuesta en las distintas Administraciones y señalar así las carencias en servicios públicos que en demasiadas ocasiones se cronifican lejos de buscar solución.

Permítame que le diga que sí que es verdad que sorprende -y yo creo que a todos los presentes aquí- que una Institución Propia de estas Cortes, como también lo son el Consejo de Cuentas o el Consejo Económico y Social, sean instituciones que llevan secuestradas en su renovación desde el año dos mil veintitrés, y que no sabemos si por incapacidad de... de aquellos que nos gobiernan de... de poder llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios y obtener la mayoría cualificada de tres quintos, o porque realmente no les importa en exceso su función, y llevan tres años en esa interinidad en la que se justifica con mucha palabrería, pero con pocas ganas de trabajar por parte de quien nos gobiernan hoy en día.

Y es que, al amparo de su informe, se recogen evidentemente pues muchas quejas, muchas... muchos problemas de los ciudadanos, tantos como 6.410 expedientes derivados, como usted bien decía, de 2.206 quejas y 143 actuaciones de oficio. Donde han sido aceptadas el 84 % -lo cual es algo positivo-, pero volvemos otra vez a reiterar que muchas son cronificadas en el tiempo, con lo cual, el problema persiste y la solución es nula.

Si vamos a las materias, vemos que donde más quejas ha recibido es en esa Administración local, casi el 23 %. Fomento, empleo público, sanidad, medio ambiente pues están también en el ranking. Y si vamos por provincias, indudablemente León tiene la mayor número de quejas dentro de su... de su listado: 524. Claro, esto no es casualidad; también hay que ver cuál es la radiografía de nuestra provincia y cómo el 23 %, uno de cada cuatro leoneses, ha presentado una queja. Es decir, esos problemas estructurales tantas veces denunciadas en estas Cámara es fruto de esa desigualdad, de esas políticas que no nos favorecen.

Y donde si vamos a cuáles son los problemas, pues es básicamente en materia de medio ambiente: esas reclamaciones relativas a la planta de incineración de biomasa, la red de calor, en la cual la Junta pues las quejas llevó más de 3.000, en esa concesión demanial de terrenos o en el proyecto de interés regional o en esa autorización ambiental. Claro, al no encontrar soluciones, es evidente que la vía administrativa no vale y han acudido a la vía judicial.

Como también aparecen casi 440 quejas relativas a la pediatría o distintas reclamaciones vinculadas a la reclasificación profesional de empleados públicos, o en prevención de incendios al amparo también de lo que hemos vivido en el verano anterior. Esto, con carácter general, podemos decir que serían las grandes líneas de las reclamaciones.

Pero si vamos a los bloques, en sanidad ese 11 % no hace sino ver que es un servicio público esencial que preocupa a los ciudadanos y sobre todo, evidentemente, a los que vivimos en el mundo rural. Porque, además de las deficiencias observadas, tenemos que añadirle esa... ese plus que supone la falta de servicios y la falta de una atención adecuada. Porque el envejecimiento de la población, el asentamiento de... de familias jóvenes aquí todavía tiene mayor importancia el tener o no ese servicio sanitario cubierto: el que haya una farmacia en el mundo rural, un médico cuando se le necesita, una consulta cercana, que los consultorios no estén cerrados, contar con especialistas -que, evidentemente, se ha puesto también aquí sobre la mesa-, las largas listas de espera, y las demoras injustificadas que agravan, evidentemente, el problema.

Y donde la pediatría en el mundo rural sí que es un problema; sí que es un problema a la hora de elegir o no el vivir en el mundo rural o en una ciudad, que al final todo lo hace más fácil.

Y es que nosotros, cuando se tramitaba la Ley de Puestos de Difícil Cobertura -ahí en el año dos mil veinticinco, a finales, porque estuvieron en el límite absoluto, cuando ya se venía a poner fin a esta legislatura pasada-, nosotros colaboramos con enmiendas, nosotros aprobamos esa ley para que se diera solución al grave problema que decimos que es la sanidad en esta Comunidad Autónoma, señor consejero. Y que, evidentemente, evidentemente, ese cumplimiento o incumplimiento que decía de que tres meses para que esas listas estuvieran aprobadas, siguen ahí, en un limbo, esperando. Con lo cual, este verano veremos más de lo mismo: el fracaso sanitario y donde los ciudadanos volverán a sufrir esas consecuencias. Y, con ello, en su informe del próximo año estarán reflejadas.

Con respecto a la Administración local, pues es la que lleva el mayor porcentaje. Claro, el tipo de ayuntamientos condiciona mucho la posibilidad o no de dar recursos: sin recursos, imposible mantener servicios. Y es que la carga es cada vez mayor, la financiación ridícula, y ahí vienen plasmados todos los problemas en su informe: aguas, residuos, mantenimiento, atención ciudadana, servicios sociales, conservación de infraestructuras, que aparecen y que nosotros respetamos porque, evidentemente, el ciudadano tiene derecho a que se den en unas condiciones de calidad a los mismos, pero sin financiación tenemos que estar convencidos que poco o nada se puede hacer. Máximo cuando muchos de los ayuntamientos pequeños, esas entidades locales a las que se reivindica esa acción positiva, tienen no solamente la falta de recursos, sino que, además, obtienen unas subvenciones mínimas, con una burocracia absurda, sin personal, lo cual lo hace que todavía sea más difícil el cumplimiento de sus competencias propias, o bien, en su caso, muchas veces, de las cuales corresponden a otra Administración -en este caso la Administración autonómica- y con una subvención se trata de zanjar el problema.

Señor Quintana, lo que le pedimos es mayor exigencia y firmeza en las Administraciones grandes e incumplidoras en sus obligaciones y competencias, y mayor empatía también con respecto a las pequeñas, en donde esa falta de financiación ahoga y hace que se hagan malabares.

Y aprovecho aquí también para decirle que, bueno, es una queja que le va a llegar probablemente para el próximo informe, pero que le pido esa empatía también cuando los representantes públicos, en este caso, hoy tiene o puedo hablar en primera... o en, bueno, en nombre de un portavoz del Grupo de la UPL de La Robla: pide que para la gestión municipal se le agilice la posibilidad de tener locales o acceder a un lugar para poder desarrollar esa función democrática, esos asuntos municipales. Y lo que estamos viendo pues son enredos por parte de la propia Procuraduría, al poderle... al ponerle ciertas trabas de tener que exigir pues su condición y, con ello, ese alargar la posibilidad de ejercer sus funciones públicas. Estamos hablado ya de una demanda que proviene del año dos mil veintitrés y que creemos que no cuesta nada y que en su labor sí que podría favorecer la labor democrática que le correspondería.

Con respecto a otra materia (transportes, infraestructuras, conectividad); también tiene una parte importante, como usted recoge, casi el 14 %. Una Comunidad extensa, donde falta el plan de carreteras, y que todo ello genera pues esa situación molesta para los ciudadanos en las conexiones. También quejas en la... en materia ferroviaria insuficiente, la mala cobertura digital; donde no son simples inconvenientes, sino que van a mayores; es decir, están imposibilitando una prestación adecuada, muchas veces, que soporta el mundo rural: con la falta de internet, dificulta el asentamiento de familias jóvenes y también para la gente mayor, para poder hacer los trámites burocráticos.

Y paso a hacer alguna mención especial a esas actuaciones de oficio que usted relataba. Es decir, sorprende, por ejemplo, que la Consejería de Presidencia no permita el teletrabajo de personas en... con tratamiento oncológico o enfermedad muy grave, cuando hubiera sido una actitud positiva, nada costosa y que, al final, nos pondría a un nivel de otras Comunidades Autónomas mucho más avanzadas en esta materia y... o empáticas, como puede ser Asturias o Aragón.

También hace alusión a la prevención y extinción de incendios forestales. Totalmente de acuerdo con el hecho de que las diputaciones no pueden valerse de voluntarios; o cuando hace mención, como digo, al Ayuntamiento de Castrocalbón en cuanto a la gestión; la falta de aceptación de la ganadería intensiva como manera de prevención, no asumida por la Administración autonómica -incomprensible-. Pero también echamos en falta esa actitud un poco más reivindicativa o un poco más... bueno, pues de estudio de la... de la quien es competente de prevención en materia de incendios, que es la Administración autonómica; nos hubiera gustado también alguna actuación de oficio para saber cuál es o cuál es la posición o, vamos, las conclusiones o recomendaciones que se hubieran hecho, dado, sobre todo, los incendios que se habían producido tanto en Zamora, Salamanca, como este verano hemos sufrido como consecuencia del desastre patrimonial y medioambiental que... que nos ha acompañado durante todos estos meses de verano.

También hemos de decir que estamos de acuerdo con sus recomendaciones en movilidad reducida, en la adaptación de aseos para personas con discapacidad. Y no voy... permítame que finalice con dos cosas importantes:

Nos parece positivo que se haga una actuación prospectiva con respecto a las placas solares, echamos en falta pues esa mayor incidencia también en la regulación, al faltar una ordenación adecuada en su instalación.

Y, con respecto a la materia educativa, sin perjuicio de poner de manifiesto todo lo que es las carencias en materia de profesorado, o bien, en su caso, la reivindicación de medios, totalmente de acuerdo con que los comedores -sean en ámbitos de enseñanza universitaria o no universitaria- tenemos que buscar productos de calidad y productos de proximidad.

Finalizo agradeciéndole su labor, su trabajo, y buscando simplemente esa mayor empatía hacia los ayuntamientos, muy necesitados muchas veces de medios personales y materiales para poder cumplir con la función de gestión pública, que es al final el objetivo de todos. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora Gallego González. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Hierro Santos.

Muchas gracias. Estimado... estimado y apreciado señor Quintana, hace unos pocos días nos encontrábamos en los pasillos de estas Cortes, y en una breve conversación acordamos que su intervención aquí debería ser uno de los primeros Plenos en celebrarse, una vez establecido el Gobierno que hará frente a esta XII Legislatura. Y así ha sido, señor Procurador del Común.

Y es que entenderse con Vox es lo más sencillo del mundo cuando prima el sentido común; y de sentido común es que hoy nos presente hoy aquí su informe.

Estamos también agradecidos de tenerle para tratar este informe correspondiente al último año de la legislatura pasada y, ¿por qué no?, también afortunados de que esta legislatura arranque con la presentación de su informe anual, que nos acerca, un año más, las demandas, quejas, preocupaciones de los ciudadanos de esta Comunidad, que han decidido acercarse a solicitar la defensa e intervención a través de la oficina del Procurador del Común.

¿Y por qué utilizamos el calificativo de afortunados? Pues déjeme que le explique y permítame que lo haga al comienzo de mi intervención utilizando sus propias palabras, señor Quintana. Y es que usted, en una entrevista ofrecida al Diario Palentino el uno de febrero al periodista Carlos Hugo Sanz, afirmó que la falta de respuesta es la peor respuesta; y, también, que el silencio administrativo es difícil de combatir.

Quedémonos con estas frases, porque son frases acertadas también para entender el porqué de tratar su intervención hoy aquí como un hecho afortunado. Usted daba esta entrevista al Diario Palentino el uno de febrero de este año, y por lo que he leído en ella también, y con el posterior estudio que he realizado de su informe -le aseguro que pormenorizado-, he podido comprobar, por los asuntos que ya trataba en esa entrevista, que tenía bastante avanzado dicho informe. Informe en el que, un año más, ha recogido solicitudes, quejas de los ciudadanos... nos presenta aquí para tomar nota de ellas y aplicar, en la medida que se pueda, o que pueda corresponder a este Pleno y a este Parlamento, soluciones a esas reclamaciones. Son 2.206 quejas tramitadas en 6.410 expedientes, incluyendo 143 actuaciones de oficio.

Y es que, apenas un mes y medio después de esta entrevista, tenían lugar las elecciones autonómicas que han dado lugar a la composición de este Parlamento y, por consiguiente, a la elección de un nuevo Gobierno para Castilla y León. Los ciudadanos de Castilla y León hablaron y tomaron la decisión de que Partido Popular y Vox deberían de llegar a un acuerdo para gobernar conjuntamente esta legislatura. Y, para ello, se estableció y se desarrolló un extenso acuerdo, con 19 ejes y 324 medidas, que abarcan los asuntos que se han considerado más importantes para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Son 19 ejes y 324 medidas que vamos a poner a prueba, a ver si dan esa valorada y esperada respuesta de la que usted nos hablaba. Y por lo tanto, una potencial solución a las quejas y demandas que nos han presentado.

Para lograr ese objetivo, me gustaría hacer, siempre bajo el sometimiento a ese gran tirano que es el tiempo, un recorrido por alguno de los expedientes y reclamaciones que nos presenta en este informe. Y empezaré destacando el problema, serio problema -aunque circunscrito a la Administración Local, en su mayoría-, del agua, bien sea por cuestiones de abastecimiento o por problemas de contaminación.

Mire, desde Vox siempre hemos defendido la correcta utilización y optimización de un recurso limitado como es el agua, atendiendo al principio de solidaridad nacional y la necesidad imperiosa de poner un... en marcha un plan hidrológico nacional que garantice el abastecimiento del recurso a todos los españoles. Desde el Acuerdo de Gobierno también se da respuesta a esa necesidad, y es que, en su punto 7.18, se presenta el Plan de Modernización, Ampliación y Mantenimiento de las Infraestructuras Hídricas, en el que se dice, literalmente, que se llevará a cabo un plan de modernización, ampliación de las presas, canales, estaciones depuradoras y redes de abastecimiento para la gestión sostenible y asegurar el suministro de población y sectores productivos.

En medio ambiente, se hace alusión también al tratamiento de los residuos, como consecuencia de la proliferación descontrolada de las plantas fotovoltaicas. Es otra de las quejas que usted nos presenta. Y desde el Acuerdo de Gobierno también se da respuesta a esa reclamación en su punto 4.3: la protección del medio natural y del suelo protegido frente a la instalación de placas eólicas y solares. También en el 8.6: con la prevención de la gestión de residuos y promover su adecuada gestión. Por lo tanto, vemos como el Acuerdo de Gobierno está, de momento, dando a respuestas a parte de las quejas que usted nos presenta en ese informe.

Pasamos a Fomento, por ejemplo. Aquí se da importancia a otro asunto que hemos denunciado desde Vox: el estado de las carreteras y, en concreto, aquellas de titularidad autonómica, que son las que usted ha presentado -de titularidad provincial- en su informe. Y desde el Acuerdo se da respuesta en el punto 6.7: en avanzar en la planificación de la mejora de las carreteras autonómicas, mejorando el trazado, anchura y estado del firme para garantizar la seguridad y comodidad de los desplazamientos. Que es otra de las cuestiones que usted también recoge en ese informe.

Una constante que se reproduce en prácticamente en todas las áreas del informe es la correspondiente a la falta de claridad, retrasos, madeja burocrática, falta de respuesta. En Vox este sábado hemos presentado el Programa de Desregulación, que aborda uno de los grandes problemas que sufren los españoles y que usted mismo recoge en el informe: el exceso de regulación, la falta de claridad, la falta de entendimiento de la norma, etcétera. Y parte de ese Programa también forma parte de la respuesta que el Acuerdo de Gobierno presenta en su desarrollo.

Mire, el eje 16 recoge 15 medidas que acometen el gran mal de la falta de eficacia y eficiencia de la Administración, lo que se pierde... con lo que pierde el objeto de su función, que es facilitar la vida de los ciudadanos y no empeorársela o hacérsela más difícil. Son 15 medidas las que se recogen en el acuerdo, claras, concretas, con plazos, que van desde el cambio de la normativa básica de prevención ambiental -que también ha hecho usted referencia- al objeto de simplificar la tramitación, reducir plazos, eliminación de la obligatoriedad de la cita previa -que alejaba y que aleja al ciudadano de la Administración personalizada-, la introducción del silencio administrativo positivo -que es algo que lleva reclamándose desde todos los aspectos y todas las áreas la sociedad a la Administración- y la declaración responsable o la auditoría exhaustiva y periódica de los limitados recursos públicos.

Tenemos la obligación de desregularizar, aclarar y simplificar toda la burocracia -procedimientos, leyes, normas- en todas las áreas de la Administración. Querido vicepresidente y consejero de Desregulación, querido Carlos, te espera un arduo trabajo; pero que, sin duda, ese trabajo será uno de los más demandados y agradecidos por los ciudadanos. Toda nuestra confianza en ti. [Aplausos].

¿Y por qué? ¿Cómo es posible que, con el gasto que hay en publicidad institucional -veintipico millones, veinti... veinte millones y pico, o algo así, si no recuerdo mal-, haya aún ciudadanos que se dirijan a usted diciendo que no se enteran de los procesos administrativos de las licitaciones, o de los programas o procedimientos. Pues este es otro asunto que debemos tratar: la eficiencia de los destinos de la publicidad institucional; y que está en nuestro compromiso y en nuestra obligación tratar... tratar.

Y no me gustaría dejar pasar otra de las actuaciones de oficio relacionadas, y que resumen muy bien dos temas realmente capitales para nosotros. Uno es el impulso y la protección del agricultor y del ganadero. En sus expedientes, en los expedientes que presenta, también hace referencia a ello. Pues para esto se ha presentado un desarrollo de 31 medidas y... en el eje 7: blindaje del sector frente a la Agenda 2030, acceso a las líneas de créditos preferentes, la mencionada simplificación administrativa, etcétera, etcétera.

Otra cuestión vertebral que se trata a lo largo de todo el informe: el acceso a las ayudas sociales -residencias, prestaciones, plazas educativas, ayudas a la vivienda-. Respuesta clarísima que tenemos el acuerdo de abril de gobierno: prioridad nacional; prioridad de los que han cotizado, de los que habitan esta tierra, de los que tienen aquí sus raíces y, en definitiva, suman y han sumado a la construcción de Castilla, de León, y, por lo tanto, de España. [Aplausos]. Ellos deben tener prioridad frente a cualquier otro. Es una cuestión de justicia y de sentido común, señorías. Y es la palabra dada a nuestros votantes. Palabra que, sin duda, vamos a cumplir, que no quepa ninguna duda.

Y qué decir del problema constante, y desgraciadamente consolidado, el problema de acceso a la vivienda. También destaca en su informe y también le damos soluciones a través del acuerdo del gobierno. Usted hace referencia -y leo textualmente-: dificultad de los demandantes a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, insuficiente número de inmuebles, excesiva demora en la tramitación de expedientes, escasa disponibilidad de viviendas públicas.

Que sepan todos aquellos que tienen dificultad para acceder a una vivienda que en una de las grandes medidas impulsadas en ese acuerdo de gobierno, incluidas en el... en el propio acuerdo, da respuesta a sus necesidades. Mire, el eje 15: incrementar un 80 % la inversión en política de vivienda; construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas; acceso a la vivienda protegida y alquiler social, bajo el principio de prioridad nacional; creación de línea de ayuda; ampliar las ayudas al alquiler; liberación del suelo no especialmente protegido... Y así hasta 22 medidas que hacen alusión a este tema, al problema de la vivienda.

Medidas de simplificación y mejora de la fiscalidad; todo el eje segundo, con 24 medidas. Bajadas de las listas de espera sanitaria, etcétera, etcétera. Me encantaría poder profundizar, ir comprobando como cada uno de los problemas que presenta en su informe y esas quejas está recogida aquí [el orador muestra un documento], en este acuerdo de gobierno firmado por el señor Mañueco y el señor Pollán, en representación de nuestros respectivos partidos.

Señorías, también es necesario tener en cuenta -y no quiero dejar esta intervención sin recordarlo- que aquellos que suman los tres quintos de esta Cámara -ahí no entra Vox, señor Ceña, haga la cuenta-, es el Partido Popular y el Partido Socialista los que se tienen que poner de acuerdo para la renovación de las Instituciones Propias, puedan avanzar de acuerdo a lo que exige la norma para lograrlo.

Y dicho todo esto, y dicho y visto como el acuerdo de gobierno da solución, respuesta y escucha a las demandas de los ciudadanos de Castilla y León a través de la figura del Procurador del Común, ahora toca a esta Cámara, toca a este Gobierno ponerlo en marcha, cumplirlo y hacer que estas respuestas se conviertan en soluciones. Muchas gracias. [Aplausos].

Muchas gracias, señor Hierro Santos. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra la señora Gómez Urbán.

Gracias, presidente. Señor Quintana, lo primero que quería es agradecerle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a usted y a todo su equipo su trabajo, su rigor y su compromiso con la ciudadanía de Castilla y León.

El informe que usted presenta, el informe que se presenta a través de la institución de la Procuraduría del Común que usted... que usted preside, es especialmente valioso, porque lo que hace es que, informe tras informe y año tras año, le dice al Gobierno del señor Mañueco aquello que no quiere o que no le gusta escuchar.

Y es que, miren, señorías, cuando uno recorre las páginas de este informe, descubre una conclusión que es difícil de evitar, y es que la Junta de Castilla y León dedica mucho más esfuerzo a construir un relato de éxito sobre su gestión que a resolver los problemas que el Procurador del Común lleva años señalando. Porque, mientras el Gobierno autonómico del Partido Popular y del señor Mañueco se esfuerza en proyectar una imagen de Comunidad modélica, miles de ciudadanos y ciudadanas en Castilla y León tienen que acudir a la institución que preside el señor Quintana para reclamar aquello que debería estar garantizado sin necesidad de reclamarlo. Y esa es, probablemente, la contradicción más demoledora de todo este informe: primero, por un lado, a una Junta de Castilla y León instalada en la autocomplacencia permanente; y, por otro, un informe en el que siguen apareciendo, año tras año, los mismos problemas una y otra vez.

Y precisamente por eso merece la pena detenerse en lo que nos está diciendo este informe del Procurador del Común. Si hay un ámbito donde la distancia entre los derechos reconocidos y los derechos efectivamente ejercidos se hace especialmente visible esa es en la sanidad. Hay una preocupación que atraviesa todo el informe, y es la dificultad de demasiados ciudadanos y ciudadanas en esta Comunidad para acceder... para acceder a tiempo a la atención sanitaria que necesitan. Ahí está la movilización de 476 ciudadanos y ciudadanas por la situación de la pediatría en Cistierna; ahí están las quejas por la lista de espera; ahí están las actuaciones relativas a la Unidad del Dolor en Zamora, donde pacientes llegaron a soportar demoras de meses, e incluso más de un año, para recibir la atención que precisaban.

Cuando una persona espera meses para una consulta, para una prueba diagnóstica o para un tratamiento, el tiempo deja de ser una cuestión administrativa, porque el tiempo se convierte en sufrimiento. Y mientras el señor Mañueco sigue repitiendo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de España, el Procurador vuelve a recibir quejas por falta de pediatras, por demoras en consultas especializadas y por dificultad de acceso a prestaciones sanitarias básicas. Y lo más preocupante es que ninguno de estos problemas es nuevo: las listas de espera no son nuevas, la falta de pediatras no es nueva, las dificultades sanitarias en determinadas zonas del medio rural tampoco son nuevas. Son problemas conocidos, reiterados y señalados una y otra vez por los ciudadanos y por el propio Procurador del Común. Por eso, la mejor radiografía de la sanidad de Castilla y León no la hacen los discursos triunfalistas de la Junta; la hacen los ciudadanos que han tenido que acudir al Procurador porque la Administración autonómica no les dio respuesta como... cuando más la necesitaban.

Y esa es la verdadera diferencia entre el relato triunfalista del señor Mañueco y la realidad que refleja este informe. Porque mientras el señor Mañueco presume de excelencia sanitaria, el Procurador le recuerda que en Castilla y León demasiados ciudadanos y ciudadanas siguen teniendo que reclamar para recibir una atención sanitaria que debería estar garantizada.

Y si en sanidad el informe refleja las dificultades de muchos ciudadanos y ciudadanas para acceder a tiempo a la atención que necesitan, en educación vuelve a mostrar la enorme distancia entre el relato de la Junta y la realidad que viven muchas familias. Porque mientras este Gobierno autonómico del Partido Popular sigue repartiéndose sobresalientes en educación, el Procurador del Común ha tenido que intervenir en cuestiones tan básicas como las condiciones de las escuelas infantiles, la conciliación familiar o la inclusión educativa.

Uno de los episodios más significativos de este informe es la actuación de oficio iniciada por el Procurador ante las elevadas temperaturas registradas en escuelas infantiles de titularidad autonómica. Estamos hablando de aulas que alcanzaban temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados, estamos hablando de niñas y niños de entre 0 y 3 años y estamos hablando de una situación que llevó al Procurador a advertir de posibles riesgos para la salud y a solicitar medidas preventivas. La respuesta de la Junta ante esta solicitud y recomendación del Procurador del Común fue rechazar la resolución.

Señorías, la excelencia educativa no empieza en los rankings; la excelencia educativa empieza garantizando que nuestros niños y niñas puedan permanecer en las aulas en condiciones dignas y seguras. [Aplausos]. La Junta no puede controlar las olas de calor -eso es así-; pero sí puede controlar cómo protege a nuestros niños y niñas frente a ellas. Y es evidente que no lo ha hecho.

El informe también vuelve a poner sobre la mesa otra de las grandes preocupaciones de miles de familias: la conciliación. Porque cuando el Procurador propuso medidas para mejorar la atención al alumnado en período no lectivos y facilitar la conciliación familiar, la respuesta de la Junta fue considerar que esas medidas no eran necesarias. Y es que una cosa es hablar de familias en los discursos y otra muy distinta es ayudar a las familias cuando tienen que organizar auténticos rompecabezas para compatibilizar el trabajo y cuidados. Porque si para el Partido Popular y el Gobierno autonómico la conciliación fuera realmente una prioridad, las propuestas que le ha hecho el Procurador del Común en este informe se pondrían en marcha, no se rechazarían.

Y, junto a ello, el informe vuelve a insistir en algo especialmente preocupante: la necesidad de reforzar recursos para alumnado con necesidades educativas especiales, salud mental, accesibilidad e inclusión. El Procurador sigue insistiendo en ello año tras año porque la... es porque la situación sigue teniendo carencias. Porque la calidad de un sistema educativo no se mide únicamente por los resultados académicos; la verdadera calidad de un sistema educativo se mide por cómo se trata a quienes más apoyos necesitan. Y ahí, por mucho que la Junta del Partido Popular siga poniéndose sobresalientes a sí misma, el Procurador le vuelve a recordar que todavía tiene algunas asignaturas con muy deficiente.

Y si hay en una cuestión donde los retrasos administrativos dejan de ser una mera cuestión de gestión para convertirse en un problema de derechos, ese es el de la discapacidad, la dependencia y los servicios sociales. El informe vuelve a alertar sobre retrasos en el reconocimiento de discapacidad, dificultades para acceder a prestaciones y problemas en dependencia.

Y conviene recordar algo: primero, que cuando se retrasa el reconocimiento de una discapacidad no se retrasa un papel, se retrasa el acceso al empleo, a las ayudas, a los apoyos y, en definitiva, al ejercicio efectivo de derechos que la ley ya reconoce; y, segundo, que cuando se retrasa una prestación de dependencia, quienes sufren las consecuencias son las personas dependientes, sus familias y quienes siguen asumiendo en solitario una carga que debería compartir el sistema público.

Por eso resulta especialmente llamativo que el señor Mañueco, que presume constantemente de liderazgo en servicios sociales, tenga que ser corregido una y otra vez por el Procurador del Común y también por los tribunales en cuestiones tan básicas como la discapacidad, la dependencia o la atención a las personas vulnerables. Una política social no se mide por los titulares, sino por el tiempo que tarda una persona en acceder a un derecho que necesita para vivir con dignidad. Y el Procurador nos está diciendo que en Castilla y León demasiadas veces ese tiempo sigue siendo excesivo.

Y si hay un ejemplo que resume especialmente bien la distancia entre los discursos de la Junta y la realidad que ven muchas personas vulnerables ese es el bono social térmico. Porque aquí no estamos hablando de falta de financiación: los recursos existen, los fondos llegan y el dinero destinado a esa ayuda lo transfiere el Gobierno de España. Sin embargo, el Procurador del Común sigue denunciando año tras año problemas de gestión, información y acceso al bono social térmico. Y eso es especialmente grave, porque estamos hablando de personas vulnerables para las que encender la calefacción en invierno no es una comodidad, sino una necesidad básica. Ningún liderazgo en servicios sociales es creíble cuando las personas con discapacidad, las personas dependientes y las familias más vulnerables siguen encontrándose... sigan encontrando más esperas que soluciones.

Y si en sanidad, educación y servicios sociales el informe nos habla de derechos que llegan tarde, en materia de medio ambiente nos habla de algo igualmente preocupante: de ciudadanos que sienten que la Junta escucha demasiado poco cuando está en juego su salud, su territorio y su calidad de vida. Y el mejor ejemplo de ello es la queja... -es la mayor movilización ciudadana recogida en todo el informe- la queja colectiva por la planta de biogás del barrio leonés de La Lastra, casi 3.000 ciudadanos acudieron al Procurador del Común para expresar su preocupación. Y conviene detenerse un momento en este dato, porque, cuando casi 3.000 ciudadanos tienen que acudir al Procurador del Común para que alguien escuche sus preocupaciones, el problema no está en los ciudadanos, el problema está en que la Junta del señor Mañueco y Quiñones ha confundido gobernar con decidir sin escuchar.

Y si hay una cuestión que exige una reflexión especialmente profunda esa son los incendios forestales. Porque los incendios no han sido únicamente una de las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido nuestra Comunidad, ha sido también una tragedia humana y social. Porque mientras miles de hectáreas ardían, mientras pueblos enteros vivían con angustia y mientras Castilla y León sufría una de las peores catástrofes de su historia reciente, quienes dirigían las políticas de prevención y gestión forestal no solo no asumieron sus responsabilidades políticas, sino que continuaron -y continúan- formando parte del núcleo... del núcleo del Gobierno, porque el señor Mañueco así lo ha querido. Los montes de Castilla y León no necesitan más propaganda ni más excusa ni más autocomplacencia; lo que necesitan -y a día de hoy siguen sin tener- es prevención, gestión y responsabilidad política. [Aplausos]. Y eso es, señorías, precisamente lo que el Procurador sigue reclamando cuando insiste en la necesidad de proteger mejor nuestro territorio y aprender de los errores cometidos.

Y si las quejas de medio ambiente nos hablan de calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, las quejas en materia de vivienda nos hablan directamente de la incapacidad de muchas familias para poder desarrollar un proyecto de vida con dignidad.

Señorías, las quejas en materia de vivienda que recoge el informe son especialmente significativas y afectan a una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. El informe recoge retrasos injustificados en la tramitación de ayudas al alquiler y a la rehabilitación, demoras que en algunos casos se prolongan durante meses e incluso años. Pero sobre todo pone el foco en un problema mucho más profundo: la insuficiencia del parque público de vivienda y las dificultades de las familias más vulnerables para acceder a una alternativa habitacional digna.

Las quejas en materia de vivienda no son una casualidad: son la consecuencia directa de años de falta de ambición política por parte del Partido Popular; son el resultado de unas decisiones políticas concretas, porque usted, señor Mañueco, y ustedes, señorías del Partido Popular, llevan años gobernando y votando exactamente en la dirección contraria. En esta Cámara en la que nos encontramos han votado sistemáticamente en contra de todas las iniciativas que se han presentado para blindar el parque público de vivienda y garantizar que se siga... que siga cumplimiento una función social al servicio de los ciudadanos.

Y también, mientras la Junta presenta su política de transporte pública como un éxito, el informe del Procurador sigue recogiendo quejas relacionadas con dificultades de acceso a servicios públicos esenciales, especialmente en el medio rural. Este informe demuestra que todavía hay ciudadanos que consideran que esa necesidad no está plenamente garantizada. Y eso es por culpa de su Gobierno, señor Mañueco.

Nuestros agricultores y ganaderos también aparecen en este informe. Detrás de las quejas por retrasos administrativos y problemas en la tramitación de ayudas hay explotaciones, inversiones y familias esperando respuesta.

Y es que después de escuchar al Procurador del Común y de leer lo que nos dice su informe sobre la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, el medio ambiente, el transporte, el campo y muchas materias más, hay un conclusión imposible de ignorar, y es que el Procurador del Común no está... no está describiendo problemas inevitables, está describiendo problemas que aparecen una y otra vez en servicios que dependen directamente de la Junta de Castilla y León, en materias que son competencias de la Junta y sobre... y sobre los que la Junta tiene la responsabilidad de actuar. Y eso es lo que hace este informe especialmente incómodo para el Gobierno autonómico del Partido Popular; y es que, aun existiendo recursos procedentes del Gobierno de España, las castellanas y leonesas y los castellanos y leoneses siguen encontrando retrasos, obstáculos y dificultades para acceder a derechos que deberían estar garantizados. Y cuando los mismos problemas aparecen año tras año en los informes del Procurador del Común, dejan de ser incidencias y se convierten en la huella de una forma de gobernar y en una responsabilidad política.

El señor Mañueco está más preocupado por construir un relato de éxito que por afrontar los problemas que el propio Procurador del Común lleva años señalando: se presume de excelencia sanitaria, mientras siguen existiendo problemas de acceso a la atención sanitaria; presume de apoyo a las familias, mientras rechaza medidas de conciliación; presume de liderazgo social, mientras demasiados derechos siguen llegando demasiado tarde; y presume de escuchar al territorio, mientras miles de ciudadanos tienen que acudir al Procurador del Común para ser escuchados.

Por eso, señor Mañueco, este informe debería preocuparle profundamente, porque este informe es el... es el espejo en el que se reflejan las consecuencias reales de su gestión. Y señor Mañueco: los espejos pueden incomodar, pero lo que nunca hacen es mentir. Muchas gracias. [Aplausos].

Muchas gracias, señora Gómez Urbán. Para... para finalizar el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra la señora García Sánchez.

Muchas gracias, presidente. Señor Procurador del Común, señor Quintana, en nombre del Grupo Popular, quiero comenzar -como no podía ser de otra forma- agradeciéndole su intervención y el trabajo recogido en el informe que hoy ha presentado en esta Cámara. Gracias por ese trabajo que usted y su equipo desarrollan como garantes de las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas.

Con este Pleno de hoy cumplimos con una Institución que nos dimos los castellanos y leoneses en nuestro Estatuto de Autonomía y que desde el Partido Popular respetamos profundamente. Escuchar al Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León en esta Cámara es una muestra del funcionamiento de nuestra democracia y, desde luego, enriquece la vida política de Castilla y León.

En este tiempo que vivimos, siempre resulta gratificante cualquier ejercicio de democracia que nos recuerde que seguimos rigiéndonos por la escucha para la mejora de las Administraciones, por el respeto de las normas que nos hemos dado en esta tierra y por el prestigio de las instituciones. En este tiempo que vivimos, en el que el Partido Socialista ha entrado en esa espiral de fomento del descrédito de las instituciones democráticas, resulta esencial el papel de estas instituciones.

En este tiempo en el que los ciudadanos expresan su cansancio ante la confrontación permanente, o la frustración ante problemas cuya resolución compete al Gobierno de la Nación y no les da una solución, es fundamental decirles que hay mecanismos de respuesta y que el Partido Popular trabaja para apuntalar esos mecanismos.

Miren, está claro que nos vemos abocados a prescindir del Gobierno de la Nación para la resolución de los problemas de las personas; un... un Gobierno que está soportado por un Partido Socialista que tiene tantos imputados como diputados. Pero aquí contamos con la Junta de Castilla y León, con los ayuntamientos y las diputaciones, con el funcionamiento de instituciones como el Procurador del Común, que ocupa un lugar destacado en esta Comunidad y que, además, goza del respeto y la confianza de los castellanos y los leoneses, y también del Partido Popular. Una institución que ni gobierna ni legisla, que por supuesto no participa de las... las disputas partidistas, pero que tiene una labor fundamental, que es proteger los derechos de los castellanos y leoneses ante posibles actuaciones inadecuadas de las Administraciones públicas de la Comunidad.

Por otra parte, señorías, el resultado del trabajo de este Alto Comisionado debe servirnos también para conocer en qué deben mejorar las Administraciones públicas. Y la primera conclusión que extraemos en ese sentido es que, viendo la Memoria presentada relativa a dos mil veinticinco, las Administraciones de Castilla y León funcionan bien y resuelven los problemas de los ciudadanos. En dos mil veinticinco, una vez más, el presidente Mañueco ve contrastada su gestión en un informe que acredita su compromiso con los servicios públicos.

Cierto es que siempre hay situaciones mejorables y que en la gestión de servicios se producen errores o fallos de funcionamiento que no por ser puntuales dejan de ser relevantes, porque inciden en la vida de las personas, y debemos darles respuesta y debemos evitar que se vuelvan a producir.

Estamos ante un informe de 661 páginas, que nos da con detalle toda la actividad del Procurador del Común del año dos mil veinticinco. Pero, más allá del volumen, lo verdadera... lo verdaderamente importante es su contenido, las preocupaciones reales de los ciudadanos en materias como sanidad, educación, atención a personas mayores y dependientes, el funcionamiento de las Administraciones, el medio ambiente, la movilidad, los servicios sociales: 2.206 quejas y 143 actuaciones de oficio que ha dado lugar a más de 6.000 expedientes.

Pero es que esta cifra en absoluto es desproporcionada para una Comunidad de casi dos millones y medio de habitantes, es más bien una cifra que refleja a todas luces que nuestro sistema funciona, que los ciudadanos tienen un cauce para reclamar y que la Administración responde. Y, junto con lo que este informe contiene, también es importante destacar lo que no contiene, todo aquello que se mueve cada día en nuestra Comunidad Autónoma de forma ordinaria y que es la tranquilidad de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma: nuestros mayores, que se ven acompañados y cuidados; los jóvenes, que han podido formar una familia en Castilla y León; los pacientes, que son atendidos con plena satisfacción; los niños, que crecen como alumnos y como personas en nuestro sistema educativo; los profesores, orgullosos de nuestro sistema. Ese informe también avala la actuación de la Junta de Castilla y León. El informe de nuestro día a día, el informe de... de la calle.

Y merece, además, especial atención el alto grado de cumplimiento de las resoluciones del Procurador del Común de oficio: un 96,35 %. Y, en el caso de la Junta, ese 91,32 % de porcentaje de aceptación íntegra. Esto demuestra que nuestra Junta de Castilla y León es una Administración comprometida con la mejora continua. Solo el 34,9 % de las quejas corresponden a la Administración autónoma... autonómica, una Administración que recibe las quejas, las analiza, las acepta en la mayor parte de los casos y las aplica.

Señor Quintana, permítame repasar muy brevemente alguno de los ámbitos reflejados en su informe. 230 quejas en Sanidad, que hay que poner en relación con el importante sistema sanitario que tenemos en Castilla y León: 3.600 consultorios locales, más de 900.000 servicios de transporte sanitario al año, en un sistema que cuenta con la mejor ratio médico-paciente de España. ¿Tienen que mejorar cosas? Sí, siempre. ¿Se trabaja para mejorarlas? Sí, de forma constante.

O en Educación, 125 quejas en un sistema de más de 350.000 alumnos y 34.000 docentes. El Informe PISA, que es el que nos da el sobresaliente y que es un informe independiente, no es la Junta la que se califica, nos sitúa como una Comunidad con mejores resultados educativos de España, con centros rurales abiertos con 3 o 4 niños. Esto es real, no es retórico y muestra datos que avalan esta calificación.

Y en servicios sociales y dependencia, Castilla y León lidera los índices nacionales, muy por encima de la media nacional: 12 quejas en el sistema de dependencia y, como indica el Procurador del Común y es importante, con una lista de espera en dos mil veinticinco prácticamente inexistente.

Estos números reflejan analizándonos... analizándolos el buen funcionamiento de la Administración en Castilla y León. Y esa es la realidad de la Administración en Castilla y León. Pero en este territorio es esencial también la concurrencia del trabajo del conjunto de Administraciones. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva años ignorando sistemáticamente las necesidades de esta Comunidad con la connivencia del Partido Socialista de Castilla y León.

Por eso, hoy se habla una vez más de dos modelos, dos actitudes: uno que... que construye; otro que bloquea. Y, si hacemos la comparativa, Castilla y León tiene el segundo sistema sanitario público mejor valorado de España. ¿Y qué tiene el Gobierno de Sánchez? Pues esa huelga indefinida de médicos, que lleva meses enquistada por el Gobierno central, que es incapaz de sentarse a negociar con los profesionales. Aquí se gestiona; en Moncloa se abandona. Mientras la Junta invierte en consultorios rurales, en transporte sanitario, en nuevas unidades de ictus, en radioterapia de vanguardia; el Gobierno central reduce sistemáticamente la financiación a esta Comunidad: recibimos menos, menos por kilómetro, menos por habitante. Y esto no es en absoluto ajeno a lo que hoy debatimos, porque cada queja que recibe el Procurador del Común sobre listas de espera o sobre falta de especialistas en el mundo rural, tiene también esa causa política específica: un Gobierno central que infrafinancia una Comunidad y que no resuelve la falta de profesionales y que nos trata como un territorio de segunda.

Señorías, en un debate como en el de hoy, corresponde a los representantes políticos valorar esta Memoria. En este partido estamos comprometidos con la mejora continua; y con un análisis objetivo, señor Quintana, vemos que estamos en el camino correcto, el de la mejora constante. Su informe y su comparecencia hoy lo avalan. Sin embargo, oyendo a la portavoz del Partido Socialista, da la sensación de que no se hubiera leído la Memoria.

Hoy no interviene el señor Martínez, puede ser por tres razones: o su grupo quiere poner coto a la escalada de declaraciones comprometidas de los últimos días o, en segundo lugar, está muy ajetreado el señor Martínez como para leer los más de 600 folios de la Memoria -ajetreado en Marruecos, en los sanjuanes, en las fiestas, o con las detenciones o con los chivatazos-, quizá está demasiado ajetreado para esta Memoria o simplemente le faltaba valentía, señor Martínez.

Pero, en todo caso, en todo caso, el Partido Socialista ha vuelto a utilizar su habitual repertorio: perezoso, carente de verdad sobre la gestión de la Junta. El mismo catastrofismo que no resiste ni diez segundos de contraste con los datos de este informe. Porque los datos del Procurador del Común desmienten, señora Gómez, sus declaraciones punto por... por punto. Señora Gómez, los datos no engañan, por mucho que se empeñe usted en buscar fallos de funcionamiento que sean más cercanos a sus tesis políticas, los datos no mienten. Usted, sí; los datos no mienten.

Dice usted que la sanidad rural está abandonada: tenemos la mayor red de consultorios locales; en la Consejería de Sanidad se ha incrementado la contratación de médicos en los últimos años en un 11 % más, mientras el Gobierno ante sus competencias para la dotación de profesionales no hace nada, y ante la huelga de sanitarios es incapaz de resolverlo.

Y tienen el rostro de hablar de viviendas aquí, en Castilla y León, donde el Gobierno de Sánchez ha hecho cero viviendas en esta Comunidad Autónoma. En movilidad, donde el Gobierno de España suprime paradas de AVE en Castilla y León, mientras regala infraestructuras a sus socios. O hablan de agua, hay que recordar las competencias de las Confederaciones Hidrográficas también en nuestra Comunidad Autónoma, que de esas ustedes no se acuerdan mucho y son competencias estatales.

Mientras el Gobierno de Castilla y León fomenta el desarrollo económico, el Gobierno de España ni desarrolla infraestructuras de transporte ni infraestructuras energéticas.

Y hablaba usted de rompecabezas en Educación: rompecabezas los que tienen que hacer las familias para enfrentarse a la subida constante de impuestos a las familias, a los autónomos; mientras el Gobierno de Castilla y León baja los impuestos.

Y, señorías, escuchamos al Partido Socialista y nos planteamos cuál es el grado de credibilidad de sus valoraciones y de su censura a la gestión de la Junta. ¿Qué defiende el Partido Socialista de Castilla y León? Ustedes defienden el zapaterismo y sus joyas, defienden el sanchismo, que recorta la financiación a esta tierra mientras sus ministros se atrincheran, en vez de administrar, como escuderos de Pedro Sánchez.

Aquí estamos hablando de gestión, mientras los ministros de España se burlan de las instituciones, se burlan del propio Congreso de los Diputados, que, mientras los representantes de la soberanía les piden que se vayan, se dedican a aplaudirse a sí mismos, mientras no mueven un solo dedo para gestionar nada.

Eso es lo que defiende usted, señor Martínez, aunque también es verdad que últimamente ha ampliado usted su misión, porque, además de defender a los suyos -como usted mismo dice-, ahora ya tiene usted su propio caso en Castilla y León. Usted, desde luego, señor Martínez, progresa adecuadamente en sanchismo, ahora ya progresa adecuadamente en sanchismo.

Y hablando de gestión, cuando el sábado usted reconocía que lo sucedido en el Ayuntamiento de Soria era suficientemente grave como para enturbiar la gestión, sí, lo decía, pero, lamentablemente, señor Martínez, ese reconocimiento tampoco le hace escalar en credibilidad.

Hoy el Partido Socialista de Castilla y León carece de credibilidad, señorías. Señora Gómez, lo siento mucho. Lo siento mucho, de verdad, porque no es la política que queremos en Castilla y León, porque, frente a una gestión acreditada en este informe del Procurador del Común sobre la gestión del presidente Mañueco, frente a esa gestión acreditada, ¿usted qué viene a ofrecer, qué viene a ofrecer el Partido Socialista? Ustedes vienen a defender a quienes atacan a esta tierra, a quienes la saquean. Y también es su falta de responsabilidad ante lo que vamos conociendo en el Ayuntamiento de Soria y la actuación del secretario general del Partido Socialista en esta Comunidad Autónoma, que ha estado sembrando y alimentando cada día que ha pasado la sospecha sobre presuntos delitos de violación de secretos.

Y en nombre del Partido Popular, señorías del Partido Socialista, yo les pido, yo les exijo, que dejen de darnos lecciones a todos de gestión, de eficacia, de trabajo, de esfuerzo, y sobre todo que dejen de darnos lecciones de ética, señores del Partido Socialista.

Los ciudadanos eligieron la gestión seria frente al eslogan vacío, a la falta de compromiso y a la falta de responsabilidad.

Voy concluyendo, en esta Comunidad, en el Partido Popular, estamos orgullosos del... de la gestión de la Junta de Castilla y León, con el presidente Mañueco al frente. Compartimos también desde el Grupo Popular el enfoque del Procurador del Común, que contrasta con los discursos catastrofistas que a veces oímos en esta tribuna, que describen una Castilla y León que solo existe en las soflamas de la Oposición.

Quiero concluir esta intervención agradeciendo una vez más, señor Quintana, su labor y su compromiso. Usted y su equipo ejercen una función callada, pero fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos sinceramente su trabajo y, por supuesto, lo utilizamos para mejorar. Frente a un Gobierno de España que ningunea a esta tierra, nosotros vamos a seguir siendo su mayor defensa. Muchas gracias. [Aplausos].

Muchas gracias, señora García Sánchez. Para un turno de contestación, tiene ahora la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León, señor Quintana López.

Bien, pues ya para terminar mi intervención, que ha... creo que ha sido dilatada a lo largo de esta mañana, quiero agradecer el reconocimiento que he deducido de las palabras de quienes han intervenido en nombre de los distintos grupos parlamentarios hacia el trabajo realizado por la Institución del Procurador del Común. Ese reconocimiento lo voy a trasladar, desde luego, a quienes trabajan día a día en la Institución, personal de la... de la Institución, porque entiendo que eso les va a servir para seguir trabajando con estímulo y con dedicación, como hasta ahora. Y también adelanto que, en su nombre, también se lo agradece.

Tampoco quiero improvisar, a la vista de las intervenciones que se han producido en lo que pudiera considerarse que afecta más directamente a la actividad del Procurador del Común, no quiero improvisar ninguna cuestión que pudiera deducirse de esas intervenciones o opinar sobre las mismas; pero sí les aseguro que, como en años anteriores, voy a revisar con todo el detalle cada una... todas y cada unas de las intervenciones de sus señorías para, en su caso, deducir... -en su caso, siempre que así lo considere oportuno- deducir la posibilidad de actuar, incluso de oficio, para tratar de resolver aquellas cuestiones que se han podido suscitar y que sean susceptibles de ser abordadas desde la Institución del Procurador del Común.

Evidentemente, alusiones a la Administración del Estado o la legislación del Estado o la actuación de las autoridades públicas de la... del Estado no conciernen a la Institución del Procurador del Común. Nos movemos dentro de los límites, evidentemente, de las normas en un Estado de derecho y, por tanto, esas limitaciones, soy consciente de ellas. Y, por tanto, nada voy a realizar en relación con cuestiones que no afectan digamos a las instituciones que están bajo la supervisión de la Institución.

Y, por mi parte, nada más. Reiterando mi agradecimiento, pues doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. [Aplausos].

Muchas gracias, señor Quintana López. Señorías, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas quince minutos].