[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario quiere comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?
Hola, buenas tardes. Isabel Gonzalo sustituye a Javier Campos y Virginia Jiménez sustituye a Pedro González.
¿Por el... por el Grupo Parlamentario Popular?
Gracias, presidente. Buenas tardes. Antonio Mendoza sustituye a Noemí Rojo y Elena Rincón a David Beltrán.
Muchas gracias. Esta Presidencia propone al conjunto de los, en este caso, procuradores un minuto de silencio por la muerte de su... el pontífice, el papa Francisco. Un minuto.
[La Comisión guarda un minuto de silencio].
Damos la bienvenida, aunque esta ya es su casa, indiscutiblemente, al presidente del Consejo de Cuentas, don Mario Amilivia, y a todos los miembros del Consejo de Cuentas que le acompañen para presentar el... un informe más. Y para la lectura del primer y único punto del orden del día, tiene la palabra el señor vicepresidente.
Informe
Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio de las Diputaciones Provinciales, ejercicio dos mil veintidós.
Para presentar dicho informe, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas -sin límite de tiempo-, don Mario Amilivia González.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En nombre propio y del Consejo de Cuentas, nos sumamos a la condolencia por el fallecimiento de su santidad el papa Francisco.
En esta quinta comparecencia del año, continúo con la presentación de informes, siguiendo el criterio cronológico de la fecha de aprobación. Hasta la fecha, son 64 las comparecencias celebradas durante el actual mandato, con 138 informes de los 291 presentados por el Consejo de Cuentas en toda su serie histórica, es decir, el 47 % del total. Tras la presente sesión, quedan once auditorías a la espera de ser presentadas ante esta Comisión -siete de ellas fueron aprobadas en el último trimestre del año pasado, del dos mil veinticuatro, y otras cuatro corresponden ya al presente ejercicio-, habiéndose superado recientemente la cifra, el número, de 300 fiscalizaciones en toda la serie histórica del Consejo de Cuentas. En estos momentos, la actividad de la institución comprende 58 trabajos en diferentes estados de tramitación.
Esta fiscalización fue aprobada el pasado día veintiséis de septiembre, habiendo sido entregada... habiendo sido entregado el informe a estas Cortes y publicado en la página web del Consejo de Cuentas el día siguiente. Esta auditoría corresponde al sector público local, y, al tratarse del ámbito de la contratación, ha sido realizada por el departamento que dirige el consejero Miguel Ángel Jiménez, con la coordinación técnica del subdirector de fiscalización en materia de contratación, Pedro San Miguel.
La Ley 16/2010, de veinte de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, configuró el sistema de servicios sociales de Castilla y León como el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública o privada en materia de servicios sociales. Se consideran agentes del sistema las Administraciones públicas de Castilla y León competentes en esta materia y las personas físicas o jurídicas en los términos que establece la ley. Son competentes en materia de servicios sociales la Comunidad de Castilla y León, los municipios con población superior a 20.000 habitantes y las provincias, que ejercerán sus competencias en los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes.
Conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de servicios sociales de Castilla y León, corresponde a las entidades locales, en su respectivo ámbito territorial, la creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de todos los programas, servicios y centros y recursos en relación con las prestaciones de ayuda a domicilio. La ley establece una filosofía por la que la Administración de la Comunidad y las entidades locales competentes ejercerán sus respectivas competencias en esta materia bajo los principios generales de coordinación y cooperación, que han de informar la actuación administrativa.
En cuanto a la financiación, las Administraciones públicas de Castilla y León competentes en materia de servicios sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen responsabilidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. También serán complementarias de la financiación del sistema de servicios sociales el conjunto de las aportaciones que en su caso lleven a cabo las personas usuarias. La financiación de las prestaciones podrá ser compartida entre la Administración de la Comunidad y las entidades locales competentes en materia de servicios sociales y corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma la financiación para atender el 90 % de los módulos establecidos para los gastos derivados de las ayudas a domicilio y del apoyo a la convivencia y a la participación cuya titularidad corresponda a las entidades locales.
Es el Decreto 269/98, de siete... diecisiete de diciembre, y la Orden 2018, de once de enero, por la... en la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, y desarrollan, a su vez, la regulación de la prestación social básica de ayuda a domicilio, su definición, contenido y los diferentes grados de intensidad de dicha prestación.
El propósito de esta fiscalización ha sido la realización de una auditoría de cumplimiento de legalidad sobre la gestión contractual, verificando la observancia de las prescripciones que rigen la contratación administrativa, de acuerdo con la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Por ello y para ello, se han establecido los siguientes objetivos:
En primer lugar, comprobar el cumplimiento de la obligación de remisión de contratos al Consejo de Cuentas, contemplada en el Artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En segundo lugar, analizar la regularidad de los procedimientos de contratación desde el punto de vista de los principios de publicidad y transparencia, examinando la documentación publicada en el perfil del contratante y que este se encuentre alojado en la plataforma de contratación del sector público, conforme a lo establecido en los Artículos 63 y 347 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Y en tercer y último lugar, verificar el cumplimiento de la legalidad y de su adecuada documentación del procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias como en su adjudicación y ejecución, y que se garantiza, en su caso, el respeto a los principios de libertad de acceso y no discriminación e igualdad de trato de los licitadores.
En el alcance de la auditoría, también han sido objeto de análisis las incidencias de ejecución, como son los modificados o prórrogas... o las prórrogas, independientemente del año de adjudicación del contrato al que afecte.
En relación con los contratos fiscalizados, el correspondiente a la Diputación de Segovia fue suscrito en dos mil dieciocho, el de la Diputación de Palencia en dos mil veinte, los de las Diputaciones de Burgos, Salamanca y Zamora en dos mil veintiuno, y el resto en dos mil veintidós, con la particularidad de que las Diputaciones de León y Valladolid adjudicaron la prestación del servicio en dos lotes cada una.
Con carácter general, no han existido limitaciones al alcance, adoptando los entes fiscalizados una actitud de colaboración.
Respecto a la formulación de alegaciones, fueron presentadas por las Diputaciones de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Posteriormente, se determinó la conveniencia de acordar nuevas comprobaciones, solicitando información adicional a las Diputaciones de Salamanca y Segovia. Finalmente, las modificaciones a las que han dado lugar las alegaciones estimadas quedan reseñadas, como es habitual, en el informe definitivo mediante notas a pie de página.
El resultado de los trabajos queda reflejado en 19 conclusiones, que a continuación procedo a exponer en sus aspectos fundamentales:
Las tres primeras se refieren a la comunicación de los contratos a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Las diputaciones, con carácter general, cumplieron con la obligación de remitir a la Plataforma de Rendición de Cuentas, dentro de los 2 meses siguientes al ejercicio de referencia, las relaciones certificadas que comprenden los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. No obstante, la Diputación de Salamanca no incluyó en la relación anual comunicada el contrato de servicios de ayuda domiciliaria, y las Diputaciones de Ávila, Burgos y León remitieron las relaciones anuales de contratos con un notable retraso respecto al plazo establecido.
Además, las Diputaciones de Ávila y Salamanca no cumplieron con la obligación de remisión a la Plataforma de Rendición de Cuentas del documento de formalización del contrato de servicios y del extracto del expediente. Asimismo, las Diputaciones de Burgos, León, Palencia y Zamora, aunque cumplieron con dicha obligación, lo hicieron con notable retraso respecto del plazo de 3 meses desde la fecha de formalización de los contratos.
Por otra parte, las Diputaciones de Salamanca, de Segovia y de Zamora tramitaron modificaciones de los contratos de servicios de ayuda a domicilio que no fueron comunicadas a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Además, la Diputación... las Diputaciones de Palencia y de Segovia no comunicaron la existencia de ninguna prórroga con efectos anteriores a treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, cuando era procedente, según los propios términos de los contratos.
La siguiente conclusión hace referencia a la publicidad de los contratos. En este sentido, las diputaciones cumplen, en términos generales, con las obligaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público en esta materia. No obstante, la Diputación de Salamanca no publicó de forma completa las actas de la Mesa de Contratación y de los informes de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas. Por su parte, la Diputación de Zamora realizó la publicación de la adjudicación del contrato fuera de plazo y no incorporó el documento o resolución de adjudicación. En cuanto al anuncio de formalización, las Diputaciones de Burgos y de León efectuaron la publicación y el envío de los anuncios al Diario Oficial de la Unión Europea con mucho retraso. Además, las de León, Palencia y Zamora lo hicieron de forma incompleta.
Seguidamente, entrando ya en lo relativo al procedimiento de contratación, las seis conclusiones siguientes analizan las actuaciones preparatorias.
En primer lugar, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobados por las diputaciones reúnen los requisitos y el contenido que establece la normativa, excepto en determinados aspectos que desarrollo a continuación: en los contratos de las Diputaciones de Ávila y de Salamanca, los pliegos de prescripciones técnicas incluyen disposiciones que corresponden a los de cláusulas administrativas; además, en ninguno de ellos se determina de forma expresa qué criterios son evaluables de forma automática y cuáles para su valoración dependen de un juicio de valor.
En segundo lugar, los medios establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas para acreditar la solvencia económica y financiera o técnica y profesional se adecúan al principio de proporcionalidad y cumplen los requisitos señalados en la normativa, excepto en los contratos de las Diputaciones de Soria y de Zamora. En el primero se requería un seguro de indemnización por riesgos profesionales, que no resulta suficiente; y en el segundo, un resumen de la declaración del IVA, que tampoco es adecuado.
Por otra parte, las Diputaciones de León y Valladolid fijaron en los pliegos de cláusulas la obligación de adscribir a la ejecución del contrato determinados medios personales y materiales, con la inclusión de cláusulas de arraigo territorial, cláusulas que no quedan justificadas adecuadamente, lo que podría limitar la concurrencia, el principio de la concurrencia, en la licitación.
También se han detectado que en los pliegos de cláusulas de las Diputaciones de Ávila, de Burgos y de Salamanca se produce una incorrecta ponderación del criterio referente a la oferta económica, ya que utilizan sin justificación una fórmula susceptible de otorgar una importante cantidad de puntos a las ofertas que igualan el presupuesto de licitación. Además, la fórmula empleadas... empleada por las Diputaciones de Ávila, Palencia y Valladolid establece una relación entre las ofertas económicas presentadas, y no con el presupuesto de licitación, que produce el efecto de concentrar las valoraciones en un pequeño tramo de intervalo de puntos, disminuyendo así su importancia en relación con otros criterios. En la Diputación de Salamanca este efecto se agravó al establecerse un umbral económico por debajo del cual todas las ofertas se valorarían igual a esta cantidad, reduciendo, en su consecuencia, el valor de la oferta económica a un papel casi irrelevante.
Todas las diputaciones incluyen criterios de adjudicación matemáticos para valorar las prestaciones adicionales o las llamadas "mejoras". Sin embargo, por la forma en que están definidos en los pliegos de cláusulas, todos los licitadores obtienen la máxima puntuación, lo que hace intrascendente estos criterios y distorsiona la importancia real del resto.
En este apartado de actuaciones preparatorias, finalmente, los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presentan, con carácter general, un correcto desarrollo en los pliegos de cláusulas. Sin embargo, la diputación de Ávila establece una insuficiente descripción de los elementos a valorar, y utiliza un inadecuado procedimiento de atribución de puntos. Además, en el contrato de la Diputación de Burgos se califican como criterios de valoración cualitativos algunos que, por no requerir juicio técnico para su apreciación, debieron valorarse de forma automática mediante fórmulas matemáticas.
Pasando ya al análisis de la adjudicación de los contratos, en primer lugar señalar que no se aprecian errores o diferencias... o deficiencias -perdón- en la valoración de los criterios cuantificables automáticamente mediante fórmulas, habiéndose aplicado las previstas en el pliego de cláusulas administrativas.
Los informes técnicos de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor, con carácter general, cumplen los requisitos. No obstante, en el contrato de la Diputación de Ávila no se ha seguido el procedimiento de valoración señalado en los pliegos, incumpliendo el principio de no discriminación e igualdad de trato.
Por otra parte, no se han observado incidencias en las actuaciones de las Mesas de Contratación en relación con exclusiones de candidatos y licitadores por presumirse anormalidad en sus ofertas.
En cuanto a la formalización de los contratos, no se han detectado incidencias.
Respecto a la ejecución de los contratos, con carácter general, consta la recepción de los servicios adjudicados y su facturación y pago conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y en el propio contrato.
Como únicas particularidades, en el contrato de la Diputación de Valladolid se establece expresamente la actualización anual del precio unitario de adjudicación en el 1,5 %, atendiendo a la previsión de incremento de los costes que han dado lugar al cálculo del presupuesto base de licitación, lo que supone, de facto, una revisión del precio de adjudicación, a partir de enero de dos mil veintitrés, sin que se cumplan los requisitos que establece la ley, y que, además, está prohibida expresamente por las cláusulas de pliego de cláusulas administrativas y del propio contrato.
Por otra parte, las Diputaciones de Segovia y Zamora no procedieron al reajuste de la garantía, como consecuencia del incremento del precio del contrato modificado. Y la de Valladolid tramitó dicho reajuste de manera extemporánea: lo hizo en febrero de dos mil veinticuatro tras el requerimiento, precisamente, del Consejo de Cuentas.
Por último, las fiscalización... la fiscalización recoge en sus dos conclusiones finales los indicadores comparativos entre los contratos adjudicados por las nueve diputaciones provinciales.
En el análisis de los procedimientos de contratación empleados y de los resultados alcanzados en la selección de las ofertas desde el punto de vista de la concurrencia, los contratos tuvieron un número adecuado de licitadores, igualando o superando el número de cinco empresas interesadas en cada uno de ellos, excepto la... licitación -perdón- promovida por la Diputación de Segovia, en la que solo ser presentaron dos licitadores. La media de ofertas ha ascendido a 5,5 licitadores por contrato.
En cuanto a la concentración de adjudicaciones, una sola empresa era la adjudicataria de los contratos de cuatro diputaciones, concretamente Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora; y otras dos eran las adjudicatarias de dos contratos cada una.
En cuanto al análisis de los resultados alcanzados en la selección de las ofertas, desde el punto de vista de los precios de adjudicación obtenidos, la media asciende a 17 euros sin IVA por hora ordinaria de los servicios de ayuda a domicilio. Los precios mayores corresponden a los contratos de las Diputaciones de Palencia, que ascendió a 18,39 euros, adjudicado en dos mil veinte; y de Salamanca, que ascendió a 18,95 euros, adjudicado en dos mil veintiuno. Ambos precios se sitúan en el 8,2 y el 11,5 %, respectivamente, por encima de la media.
Como... de manera descriptiva, señalaría que en León el lote II tiene un precio... adjudicado en el dos mil veintidós, tiene un precio por hora de 15,98; el lote I, 16,06 euros, adjudicado en el dos mil veintidós. En Zamora, 16,36, adjudicado en dos mil veintiuno; Soria, 16,60, adjudicado en dos mil veintidós; Segovia, 16,64, adjudicado en dos mil dieciocho; Valladolid, 16,79 euros, adjudicado en dos mil veintidós; Burgos, 17,09 euros, adjudicado en dos mil veintiuno; Ávila, 17,18, adjudicado en dos mil veintidós; Palencia, 18,39, adjudicado en dos mil veinte; y, finalmente, Salamanca -como decía antes-, 18,95 euros, adjudicado en dos mil veintiuno.
Los precios menores los obtuvo la Diputación Provincial de León en sus lotes I y II, que ascendieron a 16,06 y 15,98 euros, adjudicados en dos mil veintidós. En general, debo manifestar que se observa una tendencia a la baja del precio de adjudicación en los cinco contratos adjudicados ese año, en dos mil veintidós, en relación con los formalizados anteriormente.
Por otra parte, se ha observado que existe una relación entre las bajas obtenidas y los presupuestos de licitación. Así, los dos mayores porcentajes de baja, que se producen en las Diputaciones de Palencia y de Zamora, se corresponden con dos de los tres presupuestos de licitación más altos, lo que denota que en su cálculo pudo haberse producido una sobrevaloración.
La Diputación de Salamanca fijó el presupuesto de licitación en 19 euros -19 euros la hora de servicio, como es natural-, el segundo más alto de todos los contratos, pero tuvo una baja muy poco significativa, de apenas el 0,26 %, lo que dio lugar a la adjudicación con el precio más alto de todos los contratos.
En las adjudicaciones fiscalizadas, constituyendo el objeto del contrato una prestación cuyo contenido esencial está normalizada y se debería prestar por igual en toda la Comunidad, existen diferencias en los servicios que reciben los usuarios y en los costes para las Administraciones públicas según la provincia de que se trate.
En el análisis de los criterios de adjudicación utilizados y la ponderación atribuida a cada uno, se concluye que las diputaciones que han obtenido los precios más bajos son las que han incluido en sus pliegos exclusivamente criterios de adjudicación automáticos -es decir, valorables mediante fórmulas matemáticas-, en los que la oferta económica suponía sobre el 50 % de la puntuación total y las mejoras el otro 50 %, como sucede en los casos de León y de Zamora.
Por el contrario, los precios más altos han sido para aquellas que otorgaron la mayor importancia a los criterios evaluables mediante juicios de valor. Así, o de esta manera, la Diputación de Palencia, con un peso del 43 % del total de los puntos, y la de Salamanca, con un 40 %, adjudicaron sus contratos con los dos precios más altos de todos los examinados. Estas dos diputaciones ponderaron las mejoras únicamente con el 8 % y el 12 %, respectivamente, del total de los criterios de adjudicación.
A la vista de las conclusiones de esta fiscalización de legalidad que acabo de exponer, el Consejo de Cuentas ha emitido... emitió, mejor dicho, la siguiente opinión.
En función de los expedientes examinados, las Diputaciones Provinciales de Castilla y León cumplen razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada para la prestación del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones provinciales en el ejercicio dos mil veintidós, excepto por las salvedades -a la opinión- que a continuación se detallan:
La primera salvedad es el incumplimiento del Artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público al no remitir las Diputaciones... al no remitir dos Diputaciones, las de Ávila y Salamanca, a la Plataforma de Rendición de Cuentas el documento de formalización del contrato de servicios de ayuda domiciliaria y el extracto del expediente; o realizar otras cinco, las de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora, dicha obligación con un notable retraso respecto del plazo de 3 meses desde la fecha de formalización de los contratos.
En segundo lugar, en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación valorables de forma automática, las Diputaciones Provinciales de Ávila, de Burgos y de Salamanca han utilizado una fórmula matemática para la valoración de la oferta económica susceptible de otorgar puntos a las ofertas que se limitan a igualar el presupuesto de licitación; además, la fórmula utilizada por las de Ávila, Palencia y Valladolid es de escaso recorrido, quedando todas las puntuaciones agrupadas en un pequeño tramo de intervalo de puntos previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares para este criterio, lo que distorsiona la ponderación que el pliego atribuye a este criterio de adjudicación.
Finalmente, durante la ejecución del contrato se han realizado incrementos indebidos del precio por hora de prestación de servicios en la Diputación Provincial de Valladolid. Además, las Diputaciones de Segovia y Zamora no procedieron al reajuste de la garantía como consecuencia del incremento del importe asignado al contrato. Hasta aquí la opinión.
Como consecuencia de las conclusiones extraídas en la auditoría, el Consejo de Cuentas realiza 12 recomendaciones: 7 de estas recomendaciones afectan específicamente a las... a la Diputación de Salamanca, 6 a la de Zamora, 5 a la de Ávila, 4 a la de León y Burgos, y también a Palencia 4, Valladolid 3, y Segovia y Soria 2 recomendaciones específicas.
Además, con carácter general, se realizan las siguientes recomendaciones dirigidas al conjunto de las Diputaciones, que procedo a leer:
En primer lugar, todas las diputaciones deben comunicar a la Plataforma de Rendición de Cuentas la formalización de las modificaciones de los contratos del servicio de ayuda a domicilio.
Asimismo, las Diputaciones deben evitar la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de criterios de adjudicación no selectivos de la oferta más ventajosa, en los que todos los licitadores obtienen la máxima puntuación, siendo esta circunstancia previsible por los órganos de contratación, y produce una distorsión de la importancia real del baremo previsto en los propios pliegos.
Por otra parte, para obtener las adjudicaciones más ventajosas desde el punto de vista económico, las diputaciones deberían incluir en sus pliegos exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, en los que la oferta económica y las mejoras atribuyan la mayor parte de los puntos, limitando, salvo causa justificada, los criterios de judificación... los criterios de adjudicación mediante juicios de valor, y ello por tratarse de una prestación cuyo contenido principal está uniformado por la normativa -y, por tanto, debe ser homogéneo para el conjunto de las diputaciones-.
Finalmente, las diputaciones deberían establecer mecanismos de coordinación tendentes a la adopción de un procedimiento que permita la adjudicación de los contratos de prestación del servicio de ayuda a domicilio de forma uniforme en toda la Comunidad Autónoma, desde un punto de vista común de los servicios recibidos y de sus precios, en cumplimiento de los principios de eficacia, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de los principios de economía y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
En esta primera intervención, esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención.
Muchas gracias. Abrimos un turno de intervenciones por parte de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, el procurador don José Ramón García Fernández, por un tiempo máximo de diez minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Nos sumamos a las condolencias por la muerte de su santidad el papa en el día de hoy.
Bueno, con respecto al informe que nos ha presentado el presidente del Consejo de Cuentas -que, por cierto, buenas tardes, señor presidente del Consejo de Cuentas y a todo su equipo, y gracias por el trabajo que nos han presentado hoy-, bueno, decir que el servicio de prestación o de ayuda a domicilio que prestan las diputaciones consideramos que es esencial en esta Comunidad, tanto por su dispersión, tanto por la media de edad, ya que sabemos que estamos en una Comunidad envejecida, cada vez más envejecida, menos población joven, que se nos va, y, con lo cual, bueno, en ciertas provincias pues se nota más todavía la despoblación que en otras. Con lo cual, consideramos que este servicio de ayuda a domicilio, sobre todo en las zonas rurales, es fundamental.
Es un servicio que, como bien se sabe y como bien se ha dicho, pues lo... lo dan... o se da a través de las diputaciones, cofinanciado por las Administraciones locales y la Junta de Castilla y León. Y vemos que, bueno, que tenemos nueve provincias, nueve Administraciones, y cada una pues más o menos trabaja o decide dar este servicio de una manera diferente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el informe, que estamos en una Comunidad donde hay nueve provincias con nueve diputaciones y que cada una pues da el servicio de manera diferente, y el informe dice que sería conveniente que hubiera uniformidad a la hora de prestar este servicio, tanto en servicio como en costes, cosa que vemos que no es así. Con lo cual, esperemos que a partir de ahora pues este informe valga para que haya cierta uniformidad en esta... en esta Comunidad.
Está visto que hay desequilibrios en esta Comunidad, y los hay en todos los aspectos, incluso en los servicios que... que tienen que dar, que vemos que en este caso pues... bueno, pues denota que cada diputación pues hace o cumple con la normativa y con los plazos a conveniencia. Porque lo que se critica también en este informe -o, bueno, se critica o se llama la atención- es que a veces no se cumple la normativa como se debe, no se cumplen los plazos como se debe. Y sí que es verdad que el... el informe dice que, de una manera general, las diputaciones cumplen, cumplen con la legalidad, pero, si lo leemos en profundidad, pues vemos que hay ciertas cosas que se alejan un poco de la normativa y se alejan un poco de lo que debería llamarse transparencia, ¿no? Es decir, porque falta documentación, no se hace pública, no se cumple -como digo- con ciertas normativas o se mezclan las normativas a conveniencia. Y, bueno, vemos que hay cierta... ciertas irregularidades.
Vemos que los costes son diferentes en unas y en otras: vemos que los mayores costes son... costes a la hora de... de dar este servicio, pues vemos que los mayores costes se dan en la... en la Diputación de Salamanca y los menores costes se dan en la Diputación de... de León y de Zamora. Con lo cual, esto también se debería de revisar: igual servicio, igual coste; o igual coste... o igualar los costes y... e igualar los servicios.
Han hecho... bueno, hay 21... 21 conclusiones que al final se resumen perfectamente en la opinión que da el... el Consejo de Cuentas, que nos ha presentado aquí el señor presidente. Y nos quedamos totalmente con la... con los 3 puntos que... que inciden en esa opinión.
El primero, en cuanto a la transparencia, es decir, el incumplimiento del Artículo 335 de la Ley de Contratos de servicios públicos al no remitir dos Diputaciones, la de Ávila y Salamanca, a la Plataforma de Rendición de Cuentas el documento de formalización de los contratos. O que tanto Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora pues ha habido retraso, ¿no?, es decir -que ya lo he comentado antes-, y, bueno, pues eso llama bastante la... la atención.
En cuanto a la hora de conceder estos servicios o de hacer la concesión o la adjudicación, pues vemos que las ponderaciones o esos criterios se ponderan de manera diferente en unas y otras y vemos que están un poco a capricho de las diputaciones. Es decir, llama la atención pues... pues, por ejemplo, lo de León y Salamanca, ese arraigo territorial, o otras características que se piden en... en otras diputaciones, que hace un poco que... que esas adjudicaciones podríamos llamar que sean un subjetivas en vez de ser totalmente objetivas.
Y, después, durante la ejecución de los contratos, se ha realizado incrementos indebidos del precio, que eso yo creo que también se tendría que explicar. Es decir, por qué ha habido esos... esos incrementos. Por qué y cómo y cuáles son las consecuencias de todo ello.
Con lo cual, el informe también nos presenta 9... digo -perdón- 13 recomendaciones, de las cuales creo que la... bueno, pues que la... la 3 -perdón-, las Diputaciones Provinciales de Ávila y Salamanca deberían abstenerse de incluir en los pliegos de prescripciones técnicas disposiciones que corresponden a otra documentación, como es el pliego de cláusulas administrativas particulares. Es decir, hay una mezcla de la normativa.
O la... bueno, la 5, que ya he mencionado, ¿no?, esas... esos... obligaciones de cláusulas de arraigo territorial.
O la 6, donde, bueno, pues esas... se debería establecer fórmulas matemáticas de valoración para las ofertas económicas, para tener una mejor ponderación, cosa que no se hace en todas ellas.
Y, después, otra que nos llama también la atención es la 8, en la que dicen, bueno, que la... sobre todo la Dirección Provincial de Ávila pues no respeta ese principio de igual de trato a los licitadores, ¿no? Es decir, en todos estos yo creo que también se tendría que... que vigilar. Y por qué se... por qué se hace, primero, y por qué se permite, después. Y, bueno, y lo que ya comenté sobre los... bueno, sobre la Dirección Provincial de Valladolid, que aprueba cláusulas que amparan revisiones del precio de adjudicación que van en contra de la ley o de la normativa, y, con lo cual, pues eso, por qué se permite.
Y, después, la 12 y la 13, ¿no? La 12: "Para obtener las adjudicaciones más ventajosas, desde el punto de vista exclusivamente económico, las Diputaciones Provinciales deberían incluir en sus pliegos de cláusulas administrativas particulares exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas" y no por otros que puedan considerarse subjetivos, que, bueno, eso pues... pues lo que permite es que haya una limitación en... en la valoración de esas adjudicaciones y que se permita un juicio de valor pues más... más serio.
Y la trece, donde "Las diputaciones provinciales de Castilla y León deberían establecer mecanismos de coordinación tendentes a la adopción de un procedimiento que permita la adjudicación de... de contratos de prestación del servicio de ayuda a domicilio de forma uniforme en toda la Comunidad Autónoma, desde un punto de vista común de los servicios recibidos y de sus precios". Aquí estamos totalmente de acuerdo, pero también nos surge una pregunta: ¿uniforme en los presupuestos en todas las diputaciones porque los presupuestos son uniformes para todas las diputaciones provinciales? Quiero decir, ¿los presupuestos son iguales para todas las diputaciones? ¿Al no ser iguales, entonces se puede dar de forma uniforme este servicio, que considero que debería ser uniforme en toda la... en toda la Comunidad? Pero sí que es verdad que hay territorios que por su situación, por su orografía, por su... bueno, las distancias, las zonas rurales, etcétera, que son diferentes de unas zonas a otras, bueno, pues esto sí que es verdad que de forma uniforme sería lo ideal, pero también tendríamos que ver los presupuestos cómo se podría hacer que fueran... que fueran equitativos por lo menos. Que supongo que lo serán, pero, claro, al pedir aquí una forma uniforme, pues claro, las situaciones tampoco son uniformes.
Con lo cual, espero que estas recomendaciones las asuman las nueve diputaciones provinciales y, bueno, y que la Junta de Castilla y León esté atenta a todo lo que ocurra aquí, porque hay falta de transparencia, mezcla de normativas y motivos subjetivos para adjudicar ciertas... ciertos contratos. Con lo cual, creo que esto no es bueno para las arcas públicas. Muchas gracias.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, la procuradora doña Susana Suárez Villagrá, por un tiempo máximo de diez minutos.
Muchas gracias, presidente. Desde Vox también nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento de su santidad el papa.
Según este informe de fiscalización elaborado por el Consejo de Cuentas, se constata que los servicios deberían prestarse por igual en todas las provincias, aunque nos encontramos que esto no se cumple y existen diferencias entre las nueve diputaciones.
Nos llama la atención algunas salvedades que nos resultan muy significativas en determinadas cuestiones que no se pueden obviar y que tenemos que mencionar, pues nos han parecido de cierta importancia:
Por un lado, en el apartado sobre la obligación por parte de las diputaciones de comunicación a la Plataforma de Rendición de Cuentas de los contratos, Diputaciones como Ávila y Salamanca no enviaron el documento de formalización del contrato; y las de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora lo hicieron fuera de plazo.
Respecto a la publicidad en los contratos, la... la Diputación de Salamanca no publica la información de manera completa y la de Zamora lo hace fuera de plazo.
El procedimiento de contratación es el tema que nos resulta más relevante por la repercusión que tiene respecto al tema económico y, en este punto, es donde se recogen ciertos incumplimientos que resultan preocupantes, ya que en algunas diputaciones se han utilizado criterios de ponderación incorrectos respecto a la oferta económica; es el caso de las Diputaciones de Ávila, Burgos o Salamanca. Y, además, en la Diputación de Ávila, la descripción de los puntos a valorar no es correcta, lo que hace que el procedimiento no se lleve a cabo de manera adecuada.
También nos resulta preocupante lo ocurrido en las Diputaciones de Soria o Zamora, donde se ha solicitado a las empresas que concurren a estos concursos solamente un seguro de indemnización para acreditar la solvencia económica de las mismas, cuando esto no es ni mucho menos suficiente para este tipo de contratos, con lo que se pone en riesgo la seguridad de la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Este no es un medio que se permita para acreditar la solvencia, según el pliego de cláusulas administrativas particulares. Lo mismo que tampoco se contempla, según el pliego, la limitación por cláusula de arraigo, lo que ha establecido León o Valladolid; o la actualización del precio del contrato que establece la Diputación de Valladolid, lo que está expresamente prohibido en el pliego.
Y en el punto... respecto a los indicadores comparativos y el análisis de los criterios de adjudicación, hemos podido comprobar que todas las diputaciones de Castilla y León no dan la misma importancia a los criterios establecidos. Esto supone que un servicio que debería prestarse por igual en toda Castilla y León se presta de forma diferente en cada una de las provincias, lo que provoca una preocupante desigualdad entre las diferentes provincias, y, por lo tanto, los usuarios de este servicio de ayuda a domicilio lo reciben de forma diferente dependiendo en la provincia en la que vivan; diferencias que no deberían existir.
Igualmente, tampoco deberían existir diferencias en los precios de contratación de estos servicios, pero las diputaciones utilizan diferentes criterios evaluables, en contra de lo que exige la normativa.
Otro aspecto que también nos ha llamado la atención ha sido la concurrencia de una misma empresa adjudicataria en el año dos mil veintidós en cuatro diputaciones.
Todas estas conclusiones nos llevan a apoyar las 12 recomendaciones hechas por el Consejo de Cuentas y pedir un rigor y un seguimiento de cada una de ellas. En todo este análisis realizado, también observamos que hay diputaciones que incumplen de manera más reiterativa, como son la de Salamanca y la de Zamora y la de Ávila, a las que se dirigen la mayor parte de las recomendaciones, por tanto, se hace necesario un seguimiento exhaustivo especialmente para estas diputaciones.
Y respecto a la recomendación decimotercera, nos parece que recoge la conclusión más importante de este estudio de fiscalización en cuanto a la necesidad de que todas las diputaciones adopten criterios uniformes que garanticen la igualdad para todos los usuarios en la prestación del servicio de asistencia a domicilio en toda Castilla y León.
Desde Vox pedimos que se vele por la igualdad, la rigurosidad, la transparencia y el cumplimiento normativo en la prestación de este servicio de ayuda a domicilio, y que resulta tan importante para los ciudadanos, para que así no haya irregularidades y no haya tantas desigualdades. Muchas gracias.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora doña María Isabel Gonzalo Ramírez, por un tiempo máximo de diez minutos.
Gracias, presidente. Señor Amilivia, bienvenido de nuevo a esta Comisión, y muchas gracias por el trabajo realizado. De conformidad con lo establecido en el Artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en el Artículo 1 de la Ley 2/2002, de nueve de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, corresponde a este... corresponde a este la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Castilla y León. El órgano autonómico que usted preside aprobó en el dos mil veintidós un total de 30 informes, segunda mayor cifra de toda la serie histórica después de los 32 realizados en el dos mil veintiuno. En sus 20 años de existencia ha emitido 2.300 recomendaciones, trasladadas a los entes fiscalizados para contribuir a una gestión más eficiente de la Administración autonómica y de las entidades locales de la Comunidad.
En el ámbito autonómico el Consejo viene haciendo un especial seguimiento al gasto social. Dentro de la función fiscalizadora se encuentra el examen de los expedientes referentes a los contratos celebrados por la Administración de la Comunidad y demás entidades sometidas a su control externo. Esta previsión normativa tiene su desarrollo en el Plan Anual de Fiscalización para el ejercicio dos mil veintitrés del Consejo de Cuentas, aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en su sesión del trece de febrero del veintitrés, que incluye, entre las actuaciones previstas, la fiscalización de los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones provinciales en el ejercicio veintidós.
Las diputaciones provinciales de Castilla y León... y aquí debemos tener en cuenta que las diputaciones provinciales -lo ha dicho usted al inicio de su intervención- prestan servicios a los habitantes de municipios de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes; es decir, de los 2.248 pueblos que tenemos en Castilla y León, 2.232 tienen menos de 20.000 habitantes; 1.130.000 personas, el 47,5 de la población, en nuestra Comunidad vive en los pueblos. Menciono estos datos porque los contratos referentes en este informe inciden plenamente en el bienestar de las personas de Castilla y León, y más concretamente de una parte muy importante de sus habitantes: más de 640.000 habitantes en nuestra Comunidad tienen más de 65 años; y, de estas personas, muchas son usuarias de ayuda a domicilio y otras muchas están en lista de espera.
Usted nos dice en su informe con carácter general que las diputaciones han cumplido con la obligación de remisión de la... a la Plataforma de Rendición de Cuentas en relación... en relaciones certificadas comprensivas de los contratos celebrados en el ejercicio de formalización del contrato para la prestación de servicio de ayuda a domicilio. No obstante, hay que señalar que la Diputación Provincial de Salamanca no ha incluido en la relación anual comunicada correspondiente al año dos mil veintiuno el contrato de servicios de ayuda domiciliaria formalizado en ese año. Las Diputaciones Provinciales de Ávila, Burgos y León remitieron las relaciones anuales y contratos con un notable retraso respecto al plazo establecido.
Las Diputaciones Provinciales de Ávila y Salamanca no cumplieron con la obligación de remisión a la Plataforma de Rendición de Cuentas del documento de formalización del contrato de servicios de ayuda domiciliaria y del extracto del expediente. Las Diputaciones Provinciales de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora, aunque cumplieron con dicha obligación, lo hicieron con un notable retraso respecto del plazo de 3 meses desde la fecha de formalización de los contratos.
Las Diputaciones Provinciales de Salamanca, Segovia y Zamora tramitaron modificaciones de los contratos de servicios de ayuda a domicilio que no fueron comunicados a las plataformas... a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Las Diputaciones Provinciales de Palencia y Segovia no han comunicado la existencia de ninguna prórroga con efectos anteriores a veintiuno de diciembre del veintidós, cuando era procedente, según los propios términos de los contratos.
Es decir, se incumplen las obligaciones establecidas en el Artículo 335.1 de la Ley de Contratos de servicios públicos y en la instrucción del Tribunal de Cuentas del veintiocho de julio del dos mil dieciocho.
En cuanto a la publicidad, los contratos de las diputaciones provinciales de Castilla y León cumplen con las obligaciones de publicidad de los contratos de servicios de ayuda a domicilio impuestas por la Ley de Contratos de servicios públicos, pero la Diputación Provincial de Salamanca no publicó de manera completa las actas de la Mesa de Contratación. La Diputación Provincial de Zamora realizó la publicación de la adjudicación del contrato fuera de plazo, y no incorpora esta el documento o resolución de adjudicación.
En cuanto al anuncio de formalización de las Diputaciones Provinciales de Burgos y de León, efectuaron la publicación en el envío al Diario Oficial de la Unión Europea de los anuncios con mucho retraso. Las Diputaciones Provinciales León, Palencia y Zamora no adjuntaron el anuncio... al anuncio el documento de formalización del contrato. La Diputación de Zamora tampoco envió el anuncio de formalización del contrato a la oficina de publicaciones del Diario Oficial de la Unión Europea.
En los procedimientos de contratación parece que los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prestaciones técnicas aprobados por las diputaciones provinciales reúnen los requisitos contenidos en el Artículo 122 y 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, y 67 y 68 del Reglamento. Pero las actuaciones preparatorias de los procedimientos de contratación tampoco hacen un cumplimiento completo las Diputaciones Provinciales de Ávila, Salamanca, Soria, Zamora, León, Valladolid, Burgos y Palencia.
En cuanto a la adjudicación de los contratos, salvo la Diputación Provincial de Ávila, que no ha seguido el procedimiento de valoración señalado en los pliegos, incumpliendo el principio de no discriminación e igualdad de trato de los... de los licitadores, para el resto de las diputaciones no se aprecian errores o deficiencias en la valoración de los criterios de adjudicación cuantificables automáticamente mediante fórmulas, habiéndose aplicado la fórmula prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En cuanto a la ejecución de los contratos, parece que, con carácter general, los expedientes analizados hay constancia de la recepción de los servicios contratados y que se han... y que se han facturado y abonado conforme al régimen de pagos establecidos en la ley, pliego de cláusulas administrativas particulares y el... en el contrato.
Las Diputaciones Provinciales de Segovia y Zamora no procedieron al reajuste de garantía como consecuencia del incremento del precio del contrato modificado, lo que incumple con el Artículo 109.3 de la Ley de Contratos de servicios públicos. La Diputación Provincial de Valladolid tramitó el reajuste de la garantía de manera extemporánea en febrero del veinticuatro, tras el requerimiento del Consejo de Cuentas.
Señor presidente, tanto ustedes como nosotros somos conscientes de la importancia de la ayuda a domicilio en esta Comunidad -lo hemos... lo he mencionado al inicio de mi intervención-, de la importancia de los contratos que firman las diputaciones provinciales relativos a la ayuda a domicilio, programa básico a través del cual se intenta promover una buena calidad de vida para las ciudadanas y ciudadanos y así potenciar su autonomía y unas condiciones adecuadas de convivencia en su propio entorno familiar y sociocomunitario.
Estará conmigo, señor presidente, que en el año dos mil veintidós, inmediato después a la pandemia de la COVID-19, la sensibilidad con los mayores debía de haber sido extrema. Fallecieron tantos en las residencias, señorías, que muchos de ellos y ellas querían permanecer en sus casas a toda costa; no querían oír ni hablar de residencias. Y para ellos... y, para ello, la ayuda a domicilio en el medio rural era su punto de apoyo para poder cumplir sus deseos. Es increíble que en Castilla y León, dependiendo del lugar donde se viva, se pueda tener unos servicios y poder acceder a ellos o no.
Como dice en su informe, el precio medio de adjudicación de los contratos asciende a 17 euros la hora. Los precios de adjudicaciones mayores corresponden a los contratos de las Diputaciones Provinciales de Palencia, que ascendió a 18,39 euros, adjudicado en el veinte; y en Salamanca, que ascendió al 18,95 euros, adjudicado en el veintiuno. Ambos precios se sitúan en el 8,18 % y 11,47, respectivamente, por encima de la media. Los precios menores los obtuvo la Diputación Provincial de León en sus lotes I y II, que ascendieron a 16,06 y a 15,98 euros, respectivamente, adjudicados en el dos mil veintidós.
En general, se observa una tendencia a la baja del precio de adjudicación en los cinco contratos que se adjudicaron durante el dos mil veintidós en relación a los adjudicados en años anteriores. Existe una relación entre las bajas obtenidas y los precios de licitación...
Tiene que ir finalizando.
(Sí, termino ya, presidente). Los dos mayores porcentajes de baja, las Diputaciones de Palencia y Zamora, se corresponden con los tres presupuestos de licitación más altos, lo que denota que su cálculo pudo haberse producido una sobrevaloración. Y continuaré en la segunda parte. Muchas gracias.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la procuradora doña Rosa María Esteban Ayuso, por un tiempo máximo de diez minutos.
Gracias, presidente. Bienvenido nuevamente, señor Amilivia, al igual que todo su equipo. Y nos sumamos, como no puede ser de otra manera, a las condolencias por el fallecimiento de su santidad el papa. Igualmente, esperamos la pronta recuperación del jefe de prensa de UPL, que fue apuñalado el otro día, condenado... condenando, por parte del Grupo Popular, de todo tipo de violencia.
Nos ha expuesto, presidente, de forma clara y concisa los principales resultados del informe de fiscalización del... de los contratos del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones provinciales de Castilla y León en el ejercicio dos mil veintidós. Es un informe que -cierto es- estaba incluido en el Plan de Fiscalización dos mil veintitrés y que analiza una prestación de carácter esencial. Es fundamental la atención domiciliaria a personas mayores, dependientes y en situación de especial vulnerabilidad; una responsabilidad pública que, por su sensibilidad, exige el más estricto cumplimiento de la legalidad y de los principios de buena administración.
Nos congratulamos de que en servicios sociales y en dependencia Castilla y León seamos referentes a nivel nacional para cuidar a nuestros mayores, a los dependientes y a todas las personas que precisen este tipo de ayuda; y no malgastar en tiempos de pandemia dineros en otros menesteres que no corresponden a ayudar a las personas más vulnerables.
El informe ha fiscalizado los contratos suscritos por las nueve diputaciones provinciales en Castilla y León en el año dos mil veintidós y para la prestación de un servicio que va dirigido a todos aquellos municipios menores de 20.000 habitantes. Se ha revisado procedimiento de adjudicación, ejecución y el control de esos servicios contratados. Se ha verificado especialmente el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público: en publicidad, transparencia, concurrencia y libre competencia, igualdad de trato, ejecución y comunicación de control.
Señorías, el primer gran bloque de conclusiones tiene que ver con la comunicación a la Plataforma de Rendición de Cuentas. Aunque la mayoría de las diputaciones en general cumplieron su obligación, sí que se han detectado retrasos notables en remisión de documentación; en otras, omisiones; y, en otras, hay una falta de comunicación de modificaciones y prórrogas. Estas omisiones es cierto que debilitan el control externo y comprometen la transparencia exigible a toda la contratación pública, sea de la Administración que corresponda.
En el ámbito de la publicidad de los contratos, también se han hallado determinados fallos: por ejemplo, en Salamanca no se publicaron completamente las actas ni los informes de valoración; Zamora lo hizo fuera de plazo, sin la resolución de adjudicación; Burgos, León, Palencia, Zamora no remitieron correctamente los anuncios al Diario de la Unión Europea. Y esto menoscaba los principios de igualdad y libre concurrencia consagrados en nuestra legislación.
Uno -también- de los apartados más sensibles del informe es el relativo al pliego de... de las cláusulas administrativas y técnicas. Y se han detectado criterios mal definidos o mal ponderados -como puede ser en Ávila y Burgos-, fórmulas matemáticas que prestan ofertas poco competitivas o el uso de cláusulas de arraigo temporal -que no se ha dicho nada- que no... que no están justificados... justificadas -y este es el caso de León y de Valladolid-, que podrán restringir la competencia, conseguirán un precio más bajo, pero restringen muchísimo la competencia y vulneran uno de los principales principios de la Ley de Contratación del Sector Público.
Además, las mejoras ofertadas, que pueden representar hasta el 50 % de la puntuación en algunos contratos, han sido definidas de tal forma que todos los licitadores obtendrían una máxima puntuación; entonces, se le resta valor a determinados criterios que, supuestamente, son criterios para realizar una selección de prestar el mejor servicio posible.
En cuanto a la ejecución de los contratos, en general se ha acreditado la prestación efectiva del servicio y el cumplimiento de los pagos. En cambio, nos encontramos con determinadas formalidades: por ejemplo, en Valladolid se introdujo una revisión de precios de 1,5 % anual, que no está prevista legalmente y es contraria al propio contrato; también nos encontramos en Zamora y en Segovia que no se reajustaron las garantías tras haber una modificación del contrato, como exige la ley.
Y el informe también ofrece un análisis comparativo de precios y métodos de adjudicación. El precio medio por hora de... de todas las provincias fue de 17 euros, y hay un máximo en Salamanca y en Palencia, y un mínimo en León.
Las diputaciones también usaron criterios exclusivamente automáticos; las que utilizaron criterios solamente automáticos lograron precios más bajos. En cambio, hay provincias que dieron más peso a juicios de valor, y acabaron con una adjudicación a precios sensiblemente superiores. Esto revela una deficiente configuración de los criterios de adjudicación, que encarece el servicio y vulnera el principio de igualdad de trato. Por lo cual, habría que evitar estos criterios de... de valoración.
Entre las recomendaciones que hace el Consejo de Cuentas, destacaría varias, como el cumplir rigurosamente los plazos y los contenidos en la comunicación de los contratos, modificación y prórrogas a la plataforma correspondiente; garantizar la publicidad integra de los... de los procedimientos; evitar determinadas fórmulas de valoración que distorsionen la competitividad premiando ofertas no competitivas o neutralizando determinado... el peso real de otros criterios; justificar adecuadamente cualquier cláusula restrictiva, como son las exigencias de arraigo territorial o la adscripción de recursos locales; evitar las revisiones automáticas de precios que vulneren lo pactado, o bien en los propios contratos, o bien en la propia ley; y ajustar las garantías cuando varíe el valor del contrato, etcétera.
Señorías, el servicio de ayuda a domicilio representa una pieza fundamental en el sistema de protección social de nuestra Comunidad. Repito: somos referentes a nivel nacional para el cuidado de nuestros mayores, las personas que lo precisen, las personas más vulnerables. Y debemos garantizar que este... este gasto público se realice de forma lo más estricta posible, asegurando un servicio digno y de calidad para miles de personas que lo precisan.
El Consejo de Cuentas no ha formulado ningún reproche, sino propuestas para mejorar que buscan reforzar la integridad y la eficacia de nuestro sistema; que, con voluntad política, técnica y administrativas, estas recomendaciones pueden y deben ser atendidas y pueden ayudarnos a buscar mejores soluciones en beneficio de todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias.
Para contestar a todas estas intervenciones, tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas, don Mario Amilivia, sin límite de tiempo.
Bien. Muchas gracias, presidente. Voy a contestar con carácter general, sin entrar en una... en el análisis de ninguna diputación con carácter singular o en concreto, en ninguna diputación específica.
Sí me gustaría señalar la importancia de este informe en la medida que analiza, desde el punto de vista de la contratación, el contrato de servicios más importante que llevan a cabo las diputaciones provinciales. Quiero decir, las diputaciones provinciales -como saben- están siendo objeto actualmente de... por el departamento local que dirige Emilio Melero, de un informe singular para cada una de las diputaciones en relación con los servicios que prestan a los ayuntamientos, especialmente de menos de 1.000 habitantes. Y, en el contexto de esos informes, el contrato de servicios de ayuda a domicilio es, sin duda, el contrato más importante que llevan a cabo las diputaciones provinciales de Castilla y León; seguido pues por el contrato de mantenimiento de las carreteras, que también podía ser objeto de una fiscalización específica; o de otros contratos, como el de gestión tributaria y recaudación, que es también muy importante para las diputaciones; o el polémico, en algunas ocasiones, contrato de centro de tratamiento de residuos o de mantenimiento, conservación y, en este caso, eliminación de los residuos. Por lo tanto estamos hablando de un contrato realmente importante.
El valor estimado de los contratos de las nueve diputaciones asciende a un importe de más de 290 millones -el valor estimado de los contratos con el plazo correspondiente a los mismos-, 290.062.759 euros, valor estimado del contrato, que significa que es el resultante de sumar los presupuestos base de licitación sin IVA y las posibles prórrogas y modificaciones que en su caso se contemplen legalmente.
Estamos hablando, además, de una competencia que es propia de las diputaciones provinciales. También estamos viendo estos días como las diputaciones llevan a cabo, en muchos supuestos, competencias impropias, que, en su caso, podrían entrar en colisión con la Ley de racionalización y sostenibilidad del año trece. Pero en este caso hablamos de una competencia propia de las diputaciones, contemplada como tal en el Artículo 36 de la Ley de Bases de Bases de Régimen Local, en relación con el Artículo 48 de la Ley de servicios sociales de Castilla y León, que atribuye esta competencia a las diputaciones; competencia que, aun siendo propia de las diputaciones, como he tenido la ocasión de señalar en mi primer informe, está fundamentalmente cofinanciada por la Comunidad Autónoma, por distintos convenios administrativos, con ese porcentaje que alcanza hasta el 90 % del coste de la ayuda a domicilio.
Desde el punto de vista de los datos comparativos de los informes, se ha puesto aquí de manifiesto sobre la concurrencia, bueno, que puede haber cuatro diputaciones que tienen una misma empresa adjudicataria, pero el informe pone de manifiesto que la concurrencia es suficiente y que hay un total de 5,5 licitadores de media, aproximadamente, por contrato. Si bien manifiesta -como se ha señalado acertadamente- que no puede haber cláusulas de arraigo territorial, que, en su caso, vulneran el principio de libre concurrencia y de igualdad de trato.
Sobre los criterios de adjudicación, lo han dicho sus señorías con mucha claridad, las horas de servicio de ayuda a domicilio más baratas o menos caras o menos altas económicamente hablando son aquellas que se fundamentan en criterios de adjudicación automáticas valorables mediante fórmulas matemáticas... -perdón- automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, y son o tienen los precios más caros aquellas que utilizan en los pliegos fórmulas evaluables... criterios evaluables mediante juicios de valor.
¿Por qué el informe en su conclusión 13 manifiesta que debe haber una mayor coordinación y pone un poco en... de relieve los criterios de adjudicación? Pues básicamente porque este es un servicio cuyo contenido principal está uniformado a la normativa. Es decir, existe un... un servicio, el que presta la diputación, que podemos decir que es casi homogéneo para el conjunto de las nueve diputaciones; luego cuando hablamos de oferta más económica desde el punto de vista... más ventajosa desde el punto de vista económica, en este caso, la relación calidad-precio es casi común a todas las diputaciones, porque hay un mandato de que sea casi homogéneo o uniforme el servicio que deben prestar. De ahí la importancia que señala el informe de que se establezcan mecanismos de coordinación. Mecanismos de coordinación, lógicamente, en el ámbito de las... de la autonomía de las distintas diputaciones, que puedan establecer, en este caso, criterios... por ejemplo, pliegos, de carácter común, uniforme, en el ámbito de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que permitieran pues un precio de esa hora más... más económico.
La opinión -como han dicho sus señorías- pone de manifiesto que es una opinión favorable, pero es una opinión favorable con estas salvedades que hemos detallado; es decir, existen opiniones favorables, opiniones desfavorables -que son aquellas que incumplen los principios, en este caso, de la contratación o la legalidad aplicable- y opinión favorable con salvedades. En este caso, las salvedades son las dadas en la opinión, y son las que el Consejo de Cuentas considera que tienen una especial relevancia desde el punto de vista del cumplimiento de una adecuada contratación.
En materia de publicidad, por ejemplo, los órganos de contratación cumplen las obligaciones de publicidad. No obstante, señalamos que dos diputaciones no han remitido a la Plataforma de Rendición de Cuentas el documento de formalización, y que otras cinco lo han hecho con notable retraso.
Señala también la opinión que, con carácter general, se cumple razonablemente con la legalidad aplicable en la contratación, si bien sabe señalar que el en pliego de condiciones administrativas particulares de tres diputaciones se establece una fórmula matemática inadecuada, o que la fórmula utilizada por una... por tres diputaciones... en tres diputaciones, todas las puntuaciones quedan agrupadas en un pequeño tramo de intervalo de puntos.
Y, finalmente, la ejecución del contrato, con carácter general, hay constancia de la recepción de los servicios contratados y de que se han facturado y abonado conforme al régimen de pagos establecidos en el pliego; sin embargo, una diputación ha realizado incrementos indebidos del precio por hora de prestación de servicios, y las de... y otras dos no se ha procedido al reajuste de la garantía como consecuencia del incremento del importe asignado al contrato.
Me preguntaba el... el portavoz de la UPL-Soria ¡Ya! por qué se permite. Bueno, nosotros no lo podemos dejar de permitir; es decir, lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de la autonomía municipal, de la autonomía local. Esos pliegos pueden ser los no adecuados desde el punto de vista de los principios de economía, eficacia y eficiencia desde el punto de vista del Consejo de Cuentas, pero eso no significa que esos pliegos no cumplan con la legalidad. En todo caso, esos pliegos son susceptibles de impugnación en el ámbito de un procedimiento administrativo -que no sabemos si lo han sido o no lo han sido-, pero los pliegos pueden cumplir con la legalidad en el ámbito de la autonomía local. En el ejercicio de la competencia propia se puede estar actuando de acuerdo con la legalidad, pero eso no significa que se está actuando desde el punto de vista económico de acuerdo con los principios que deben inspirar cualquier actuación administrativa, que son los de economía, eficacia y eficiencia.
Decía... me preguntaba también si son uniformes los presupuestos. No. Los presupuestos, lógicamente, no son uniformes. Los presupuestos de la ayuda a domicilio van en función de las personas usuarias. También ese precio de la hora va en función de la adjudicación de cada uno de los contratos. Pero lo que sí creemos es que puede ser uniforme en los términos que lo he mantenido yo... he mantenido anteriormente en el ámbito de la recomendación... en la recomendación 13.
La misma reflexión me hacía la portavoz de Vox. No es que sea... tenga que ser igual para todas las provincias, pero, sin duda, el contenido de la prestación de ayuda a domicilio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de servicios sociales y en el decreto que la desarrolla y en la orden que lo desarrolla, es básicamente de carácter uniforme y bien se podrían establecer esos mecanismos de... de colaboración.
La portavoz del PSOE me ha hecho una serie de reflexiones que estoy totalmente de acuerdo con ellas. Y coincido con ella en que después de dos mil veintidós bajaron los precios, es decir, después de la... de la pandemia han bajado... los contratos que se han hecho después del dos mil veintidós son, desde el punto de vista del precio unitario de la hora de ayuda a domicilio, inferiores, claramente inferiores, a los hechos con anterioridad. Desconozco si hay mayor... más competencia, desconozco cuáles son los motivos que han llevado a esta... a esta situación.
Y, por mi parte, nada más. Agradecerles a todos sus intervenciones. Y sigo a su disposición para cualquier aclaración.
Abrimos un turno de réplicas. Por... tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora doña María Isabel Gonzalo Ramírez, por un tiempo máximo de cinco minutos.
Gracias, presidente. Señor Amilivia, estamos de acuerdo; estamos de acuerdo en que las diputaciones provinciales de Castilla y León deberían establecer mecanismos de coordinación tendentes a la adopción de un procedimiento que permita la adjudicación de los contratos del presente servicio de ayuda a domicilio de forma uniforme en toda la Comunidad Autónoma, desde el punto de vista común de los servicios recibidos y sus precios, en cumplimiento de los principios de eficacia, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de los principios de economía, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
Pero quizá también como recomendaciones también debería quedar claro o deberíamos hablar de que, cuando se elaboran estos contratos, se hable también de la situación de las trabajadoras -y digo trabajadoras porque en su mayoría son mujeres- de ayuda a domicilio. Igual que hay diferentes precios y hay diferentes jornadas de trabajo dependiendo de cada provincia, pues los contratos laborales de cada provincia de las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio pues en cada una son de una clase. Y... y sí que deberíamos de tener también criterios... criterios comunes para todas las trabajadoras de ayuda a domicilio, porque aquí cada provincia va a su aire. No puede ser... es que no puede ser que sigan así, que cada una tenga una jornada, que cada una cobre un sueldo. Mire, tienen una cosa común las trabajadoras de ayuda a domicilio en toda la Comunidad: que en ninguna de ellas puede realizar un proyecto de vida, ninguno, porque no saben... ni tan siquiera cobran el salario mínimo interprofesional, nada.
Y deberíamos dar las gracias a estas trabajadoras de ayuda a domicilio, porque... usted acaba de decir que está de acuerdo conmigo que en el año dos mil veintidós bajaron los precios; debía ser para agradecer a las trabajadoras de ayuda a domicilio que fueran las únicas personas que veían los usuarios de este servicio cada día, o que eran las... el único nexo que tenían con el exterior, que iban de casa en casa y ni tan siquiera en el año veintidós las pagaban... contaba como jornada laboral el traslado de una casa a otra; ahora -a partir creo que fue del año veintitrés- ya sí.
Y tenemos... tenemos que valorar la importancia de... de estas trabajadoras, y... y tenemos que ver cómo las... las tratan en las empresas, y tenemos que... que valorar no solo el trabajo que hacen, sino también que fijan población en el medio rural, porque allí encuentran su trabajo y no se marchan.
Y la Junta de Castilla y León, aunque sea competencia propia o impropia... -porque ahí hay... hay ayuntamientos que dicen que no, otros que sí- bueno, la Junta de Castilla y León no puede mirar hacia otro lado. No puede... no puede hacer la aportación económica que hace, que no... -tenemos que tener claro también que esa aportación económica es dinero público- y que la Junta, la Gerencia de Servicios Sociales, debería de preocuparse de cómo se emplea ese dinero a la hora de hacer los contratos, el 90 % o el 10 %, bueno, dependiendo de su... de la cantidad que... que entreguen a la diputación, así es, el 90 %, y, en muchos casos, las diputaciones tienen que poner dinero de fondos propios para poder alcanzar a las necesidades.
La Gerencia de Servicios Sociales debería de asumir la coordinación y la responsabilidad, en colaboración con las entidades locales, para elaborar un catálogo de precios y servicios con unas prestaciones comunes.
Y ya para terminar: lo importante, señor presidente, y una buena recomendación por parte del Consejo que usted preside, sería que la Junta de Castilla y León, siempre en colaboración con las entidades locales -como ya he dicho anteriormente-, pusieran en marcha una mejora progresiva en la atención a las personas en situación de dependencia que atienden el servicio de ayuda a domicilio. No basta con atender unos criterios básicos a las personas mayores en situación de vulnerabilidad; lo imprescindible es que, introduciendo el criterio de calidad de los servicios, haya una mejora progresiva en la atención a las personas mayores, incorporando proyectos y programas que mejoren su calidad de vida, su... su situación de soledad -en muchas ocasiones, no deseada-, su mejor relación con sus familias y con el pueblo donde viven. En definitiva, que el servicio de ayuda a domicilio atienda de forma integral a las personas dependientes y que esas mejoras sean progresivas en el tiempo. Muchas gracias.
Tiene la palabra, en un turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Popular, la procuradora doña Rosa María Esteban Ayuso, por un tiempo máximo de cinco minutos.
Gracias, presidente. Pues, básicamente, estoy de acuerdo con... con mi compañera la señora Gonzalo. Y... pero, sobre todo... pero quiero hacer dos reflexiones importantes.
Uno, que si nos debemos sentir orgullosos en Castilla y León son de dos cosas: uno, de los servicios sociales que se presan... prestan en esta Comunidad y que asuman la ayuda a domicilio el 90 % del coste; dos, y del diálogo social. Yo, que soy una fiel creyente del diálogo social y de la importancia de la negociación en todos los convenios colectivos, pues es un punto para que se pueda trabajar respecto a esas mejoras salariales; que es cierto, pero la legislación laboral en España nos encontramos que hay convenios colectivos provinciales, regionales y nacionales. Por eso puede haber esa diferencia. ¿Que necesitan y hay que... y que hay, es necesario mejorar esas condiciones salariales y esa movilidad, que hasta el dos mil veintitrés no se le abonaba? Totalmente de acuerdo, pero hay vías y creo que debemos confiar en el diálogo social.
Dicho esto... -para ello, al 90 %- dicho esto, ya el Consejo de Cuentas lo expuso: tenemos... es necesario... y vuelvo a hacer la reivindicación de la financiación autonómica -que ya este Consejo lo ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones-, porque los servicios esenciales que se prestan en esta Comunidad -sean servicios sociales, sea sanidad, sea educación- son totalmente deficitarios, y el Gobierno, de una santa vez, se tiene que sentar a negociar con todas las Comunidades Autónomas que esos servicios esenciales sean financiados en la totalidad de las necesidades, no sentarse con unos cuantos en detrimento de otros; privilegiar a unos cuantos para perjudicar a otros.
Y también, ya que hablamos de financiación autonómica, esto es competencia... las diputaciones prestan el servicio a municipios de menos de 20.000 habitantes y se habla entre una colaboración... se habla de una colaboración por... con las entidades locales que también es fundamental. Pero es que las entidades locales también necesitamos una modificación en la reforma de financiación, porque los... los servicios esenciales que se prestan apenas nos llegan para cubrir esos servicios esenciales a los que estamos obligados -en este caso, no es a la ayuda a domicilio-. Hemos mezclado entre una necesidad del servicio -que estamos totalmente de acuerdo-, una para fijar población y para ayudar al mundo rural, entre una necesidad de mejoras salariales a las personas que prestan este servicio, que estamos totalmente de acuerdo; pero hoy venimos a otra cosa, que es un informe de fiscalización de lo que son los contratos.
Y del informe de fiscalización de los contratos estamos de acuerdo -creo que todos los grupos- en que deben mejorar, en que tenemos... las Administraciones públicas tienen que tener en sus pliegos unos criterios bien definidos y bien... y bien ponderados que premien... no se pueden... tienen que haber unas... unas facilidades para que haya una... una competencia de empresas que quieran ejercer este servicio para que puedan mejorar determinados precios, pero, por un lado, no podemos mejorar los precios y, por otro lado, queramos subir los salarios. Tiene que haber un estudio económico global para que una cosa y una cosa va aparejada a la otra. Y evitar ese tipo de cláusulas de arraigo territorial, que lo estamos... si estamos defendiendo una financiación justa y adecuada en la que no existan privilegios, en este contrato y frente a las empresas también.
En definitiva, estamos totalmente de acuerdo con los... con los criterios... con las recomendaciones que ha efectuado el Consejo de Cuentas y el... la reflexión final es la misma que hice con anterioridad: que es necesario una correcta gestión en la contratación para buscar una mayor eficacia, eficiencia, del gasto público para asegurar un servicio digno y de calidad para todas las personas dependientes. Y, vuelvo a repetir, con independencia de que seamos referentes a nivel nacional, nos queda mucho trabajo y tenemos que trabajar todos juntos para conseguir mejor servicio y mejoras... y mejores condiciones para las... las personas que ayudan a nuestros mayores. Muchas gracias.
Para finalizar ya con este punto del orden del día, tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas, don Mario Amilivia.
Sí. Muchas gracias. En primer lugar, coincidir en su totalidad con las apreciaciones que se han hecho en las dos intervenciones que me han precedido. Señalar que, efectivamente, las condiciones de los trabajadores dependen fundamentalmente de los convenios colectivos específicos que se... que se lleven a cabo. Desconozco en este caso si existe un convenio de los trabajadores de ayuda a domicilio de carácter nacional o autonómico, pero, en todo caso, estará regulado en el ámbito correspondiente en un convenio colectivo.
Pero sí es cierto que las diputaciones correspondientes son las que tienen que velar también por la dignidad de los trabajadores de las empresas, en este caso de servicios, que prestan un servicio a esa diputación en concreto. Y, desde luego, si eso se conoce que hay explotación, hay maltrato, hay abuso en relación con los trabajadores, las diputaciones correspondientes deberían velar por que eso no se produjera.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que estaríamos dispuestos a aumentar el precio unitario del... de la hora de ayuda a domicilio si eso, en su caso, permitiera una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores afectados. Es decir, yo no tengo ninguna duda que así debe ser.
Y en esa línea también va y estoy de acuerdo en que exista un catálogo, ¿eh?, un catálogo de servicios comunes y también una coordinación entre las diputaciones, que yo creo que es una de las cosas más importantes que viene a decir este informe: hay una prestación casi homogénea de carácter uniforme con precios distintos. ¿Por qué? Porque se aprietan... se aplican pliegos diferentes con fórmulas distintas, que tiene como consecuencia que entre una diputación y otra pueda haber casi un 40 % de diferencia del precio unitario de hora de servicio de ayuda a domicilio. Si eso va en calidad del servicio prestado, bendito sea Dios; si no va en calidad del servicio prestado, sin duda, pues habría que analizar... habría que... habría que repetir este debate en la diputación correspondiente.
Mirando los criterios de adjudicación, por ejemplo, yo, a la... a la luz de sus intervenciones, quería repasar si alguno de estos criterios de adjudicación pondera las situaciones laborales de los trabajadores. Pues bien, entre los criterios de valoración mediante fórmulas, los criterios fundamentales son la oferta económica, las mejoras, las ayudas técnicas, las estancias temporales en residencias, la preparación de comidas a domicilio, los servicios de respiro familiar, la limpieza o... o servicios extraordinarios, formación, incremento de personal o de horas de apoyo -por ejemplo, lo contempla la Diputación de Ávila, la Diputación de Salamanca, la Diputación de Segovia, la Diputación de Soria, la de Valladolid y la de Zamora; con distintos puntos, pero parece importante-.
Y en cuanto a los criterios de valoración entre juicios de valor, pues se... se pondera fundamentalmente la memoria organizativa, la estructura organizativa, los recursos humanos adicionales y formación complementaria, la gestión del servicio, la coordinación con diputación y otros agentes, el control de calidad y la formación.
Dígame a mí si no se pueden establecer criterios de cierta coordinación entre las nueve diputaciones, bien sea en el ámbito de la Federación Regional de... de Municipios y Provincias, bien sea en el Consejo de las Diputaciones, para establecer pliegos uniformes que ponderen estos criterios de tal manera que la calidad sea la idónea y el precio el más adecuado a la mejor calidad ofertada. Yo creo que se podría hacer perfectamente. Y, aunque solo sea por eso, este informe entiendo que en sí mismo ya merece la pena. Muchas gracias.
Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Reglamento de la Cámara, el veintinueve de abril del dos mil veinticinco a las catorce horas.
Concluido ya con el orden del día y agradeciendo al presidente del Consejo de Cuentas y todos los miembros que le acompañan, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.
[Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos].