Señorías, buenos días. Comenzamos la sesión. ¿Algún grupo quiere comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista?

Buenos días, señor presidente. Sí, hay una sustitución en el grupo parlamentario. Doña Noelia Frutos Rubio sustituye a don José Ignacio Martín Benito. Gracias.

Muchas gracias. ¿Grupo UPL-Soria ¡Ya!?

Sí. Buenos días. En sustitución de José Ángel Ceña Tutor, Juan Antonio Palomar Sicilia.

Muchas gracias. ¿Grupo Popular?

Sí. Buenos días. María Antonia López sustituye a Mercedes Cófreces y Emilio Berzosa sustituye a Elena Rincón.

Muchas gracias. Por el señor secretario se dará cuenta del punto del orden del día.

Comparecencia presidente Consejo Consultivo

Buenos días. Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León para informar sobre la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al ejercicio dos mil veinticuatro, remitida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1/2002, de nueve de abril, del Consejo Consultivo de... [Corta su micrófono].

Muchas gracias, señor secretario. ¿Cómo no?, damos la bienvenida al excelentísimo presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Como él bien sabe, esto es venir a su casa, la casa de todos los castellanos y leoneses. Damos la bienvenida también, ¿no?, a los consejeros electivos, al consejero nato, al resto del equipo del Consejo que le acompaña. Y ya saben sus señorías que él no tiene tiempo definido para su intervención. Comenzaremos con ella y luego abriremos un turno de intervenciones a los portavoces de los grupos parlamentarios. Sin más dilación, le damos la palabra.

Pues mucha gracias. Saben que yo intentaré ser lo más breve posible dentro de lo que significa un año entero de trabajo del Consejo Consultivo; Consultivo y Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, por lo tanto, pero intentaremos que la intervención no pase de 40 minutos, más o menos, como es... como es habitual.

El objeto de esta comparecencia, lógicamente -como saben-, es la presentación de la Memoria del Consejo Consultivo correspondiente al año dos mil veinticuatro, que contiene también un resumen de la actividad del órgano adscrito al mismo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, conocido como TARCCYL, TARCCYL.

La Memoria fue aprobada en acto público y solemne en la sede del Consejo el treinta y uno de marzo pasado, remitida a estas Cortes hace unas semanas y entregada a su presidente pues el pasado jueves. Es un resumen del trabajo hecho por las personas que trabajan en el Consejo, y este pues yo creo que es un buen momento para expresar pública gratitud hacia ellos, en nombre de los consejeros y en el mío propio, hacia los letrados de la institución por el excelente trabajo en la preparación de los dictámenes y las resoluciones.

Nos acompañan el letrado jefe y secretario del Consultivo, Javier Píriz, y la secretaria del Tribunal, Beatriz Martín Lorenzo, así como Mario Caballero como letrado suplente de ambos. Todos los letrados son excelentes juristas, con cuyo conocimiento jurídico arropan la labor de los consejeros. Y gratitud personal igualmente a los consejeros que están presentes en este acto, Juan Vicente Herrera, Valle Ares y Francisco Ramos: su contribución a las deliberaciones sobre el contenido de los dictámenes y resoluciones ha aportado brillantez y acuerdo, consenso, en los casos especialmente comprometidos. Y agradecimiento también a todo el personal del Consejo -algunos nos acompañan aquí hoy-, de cuyo trabajo queda constancia en la Memoria.

La comparecencia ante esta Comisión es un acto de transparencia y responsabilidad democrática. Significa reconocer la relación de cercanía de nuestra institución hacia los legítimos representantes de los castellanos y leoneses que nos han elegido. Confirma la regularidad y normalidad del funcionamiento del Consejo mediante la prórroga funcional prevista en la ley reguladora del mismo. Y supone también el sometimiento de nuestro trabajo a la supervisión, consideraciones y comentarios que puedan hacernos ustedes. Todo ello revalida el sentido democrático de las funciones del Consejo.

Si la Memoria es un resumen de lo hecho el pasado año, esta presentación ante las Cortes es una síntesis de la misma. Intentaré, como siempre, no abrumarles con cifras y números que están reflejados en la Memoria. Seguramente será más ilustrativo detenerme en las implicaciones del ejercicio de las funciones de la institución pues a través de los asuntos estudiados en el año dos mil veinticuatro. Y lo haré estructurando esta intervención en 3 apartados: brevemente me referiré a algunas consideraciones generales sobre el Consejo, seguidamente aludiré al ejercicio de la función consultiva, para, posteriormente, darles cuenta de la actividad del TARCCYL, esquema pues que he seguido en intervenciones anteriores.

Como saben, el Consejo Consultivo es una Institución Propia de la Comunidad, tiene su origen en el Estatuto, que lo diseña como el órgano superior consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad en su Artículo 33. Quiero comenzar resaltando su contribución al desarrollo de la autonomía de Castilla y León en un esquema de raíz constitucional. El Consejo responde a la realidad de una Comunidad como la nuestra, pues presta un importante servicio a los ciudadanos y a todas las Administraciones de la Comunidad, incluidas las universidades públicas, especialmente a las más próximas a ellos: las entidades locales.

En Castilla y León el Consejo Consultivo tiene una configuración particular, pues integra dos funciones y dos órganos. Por eso, intentamos denominarlos, por un lado, el Consultivo, que ejerce esa función consultiva con carácter superior y no vinculante, en general; y el Tribunal Administrativo, que resuelve los recursos en materia de contratación pública con efectos vinculantes, ejecutivos y similitudes evidentes con los fallos judiciales. Ambos órganos comparten desde dos mil doce una única infraestructura, medios personales y materiales y un ajustado presupuesto.

Un modelo que, si en su día pues provocó ciertos reparos, representa un ejemplo de independencia, imparcialidad y de uso eficiente de los recursos públicos. Los dos órganos ejercen esencialmente una misma función general, la de garantía y control de la legalidad, como fundamento y como objetivo, lo que, en términos generales, llevan a cabo mediante tres grandes cometidos: en primer lugar, el control y asesoramiento de legalidad de la actividad normativa de la Junta; en segundo término, la tutela de los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones por el funcionamiento de los servicios públicos; y, en tercer lugar, como Tribunal Administrativo, la resolución de los recursos en materia de contratación pública en Castilla y León.

Así pues, la decisión de unir a la función consultiva a la del Tribunal Administrativo es una clara expresión de autonomismo útil, como diría el presidente Herrera, que, además, constituye una garantía prejudicial al prevenir y descongestionar la... descongestionar a la jurisdicción ordinaria de eventuales controversias judiciales. Ello remarca el diseño propio como una seña de identidad, garantía autonómica del Estado de derecho.

Creo además que es una buena muestra de desconcentración institucional en el territorio, cuya solidez se muestra en la trayectoria que sometemos a su conocimiento. El camino recorrido ha sido reconocido por la doctrina como un modelo de éxito en el Tribunal; casi 1.600 resoluciones y más de 17.000 millones en litigio parecen buena prueba de ello, como también lo son los más de 18.000 dictámenes del Consultivo, seguidos mayoritariamente por las Administraciones en estos 23 años ya de instauración por ley autonómica. Tales datos confirman su utilidad y relevancia para la Comunidad, pues los ciudadanos y las Administraciones en el Consultivo y los recurrentes en el Tribunal reconocen cercanía, neutralidad, rapidez y calidad en la protección de las legítimas pretensiones como datos de eficiencia.

El esfuerzo por resolver los expedientes con calidad jurídica y dentro de los plazos legalmente establecidos es un objetivo constante de nuestra actuación. La Memoria revela la rapidez con que se emiten los dictámenes en un promedio de 19 días hábiles, y que las... esto que las instituciones consultantes confirman el parecer del Consultivo en un porcentaje del 95 %, lo que refleja un alto poder de convicción.

En el tribunal se cumplen también escrupulosamente los plazos de resolución: diecinueve días y medio hábiles desde la recepción del expediente completo, a lo que se añade el escaso número de recursos contenciosos interpuestos frente a las resoluciones del TARCCYL, reconocimiento igualmente de la altura técnica de los argumentos jurídicos que fundamentan las resoluciones, pocas veces cuestionadas ante y por el Poder Judicial, como veremos en el apartado dedicado al Tribunal.

Ambos datos muestran la auctoritas de la institución, que junto a otros indicadores, la autoridad de la fundamentación de los dictámenes y resoluciones, el acierto de su trabajo y la capacidad para convencer a las Administraciones consultantes y recurrentes avalan la legitimidad de ejercicio del Consejo Consultivo.

Señorías, en mi primera comparecencia establecimos como principales objetivos este, es decir, el mantenimiento del auctoritas de la Institución, también su apertura a la sociedad, el compromiso con la transparencia y la transferencia... y la transferencia del conocimiento acerca de nuestras funciones. El acercamiento a la sociedad se sigue efectuando en 2 ámbitos: uno local, con actividades programadas en nuestra sede en Zamora; y otro regional, con reuniones y jornadas en las provincias de la Comunidad. De ello... de ellos tienen cumplida cuenta en la Memoria.

Quiero recordar el compromiso de la Institución con la transparencia. El Consejo cuenta con un código ético y de austeridad y su página web es un importante instrumento de conocimiento público de dictámenes y resoluciones. Los dictámenes del Consejo son publicados después de la comunicación a las Administraciones consultantes y las resoluciones del TARCCYL tras la notificación a las partes en litigio, en ambos casos, con las debidas precauciones exigidas por la ley para la protección de datos.

Por lo que respecta a la transferencia del conocimiento, en el año veinticuatro organizamos o colaboramos en distintas reuniones técnicas: está con la participación en las 23.ª Jornadas de la Función Consultiva en Toledo o la Jornada sobre Transparencia en la Contratación del Sector Público en la Universidad de Valladolid y en congresos como el 21.º de la Asociación de Constitucionalistas de España. Pero quisiera remarcar el que creo ha sido el proyecto más importante del Consejo en el año veinticuatro: promover la edición del libro "Castilla y León: 40 años de autonomía" con apoyo de la Junta. Volumen que ofrece una reflexión global y multidisciplinar sobre nuestra Autonomía en sus primeras 4 décadas y... y contribuye a transmitir la realidad estatutaria de la Comunidad. Su elaboración y correspondiente presentación ante las Cortes -a la que fueron ustedes invitados- culminó el año pasado, dando inicio a un ciclo de conferencias sobre los valores autonómicos por las provincias de la Comunidad para jóvenes estudiantes de Bachillerato y de universidad, que seguro serán los futuros gobernantes de esta tierra.

Memoria del Consultivo. Paso ahora a detallar algunos datos de la Memoria relativos al ejercicio de la función consultiva en el año dos mil veinticuatro. A lo largo de este año, del pasado, se han aprobado un total de 531 dictámenes que responden al ejercicio de las competencias que el Consultivo tiene atribuidas en los Artículos 4 y siguiente... y siguientes de la ley... de su ley reguladora.

Por Administraciones consultantes, de nuevo, en el año veinticuatro, los dictámenes emitidos sobre expedientes que proceden de Administraciones locales -332- superaron a los instados por la Administración regional, que ocupó el 36 % de... de nuestro trabajo. Se vuelve a la secuencia histórica que se alteró en el ejercicio dos mil veintitrés. De los que proceden de la Administración regional, alrededor del once y medio por ciento son de la Consejería de Sanidad; el 9,60... el 9... 51 consultas, 9,60 %, son solicitudes de la Consejería de Presidencia; y el... casi el 4 %, 20 consultas, se solicitaron por la Consejería de... de Educación, siendo revisiones de oficio de procedimientos selectivos de empleados públicos; el resto se distribuye entre las Consejerías restantes; y las universidades públicas formularon 8 consultas, aproximadamente el 1 % del total.

Por materia, los dictámenes sobre proyectos normativos fueron 25: 3 sobre anteproyectos de ley y 22 sobre proyectos de reglamentos ejecutivos; en 21 de ellos se formularon observaciones sustantivas. Los expedientes de responsabilidad patrimonial fueron los más numerosos -siempre es así-, 402; han supuesto las tres cuartas partes del volumen total de los asuntos dictaminados en dos mil veinticuatro. Le siguen los relativos a revisiones de oficio, 44, en torno al 8 %; y los relativos a modificación, interpretación y nulidad de los contratos, que superaron el 6 %, 34 dictámenes.

De los 402 expedientes de responsabilidad patrimonial, destacan los 190, es decir, el 47 % de ellos, que provienen de expedientes relativos al ámbito vial; infraestructuras, 38; actividades municipales, 22, etcétera. 49 dictámenes son de área... del área sanitaria y otros 47 expedientes están relacionados con los efectos del COVID, mayoritariamente con perjuicios en el ámbito de la hostelería.

Por provincias: León, con 104 dictámenes; Valladolid y Salamanca son de las que proceden más dictámenes, más expedientes. Hay 58 que no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad. Las circunstancias propias de cada realidad provincial pues pueden condicionar ese índice resultante que no nos debe llevar a engaño, ¿no?

Me gustaría detenerme en algunas materias dictaminadas que por su importancia o por su número comprenden la mayor dedicación de la Institución: por una parte, los dictámenes preceptivos sobre la actividad normativa de la Junta, que refieren control y asesoramiento por parte del Consultivo; y, por otra, los asuntos relativos a la protección de derechos que se logra principalmente mediante el instrumento constitucional de la responsabilidad patrimonial, aunque también mediante la revisión de oficio y otras competencias del Consultivo, de las que tienen referencias en la Memoria y, por razón de tiempo, pues no me referiría a ellas.

Por lo que respecta a la competencia de asesoramiento y control previo de los poderes normativos de la Administración, el Consultivo aporta seguridad jurídica y confianza en el Derecho, así lo reitera la jurisprudencia de los altos tribunales nacionales y europeos: la motivación y su control jurídico corresponden... constituyen -mejor dicho- la razón de ser de la decisión política cuando se convierte en norma. Justificar los motivos de los proyectos normativos de la Junta (anteproyectos de ley y proyectos de reglamento) obedece al respeto por el principio de la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos del Artículo 9.3 de la Constitución. Que el proyecto de norma del Gobierno regional no incurra en arbitrariedad, sea respetuoso con la participación democrática y con la transparencia es una exigencia de calidad normativa.

Por tal motivo, el dictamen del Consultivo es de legalidad y de asesoramiento, de control del contenido del expediente de elaboración de las normas y de la motivación que justifica el proyecto. Es un dictamen sobre la calidad normativa de los proyectos, efectivamente. En él se verifica el encaje de la decisión política en el marco jurídico, advirtiendo de las posibles contradicciones con este, sugiriendo interpretaciones más conformes a derecho o indicando a la Junta los pasos para encauzar jurídicamente la decisión pública.

Se supervisa también la efectiva y correcta ejecución formal y material de los informes de impacto preceptivos exigidos por la ley: económico, presupuestario, de género, de impacto en la infancia, en la familia, en la discapacidad. Por ello, el ejercicio de esta función de control del Consultivo no debe entenderse solo o con el único objetivo de fiscalización o reproche jurídico, sino en la misma medida de colaboración para facilitar que las decisiones políticas del Ejecutivo autonómico se acomoden al ordenamiento jurídico.

En los dictámenes aprobados -decía- en este ámbito competencial, hemos planteado observaciones sustantivas en 21 de los proyectos normativos -como ya he dicho, ¿no?-. Se observa, de todos modos, que la Junta justifica con más amplitud el cumplimiento de los informes de impacto, principalmente el económico, presupuestario y de familia, y atiende en buena parte de las observaciones sustantivas hechas.

En la Memoria hemos dedicado una especial atención al dictamen preceptivo sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por tratarse de un asunto no habitual. Esta consulta dio... dio lugar al Dictamen 339/24, aprobado el ocho de agosto pasado por mayoría, con voto particular, concluyó que había fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso de inconstitucionalidad, como hemos dejado constancia en la Memoria. En este tipo de dictámenes, el Consultivo opera como garante del Estatuto ante la supuesta vulneración de la Autonomía por la ley estatal, contra la cual el Gobierno regional pretende recurrir. Obviamente, este dictamen contiene uno de los asuntos más complejos e interesantes del punto de vista jurídico, constitucional y autonómico del año veinticuatro.

En relación con este apartado de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones reglamentarias, extracto 2 dictámenes a título simplemente ejemplificativo. El 30/24, de uno de octubre, sobre el anteproyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas, en el que se proyectó la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León. Se formularon varias observaciones sustantivas sobre el régimen jurídico de la nueva Institución acerca de su independencia en relación con la adscripción al Consejo de Cuentas y respecto de sus funciones. Algunas observaciones no fueron aceptadas.

Y el Dictamen 434, del año veinticuatro, en el que se estudia el proyecto de decreto de aprovechamientos forestales, que imponía a las personas físicas la obligación de... de relacionarse con la Administración de forma exclusivamente electrónica. En el expediente no constaba estudio alguno sobre la obligación ciudadana de acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios ni de sus posibles consecuencias para el ciudadano. Por ello, el Consultivo sugirió la conveniencia de suprimir tal obligación e indicó que, en el caso de pretenderse mantener la regulación proyectada, se incluyera en la Memoria del decreto una argumentación y prueba suficiente que justificara tal imposición. La Junta recogió la observación en el decreto recientemente publicado en el BOCYL el treinta y uno de marzo.

El segundo bloque de competencias del Consultivo al que quería referirme versa sobre los expedientes de responsabilidad patrimonial. Son impulsados por la reclamación de los ciudadanos ante las Administraciones con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. En el momento en que el ciudadano presenta la reclamación, se activa de forma mediata la preceptividad del dictamen. Nuestra labor consiste en constatar si tal funcionamiento les ha causado efectivamente un... un daño y, si ello es así, que la cuantía indemnizatoria a favor del ciudadano compense el daño y se ajuste a derecho. Lo importante -creo yo- es destacar que son asuntos que afectan a la vida diaria de los castellanos y leoneses, porque en ellos se alegan vulneraciones de este... de derechos principalmente de contenido social, que inciden de manera directa en la persona: sanitarios, educativos, de servicios sociales, relativos a menores, dependencia, familia, etcétera; acercan al Consultivo a los derechos cotidianos de la gente. De manera silenciosa los dictámenes recaídos en esta materia amplían las formas de protección jurídica clásicas, promueven y proponen una decisión a la Administración orientada a la tutela del... de los derechos sin necesidad de que el ciudadano tenga que acudir al sistema judicial.

La función consultiva aporta de esta manera un nivel accesible de justicia rápida, próxima e indirecta a los ciudadanos, que tiene mucho que ver con el bajo umbral de acceso al... al Consejo mediante tales reclamaciones de responsabilidad patrimonial: 3.000 y 6.000 euros, según si la reclamación se plantea contra la Administración local o autonómica. También tiene relación con la gratuidad del planteamiento de la reclamación y del procedimiento de resolución. Este fácil acceso permite al ciudadano la tutela de los derechos del día a día que, de otro modo, posiblemente quedarían sin protección o resarcimiento. El Consultivo es, por tanto, una forma de tutela difusa de los derechos, que se extiende a la vida de la Comunidad y a la vida de los ciudadanos.

Destacamos en la Memoria algún dictamen ejemplificativo de la influencia del... del Consultivo en la resolución definitiva de la Administración, que acogió el criterio expresado en el dictamen y resolvió finalmente estimando e indemnizando al reclamante en contra de su propuesta inicial. Por ejemplo, en el ámbito sanitario el Dictamen 65/24 analizó un expediente en el que se reclamaban los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la inoculación por error a una niña de 2 meses de una vacuna correspondiente a los 14 años. La Administración consultante proponía desestimar la reclamación y, a la vista del dictamen del Consultivo, cambió el criterio y este... y resolvió conforme al mismo. En el ámbito de la función pública, el Dictamen 56 de ese mismo año, del año pasado, analizó un expediente en el que... en el que un funcionario reclamaba las retribuciones devengadas y no percibidas derivadas de una acumulación de funciones. La importancia de las tareas asignadas al puesto, la necesidad urgente de su ejercicio y el mantenimiento de esta situación durante más de 12 años ponía de manifiesto un uso abusivo por parte de la Administración de su potestad autoorganizativa. Frente a la posición de la Administración consultante, que proponía desestimar la reclamación, el Consultivo consideró justa la reclamación, y la Administración consultante acogió el criterio del Consejo estimando e indemnizando al reclamante.

Se extractan en la Memoria otros dictámenes relevantes, como conocen sus señorías, a las que no me referiré para evitar reiteraciones, aunque todos los años me gusta recordar que el Consejo continúa emitiendo algún dictamen didáctico, cuyo sentido es el de asesorar o, mejor dicho incluso, a ayudar normalmente a municipios de escasa densidad de población o del mundo rural en la tramitación y resolución de los procedimientos iniciados ante ellos.

Asimismo, en la Memoria dedicamos un apartado específico a mociones y recomendaciones, que cumplen el objetivo, de conformidad con la normativa vigente, de coadyuvar a un mejor funcionamiento de la Administración. Están recogidas en la Memoria y se añaden a las consideraciones hechas caso a caso en los 531 dictámenes emitidos que contienen las líneas doctrinales del Consejo.

Pero hay una recomendación especialmente importante -que menciono-, porque provoca incoherencia y dudas en el régimen jurídico aplicable al procedimiento de la moración de normas autonómica... autonómicas y afecta a los trámites de participación ciudadana, como son la consulta previa, el trámite de audiencia y de información pública. Es la falta de desarrollo reglamentario de determinados artículos de la Ley de Gobierno conforme a la redacción dada en la Ley de Medidas del año veintiuno, a pesar de que el plazo máximo para ello era de un año. El Consejo advierte indeterminación y confusión normativa en la materia, y recomienda, una vez más, a la Administración autonómica que impulse tal regulación para dar claridad a estos importantes trámites.

Dación de cuentas del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. En relación con la actividad del TARCCYL -así le llamamos-, en dos mil veinticuatro se presentaron 190 recursos y se dictaron 185 resoluciones que resolvieron 189. A ellos se unen los 51 acuerdos sobre medidas cautelares solicitadas y 5 de aclaración de sus resoluciones. Dentro de los admitidos a trámite el año veinticuatro, 41 son recursos Next Generation en los que el Tribunal debe pronunciarse sobre su admisibilidad en el plano de 5... en el plazo de 5 días desde la interposición, y tramitarse y resolverse con preferencia y urgente... y urgencia dentro del mes siguiente. Es previsible que el número se incremente en la medida que se acerque la fecha límite prevista para la ejecución de dichos fondos -el treinta y uno de agosto del veintiséis-, con la carga adicional que ello supone para el Tribunal.

Les recuerdo que este resuelve recursos solo en las materias y cuantías determinados por la Ley de Contratos del Sector Público, en síntesis, los contratos de obras y concesiones superiores a 3.000.000 de euros y los contratos de suministro y servicios que superen un valor estimado de 100.000 euros. Casi el 61 % de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, el 33 % frente a contratos de suministro y tan solo 8 -un 4 %- tuvieron como objeto contratos de obra. A lo largo del procedimiento de contratación pública, el acto más recurrido fue el de adjudicación -el 46 % de los casos-, los pliegos fueron recurrido en 52 ocasiones y los actos de admisión o no admisión de licitadores y ofertas fueron objeto de recurso 33 veces.

En la misma línea que el Consultivo, el órgano de contratación que más recursos recibió fueron los ayuntamientos: 81 recursos. El número de recursos presentado contra la contratación hecha por el Gobierno autonómico no fue tan alto, aunque tiene mayor peso económico. Dentro de la Junta, las decisiones de la Gerencia Regional de Salud como órgano de contratación fueron objeto de recurso en 34 ocasiones, el ámbito educativo en 13 y el de servicios sociales en 9.

En cuanto a la procedencia geográfica de los recursos, la provincia de Valladolid es la que con más frecuencia se ve afectada por los recursos planteados: 42. Otros 49 recursos han incidido sobre el territorio y los ciudadanos del conjunto de la Comunidad o de varias provincias por tratarse de licitaciones de ámbito supraprovincial.

El sentido de las resoluciones confirma la línea de años anteriores. En dos mil veinticuatro casi el 25 % de los recursos se estimaron total o parcialmente, es decir, 47; el 46 % fueron resoluciones desestimatorias; y el 23 % de inadmisión. Son porcentajes y números similares a los de años anteriores y también a la media española, según estadísticas de los observatorios de la contratación pública. Como también es similar el número de recursos inadmitidos y archivados: inadmitidos, 49, y archivados, 10, cifra muy elevada de casi el 30 % de los recursos presentados, y corrijo la cifra anterior.

Por otra parte, la suma de los valores estimados en los recursos presentados el año pasado supero la cifra de 842 millones de euros en litigio. Cito, a este respecto, 2 de los contratos recurridos, que por su cuantía son significativos: uno de ellos, cuyo objeto era la contratación del servicio sanitario Terapias Respiratorias Domiciliarias, superaba los 123 millones de euros; el otro, Servicio de Limpieza Urbana (Palencia), alcanzaba más de 90 millones. Llamo la atención solamente sobre estas cifras no solo porque comportan una especial relevancia jurídica y económica a efectos de responsabilidad del tribunal y de sus vocales, sino también porque confirman la confianza de los poderes adjudicadores en este como órgano especializado e independiente.

La Memoria dedica también un amplio apartado a algunos criterios doctrinales sentados por el TARCCYL en el año veinticuatro. Apunto alguno por su especial interés sobre legitimación para interponer recurso, materia en la que hemos destacado la posible legitimación de un trabajador para recurrir los pliegos afectado por la subrogación de empresas, o sobre la contaminación de sobres desde la óptica del principio de proporcionalidad, o el relativo a la vulneración del secreto de las ofertas, o el referido a las prácticas colusorias por concierto oculto entre empresas que falsean la competencia, desglose de costes, etcétera. Por estar resumidos en la Memoria no aludiré a su contenido. Pero sí destaco, la virtualidad de esta Memoria y de la página web para dar previsibilidad y seguridad jurídica a la doctrina y actuación del TARCCYL en favor tanto de las Administraciones como de los licitadores.

Es decir, me gustaría terminar este capítulo y la comparecencia con 4 cuestiones finales: una de carácter general referida a la regulación de la contratación pública, que muy probablemente incidirá en la actividad de nuestro tribunal; y 3 de ellas más a modo de conclusiones derivadas de este conjunto de datos que confirman el éxito del Tribunal Administrativo, al margen de la eficacia ejecutiva y vinculante con que están dotadas legalmente sus resoluciones.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, a finales de dos mil veinticuatro las instituciones europeas, Comisión y Tribunal de Cuentas Europeo, han anunciado la apertura de un período de consulta pública para la evaluación retrospectiva del impacto de las directivas europeas en los objetivos propuestos en materia de contratación pública en la Unión Europea. A ello hay que añadir, por un lado, que la doctrina está proponiendo la utilización del Reglamento europeo -en vez de la técnica directiva transposición- para dotar de mayor homogeneidad y seguridad jurídica a la regulación de la contratación; y, por otro, que la pereza de España en la trasposición de las directivas de dos mil catorce ha provocado en diciembre del año pasado la demanda de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque considera que la ley de contratos española es contraria a las directivas en algunos aspectos de su regulación.

En segundo lugar, ya de vuelta a la realidad institucional autonómica, la voluntad de ofrecer una justicia rápida y gratuita a la litigiosidad en materia de contratación pública se ha traducido en que instituir el Tribunal -el TARCCYL- y adscribirlo al Consejo genera una sólida confianza en la contratación a los candidatos, a los licitadores y a los operadores jurídicos. El valor de tal decisión confirma el carácter del Consejo Consultivo como órgano jurídico superior de la Comunidad.

En tercer término, este modelo de jurisdicción administrativa unida a la función consultiva revela que es un modelo acertado. El indicador "tasa de éxito" utilizado por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa como modo de medir la efectividad de la justicia restitutoria, en el TARCCYL da como resultado que una cuarta parte de los asuntos admitidos a trámite han sido estimados total o parcialmente. Tal índice ratifica una suerte de legitimidad de ejercicio, porque, según criterio asentado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, confirma la efectividad del Tribunal.

También, según los datos de este organismo, el tiempo medio de resolución de los tribunales administrativos españoles alcanza los cuarenta y tres días y medio, lo que hace destacar muy favorablemente la eficiencia del TARCCYL con sus diecinueve días y medio, siendo el plazo legal de resolución el de dos meses.

Y, cuarto, indicio del éxito auctoritas del Tribunal es, asimismo, la capacidad demostrada como solución prejudicial de las pretensiones de los recurrentes, con la consecuencia descongestión que conlleva para el Poder Judicial, a la paz de... a la par de su rapidez. En este ítem, el TARCCYL -ya lo hemos mencionado- mantiene el tiempo de resolución en diecinueve días y medio desde la recepción del expediente completo. En comparación con los más de 13 meses de demora en la resolución judicial por parte de los juzgados de lo contencioso y en torno a los 18 meses de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, se acredita la eficacia de nuestro Tribunal Administrativo.

El dato correspondiente a recursos judiciales contra nuestra resoluciones y sentido de las sentencias recaídas confirma también el buen hacer el TARCCYL. De nuestras bases de datos se deduce -así consta en la Memoria- que solo en 6 ocasiones ha habido pronunciamientos judiciales de la Sala del Tribunal Superior: en 5 se confirma plenamente nuestro criterio y solamente en 1 de ellos se acepta parcialmente nuestra resolución. Es decir, que aplicando este último dato a las cifras totales del año veinticuatro, los recursos judiciales presentados contra nuestras resoluciones representarían menos del 3 %, de los cuales, a su vez, la Justicia habría estimado menos del 0,5 %; creo que la tasa de éxito está justificada, ¿no?

Bueno, gracias, señorías. He intentado ser lo más breve y claro posible; lo he intentado, no sé si lo he conseguido. Objetivamente, tras el relato de estos datos, creo que el Consejo Consultivo goza de buena salud. El esfuerzo, la dedicación y el intento por hacer las cosas lo mejor posible guían la trayectoria y el sentido que hemos pretendido dar a las funciones que Castilla y León nos ha asignado. Les agradezco su atención, los desvelos que ha podido implicarles la lectura de la Memoria, así como las consideraciones o aclaraciones que pudieran hacernos a partir de este momento. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias.

Muchas gracias, señor Sánchez de Vega. Le digo que le agradecemos la labor de concreción de una ingente labor de un año en 40 minutos; es decir, que es de agradecer por parte de, al menos, la Mesa y yo creo que del resto de componentes de esta Comisión.

Vamos a abrir ahora, como ya saben ustedes, el turno de intervención para que los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios puedan intervenir, formular preguntas, sugerencias, cuestiones, acerca del asunto de la comparecencia de hoy. A diferencia del resto de Comisiones, hoy cambiamos el orden de intervención. Empezaremos por el Grupo Mixto. Y saben que van a tener quince minutos de tiempo para poder intervenir, ¿de acuerdo? Sin más, le doy la palabra al portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Igea Arisqueta, por el tiempo que le he dicho.

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida al presidente en funciones del Consejo Consultivo y al resto del equipo del Consejo Consultivo, muy especialmente al añorado presidente Herrera.

Ha dicho usted que goza de buena salud. Bueno, en fin, en términos médicos, ¿verdad?, diríamos que están ustedes intubados. Están ustedes prolongando su vida artificialmente conectados a las máquinas de las Cortes, que no acaban ni de desconectarles ni de resolver el problema. Usted dijo el año pasado -si yo no recuerdo mal- que eran ustedes sujeto pasivo de esta situación y que esperaban que se produjera un acuerdo. Bueno, son ustedes sujeto pasivo, todo lo pasivo que ustedes quieran ser, ¿no? Siempre existen otras alternativas en la vida que la pasividad; existen otras alternativas. Hay maneras de enfrentarse a los problemas distintas; una es ser sujeto pasivo.

Yo espero y deseo, de verdad, con... en fin, fervientemente, que la renovación de este Consejo, que es obligada por su... por la norma, se produzca antes de la siguiente incorporación obligada al Consultivo, ¿no? Aquí hay miembros natos del Consultivo, y el siguiente miembro nato del Consultivo, que, sin duda, aportará toda su experiencia y saber en el Derecho -10 años de carrera son suficientes para aprender algo de Derecho-, pero espero que antes de que ese luctuoso hecho suceda pues se haya procedido a la renovación, como corresponde a la norma, y que ustedes dejen de ser sujeto pasivo y hagan algo, algún gesto, para que se produzca esa renovación.

Porque ha hablado usted del ingente trabajo... -bueno no al presidente, pero no puedo mentar al presidente, porque se me molesta-. Pero ha dicho el presidente de la Comisión que es un ingente trabajo; bueno, han tenido épocas de más trabajo, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a los informes previos a la elaboración de las normas pues hubo épocas mejores, hubo épocas mejores. Porque la vacatio legis en la que vivimos desde la llegada de nuestro presidente de la Junta está llevándoles a ustedes a una situación, a este respecto, sorprendente, ¿no? 10 normas en las... últimos 3 años, 10 anteproyectos. Eso era medio año bueno de Herrera. Pero, claro, cuando no se tienen ideas, cuando no se sabe qué hacer con la Comunidad, pues no se hacen leyes, claro, eso es lo normal. Y como no se hacen leyes pues ustedes no pueden hacer informes. Y esa es la situación en la que estamos: una agonía permanente del Consultivo, de la legislatura, en la que ya no es que no se legisle, es que no se traen los Presupuestos, la principal ley que ustedes deberían de informar.

Y, a este respecto, en su Informe, en el de este año, llama la atención pues el informe que hicieron sobre la Agencia de Lucha contra la Corrupción. Y ahí ustedes advertían de varias cosas, entre otras cosas, pues de la necesidad de reforzar la independencia, de que hubiera sido bueno que hubiera una ley ad hoc, que no se metiera ahí de costadillo como se metió en la Ley de Presupuestos, esa manera peculiar de legislar todo ómnibus, ¿verdad? Y... y ahora estamos enfrentándonos a las consecuencias; porque no les hicieron mucho caso, no hubo ley ad hoc, resultado de la Agencia Independiente de Materia de Corrupción ha presentado este año su primera Memoria; su primera Memoria. Debemos de felicitarnos: no existe la corrupción en Castilla y León. Todo archivado. Ni siquiera se ha protegido a un solo denunciante. Esto es, sin duda, señal de la eficacia y del buen hacer del Gobierno, que, en vez de hacerle caso al Informe del Consultivo pues hizo lo que le pareció, y hoy tiene lo que él esperaba: una Agencia de Lucha contra la Corrupción que no encuentra corrupción, que no encuentra denunciantes a los que proteger. Una maravilla. Vivimos en la Suiza, ¿verdad?, de este país. Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. No es culpa suya, ustedes hicieron su informe, no les hicieron caso y aquí estamos. Pero yo creo que igual deberíamos de reflexionar un poco sobre la utilidad de algunas de las cosas que hacemos.

Ustedes se dedican básicamente a la reclamación patrimonial: 76 % de la actividad del Consultivo, no del TARCCYL, son las reclamaciones patrimoniales. Y ahí tiene un papel importante -el más importante, desgraciadamente- la Consejería de Sanidad, a quienes ustedes de manera reiterada, año tras año, en los últimos años, han insistido en la necesidad de acortar los plazos en la remisión de las solicitudes para responder en un plazo razonable a los ciudadanos.

Ustedes dicen en su Informe que se ha roto la tendencia de mejora que había en años previos -no mencionaré ni de qué años previos hablamos para que no digan que intentamos echarnos flores- y que, sin embargo, bueno, pues actualmente hay una resistencia por parte de la Consejería a acortar los plazos. Ha puesto un ejemplo bastante significativo, ¿no?, el ejemplo de la vacunación errónea, ¿no? Se vacuna a un niño con una vacuna de los 12 años y, de manera sistemática, como suele ocurrir en la Consejería, se niega de entrada la reclamación patrimonial. Esto es una práctica habitual -usted lo sabe, porque usted es el responsable de atender estas reclamaciones-, y esta práctica habitual hay que decir que supone, de hecho, incrementar a veces el dolor y el sufrimiento por el simple hecho de intentar frenar estas reclamaciones patrimoniales, incluso cuando sea un caso tan evidente como el que usted ha señalado, ¿no?; incluso cuando se dan situaciones en las que no se prejuzga la mala práctica ni la negligencia, sino se produce una cosa que en Derecho -usted conoce- se llama, por ejemplo, el daño desproporcionado, ¿no?, cuando uno va a hacerse una prueba, una exploración, y se produce un daño desproporcionado. Sin embargo, la Consejería, en vez de atender a lo que dice la jurisprudencia, atender al sentido común y atender a la humanidad elemental, de manera sistemática deniega todas las peticiones, las prolonga y las lleva hasta el límite de lo razonable.

¿Por qué está ocurriendo esto en la Consejería? ¿Por qué se ha roto esa tendencia de acortar los tiempos? No lo sé, no lo sé. Seguro que no es culpa del consejero ni de que nadie haya dado una instrucción, pero no funciona. Y ustedes lo dicen en su informe, y debería ser, en fin, una parte importante de la función de la Consejería mejorar sus tiempos; no es así.

Con respecto al funcionamiento del TARCCYL. Pues tienen ustedes motivos, efectivamente, para enorgullecerse, ¿no? Las resoluciones de la Justicia posteriores, la escasa litigiosidad de sus resoluciones y las resoluciones del TSJ dicen, y dicen de manera objetiva, que el funcionamiento es un funcionamiento razonable. No podemos decir lo mismo del funcionamiento de la Administración autonómica; no podemos decir lo mismo del funcionamiento de la Administración autonómica, que sigue, como se ve en las resoluciones estimadas, pues haciendo las mismas cosas que ha hecho toda la vida, ¿no?: poner cláusulas ad hoc, sobre todo también a este respecto la Consejería de Sanidad. Todo los casos... gran parte de los casos que ustedes detallan aquí tienen que ver con la Consejería de Sanidad, y esas cláusulas de contratación que acaban haciendo que la contratación solo pueda ser la de uno, ¿verdad? En eso son muchos años de experiencia para que las cosas salgan como uno quiera. A pesar de eso, se ven casos, por ejemplo, en Segovia, en sanidad, que... que no aprenden, ¿no?, y que siguen cometiendo los mismos fallos legislativos.

Por tanto, yo le agradezco la brevedad, le agradezco a todo el Consultivo el trabajo; pero sí que espero de ustedes que hagan algo más que esperar pasivamente a que se les renueve, porque yo creo que las instituciones son una cosa importante. Creo que las instituciones deben de respetarse, y la situación de falta de respeto a las instituciones que se vive en esta legislatura es difícilmente tolerable. Porque en esta legislatura en la que vivimos sin presupuestos, sin leyes -como he señalado- y viviendo las cosas que vivimos en estas Cortes, el silencio y el silencio de quienes ocupan los puestos de responsabilidad institucional es señal de complicidad con la situación. Y yo entiendo que es a veces más fácil estar callado que decir algo, pero todos tenemos nuestra responsabilidad, y más aún quienes ocupan los puestos de responsabilidad que ocupan ustedes.

Muchas gracias, señor Igea. Continuamos con ese turno de intervenciones. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, don Juan Antonio Palomar Sicilia, le recuerdo también por un tiempo máximo de quince minutos.

Sí. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Dar la bienvenida pues aquí al señor Sánchez de Vega, también a todos sus consejeros y a... y a todo el equipo que se encuentran hoy aquí con... con nosotros.

Bueno, me gustaría hacer referencia a una serie de cuestiones que he podido pues consultar en la Memoria relativa a este año dos mil veinticuatro. En primer lugar, me gustaría conocer el gran esfuerzo institucional que se refleja en esta Memoria. Y podemos comprobar como el Consejo Consultivo ha emitido en este dos mil veinticuatro un total de 531 dictámenes, tal y como viene reflejado en la página 32, cifra que se mantiene estable respecto pues a ejercicios anteriores. De igual modo, pues se ha dado resolución a 189 recursos, con una media de resolución de 27 días naturales, un dato, a nuestro modo de ver, que refleja pues eficiencia y agilidad.

No obstante estos positivos datos, es cierto que unos datos... los datos más llamativos y preocupantes que nos ofrece la Memoria se encuentran en la distribución territorial de los dictámenes emitidos. Según consta en la página 34, de los dictámenes emitidos, Soria es la provincia que menos dictámenes ha generado en dos mil veinticuatro -me voy a centrar más en mi provincia, ¿vale?, para eso soy de Soria-, con un total, como digo, de 9 expedientes nada más, lo que representa un 1,90 % del total de los dictámenes provincializados. Este dato es todavía más alarmante si se tiene en cuenta el índice por habitante, es decir, el número de dictámenes por cada 100.000 habitantes. En este caso, pues Soria vuelve a ocupar un lugar con 9,99 dictámenes por cada 100.000 habitantes, muy por debajo... muy por debajo de la media autonómica, que se sitúa en 19,78, tal y como se establece en la página 35.

¿Qué implica esto? Pues implica, en primer lugar, a nuestro modo de ver, como digo, que los ciudadanos sorianos están menos representados en los procedimientos consultivos del Consejo, ya sea porque las Administraciones de su territorio formulan menos consultas o porque hay una infrautilización de los recursos consultivos, incluso en aquellos casos donde es preceptivo. Esta situación pone de manifiesto que la provincia de Soria no solo se enfrenta con problemas de despoblación o inversión económica, sino también con una posible... una posible brecha en el acceso institucional a la legalidad administrativa, a los recursos de revisión y al asesoramiento jurídico superior que ofrece este órgano. Y es que, según los datos recogidos en la página 33, más del 62 % de los dictámenes emitidos este dos mil veinticuatro procede de Administraciones locales. Lo que a priori que es buena noticia, significa que los ayuntamientos están utilizando el Consejo como garante de legalidad, pero, sin embargo, en el caso de mi provincia, Soria, esto no parece reflejarse en los datos.

Y me gustaría preguntarle unas preguntas: ¿qué está fallando en la conexión entre los ayuntamientos sorianos y el Consejo Consultivo? ¿O se están... están los... los consistorios sorianos suficientemente informados sobre cómo deben solicitar los dictámenes? ¿Existe un problema de recursos humanos o jurídicos que impidan la tramitación de estos expedientes o hay falta de apoyo institucional desde el propio Consejo? Me gustaría que me contestase, porque creo que desde mi formación nos gustaría saber si se tiene alguna respuesta en este sentido, y lo que es más importante pues intentar subsanarlo. Aquí hay una oportunidad clara de mejora como es la de reforzar la comunicación institucional con las Administraciones locales más pequeñas, que en provincias como Soria conforman la gran mayoría del territorio, muchas veces con plantillas reducidas y escasos recursos jurídicos.

Por otro lado, es destacable también que en más del 75 % de los dictámenes emitidos este dos mil veinticuatro fueron sobre expedientes de responsabilidad patrimonial, es decir, sobre reclamaciones de ciudadanos que piden compensaciones a las Administraciones por daños sufridos, mayoritariamente en las vías públicas, sanidad e infraestructuras. De estos 200... de los -perdón- 402 dictámenes de responsabilidad patrimonial, solo 7 corresponden a la provincia de Soria y son 2 sobre vías públicas, 2 en sanidad, 1 en infraestructuras y 2 en otras materias. Otra vez, como se puede comprobar, pues Soria vuelve a ser una provincia menos representada también en esta categoría, y esto llama poderosamente la atención, porque en una provincia rural y dispersa como es Soria, con numerosos municipios y problemas de infraestructuras, sería pues esperable una mayor litigiosidad en relación con daños por el mal estado de las calzadas, de caídas en vías públicas o de deficiencias en el acceso a los servicios sanitarios. De nuevo pues surge la sospecha de que los ciudadanos de Soria podrían estar desconociendo esta vía administrativa como alternativa al procedimiento judicial, o bien que las propias entidades locales no están trasladando estos expedientes al Consejo como se debería.

Por todo ello, considero que convendría que se llevase a cabo un estudio de diagnóstico territorial sobre la... pues la baja actividad consultiva en provincias como Soria y también pues, por ejemplo, en Palencia, con especial atención a las causas que las provocan. También sería conveniente que se llevara a cabo una serie de campañas de información y formación jurídica en los ayuntamientos rurales. El Consejo podría, por ejemplo, ofrecer seminarios o sesiones on-line para secretarios municipales, concejales y técnicos, explicando cuándo deben ocurrir... acudir a dictámenes preceptivos.

Otra opción que, bueno, nos gustaría poder... que podría ser es dar una mayor difusión del canal de denuncias, dictámenes y resoluciones accesibles desde la web del Consejo, al que la... se hace referencia en la página 28, asegurando que su uso no... no quede restringido solo a los grandes municipios, como nos parece que está sucediendo, porque los datos de esta Memoria parece que ponen de manifiesto que aún hay territorios invisibilidad... invisibilizados -perdón-. Soria, en este caso, representa un símbolo de la infrarrepresentación institucional, y por ello entiendo que esta Memoria no debería solo un ser un resumen anual, sino también un instrumento de transformación al servicio del principio de igualdad territorial. Así que nada más y, bueno, espero que me conteste a las preguntas que le he formulado. Nada más, y muchas gracias.

Muchas gracias, señor Palomar. Continuamos con el turno de intervenciones. Le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Vox Castilla y León, doña María Luisa Calvo Enríquez, le recuerdo que también por un tiempo máximo de quince minutos.

Gracias, presidente. Señorías, agradezco en nombre de mi grupo parlamentario la comparecencia del presidente del Consejo Consultivo en esta Comisión para presentar la Memoria de actividades correspondientes al año dos mil veinticuatro. Como cada año, esta comparecencia es una oportunidad no solo para conocer lo hecho, sino también para reflexionar sobre cómo hacerlo mejor, y hoy esta reflexión es más necesaria que nunca.

Este año, como se ha dicho anteriormente, se han emitido 531 dictámenes, y, por cierto, me sorprende que Zamora, mi provincia, es la que más dictámenes haya recibido del Consejo Consultivo, con 27,67 dictámenes por 100.000 habitantes. Estos 531 dictámenes es una cifra que confirma un nivel de actividad elevado y constante. Pero más allá del número, conviene también hacerse una pregunta y es la siguiente: que si estamos canalizando bien los recursos del Consejo hacia los asuntos que más se necesitan. Más del 75 % de los dictámenes emitidos fueron sobre responsabilidad patrimonial, con un fuerte peso de reclamaciones vinculadas a infraestructuras urbanas, sanidad o incluso efectos de la COVID. Esto evidencia que el Consejo actúa sobre todo como filtro jurídico para procedimientos repetitivos y previsibles que podrían ser canalizados a través de otros mecanismos administrativos con menor coste y mayor agilidad.

En dos mil veinticuatro, 161 dictámenes necesitaron ampliación de plazo y en 3 casos incluso se redujo. Aunque se mantiene un plazo medio razonable de 19,67 días hábiles, estos datos revelan que la Institución trabaja con tensión de carga y quizá no siempre con los recursos suficientes. A ello se suman vacantes sin cubrir, como la de letrado, y un personal cada vez más justo frente a los expedientes que cada vez son más complejos.

Un año más, el Consejo alerta de las deficiencias en la calidad normativa, como Memorias justificativas poco fundamentadas, escasa evaluación de impacto y trámites de participación pública que se cumplen por compromiso, no por convicción. Pero desde Vox nos preguntamos: ¿cuántas de estas advertencias se han materializado en cambios reales? Si lo que se dictamina no se convierte en práctica, lo que tenemos no es un órgano de garantía, sino un... un escaparate jurídico que no tiene consecuencias.

En cuanto al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, se han resuelto 189 recursos en el pasado año sobre procedimientos de contratación, con un total superior a 842 millones de euros. Sin embargo, este descenso respecto a años anteriores plantea una cuestión: ¿se ha disminuido la... la litigiosidad -perdón- o se han reducido las garantías para quienes recurren? El número de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que han conformado las resoluciones del Tribunal -5 de 6- demuestra calidad jurídica, pero eson debe hacernos bajar la guardia: necesitamos un control real con posterioridad que nos diga si las adjudicaciones públicas están siendo más justas, más eficientes o abiertas gracias a este Tribunal, porque esa es su función de fondo.

Se nos informa también de más de 2,4 millones de visitas a la web institucional, una cifra que es notable, sin duda, pero la transparencia no se mide en clics, se mide en acceso, comprensión y utilidad. ¿Cuántos municipios pequeños usan realmente los dictámenes como guía jurídica? ¿Cuántos ciudadanos entienden lo que ahí se publica? Pues aquí, desde luego, hay un margen claro de mejora: explicar mejor, traducir mejor y acompañar mejor a quienes quieren actuar dentro de la legalidad pero no siempre tienen los medios para hacerlo.

El 95 % de los dictámenes han sido seguidos por las Administraciones consultantes, pero esa cifra en sí misma no se traduce en que el Consejo esté ejerciendo una función que directamente redunde en beneficio del ciudadano. Es preciso que se consiga un escrupuloso respeto de los derechos del administrado en todo procedimiento, especialmente en los plazos, para lo que debe ser más exigente el control y se promueva, en todo caso, la simplificación administrativa. El prestigio se cultiva día a día, por ello, hay que mantener esa labor con dictámenes comprensibles, resoluciones justas y una actitud proactiva ante los cambios sociales y normativos.

Señorías, lo que aquí discutimos no es una simple memoria administrativa, es el reflejo de cómo funciona una parte esencial de nuestro sistema institucional, y, por eso, desde nuestro grupo parlamentario valoramos el trabajo del Consejo, pero también creemos que su papel puede y debe fortalecerse con más medios, sí, pero también con más exigencias, con más dictámenes también, pero con más impacto real, y también con más presencia institucional, pero sobre todo con más utilidad para quienes de verdad lo necesitan, que son los ciudadanos de Castilla y León. Nada más. Y muchas gracias.

Muchas gracias, señora Calvo. Continuamos con este turno de intervenciones. Le corresponde la palabra al portavoz del Grupo Socialista, don Luis Briones Martínez, le recuerdo que por un tiempo máximo de quince minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista damos la bienvenida al señor Sánchez de Vega, al presidente del Consejo; a la señora Ares González, al señor Ramos Antón, que son los consejeros electos; y, ¿cómo no?, dar la bienvenida extensiva al señor Herrera Campo, consejero nato de la Institución; y al resto también de los miembros que hoy evidentemente nos acompañan. Bienvenidos a todos.

Señorías, han pasado más de 21 años desde la instauración del Consejo Consultivo y 11 desde la creación del Tribunal de Recursos Contractuales, y no nos queda la menor duda a los socialistas del acierto en su implantación en la que activamente participamos y apoyamos, y que su utilidad ha aportado en sus dictámenes calidad democrática, conocimiento experto, control de la Junta y de las entidades locales, fundamentalmente del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los avatares políticos de esta Comunidad, sobre todo desde el momento en que el Partido Popular necesitó a Vox para gobernar, nos está llevando a cuestionar la renovación diligente de sus órganos en tiempo y forma. Primero, el acuerdo político Partido Popular-Vox y posteriormente la falta de voluntad política del Gobierno del señor Mañueco en minoría están impidiendo la renovación de diferentes órganos externos que son fundamentales para garantizar el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico. Por eso es inexplicable la cerrazón del Partido Popular en no querer renovar esta Institución Propia de la Comunidad Autónoma y órgano imprescindible en la elaboración de leyes y reglamentos, entre otras importantes funciones que tiene encomendadas.

Es por tanto imperativo que nuestra intervención inicialmente pase por denunciar la situación en que se encuentra la Institución como consecuencia del mandato caducado de sus miembros electivos. Están en funciones, es una situación evidentemente legal, por supuesto, pero contraria a la inamovilidad que garantiza y refuerza su necesaria independencia. A pesar de ello, se constata cómo la actividad del Consejo Consultivo mantiene su dinámica habitual y la independencia y auctoritas de siempre. Y, por supuesto, a parte de la crítica por esta situación inexplicable, también les tendemos la mano y la disponibilidad del PSOE a la renovación de las instituciones, pero hasta ahora solo hemos recibido la callada por respuesta del Partido Popular. Esto es extensible al resto de las Instituciones Propias y, lamentablemente, nos recuerda mucho a lo que pasó a nivel estatal en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos, lamentablemente, camino de ello.

Por otra parte, hace tiempo que el Consejo presentó a los grupos una propuesta de modificación de la ley de la Institución, integrando adecuadamente Consejo y Tribunal y dándole mayor funcionalidad, sobre todo en lo que afecta a su personal y singularmente a sus letrados, sobre la que tampoco quiere hablar el Partido Popular que sigue con la callada por respuesta. Evidentemente, no le gustan las instituciones de control.

En primer lugar, vamos a analizar la Memoria de los dictámenes del Consejo Consultivo y, posteriormente, la Memoria del Tribunal de Recursos Contractuales. Y ya en la Memoria del año pasado poníamos de manifiesto lo que parecería... parecía ser la voluntad de los entonces partidos gobernantes, Vox y PP, de evitar los pronunciamientos del Consejo Consultivo en algunas leyes esenciales, en aquellos momentos la Ley de Concordia, o en decretos leyes, estela que ha seguido lamentablemente en solitario el Partido Popular.

Pero es necesario recordar que el Consejo Consultivo sustituye al Consejo de Estado en la Comunidad Autónoma, el órgano externo encargado de velar por la legalidad de los acuerdos y de las leyes entre importantes funciones encomendadas, y que su función advierte, garantiza y ayuda a tomar las decisiones jurídicamente lo más acertadas posibles con absoluto éxito, como ha quedado demostrado y vemos Memoria tras Memoria.

La estadística del Consultivo -no... voy a estar muy poquito tiempo porque se ha explicado perfectamente, han hecho mención a la parte otros grupos- aprobó 531 dictámenes y resolvió 189 recursos en el marco del TARCCYL. Las materias: la primera de responsabilidad patrimonial en el ámbito vial; la segunda, la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario; y la tercera, los efectos fundamentalmente de la COVID en el ámbito de la hostelería.

La procedencia son 332 dictámenes, y es verdad, hace 2 Memorias, hace 2 años, se dio la vuelta, porque ahora el 62,5 % proceden de las entidades locales cuanto... cuando antes era contra o procedían de la Administración. Y, en este caso, hay 191 dictámenes, el 36 %, de la Junta de Castilla y León, fundamentalmente, la Consejería de Sanidad, también Presidencia y Educación y, en menor medida, las universidades -haré referencia seguramente más tarde-.

Y se constatan muchas diferencias en términos de dictámenes por población, de modo que los que afectan a Soria son 10 por cada 100.000 habitantes, son casi 3 veces menos -como ha hecho mención la portavoz también de Vox- que los que afectan a Zamora, que es el... el 28 sobre 100.000 habitantes. Probablemente pueda explicarlo la proximidad o la menor conflictividad de la ciudadanía con las instituciones locales u otras causas indeterminadas, que podría hacer, seguramente, algún tipo de referencia el propio presidente.

En cuanto a la estadística del TARCCYL, se resolvieron 189 recursos referidos a los tipos de contratos: el 61 % son contratos de servicio, el 33 de suministros y el 4,2 por 3 de obras. En cuanto a los actos recurridos, el 46 % se refieren a la adjudicación, 27 % a los pliegos, el otro 27 a la exclusión del procedimiento y el 9 % a otras causas.

Dejo la estadística, pero sí que voy fundamentalmente a hablar sobre las cuestiones planteadas, y, lamentablemente, como en años anteriores, la cosa sigue igual: los enormes retrasos en la resolución de los expedientes, ahora de hasta 5 años, por parte de la Junta de Castilla y León, sobre todo en la responsabilidad patrimonial sanitaria. Creo que esto puede calificarse ya de ensañamiento procedimental frente a quien ya ha sufrido o cree haber sufrido una mala experiencia con la sanidad pública, a veces con resultado grave de fallecimiento de algún familiar. Por eso el Consejo vuelve a recomendar expresamente a la Consejería de Sanidad para que se adopten las medidas necesarias para agilizar la tramitación y se tenga la dotación de personal suficiente para ello. El Consejo hace en la Memoria una recomendación en este sentido a lo que dice el Artículo 12 del Estatuto de Autonomía, que regula el derecho a una buena Administración. Lamentablemente parece que sin éxito.

Hay que destacar el peso creciente de las entidades locales en la actividad del Consejo, lo que es exponente de su dinamismo y actividad. Como decíamos antes, el 62,5 % de los dictámenes ya corresponde a las entidades locales.

Respecto al conjunto de la actividad, lo que más nos llama la atención, como nos llamaba el año pasado y el anterior, fundamentalmente es el escaso número de dictámenes sobre anteproyectos de ley que se someten al Consultivo. Fíjese, 3 el año pasado, según consta en la Memoria, aunque en la web aparecen 4, pero, claro, uno de ellos resultó ser un... un fake presupuestario, porque se trató de los anteproyectos de la Ley de Medidas de acompañamiento, anteproyecto de los Presupuestos de dos mil veinticinco, que ni tan siquiera se ha registrado en el Parlamento, y ya tampoco se les espera en esta Cámara. Esto viene siendo una constante en esta legislatura, anteproyectos de ley dictaminados, por ejemplo: 3 en el dos mil veintidós, 4 en el dos mil veintitrés y 3 en el dos mil veinticuatro.

Lamentablemente, el abuso de las proposiciones de ley por parte del grupo, antes grupos, que conformaban o sostenían al Gobierno es un abuso del Parlamento y una prueba del deterioro de la función legislativa en estas Cortes. Las proposiciones de ley son propias de los grupos de la Oposición, que no dispone de otras alternativas para su presentación. Cuando el Gobierno utiliza a su grupo para ejercer la iniciativa legislativa, evita el estudio de un... la oportunidad y las alternativas de los impactos normativos, económicos, presupuestarios y demográficos, así como la participación de la sociedad civil y sus organizaciones. Y, además, el control de las instituciones consultivas está devaluando la calidad de las normas y, por extensión, la función de las instituciones y la propia calidad democrática. Es lo mismo que cuando el grupo que sostiene al Gobierno interviene en el control o en el impulso del... de la actividad de su Gobierno: un postureo, señorías, un abuso del Parlamento y un deterioro de las instituciones democráticas que tanto respeto y cuidado necesitan de estos... en estos tiempos.

Sobre esto hay un prestigioso letrado de este Parlamento en el libro al que ha hecho mención el presidente, los 40 años de autonomía de Castilla y León, y que haré algunas menciones al final de mi intervención, promovido por el Consejo Consultivo, y este letrado dice lo siguiente: otra práctica cada vez más frecuente y que en estos momentos se está experimentando un extraordinario auge en las Cortes de Castilla y León es la ocupación del espacio que, en una sana comprensión del correcto funcionamiento de nuestra forma democrática de Gobierno, debería ser ocupada por los grupos parlamentarios de la Oposición en el cumplimiento de su labor fiscalizadora de la Junta de Castilla y León, por la propia Junta o por las formaciones políticas que le brindan su apoyo. Estas prácticas de deterioro ostensible de la calidad normativa, de confusión y suplantación de funciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, y, en definitiva, de intento de devaluación de la primera institución de la Comunidad es el legado de quienes presumen de constitucionalistas y de liberalismo democrático y de respeto por la separación de poderes. Por eso la Junta no le hace ningún caso al Consejo Consultivo en su recomendación de desarrollo reglamentario de elaboración de las normas. Lo resuelve todo con las proposiciones de ley.

Señorías, los dictámenes del Consejo... del Consejo Consultivo sobre los anteproyectos de ley son serios, detallados y de gran calidad jurídica. Cumplen -como ha dicho su presidente- su función con absoluta solvencia. Por eso observamos con enorme preocupación cómo este Gobierno y el anterior cada día eluden en mayor medida los dictámenes del mismo. Y proponíamos el pasado año al Consejo Consultivo que reflexionara sobre esta cuestión, que estudiara a propia iniciativa las materias que se evita su dictamen y el alcance jurídico constitucional y estatutario de este comportamiento para él de autogobierno. Y, lamentablemente, esta... esta actitud democrática amenaza con convertirse ya en cultura institucional, lo que constituye un menoscabo del Estado de derecho y de la calidad democrática y del autogobierno.

Y ahora, aunque se ha pasado de soslayo, sí quiero referirme al recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Una excepción en la tradicional unanimidad en la emisión de dictámenes es el dictamen sobre este recurso frente a la ley de amnistía. Ni que decir tiene que este grupo parlamentario se identifica más con el voto particular que con el voto del propio dictamen.

No cabe duda que, en este caso como en tantos otros, no se estaba atendiendo por parte de la Junta el interés general de la Comunidad, sino contribuyendo a la polarización política partidaria de la que estamos sobrados. La ley recurrida... estaba de sobra recurrida por los parlamentarios nacionales del Partido Popular y de otros grupos y de otras Comunidades como para distraer en este asunto recursos que la Comunidad hubiera podido dedicar, por ejemplo, a desarrollar los instrumentos normativos y de planificación para abordar las desigualdades económicas, demográficas, a las que se refiere el Estatuto en sus Artículos 78.2 y Disposición adicional segunda de acceso a los servicios públicos, que acaba de denunciar el Procurador Común en estas Cortes, refiriéndose a la sanidad.

No se olvide que la Constitución en su Artículo 9 lleva el principio de igualdad ante la ley a su realización efectiva, instando a los poderes públicos a promover las condiciones que la hagan realidad y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Pero se ha constatado que la Junta de Castilla y León estaba a otras cosas, estaba a las órdenes precisamente y no de los intereses y las personas de Castilla y León.

La práctica ha demostrado que en la ley de amnistía no hay quiebra del Estado de derecho por la aplicación de una institución jurídica perfectamente normalizada en Europa, que no se ha conculcado la separación de poderes porque la ley no es autoaplicativa, sino que sobre su aplicación resuelve la autoridad judicial -a las pruebas me remito-, y, por supuesto, el interés general que ha demostrado por la creciente normalización de la convivencia ciudadana y la convivencia política en Cataluña. De ahí tenemos el último sondeo del CIS catalán, el CEO, del pasado marzo, indica: el apoyo a la independencia ha bajado del... ha bajado al 40 %, lo que no ocurría desde hace 14 años. En la época del anterior presidente de Gobierno, el apoyo a la independencia se situaba cerca del 50 %, concretamente el 49.

Y, finalmente, respecto al principio de igualdad, antes de reprochar a nadie, esta Comunidad tiene mucho que hacer para corregir los desequilibrios y desigualdades que reconoce el Estatuto, pero que el Partido Popular en el Gobierno de la Junta se niega a reconocer y menos aún a adoptar medidas para la reparación.

Y ahora me voy a referir al libro al que ha hecho referencia el presidente. Destacar que la... esta iniciativa del Consejo Consultivo desde luego es loable, es importantísima para conmemorar fundamentalmente esos 40 años de autonomía que se cumplieron en el dos mil veintitrés, aunque el libro ha salido en dos mil veinticuatro. La única conmemoración institucional de este aniversario, lo que pone de manifiesto el escaso aprecio a nuestras instituciones y a nuestro autogobierno de quienes están al frente de las Cortes y de la Comunidad, y, por supuesto, de quien ostenta la Presidencia de la Comunidad, las instituciones básicas de la Comunidad. Luego lamentamos la escasa conciencia de identidad regional o autonómica -mejor dicho- entre la ciudadanía. Si se hace lo que se hace con la Fiesta de la Comunidad consagrada en el Estatuto, qué no se va a hacer con la memoria de nuestro accidentado proceso autonómico.

Por tanto -voy terminando, señorías-, enhorabuena al Consejo Consultivo por esta iniciativa, un tratado de historia vivida del autogobierno, de análisis institucional, de diagnóstico de la Comunidad y de derecho público de Castilla y León; una iniciativa propia de una institución consultiva, un libro de cabecera sin duda alguna para todos los parlamentarios de estas Cortes.

Señorías, termino como comencé mi intervención: exigiendo al Partido Popular, al Grupo Popular, la obligada renovación de este órgano en coherencia con el reconocimiento que en esta Cámara, todos, solemnemente afirmamos, y que el Grupo Socialista reitera año tras año, reconociendo el trabajo realizado. Más allá de la actividad concreta, valoramos la función institucional que el Consejo Consultivo desarrolla. Sabemos que necesita reforzar su autonomía e independencia funcional, por tanto, el agradecimiento al trabajo realizado por todos los consejeros, por todo el equipo, los letrados y al resto de los empleados públicos que han mantenido la actividad de esta institución a pleno rendimiento en estos 21 años, a pesar de la que sigue cayendo en esta Comunidad en lo referente a la renovación de todos los órganos propios de la Comunidad. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Briones. Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don Miguel Ángel García Nieto, le recuerdo que por un tiempo máximo de quince minutos.

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Sí, quiero empezar mi intervención dándole la bienvenida a usted, señor presidente, al resto de consejeros que nos acompañan y a las personas de su equipo que hoy están aquí. Y quiero agradecerles a todos su extraordinario trabajo, que se refleja fielmente en la Memoria que hoy nos han... bueno, que nos entregaron y que hoy nos acaba usted de exponer.

Quiero reconocerle expresamente a usted, señor Sánchez de Vega, su buen hacer, su dedicación, su accesibilidad y, también, su experiencia puesta al servicio de las Administraciones, de los grupos políticos y de los ciudadanos de Castilla y León.

En esta primeras palabras quiero saludar, dar la bienvenida y reconocer el trabajo minucioso y preciso de los consejeros electivos, la señora Ares González y al señor Ramos, con el que he compartido negociaciones, reuniones y acuerdos en el pasado, cuando los 2 teníamos responsabilidades en el ámbito de la política local. Y tengo que decir que, desde posiciones contrarias, los resultados no fueron malos, nos permitió poner las bases de los acuerdos de financiación local que hoy disfrutan las entidades locales de nuestra Comunidad.

Una palabra de especial reconocimiento, de cariño y de respeto al presidente Herrera, con el que tanto he trabajo, al que tanto debo y al que esta tierra siempre estará agradecida. Querido presidente, dejaste una huella imborrable en tu trayectoria al frente de la Junta de Castilla y León. A los que trabajamos a tu lado nos enseñaste el significado del valor de la palabra dada, la fuerza que da un apretón de manos a la hora de alcanzar un acuerdo y el sentido de lo que tú llamaste "autonomismo útil", que hizo avanzar exponencialmente a nuestra Comunidad.

Y quiero también tener una palabra de agradecimiento y de reconocimiento al estupendo trabajo que realizan el letrado jefe, y secretario del Consejo, y a la secretaria del Tribunal, así como al letrado suplente que hoy nos acompañan y a todas las personas que trabajan en el Consejo, que respaldan la labor de los consejeros y hacen posible ese magnifico resultado que hoy recoge la Memoria.

Las 183 páginas que contienen es el resumen de un gran trabajo pormenorizado, eficaz, independiente -independiente- y riguroso de un equipo de alta cualificación jurídica, que cumple sus funciones de manera brillante y hacen que tanto las Administraciones como los ciudadanos de Castilla y León tengamos una mayor seguridad jurídica en todos los actos que realizamos. Gracias, por tanto, a todos por su trabajo.

Desde del Grupo Parlamentario Popular, a diferencia de lo que hoy se ha expuesto aquí por algún portavoz, queremos subrayar que el hecho de que el mandato esté cumplido no significa que el Consejo esté en una situación ilegal ni intubado ni que haya dejado de cumplir sus funciones. Por tanto, para nosotros sigue ejerciendo una labor imprescindible para dar seguridad jurídica tanto a las Administraciones como a los ciudadanos, y sigue funcionando con absoluta normalidad.

La renovación de las Instituciones Propias se abordará, ahora que ha cambiado la dirección del principal partido de la Oposición, con naturalidad y seguramente con mayor facilidad, pero esto no empece el buen funcionamiento de las mismas.

Señor presidente, coincido con usted en que comparecer en las Cortes para exponer la Memoria de toda la actividad realizada durante el año pasado es un ejercicio de transparencia y de responsabilidad democrática. Y vemos como se cumple el objetivo común, tanto del Consejo como del Tribunal Administrativo, de garantizar la legalidad y la defensa de los derechos de los castellanos y leoneses. Y creo también importante resaltar que el trabajo se realiza optimizando medios, con una estructura conjunta para los 2 entes y con un presupuesto ajustado -como usted ha dicho-, siendo una buena muestra de que en esta Comunidad con menos somos capaces de hacer más.

Para el Grupo Parlamentario Popular ustedes ejercen su labor a plena satisfacción del interés público al que todos nos debemos y cumplen con precisión los 3 cometidos para los que los 2 órganos fueron creados: control y asesoramiento de legalidad de la iniciativa normativa de la Junta, tutela de los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones y resolución de los recursos en materia de contratación pública. Esto supone una garantía para hacer las cosas bien y tomar decisiones conforme a la legalidad vigente para las Administraciones de nuestra Comunidad y mediante las resoluciones ejecutivas del Tribunal, garantizando el procedimiento de contratación pública imparcial y conforme a la ley.

Creo que es oportuno resaltar en este punto la plena autonomía orgánica y funcional con las que tanto el Consejo como el Tribunal ejercen sus funciones. Porque es la garantía de su total objetividad e independencia lo que coadyuva a aumentar la seguridad jurídica y a dotar de la imprescindible garantía de legalidad a los procedimientos administrativos y de contratación pública en nuestra tierra, generando confianza plena entre los licitadores, los operadores jurídicos y el resto de agentes que están implicados.

Nos ha hablado usted en varias ocasiones de la auctoritas, y a la vista de los resultados obtenidos a lo largo de estos 23 años de asistencia del Consejo y 11 del Tribunal Administrativo la tienen ustedes bien ganada, se lo aseguro. Hoy los castellanos y leoneses reconocemos su prestigio, su autoridad, su buen hacer y el extraordinario contenido de sus dictámenes y resoluciones. Y es importante recordar que el auctoritas no se regala, sino que se gana día a día a base de respeto y confianza de los paisanos.

Un dato significativo de su buen hacer son los plazos en los que se emiten los dictámenes desde el Consejo, que rondan esos 19 días que usted nos decía, con una aceptación por parte de las instituciones consultantes del 95 %, lo que deja claro el alto poder de convicción que ustedes tienen; o esos 19,5 días hábiles desde la recepción del expediente completo con los que media... con los que de media resuelve el Tribunal, con una efectividad excepcional que se refleja en el escaso número de recursos que se interponen a la resoluciones que se emiten.

Es también digno de resaltar de la lectura de la Memoria en su apartado 1, lo que ustedes han denominado "La Institución", el compromiso con la transparencia, utilizando la página web como instrumento de difusión de los dictámenes del Consejo y de las resoluciones del Tribunal, con las preceptivas, lógicamente, medidas de protección de datos. Me congratula comprobar cómo se materializa el compromiso adquirido por ustedes de apertura y acercamiento a la sociedad, que se han traducido en esas 24 reuniones técnicas, las jornadas y congresos, y -eso sí quiero resaltar- el... la publicación del libro Castilla y León: 40 años de autonomía, que fue editado con el apoyo económico de la Junta y que pudimos disfrutar de su presentación en esta casa, como punto de inicio a... a, bueno, pues a un ciclo de conferencias que se está llevando por todas las provincias, que versan sobre los valores autonómicos. ¡Enhorabuena! Creo que ha sido una buena idea y un buen instrumento para acercar la trayectoria autonómica a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes estudiantes que, lógicamente, son el futuro de nuestra tierra.

Repetiré algunas cifras de las que ustedes... de las que usted ha hablado, porque son de tal importancia que es conveniente que no se olviden. Entrado en... entrando en el apartado segundo, Memoria del Consejo Consultivo, han sido 531 los dictámenes aprobados el año pasado, prácticamente el mismo número que el año anterior. Llama la atención que el 75 % de ellos traen causa, efectivamente, en esos expedientes de responsabilidad patrimonial a los que han hecho alusión otros intervinientes que me han precedido. Exactamente 402, y, como en años anteriores, son los dictámenes emitidos sobre expedientes que proceden de las Administraciones locales los más numerosos, mientras los instados a la Administración regional han sido el 36 %, que si sumamos esos 8 formulados por las universidades públicas completan los 531 que se presentan en la Memoria.

Se ha detenido usted en la competencia de asesoramiento y control previo de los poderes normativos de la... que la... de la Administración que tiene atribuida el Consejo, y, ciertamente, la exigencia de calidad normativa hace que los proyectos de normas del Gobierno regional no incurran en arbitrariedad, sean respetuosos con la obligada participación democrática y con la transparencia. Este control del Consultivo facilita que las decisiones políticas del Ejecutivo autonómico se acomoden al ordenamiento jurídico. En síntesis, y en palabras de la calle: dígame usted lo que quiere hacer y yo le diré cómo lo tiene que hacer para que cumpla con todos los sacramentos de legalidad.

Ha hecho usted alusión a un dictamen muy importante, el 339/24, respaldando la decisión de la Junta de interponer recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía. Y a nosotros nos parece fundamental que el Consultivo opere como garante del Estatuto de Autonomía, nuestra norma fundamental, ante una posible vulneración de la Autonomía por la ley estatal. Yo le felicito por ello.

En cuanto al segundo bloque de competencias del Consultivo, que tiene que ver con los expedientes de responsabilidad patrimonial, que son impulsados por la reclamación de los ciudadanos ante las Administraciones con motivo del funcionamiento de los servicios públicos que inciden directamente en la persona, usted ha reseñado ahí algunos: sanitarios, educativos, servicios sociales, etcétera. Hay que reseñar que supone una forma más de protección jurídica y tutela de los derechos sin que el ciudadano tenga que acudir al sistema judicial, y esta función supone, por tanto, un nivel aceptable de justicia accesible, rápida, gratuita, próxima e indirecta a los ciudadanos.

Estas pinceladas sobre el funcionamiento y la tarea realizada durante el año pasado son suficientes para reiterar nuestro convencimiento de la necesidad del Consejo, de la utilidad de sus funciones y del importantísimo servicio público que ustedes ofrecen.

El apartado 3 de la Memoria es el referido a la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Recoge las 185 resoluciones dictadas, que resolvieron 189 recursos: 61 % de ellos fueron dirigidos a los contratos de servicios, 33 % a los contratos de suministro y el resto a contratos de obra. A ello hay que unir 51 acuerdos sobre medidas cautelares y 5 de aclaración.

En la misma línea que el Consejo Consultivo, las Administraciones que más recursos recibieron fueron los ayuntamientos, prácticamente el 43 % del total, de los que... y de los de la Administración regional, la que más acaparó un mayor número de recursos fue la Gerencia Regional de Salud, un 18 %.

Es igualmente reseñable que casi el 25 % de los recursos se estimaron total o parcialmente, el 46 % fueron resoluciones desestimatorias y un 23 fueron recursos inadmitidos. Pero hay que reseñar una cifra que a mí me parece importante, y es que la resultante de la suma de los valores que... que han sido estimados en los recursos ha ascendido a 842 millones de euros de litigio, nada más y nada menos.

En definitiva, los porcentajes y los números son similares a los de otros años y también a la media de toda España, lo que confirma la confianza de los candidatos a la contratación de los licitadores y de los operadores jurídicas... jurídicos en el Tribunal como órgano especializado e independiente.

Queda manifiestamente clara la capacidad que el Tribunal demuestra como resolución prejudicial con la consecuente descongestión de los juzgados, ofreciendo una justicia rápida y gratuita a los conflictos planteados en materia de contratación pública. No hay nada más que ver los plazos que utilizan para dictar las resoluciones: 19,5 días hábiles desde la recepción del expediente completo frente a los más de 13 meses de demora de resolución judicial en los juzgados de lo contencioso o más de 18 meses en las salas de los tribunales superiores de justicia. Y, además, también es reseñable -usted lo ha dicho y yo quiero dejarlo claro, porque estos datos creo que no se deben quedar en el aire-, fíjense, los recursos judiciales presentados contra sus resoluciones presentan tan solo o menos de un 3 %, y de estas la justicia ha estimado menos del 0,5 %. En conclusión, este modelo de jurisdicción administrativa, unida a la función consultiva, supone un modelo de éxito.

Señor presidente, señores consejeros, desde el Grupo Parlamentario Popular no solo apoyamos y aprobamos la gestión del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, sino que, además, quiero hacer un reconocimiento público a la labor que desarrollan diariamente. Pueden estar muy orgullosos y satisfechos de la gestión realizada recogida en la Memoria que hoy nos presentan. El funcionamiento de los 2 órganos no es que sea razonable -como se ha dicho-, no, hay que ser justos: el funcionamiento es muy bueno y le aseguro que nos da mucha tranquilidad. La Institución no solo demuestra su utilidad, sino que se ha ganado el respeto de las Administraciones y de los ciudadanos, y ya forma parte de pleno derecho del llamado "autonomismo útil al servicio de las personas" que acuñó el presidente Herrera.

Y quiero terminar felicitándole a usted, señor Sánchez de Vega, por la sencilla exposición que ha hecho esta mañana, nada fácil debido a la extensión de la Memoria, desgranando minuciosamente de manera sintética todo el trabajo desarrollado durante todo el año pasado. Le aseguro que nos ha resultado mucho más entendible y mucho más asequible que cuando uno lo lee en casa. Felicidades y muchas gracias por su trabajo.

Muchas gracias, señor García. Para contestar a las diferentes intervenciones, tiene la palabra el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, don Agustín Sánchez de Vega, ya saben que sin tiempo determinado.

Muchas gracias, presidente. Intentaré también ser breve en la medida de lo posible, ¿no? Y como suele ser habitual en mí pues intentaré responder al conjunto de... de asuntos planteados por los portavoces de los grupos y detenerme en alguno de ellos, que creo que son... que todos son interesantes, por supuesto.

Entonces, lo primero es agradecer las... las palabras, las últimas palabras de... del procurador García Nieto, del portavoz del Partido Popular, palabras de felicitación, de... de apoyo, de interés por que este... esta Institución autonómica siga funcionando con la celeridad con que lo viene haciendo. Por lo tanto, no puedo más que tener palabras de gratitud hacia él. Lo mismo que hacia el portavoz del Partido Socialista, que... que conoce bien el trabajo que hacemos en el Consejo y siempre lo pondera y lo valora. Y a los demás portavoces, por supuesto, que han tenido todos palabras favorables a nuestra Institución, a nuestro trabajo, al trabajo de las personas que... que están con nosotros en el Consejo Consultivo, en el Tribunal, ¿no?, en este... en esta Institución compleja, al fin y al cabo, les digo que compleja. Por lo tanto, muchas gracias por sus palabras.

Muchísimas gracias también, la verdad, por ese respaldo al libro que... que promovimos su publicación, que tiene la participación de grandes expertos nacionales, de expresidentes de... de la Junta, por lo tanto, que expresan su experiencia, y que denota que el Consejo Consultivo está preocupado y le interesan los asuntos de la Comunidad, que está inserto en los problemas de la Comunidad, y que refleja ese libro justamente esa trayectoria autonómica, también con críticas, evidentemente, en la plasmación de la libertad, de la excelencia, en algunos casos, en otros menos -por supuesto, en el caso mío menos-, pero de la excelencia de los profesores que trabajan y que han escrito en él pues refleja un interés por el sistema autonómico, por Castilla y León y por sus 40 años de... de autonomía. Por lo tanto, muchísimas gracias a... a quienes se han referido al libro, ¿no?

Claro, no tengo más remedio que contestar a algunas de las críticas que se nos hacen, se nos hacen a nosotros, a nuestras personas, a la Institución, etcétera. Hombre, estoy de acuerdo con las palabras de la portavoz de Vox y de Soria ¡Ya! desde los siguientes puntos de vista, ¿no? Por la portavoz de Vox, dice, efectivamente, que se... que el Consejo es un reflejo del sistema de funcionamiento institucional -creo que he tomado nota literal- y que requeriría más medios, más exigencias, más utilidad, que quizá con otro sistema seguramente la inexistencia resultaría más barato o con un coste o mayor agilidad -me parece que ha dicho-. Estoy de acuerdo en la primera parte; y en la medida en que estoy de acuerdo con la primera parte estoy en radical desacuerdo con la segunda parte, claro, porque tengo que decirle que más barato que el Consejo Consultivo de Castilla y León no lo hay en España, donde todas las Comunidades Autónomas suelen tener no ya en nordeste, sino el... en el conjunto de España pues suelen... suelen disfrutar de 2 órganos distintos, con sus 2 presupuestos distintos, para resolver la contratación pública y para resolver los mismos problemas que resolvemos en el Consultivo, ¿no? Por lo tanto, los presupuestos de esas Comunidades Autónomas son mucho más altos que el de la nuestra. Por lo tanto, pues por supuesto que estoy de acuerdo en esa parte de... de reflejo del funcionamiento austero del sistema institucional, por lo menos en lo que respecta al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Este... tengo que... tengo que aludir necesariamente también al planteamiento de Soria ¡Ya! Soria ¡Ya! habla, alude, a la... a reforzar la comunicación institucional -me parece que ha dicho literalmente- con las Administraciones de Soria, le sorprende el número de reclamaciones de los ciudadanos sorianos. Bueno, vamos a ver, nosotros acabamos de estar en Soria en el instituto Antonio Machado, que estuvo el... Ceña, y estuvimos, si no recuerdo mal, es decir, fomentando la idea de la Comunidad Autónoma, poniendo de manifiesto las... las funciones que tiene este Consejo Consultivo, ¿no?, ante los alumnos, que habrán hecho, si no van a hacer pronto la PAU, y bromeamos con ellos. Pero intentando inculcarles lo que son los valores de la Comunidad, qué hacemos en la Comunidad, cómo es esta Comunidad, qué han sido estos 40 años y qué hacemos también en el Consejo Consultivo, ¿no? Por lo tanto, esfuerzos, todos los que podemos, de verdad, todos los que podemos.

Como también estuvimos -creo recordar- no sé si fue en el año veintidós o veintitrés también en Soria con la coordinación de un libro sobre reto demográfico, que tuvimos la suerte de dirigir desde el Consejo Consultivo. También... también presentamos en Soria. Es decir, que la preocupación por las provincias, nuestra preocupación por las provincias también ha ido en ese sentido, ¿no?

Ciertamente, el Consejo no actúa de oficio, al Consejo se le pone en funcionamiento, y le ponen en funcionamiento los ciudadanos con su reclamación -decía yo al principio me parece-. Su reclamación hace que el dictamen del Consejo sea preceptivo; es decir, llegará el dictamen, tiene que llegar obligatoriamente, y ahí hay una cierta normatividad, ¿no? Tiene que producirse el dictamen; pero si el ciudadano no reclama, no hay dictamen del Consultivo. Ese es... ese es un esquema de funcionamiento bastante razonable en el sentido de que son los ciudadanos los que ponen a funcionar al Consejo, por supuesto a la Administración contra la... contra la que estos reclaman, ¿no? Pero el sistema es razonable. ¿Por qué? Pues porque el Consejo aconseja, como su propio nombre indica, y es la Administración la que tiene que decidir. Se inserta en el procedimiento, pero es la Administración, lógicamente, la Administración o la dirección política o administrativa la que decide sobre los asuntos correspondientes, sobre los que se... sobre los que reclama, que no se queja, se reclama expresamente.

Y, por cierto, también tengo que añadir que, claro -no recuerdo cuál de los portavoces-, tengo que añadir que ya son reclamaciones fundadas en Derecho, que al ciudadano de a... de a pie, lógicamente, le complican su vida, porque a lo mejor el ciudadano de a pie no sabe de... no tiene conocimientos jurídicos y, por tanto, tiene que auxiliarse de algún asesor, de algún abogado, es decir, bueno, desgraciadamente es así. Como nosotros tampoco decidimos, ni dictaminamos, ni resolvemos sin apoyo en el mundo del Derecho; sería... sería una... una auténtica...

Entonces -como digo-, estoy de acuerdo a... intentamos hacer todo lo posible con respecto a la comunicación, con respecto al conocimiento, a la página web, por supuesto. Es conocida y conocidísima, es de muy fácil acceso, están todos los dictámenes, es decir, cualquier operador jurídico puede... puede entrar en ella y conocer su contenido, conocer cuáles son las líneas principales del Consejo Consultivo, la distribución en apartados llegaría incluso a los... a los alcaldes de los municipios para conocer cuál ha sido la línea, nuestra línea, en festejos populares, en taurinos, etcétera. Es decir, intentamos que sea lo más clara posible.

Han advertido -creo que también 2 o 3 portavoces- en el... en los retrasos en sanidad -creo que han sido Igea, Soria ¡Ya!, y alguno... y Luis Briones del PSOE, ¿no?-. Bueno, lo ponemos de manifiesto... ponemos de manifiesto en cada caso concreto, ¿no? Es decir, cuando... cuando se demora más de un año el expediente hacemos la advertencia del retraso; cuando se supera ampliamente ese plazo convertimos la advertencia en un reproche ante la posible vulneración de derechos ciudadanos. De todos... de todas maneras -y el portavoz Igea, el procurador Igea, lo conoce bien-, hay asuntos de enorme complejidad, es decir, hay expedientes sanitarios de... profundamente complejos, hay informes, circunstancias, alegaciones de todo tipo que puede explicar que, en ocasiones, el procedimiento no sea tan sencillo y se prolongue, y se alargue, y la resolución, por lo tanto, se demora... que se demore. Es decir, habría que hacer un estudio, no tenemos medios, evidentemente, dentro del Consejo para hacer un estudio en profundidad de cuáles han podido ser las causas, pero hay algunos que realmente son muy complejos. Usted lo conoce bien por... por su profesión, ¿no?

Y, finalmente -no sé si me estoy alargando, posiblemente sí, y no quisiera alargarme mucho, pero si me dan ustedes la palabra, aprovecho-, finalmente, somos sujetos pasivos; somos sujetos pasivos cuando nos preguntan si nos van a renovar. "Oiga, ¿y usted sabe cuándo va... le van a renovar?". Oiga, yo soy un sujeto pasivo. Es decir, lo contrario sería ser pretencioso. "Pues sí, sí, mañana mismo". Hombre, esto no, ¿no? Creo yo que estamos de acuerdo todos. Sujetos pasivos en esa contestación. Sujetos muy activos, como han visto todos ustedes, en el ejercicio de las funciones del Consejo y del Tribunal; pero muy activos. Entre otras cosas porque la prórroga está prevista en la ley -y usted lo sabe bien, señor Igea-, está prevista en la ley, en la ley; en nuestra ley está prevista literalmente. Se prorrogará en sus funciones a los consejeros y al presidente tal, ¿no? Porque una cosa es hablar de fin de mandato, que se ha producido, y otra cosa es hablar de fin de funciones, ¿no? Entonces, el fin de las funciones todavía no ha llegado hasta que se nos sustituya, hasta que se nos sustituya.

En segundo lugar, no sé si con esto contesto, pero hay una segunda respuesta que suelo dar siempre cuando me preguntan, cuando nos preguntan a los consejeros. Mire, efectivamente, tiene que haber un acuerdo de los 2 grandes partidos, porque es que se requiere una mayoría de tres quintos que solamente en este momento -creo recordar- se logra con el acuerdo de los grandes partidos. Cuando se establecen en los sistemas autonómicos o constitucionales mayorías tan grandes pues tiene la ventaja de que eso lleva al consenso, pero tiene la desventaja de que a veces es difícil de conseguirlas, ¿no? Y, bien, bueno, no quiero recordar la prorrogatio romana, que era automática y sistemática para todas las instituciones. Gracias a ellos funcionó la república romana y nos dio lecciones de Derecho, de política y de institucionalidad enormes. Pero, bien, eso queda ahí.

Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por sus palabras, por su apoyo, por su cercanía con nosotros, que -ya digo- intentamos hacerlo pues lo mejor posible. No sé si lo habremos conseguido. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Sánchez de Vega. ¿Algún portavoz quiere consumir un turno de réplica? ¿Ninguno? Pues terminamos la sesión agradeciendo de nuevo la presencia de todos los integrantes, de los consejeros electivos, natos, letrados, y, ¿cómo no?, del presidente. Y esperemos verle el año que viene en ese octavo... comparecencia en esta Comisión.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos].